La crisis ambiental global muestra la incompatibilidad manifiesta entre la economía actual y la ecología debido a la existencia de diferentes ritmos biológicos -lentos, con horizonte temporal largo- y económicos -rápidos, con horizonte temporal corto-. Un ritmo económico superior al biológico y geológico implica infravalorar problemas ambientales futuros -escasez de recursos, pérdida de biodiversidad o efecto invernadero- en favor de rendimientos económicos presentes aumentando, así, la explotación intensiva de los recursos naturales. En la medida en que los ritmos económicos no se adapten a los biológicos asistiremos a un progresivo aumento de la degradación ambiental global de consecuencias imprevisibles. El sistema económico ha de ser cíclico y analizarse como un organismo vivo, es decir: en primer lugar, ha de cerrar el ciclo de los materiales, sin contaminación y sin toxicidad; en segundo lugar, ha de cumplir con los principios bióticos y adaptarse a la diversidad local; y, en tercer lugar, la energía utilizada en todo el proceso ha de ser renovable.
En otras palabras, la economía humana será sostenible en la medida en que sea capaz de adaptarse el comportamiento de la economía de la naturaleza, idea que se sintetiza en el concepto de biomímesis. La biomímesis implica: funcionar a partir de la luz solar, usar la energía imprescindible, adecuar forma y función, reciclaje, recompensa de la cooperación, fomento de la diversidad, contrarrestar los excesos desde el interior, utilizar la fuerza de los límites, aprender de su contexto y cuidar de las generaciones futuras.
Aplicar los fundamentos de la economía ecológica a la práctica política implica la consecución de múltiples objetivos:
- Creación de modelos de producción y consumo sostenibles a través de distintas herramientas como el desarrollo de ecosistemas industriales. Así, las industrialdeas y parques tecnológicos deberían buscar formas de aprovechar sinergias en el ahorro de energía e inputs materiales y en la minimización de residuos generados.
- Reforma fiscal ecológica (gravar los aspectos negativos del sistema productivo, como la contaminación o el consumo de materiales, en lugar de aspectos positivos, como el empleo, etc.). En este sentido, es necesario apostar por una reforma total de sistema impositivo vigente: por un lado, reduciendo el peso de los impuestos indirectos a favor de los impuestos directos y, por otro, gravando el consumo de recursos naturales en lugar del trabajo.
- Limitar los procesos de artificialización de suelo. Urge imponer una moratoria a la artificialización del escaso suelo fértil que resta en Euskal Herria.
- Fomento de las energías renovables. El consumo de energías fósiles debe ir siendo sustituido por energías renovables. Como primer paso, es necesario el cierre de todas las centrales nucleares.
- Impulso de la movilidad sostenible. Los recursos públicos deben dedicarse mayoritariamente a garantizar la movilidad de la mayoría de la población vasca. Esto supone invertir prioritariamente en medios de transporte colectivos y socialmente equitativos. Los grandes proyectos de infraestructuras como el TAV, la Supersur y el puerto exterior de Pasaia deben ser paralizados. El TAV debe dejar lugar a un tren social y con un impacto mínimo en el territorio. Hay que imponer una moratoria a la construcción de carreteras en Euskal Herria. Los recursos públicos deben destinarse a garantizar la accesibilidad de todas las personas, primando los desplazamientos intracomarcales.
- Apoyo a la agricultura ecológica (ver eje de soberanía alimentaria).
- Conservación de la biodiversidad. En este apartado resulta prioritario restringir el consumo de suelo y recuperar los ecosistemas autóctonos