Entrevista a nuestro compañero y parlamentario de EH Bildu, Ander Rodríguez, ante la grave situación originada por el virus en las residencias de mayores y las situaciones dolosas que rebrotan a nivel sanitario y laboral, tras el pico de la pandemia, evidencian la necesidad de poner a la persona, la salud y la vida digna en el centro. La llamada ‘nueva normalidad’ va tomando visos de la ‘vieja normalidad’ y con ello afloran viejas recetas.
Llevamos meses reivindicando que la persona, la salud y la vida digna deben estar en el centro. ¿Habremos aprendido algo esta vez?
Es difícil anticipar que nos deparará el futuro inmediato, aunque tendremos que construirlo entre todas y todos. Es cierto que la crisis de la Covid-19 ha hecho que sean visibles crisis como la de los cuidados, sobre la que se venía advirtiendo durante los últimos años. Ahora bien, a día de hoy, los aplausos desde los balcones -esa forma de reconocimiento colectivo hacia quienes cuidaban de la vida- no han tenido, salvo algunas excepciones, su reflejo institucional. Los trabajos con menor consideración en nuestra sociedad se han mostrado como los más indispensables; esta percepción, en gran parte, ha cambiado durante la crisis de la Covid-19. Además, también son los trabajos con peores condiciones laborales y salariales; cambiar esta realidad depende de que se adopten determinadas decisiones políticas. Debemos ser capaces de institucionalizar los aplausos.
El primer foco de la pandemia está dejando una estadística demoledora en el sector de las residencias de mayores: 167 fallecidos con la Covid-19 y algunas decenas más sospechosas de haber perecido a consecuencia del virus, en Gipuzkoa –datos de la DFG–, y más de 1.000, en la CAV; el 40% el total de fallecidas/os).
Efectivamente, ha sido demoledor, con los datos que manejamos actualmente podemos afirmar que la mortalidad de los centros residenciales para personas mayores se ha triplicado. En otras geografías hemos asistido a episodios realmente dantescos que afortunadamente aquí no se han llegado a producir. Eso sí, ver cómo algunas trabajadoras de residencias en Gipuzkoa debían protegerse con una bolsa de basura es una imagen que debemos impedir que se repita. Sabemos que hubo enormes dificultades en el mercado para hacerse con equipos de protección, pero por eso mismo es todavía menos comprensible que durante los primeros días de la crisis el Gobierno Vasco manifestara que estaba mediando para que estos equipos llegaran a tal o cual empresa a fin de que mantuviera su producción, mientras muchas residencias carecían de ellos.
Va llegando la llamada ‘nueva normalidad’ y con ella rebrotan situaciones dolientes: la precariedad en los centros, reubicaciones de trabajadoras, despidos…
El problema es que esa ‘nueva normalidad’ empieza a semejarse demasiado a la ‘vieja normalidad’. Conviene que recordemos qué ocurrió en las residencias de Gipuzkoa al comienzo de la crisis. Las trabajadoras, conscientes de la gravedad de la situación, abandonaron una huelga de 243 días en defensa de un convenio colectivo para incorporase a su puesto de trabajo, arriesgando sus vidas para cuidar de otras vidas. Y lo hicieron sin dudarlo, sin que nadie antes adoptara el más mínimo compromiso para finalizar con los años de congelación salarial que venían soportando. Por esto, y por mucho más, me parece totalmente incompresible que el diputado general de Gipuzkoa dijera de ellas y sus representantes que no participaban “en el esfuerzo colectivo para preservar la salud de las personas mayores”, o que establezca un paralelismo entre una enfermedad que le ha costado la vida 167 personas usuarias de residencias y actuaciones sindicales que buscaban garantizar equipos de protección a las trabajadoras.
¿Cómo ha influido en esta situación el proyecto de regularización emprendido por el Gobierno Vasco en julio del año pasado?
De ninguna manera, y con esto lo digo todo. Tras 20 años de espera, el Gobierno Vasco aprobó en julio del pasado año una nueva regulación para los centros residenciales de personas mayores de titularidad pública y privada. Que el cuidado de 18.500 personas en la Comunidad Autónoma del País Vasco se despachara con semejante resultado fue un episodio, cuanto menos, poco edificante: los centros que estaban en funcionamiento no debían abordar (casi) ningún cambio y la atención directa que recibían algunas personas usuarias incluso se reducía. La nueva regulación recibió críticas procedentes de todos los ámbitos: trabajadoras, familiares de personas usuarias, entidades del tercer sector social, Ararteko, Consejo Económico y Social, e, incluso, de los propios servicios del Gobierno Vasco. Es más, el Parlamento Vasco, a iniciativa de Euskal Herria Bildu, rechazó en octubre la nueva regulación y solicitó al Gobierno Vasco que procediera a su inmediata revisión. Revisión que nunca llegó a hacerse.
Con todo y con ello, ahora de nada nos sirve hablar del pasado. No podemos cambiar esas decisiones, ni sus consecuencias. Cada uno deberá realizar la oportuna autocrítica sobre lo dicho y hecho. A mí me preocupa el futuro. Y me preocupa mucho que, a día de hoy, la consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco relativice lo ocurrido en las residencias y siga defendiendo que no hay que cambiar nada. Es curioso cómo quien tiene que ser parte de la solución se convierte en parte del problema.
A pesar de tratarse de servicios de titularidad pública, el sector privado se ha incorporado plenamente a las residencias. ¿Cómo deja esto lo público?
Las preguntas que deberíamos hacernos son: ¿puede conciliarse o lograrse un equilibrio entre el ánimo de lucro y el buen cuidado de las personas? ¿qué ocurre cuando el objetivo del servicio y el objetivo del gestor del servicio difieren? ¿qué prevalece sobre qué? Es muy preocupante escuchar a tal o cual responsable político referirse al cuidado de las personas, no como un derecho, sino como ‘silver economy’ o “una oportunidad de negocio”. No es una novedad, claro. Son años de decisiones políticas. Así, vemos cómo fondos de capital riesgo compran residencias en la Comunidad Autónoma del País Vasco. ¿Son conciliables sus intereses con el fin último de estos servicios? La respuesta es no. Ante esta afirmación, a menudo, de una manera tramposa y cobarde te responden: “¿qué tenéis contra el tercer sector?” No, los fondos de capital riesgo, por ejemplo, no son tercer sector. El tercer sector social de nuestro país es una iniciativa comunitaria y sin ánimo de lucro que ha demostrado en múltiples ocasiones que pueden existir fórmula de interés y éxito al margen de la gestión directa de un servicio. Utilizar su buen nombre para legitimar formas extremas de mercantilización de los cuidados me parece muy deshonesto.
¿Qué medidas planteamos desde EH Bildu en el sector para hacer frente a las consecuencias que ha provocado la pandemia?
Proponemos actuar en dos tiempos. Primero, a corto plazo, con la mirada puesta en que los centros residenciales para personas mayores afronten con mayores garantías un segundo ciclo de la Covid-19 en otoño. Así, planteamos un plan de inversiones urgentes para la adaptación física de los más de 300 centros residenciales: incrementar el número de habitaciones individuales, distribución modular y, en paralelo, garantizar el mantenimiento de la cobertura de la red mediante la apertura de nuevas plazas. Incrementar los ratios de personal de atención directa; así podremos reducir la rotación de las personas profesionales. Además, debemos retener la competencia que tienen en este momento las administraciones vascas para intervenir centros de titularidad privada. Segundo, a medio plazo, queremos cambiar la realidad de nuestros centros residenciales para personas mayores. Proponemos, mediante una movilización de recursos públicos sin precedentes, cambiar nuestro modelo de cuidados de larga duración. Las personas mayores recibirán, al menos, dos horas de atención directa al día, en unos recursos que se organicen para garantizar una vida plena a las personas mayores.
También queremos transformar la realidad de quienes cuidan. Proponemos crear un fondo interinstitucional que, en primer lugar, abone un salario extraordinario de 1.500 euros a todas las trabajadoras de los centros residenciales, y, en segundo lugar, financie la mejora de las condiciones laborales en el sector del cuidado de las personas.
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