Capitalismo y derecho

Juan Hernández Zubizarreta – Profesor de la UPV-EHU

Una de las características más destacables de los sistemas jurídicos internacionales en el actual modelo neoliberal reside en la debilidad, cuando no ausencia, de normas universales entendidas como vehículo de los valores de la comunidad internacional. El marco legal mundial del sistema capitalista está formado por un conjunto de normas que organizan todo tipo de actividades económicas en el plano global, sin discriminaciones aparentes y sin tratos preferenciales.

Sin embargo, las relaciones de fuerza, en su expresión más cruda, la guerra unilateral y las relaciones bilaterales asimétricas -es decir, desiguales- en el ámbito del comercio internacional y financiero, son la «norma» del sistema capitalista. La globalización económica diseña un marco jurídico, político y económico en el que las empresas transnacionales se desenvuelven sin contrapesos suficientes. El Derecho Internacional no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control.

El telón de fondo sobre el que actúan las empresas transnacionales es el capitalismo. Las ideas fuerza se sostienen sobre la vieja máxima de eliminar todo obstáculo que impida a las multinacionales ejercer su actividad con plena eficacia. El modelo neoliberal fue encabezado por los Estados imperiales y por las agencias financieras, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que impusieron, mediante el Consenso de Washington, la apertura de fronteras al comercio y a las transacciones financieras, las privatizaciones, el recorte del Estado de Bienestar y las desregulaciones. Recetas generalizadas en el marco de la actual crisis económica.

Junto a estas propuestas, la globalización neoliberal fue impulsando estructuras institucionales y privadas de carácter supranacional (UE, OMC, G8, G20, Tratados Regionales y Bilaterales de Comercio e Inversiones) que fueron estableciendo normas jurídicas más privadas que públicas, con sus propias lógicas de funcionamiento pero con efectos generales. Nada que ver con un gobierno universal o con una globalización jurídica, sino con la creación de un Derecho Corporativo al servicio de las clases dominantes.

La concepción monista del Derecho quiebra ante el nuevo modelo globalizador y un nuevo pluralismo jurídico global se va consolidando. El Derecho creado en torno al Estado se sustituye por una nueva Lex Mercatoria que refleja las relaciones de poder entre Estados, organizaciones financieras internacionales y empresas transnacionales.

El proceso de elaboración del Derecho Comercial Global, los sujetos supranacionales que crean sus distintos instrumentos y los contenidos jurídicos, representan los intereses de nuevas burocracias privadas del comercio mundial.

La estructura jurídica moderna y sus principios formales de generalidad, de abstracción, de jerarquía normativa y de igualdad ante la ley se sustituyen por normas privadas -supuestamente técnicas-, por prácticas contractuales y por actuaciones deslegalizadas e informales.

El proceso de elaboración de las normas necesita mecanismos de funcionamiento rápidos, dotados de adaptabilidad, con plazos de vigencia flexibles, con sistemas ágiles de modificación… es decir, procedimientos cuyo elemento central sea la celeridad, y por tanto, las técnicas complejas de los acuerdos comerciales y financieros sustituyen a los procedimientos legislativos transparentes, públicos y sometidos a control, al menos desde la perspectiva formal. La celeridad, junto a la confidencialidad, dota a las empresas transnacionales y al comercio internacional de seguridad jurídica en los resultados y arbitrariedad en su procedimiento. Por otra parte, los sistemas universales de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y sus jurisdicciones competentes son incapaces de neutralizar el poder del nuevo Derecho Corporativo Global. Sus contenidos se cuestionan por las clases dominantes y sus sanciones se deslizan hacia el plano de la mera recriminación moral. ¿Cómo se explica la inaplicabilidad del derecho a la alimentación -meramente declarativo- frente a la protección -plenamente eficaz- de los sistemas bancarios? ¿Por qué las sanciones del Comité de Libertad Sindical contra Colombia no se cumplen y los derechos de Repsol en el mismo país se tutelan sin fisuras de ningún tipo?

Los derechos de las empresas transnacionales se protegen por un ordenamiento jurídico global basado en reglas de comercio e inversiones cuyas características son imperativas, coercitivas y ejecutivas, mientras que sus obligaciones se remiten a ordenamientos nacionales sometidos a la lógica neoliberal y a un Derecho Internacional de los Derechos Humanos manifiestamente frágil. La asimetría normativa es evidente y el Derecho Global se construye al servicio de las clases dominantes.

Campaña «Plaza 25 de Noviembre», escribe al ayuntamiento de Bilbao

Os escribo para que intentemos parar el despropósito que quiere llevar a cabo el Área de Igualdad.

No sé si tuvísteis la oportunidad de participar en la recogida de firmas y en la campaña que desde la Asamblea  se llevo a cabo para que Bilbao tuviese un espacio de la memoria y reflejo de los valores no sexistas que nuestra sociedad debería deplasmar, también, en el espacio urbano. Por si no pudistéis seguir la campaña os dejo varios enlances para que tengáis
todos los detalles de la misma:

http://www.ambbea.org/node/20

Pues bien, después de meses de negociación con el Área de igualdad, conseguimos que el ayuntamiento se comprometiera a la creación de una plaza 25 de noviembre. Os mando otros links con  lo que el ayuntamiento asumía:

http://www.deia.com/2011/05/18/bizkaia/bilbao-dedicara-una-plaza-a-las-victimas-de-la-violencia-de-genero

http://www.20minutos.es/noticia/1053384/0/

Ahora asistimos atónitas al hecho de que el Área de Igualdad se salte los acuerdos, el contenido de la campaña y la idea que dio origen a la campaña en sí misma (que era la creación de un espacio de la memoria que recogiera el sentir del CONJUNTO DE LA CIUDADANÍA y colocara el rechazo a la violencia sexista en la memoria colectiva). El Área ha decidido cambiarle el nombre y llamarle «Plaza de las MUJERES 25 de noviembre», devolviendo el problema de la violencia a las mujeres y excluyendo a los hombres del rechazo a la misma, lo cual sería un gravísimo error político.

Por eso, os pedimos vuestro apoyo y que escribáis al Área de Igualdad, al consejo de las mujeres de Bilbao, a los medios de comunicación y/o a quién consideréis oportuno para mostrar vuestro rechazo (si así es el caso) a quedar excluidos de esta iniciativa que es de todas y de todos.

Si quereis escribir al Area de Igualdad, la direccion es la siguiente:
smujer@ayto.bilbao.net
Podeis expresar vuestra opinión o copiar y pegar esta propuesta.

Señoras,

He sabido que pese a los acuerdos alcanzados con la Asamblea de Mujeres de Bizkaia tienen la intención de cambiar el nombre de Plaza 25 de
Noviembre por Plaza de las mujeres 25 de Noviembre y quisiera hacerle llegar mi disconformidad al respecto, por las siguientes razones:

1-. Al cambiar el nombre se cambia el contenido. ESO NO ES LO QUE LA CIUDADANÍA PIDIÓ, NI LO QUE PROMETIÓ EL ALCALDE.
2-. Estan EXCLUYENDO A LOS VARONES en la lucha contra la violencia sexista, de expresar la repulsa a esa violencia y de mostrar su solidaridad con las víctimas de la violencia sexista y su familias. Y esto es un error político importante.
3- .Al apoyar la campaña, apoyamos un lugar de la memoria en el que la sociedad democrática trata de poner énfasis y subrayar aquello que es importante para todas y todos desde el punto de vista de los derechos humanos. Apoyamos un proyecto para evidenciar que los Derechos de las Mujeres forman parte de los Derechos Humanos, no para devolver la violencia sexista a un problema o un «asunto de mujeres».
4-. No entiendo el nombre. 25 de noviembre es el Día internacional para la Eliminación de la violencia contra las mujeres. Mujeres 25 de noviembre ¿QUÉ ES?
Esperando que para ustedes el sentir de la ciudadanía -expresado en la campaña- signifique algo y retomen el nombre que ésta pidió,
Un saludo,

Muchas gracias

Las transnacionales causantes de la crisis buscan seguir enriqueciéndose con la «economía verde»

«Se podría pensar que lo más verde de las propuestas de economía verde, que gana terreno en diversos ámbitos oficiales, principalmente en las negociaciones hacia la conferencia internacional Río+20, es el color de los billetes que esperan ganar con ella las empresas trasnacionales que han causado las crisis económicas, alimentarias, ambientales y climáticas. Esta es una de las conclusiones que se derivan al comprobar que son las mismas compañías que controlan las tecnologías, las patentes, los productos y los mercados de la economía verde», afirma Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC.

«No se trata solamente de los oligopolios conocidos y que preparan nuevos negocios. Además, se avanzan nuevas configuraciones corporativas que reúnen a las mayores empresas petroleras, químicas, farmacéuticas, forestales y de agronegocios con nuevas compañías de biología sintética y genómica para procesar cualquier tipo de biomasa, sea natural o cultivada, y convertirlo en combustibles, forrajes, plásticos u otras sustancias industriales, planteando un escenario donde cualquier cosa verde (o que esté o haya estado viva) podría ser apropiada corporativamente para sacarle ganancias con algún uso industrial. Más que una economía verde, la conjunción de oligopolios y nuevas tecnologías está llevando a un asalto corporativo sin precedente de la naturaleza, de lo vivo, de los sistemas de alimentación y de los territorios de las culturas campesinas e indígenas, que irónicamente se presenta como una nueva etapa del desarrollo sustentable», advierte la investigadora.

Artículo de Silvia Ribeiro > Baserri bizia

El reciente informe Quién controlará la economía verde, del Grupo ETC ( www.etcgroup.org/es/node/5298 ), muestra que la tendencia hacia la concentración corporativa global continúa, favorecida incluso por las crisis. Si bien en diversos sectores analizados hay estancamiento del crecimiento o incluso menos ingresos, las ganancias corporativas se mantuvieron, porque según su propia definición hicieron más con menos. Con menos trabajadores, menos prestaciones y derechos laborales, menos consideraciones ambientales y de salud.

En el caso de la cadena alimentaria agroindustrial, desde las semillas e insumos agroquímicos, a la distribución, procesamiento y ventas en supermercados, las ganancias aumentaron con la crisis alimentaria y climática, en algunos casos en forma exponencial, gracias a la manipulación de la oferta, a la desaparición de competidores, a los subsidios públicos por desastres (para replantar cosechas arruinadas, para ayuda alimentaria, etc).

Es dramático y absurdo que en semillas –llave de toda la cadena alimentaria– una sola empresa, Monsanto, controle 27% de todas las semillas comerciales a escala global (y más de 80 por ciento en semillas transgénicas), y que junto a dos empresas más, Syngenta y DuPont-Pioneer, controlen más de la mitad del mercado mundial de semillas. Las semillas y venenos químicos que venden esas empresas son la base de la agropecuaria industrial que ha destruido suelos, contaminado aguas y provocado la mayor parte de la crisis climática global. Ahora van además por el monopolio de lo que llaman semillas resistentes al clima –sequía, cambios de temperatura, inundaciones–, alegando que con más del mismo modelo, con menos reglas de bioseguridad, con más patentes a su favor y más apoyos de los gobiernos para las empresas, ahora sí saldremos de la crisis que ellas construyeron.

Al otro extremo de la cadena alimentaria las grandes superficies de ventas directas al consumidor (supermercados) han crecido a punto tal, que en 2009 superaron el mercado total de energéticos, el mayor del mundo por décadas. Esto significa un brutal control corporativo de qué, cuándo, cómo, con qué calidad, dónde y a qué precio se producen y consumen los alimentos y muchos otros productos de la vida cotidiana. En el informe se analiza además el control corporativo en otros rubros, como agua, petróleo y energía, minería y fertilizantes, forestación, farmacéutica, veterinaria, genética animal, biotecnología, bioinformática, generación y almacenamiento de datos genómicos.

Uno de los aspectos más preocupantes son los impactos del avance del uso de biomasa, a través de nuevos emprendimientos corporativos y tecnológicos. Por ejemplo, la empresa de biología sintética Amyris, con sede en California y Brasil, tiene asociaciones con Procter & Gamble, Chevron, Total, Shell, Mercedes Benz, Michelin, Bunge y Guarani para producir combustibles y sustancias industriales. En Brasil, ya consiguió que se permita la producción de combustibles a partir de la fermentación de azúcares derivados de biomasa, con microbios artificiales, cuyo escape constituye un grave riesgo (consumen celulosa, presente en toda la materia vegetal), que de ninguna forma está contemplado en los marcos de bioseguridad. Sin embargo, éste es uno de los ejemplos de economía verde en Brasil.

Otro ejemplo es la asociación de DuPont con el gigante petrolero BP, y las cerealeras General Mills y Tate & Lyle (Bunge), que además de biocombustibles agregan ahora combustibles derivados de algas. O la constelación Dow Chemicals, con Chevron, Unilever, Bunge, la marina y ejército de Estados Unidos, alrededor de la empresa de biología sintética Solazyme, para transformar azúcares de bajo costo en aceites de alto valor, que podrían ser desde combustibles a alimentos y muchos otros productos. Todo esto representa nuevos riesgos, pero además un aumento vertiginoso de la demanda de biomasa, tierra, agua y nutrientes, que exige que denunciemos estas propuestas por lo que son: nuevas formas de despojo.

Alternatiba aplaude la concesión del Premio a la Igualdad a los alardes mixtos, pero exige que el reconocimiento se demuestre en la calle

La portavoz de Alternatiba, Ana Etxarte, ha celebrado la concesión del Premio Emakunde a la Igualdad a los alardes públicos de Irun y Hondarribia, dado a conocer hoy mismo por el Instituto Vasco de la Mujer. Etxarte, sin embargo, ha recordado que el reconocimiento a las mujeres de las comarca del Bidasoa “debe demostrarse apoyando el alarde mixto desde las instituciones y en la calle ”,  al hilo de lo sucedido hace tan solo cuatro meses cuando el Departamento de Interior ordenó  cambiar el recorrido el recorrido habitual de la compañía Jaizkibel, ante lo cual, precisamente Emakunde, se limitó a afirmar que trataría de impulsar su recuperación para este año.

El alarde de Hondarribia del pasado septiembre, ha señalado la portavoz de la formación de izquierdas, “es un buen ejemplo de por qué no deben tratar de resolverse las desigualdades entre hombres y mujeres con órdenes policiales”, en alusión a la denuncia formulada ayer por Alternatiba y otras instituciones y asociaciones feministas, contra el anteproyecto de ley contra la violencia machista que pretende arrebatar competencias de igualdad a Emakunde y otras áreas para dejarlas en manos del departamento de Rodolfo Ares.

Etxarte, finalmente, ha felicitado a todas las personas que desde hace 15 años impulsan en Irun y Hondarribia unas fiestas públicas y participativas, y las ha animado a seguir trabajando en la misma dirección, hasta conseguir un alarde libre de cualquier tipo de discriminación, “a pesar de los obstáculos que incluso desde las instituciones, empezando por sus gobiernos municipales, les han impuesto”.

Alternatiba acusa a Interior de usar la violencia machista con afán de protagonismo

La portavoz de Alternatiba, Ana Etxarte, se ha sumado hoy a las críticas vertidas desde el movimiento feminista y el propio personal técnico de Lakua contra el anteproyecto de ley contra la violencia machista que “el departamento de Ares se empeña en tramitar a pesar del rechazo generalizado que ha suscitado dentro y fuera del Gobierno Vasco”. Etxarte ha tildado de “innecesaria” una nueva norma y ha abogado por un desarrollo reglamentario de la ley actual, tal y como han solicitado en sus alegaciones las organizaciones de mujeres y feministas: “Se trata de una ley que no responde más que al afán protagonista de Interior que, no conforme con su papel en la atención a las víctimas de la violencia machista, ahora pretende hacerlas políticamente rentables”.

Desde Alternatiba han tachado de “lamentable error” la intención de convertir la violencia contra las mujeres en un asunto de seguridad pública cuya solución pasa exclusivamente por la vía policial. Etxarte ha recordado que la violencia machista es la “expresión más brutal, pero no la única” de la desigualdad entre hombres y mujeres, “por lo que desvincularla de la discriminación y la explotación de las mujeres supone un grave retroceso, un agravio a todas aquellas personas que han luchado durante años para situar las políticas de igualdad en el centralidad que Interior pretende usurpar”.

Etxarte ha finalizado exigiendo a la Dirección de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género – dependiente de Interior- que retire su anteproyecto y, asimismo, ha pedido al Gobierno Vasco que dote de recursos las políticas destinadas a identificar las causas y los síntomas de la violencia machista, y al desarrollo e implementación de políticas de igualdad, “lo cual difícilmente puede fomentarse desde una actuación exclusivamente policial”.

Alternatiba denuncia la excusas de Lakua ante el cierre de Erralde

Alternatiba ha denunciado hoy la postura del del Gobierno Vasco por el cierre del matadero de Durango. Amaia Agirresarobe, miembro de la Coordinadora Nacional de la formación de izquierdas, ha rechazado las “excusas” del Departamento de Sanidad y considera demostrada la sospecha de los gestores del centro y del sindicato EHNE-Bizkaia que afirman que “Lakua ha ordenado el cierre de Erralde a sabiendas de que cumple con la normativa sanitaria”. Agirresarobe ha recordado que ya en 2008 el matadero tuvo que cerrar cautelarmente durante 5 días tras una inspección de la EU, pero que fue precisamente Sanidad quien autorizó su reapertura tras subsanarse las deficiencias detectadas.

Alternatiba ha querido sumarse públicamente a las organizaciones que solicitan una moratoria para poder mantener abierto Erralde hasta la construcción de un nuevo matadero en Berriz. Por último, Agirresarobe ha remarcado el papel estratégico del matadero de Durango para el sector ganadero de Bizkaia, “que se resentirá gravemente si cumplen la amenaza de cierre dentro de dos días, sin olvidar la merma en la calidad y el aumento de precio que sufrirán los consumidores al acabar con el único matadero de Bizkaia”.

Los recortes ya están aquí

Asier Vega y Amaia Agirresarobe – Portavoces de Alternatiba

Cómo si de una película de terror se tratase, el PP ha entrado en el Gobierno del Reino de España con motosierra en mano, dispuesto a recortar por doquier: recortes sociales, merma de derechos, reformas laborales a la baja; recortes en todo, salvo en fuerzas de seguridad, no vaya a faltar policía para disolver concentraciones de cualquier persona dispuesta a mostrar su indignación en las calles. Y como toda película de serie B que se precie, el film comienza con un gran shock como preludio de los mayores sustos que vendrán.

El gobierno de Mariano Rajoy ha comenzado los recortes por el Ministerio de Fomento (1.614 millones), Industria (1.091), Economía (1.083) y Asuntos Exteriores (1.016). A Educación se le reducirá el presupuesto en 485 millones; a Empleo en 439; a Hacienda en 432 ; a Sanidad en 409 ; a Agricultura en 401 y, por último, el menor tijeretazo recaé en Defensa, con un recorte de 340 millones de euros.

Aún siendo Fomento el más cercenado, es significativo que los siguientes Ministerios que más reducen sus partidas sean, precisamente, los fundamentales para revertir la situación económica y garantizar el bienestar de la ciudadanía. A pocos les sorprenderá que el PP recorte notablemente en Educación y en Sanidad, en contra de lo prometido en campaña. La Ley de Dependencia también ha sido paralizada vía decreto, de modo que las personas con dependencia moderada en su nivel más grave verán como se retrasa su acceso a prestaciones.

Otra víctima presupuestaria, el incumplimiento de la ampliación a un mes del permiso paternal establecido por ley, nos avanza otra de las ideas-fuerza de este gobierno, plagiada, eso si, al anterior ejecutivo: los derechos se limitan a las épocas de bonanza económica, para el resto ajo y agua. Ni corresponsabilidad ni nada, las mujeres a ser explotadas en casa y los hombres a ser explotados en el trabajo; como toda la vida, con el añadido de que ahora también se explota a las mujeres en un mercado laboral aún más precario para ellas.

Incluso los y las pensionistas, la prioridad mil veces repetida por este gobierno, sufren los recortes de manera descarada. Una de las pocas promesas que hizo Rajoy en campaña fue la actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012. La actualización real de las pensiones va a resultar negativa, ya que a la subida nominal del 1 por ciento hay que restarle el aumento de la inflación,  en torno a los 3 puntos, y el aumento de la presión fiscal del 0,75 por ciento para las rentas más bajas.

Por supuesto, mientras los de siempre sufrimos los recortes, ciertos privilegiados con  beneficios a prueba de bomba – como la banca, con o sin crisis, siempre gana – saldrán más que beneficiados por estas mismas medidas. Valga como ejemplo el insignificante recorte en Defensa, cartera entregada a un empresario de la industria de la muerte. ¿Acaso teme Madrid un inminente ataque de potencias enemigas, o es que pretende Rajoy emular a su mentor Aznar embarcando al Reino de España en otra guerra preventiva? Solo así se explicaría seguir acrecentando el gasto de un ministerio que acumula ya una deuda de 30.000 millones de euros en la compra de armas.

Sobra decir que la clase empresarial seguirá saliendo victoriosa de la debacle de la socialdemocracia y el avance de la derecha más reaccionaria. En momentos en los que el desempleo aumenta y que las condiciones laborales de las y los trabajadores cotizan a la baja, son cada vez más las personas que se ven forzadas a trabajar por salario miserables. Aún bajo la lógica de un gobierno neoliberal, parecería lógico aumentar considerablemente el Salario Mínimo Interprofesional para evitar que los empresarios se enriquezcan aún más a costa de quien lleva años en crisis. Pues no, Rajoy ha congelado el SMI, hundiéndolo aún más en la cola de Europa.

Tampoco está en las preclaras cabezas del nuevo Gobierno reducir el desempleo aumentando servicios y trabajo en el sector público. En lugar de repartir las horas de trabajo, ha ordenado aumentar sus jornadas laborales y no sustituir las bajas, con la consiguiente merma en la calidad de servicios públicos. Invitarán así, a los que puedan permitírselo, a contratar servicios privados para mayor gloria y caudal de los grandes empresarios.  

Los que pueden estar realmente tranquilos con la política del PP son aquellos que colaboraron activamente en la gestación de la crisis. Mientras recortan en gasto social, el ejecutivo de Rajoy prepara una inyección al sistema financiero en forma de avales bancarios por un monto de, atención, cien mil millones de euros. Merece la pena visualizarlo en números: ¡100.000.000.000€! Es posible que los bancos no hagan uso de estos avales y sigan aprovechando la barra libre del BCE, pero cuando el ex-Goldman Sachs Mario Draghi cierre el grifo, ahí estará esa obscena cantidad de dinero para quienes juegan en el casino de las finanzas. Por si fuera poco, y a pesar de la subida positiva pero temporal del IRPF, el reestablecimiento de la deducción por vivienda persigue un claro objetivo: reanimar el mercado inmobiliario y volver a inflar la burbuja, petición expresa de quienes más ladrillo han acumulado.

Y esto es sólo el principio, ya se anuncian nuevos atropellos: reducción de salarios, copagos, privatizaciones… llegarán a más tardar después del 25 de marzo, día de elecciones en Andalucía. Si algo hemos aprendido de las películas de miedo es que los primeros en caer son los que se alejan del grupo. Por ello, debemos articular las diferentes luchas y movimientos sociales, sindicales y políticos para hacer frente y revertir estos recortes. Vamos a luchar contra esta lógica de conculcación con una lógica de confrontación, de resistencia y de propuesta alternativa. La izquierda puede ser hegemónica en Euskal Herria y debe ser la base para la defensa de nuestra clase trabajadora. Además, desde nuestra apuesta internacionalista, no cejaremos en el empeño de articular también nuestra lucha con la de los y las trabajadoras del Estado Español. La lucha continúa. Ya están aquí, nosotros y nosotras también.

Pedro Morenés, un ministro de Defensa de armas vender y gasto militar disparar

Estitxu Martínez de Guevara, en nombre del Colectivo Gasteizkoak

Pedro Morenes, Gobernu berriko ministro euskalduna.En las últimas semanas, a raíz del nombramiento del nuevo gobierno español, se han publicado sorprendentes datos en torno al nuevo ministro de Defensa, el “ministro vasco” del ejecutivo. Curiosamente ha sido omitida mucha información, así como algunas de sus “grandes hazañas”, que aún pagamos todas, y que seguiremos pagando durante décadas. Vayamos a ello.

Un currículo de “armas vender”

Este vizcaíno, de Getxo, procede de una de las grandes familias burguesas de Las Arenas (segundo hijo del Vizconde de Alerón y nieto de los condes del Asalto, grandes de España), es poseedor de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica y, hasta hace poco, ha sido Presidente del elitista “Club Puerta de Hierro” madrileño y Secretario General del Círculo de Empresarios.

Por lo que respecta a su trayectoria en la Administración, de la mano de los gobiernos de Aznar, fue Secretario de Estado de Defensa entre 1996 y 2000 (siendo ministro Eduardo Serra), Secretario de Estado de Seguridad entre 2000 y 2002 (siendo ministros Jaime Mayor y Mariano Rajoy) y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004 (siendo ministro Josep Piqué). A parte de todo ello (o gracias a ello) ahora llega a la titularidad del Ministerio de Defensa, eso sí, tras acumular en los años posteriores a sus cargos administrativos un extenso currículo por buena parte de las empresas que componen el mercadeo de la muerte que constituye la industria de armamento.

Así, desde mediados de 2005 y hasta hace pocos meses, ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas especialmente deleznables como, por ejemplo, las llamadas “bombas racimo”, sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por 107 países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. Esto no debió gustarle a la empresa representada por Morenés, pues recientemente ha reclamado al gobierno español una “compensación de 40 millones de euros en concepto de daño emergente y lucro cesante” (Cinco Días, 09-05-2011) por dejar de producirlas. No podemos hacernos una idea, aunque nos lo podemos imaginar, de qué pensará, por ejemplo, la población civil libia que ha sido uno de los “objetivos” contra los que (según denunciaba el New York Times el pasado 15 de abril) se han utilizado las “bombas racimo” MAT-120 fabricadas por la empresa aragonesa defendida por el actual ministro de Defensa, y que exporta sus criminales producciones a más de 90 ejércitos.

No obstante, al actual ministro, sin duda un “hombre de armas tomar” (para luego venderlas, se supone), no le debía parecer suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se decidió a compatibilizar su cargo en Instalaza con el de Presidente ejecutivo de la empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa ha suministrado dos grandes contratos de misiles al gobierno español del que ahora forma parte Morenés; el primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los helicópteros de ataque “Tigre”; el segundo se trata de un contrato de más de 100 millones de euros para el suministro de misiles a los “Eurofighter” españoles. Este programa sigue actualmente en vigor, por lo que Morenés tendrá que abonar la cuenta a sus, hasta ahora, compañeros de empresa (o no; ahora entraremos en ello). De paso también se ven favorecidos unos antiguos vecinos de Morenés, ya que la vizcaína empresa SENER (ubicada en Las Arenas, qué casualidades) es responsable del diseño y producción del sistema de actuación y control del misil contratado por Defensa.

Pero no pensemos que esta casualidad es el único contacto de Morenés con los mercaderes de la muerte made in Euskadi, qué va. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real, Jokin Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de artillería, en cuyo consejo coincidía con otro de sus amigos del “Club Puerta de Hierro”, Enrique Falcó y Carrión, también miembro de la “nobleza” por ser Conde de Elda.

No acaban aquí las relaciones de Morenés con la industria de la muerte. Este ínclito personaje ha sido, hasta ahora, presidente de la empresa KuitVer Estudios SL, especializada en I+D+i, y que se define como “asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las personas que lo gestionan”; y si algo conoce Morenés a fondo y por dentro es el sistema y las personas que gestionan los recursos del Ministerio de Defensa y los de Interior. Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes de KuitVer, en concreto, los ligados al sector de “Seguridad y Defensa”, como INDRA, Instalaza, INTA, Amper, Ariex Complex… o las vascas SENER, SAPA-Placencia, ITP o Aernnova, es decir, “lo más granado” de la vergonzante industria militar vasca, estarán encantados de su nombramiento.

Por si fuera poco, en el caso de Morenés se demuestra que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los entresijos de los Ministerios de Interior y Defensa, por los que ha pasado. Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada, Segur Ibérica, la que, por cierto, ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años (algunos aún en vigor) por valor de más de 4 millones de euros para la vigilancia y seguridad de diversas dependencias… del Ministerio de Defensa. También es la empresa de seguridad privada contratada para custodiar los atuneros vascos en el océano Índico.

El impulsor del tremendo derroche militar: una deuda de más de 30.000 millones de euros

El pasado 13 de agosto, El País publicaba que “Defensa renegocia 26.000 millones en armamento que no puede pagar”. La noticia hacía referencia a un mecanismo de financiación puesto en marcha a finales de los 90, que buscaba no contabilizar como gasto militar lo derrochado en los grandes programas de armamento. Consistía en que el Ministerio de Industria concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento unos anticipos reintegrables sin intereses, con la finalidad de que las empresas fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la producción; cuando Defensa recibiera el armamento debía realizar el pago a las empresas para que, entonces, estas devolvieran los anticipos a Industria.

Con ese mecanismo, como señala Constantino Méndez -hasta hace unos días Secretario de Estado de Defensa-, en un reciente informe sobre la situación financiera presupuestaria de los programas especiales de armamento que han generado esa deuda, “el proceso seguido se ha desarrollado de forma incoherente y poco planificada, sobre la base de un modelo obsesionado en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a su sostenimiento posterior. Un modelo que creó una ilusión financiera totalmente alejada de la senda de gasto que los presupuestos de Defensa podían y pueden soportar, un modelo alejado de la disciplina propia del gasto público. Esa falta de disciplina es la causa central de los problemas analizados y está referida a un tiempo concreto: el periodo que va desde el año 1997 al año 2004 en el que se generan más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas en el presente y futuro”.

Pues bien, cabría preguntarse quién ha sido el responsable directo de lo que el Secretario de Estado de Defensa cesante califica tan duramente, y parecería lógico responderse que no es otro que el Secretario de Estado de Defensa que lo puso en marcha, en 1997, esto es, Pedro Morenés Eulate, el actual Ministro de Defensa. Él fue quien impulsó los principales programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter; Carro de Combate Leopard y las Fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de la deuda acumulada por Defensa. Y para completar el rizo, de 2002 a 2004 siguió aprobando nuevas partidas para las empresas de armamento a través del sistema por él impulsado, solo que en esta ocasión desde su cargo de Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología, que sustituía al Ministerio de Industria.

Pero, claro, cuando Morenés presentaba en el Congreso ese “mecanismo de financiación” para ponerse en marcha en los presupuestos de 1997, lo hacía como si fuera a ser la panacea: “(…) ha arbitrado mecanismos para la financiación, por vía del Ministerio de Industria, de proyectos de armamento y material, que sin duda redundarán en beneficio de la condición industrial de España en este área y en otras afines. En el ejercicio de 1997 este mecanismo financiero del Ministerio de Industria incluirá créditos por valor de 35.000 millones de pesetas (…) Este acuerdo entre Defensa y Industria permitirá a la primera iniciar inmediatamente programas que, de otra manera, deberían posponerse con incidencias desde el punto de vista de la operativa militar (…) En las actuales circunstancias de austeridad presupuestaria, el Ministerio de Defensa debe ser capaz de arbitrar soluciones a los problemas de modernización de las Fuerzas Armadas en paralelo y como parte fundamental del proceso de profesionalización. En ese entorno es a lo que se debe la participación del Ministerio de Industria (…)”.

Estas apreciaciones de Morenés chocan de frente con lo declarado por el citado Constantino Méndez en una comisión parlamentaria el 6 de octubre de 2010, cuando afirmó que “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.

Y sin embargo, la auténtica carrera armamentística impulsada por Morenés no terminó ahí. También fue él quien puso en marcha el mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que deberían haber revertido). Así, en la presentación de los presupuestos para 1997 afirmaba que “En cuanto a la Gerencia de Infraestructura, deseo manifestarles que es firme voluntad del Ministerio y del Gobierno darle una agilización a sus procedimientos que permita una mejor gestión del patrimonio inmobiliario de la Defensa. En ese sentido se ha introducido en la ley de acompañamiento al presupuesto una disposición mediante la cual se permitirá destinar fondos provenientes de la gestión inmobiliaria de la Gerencia de Infraestructura no solamente a infraestructura, sino también a modernización del armamento y material de los Ejércitos”. Esta nueva operación de financiación de la carrera armamentística se calcula que ha supuesto, en estos años, más de 3.000 millones de euros adicionales para nuevas compras de armamento.

Con todo el dineral que, gracias a las gestiones de Morenés, hemos visto derrochado en gasto militar para la adquisición de nuevo armamento, aun a costa de vaciar las arcas públicas, ¡cómo no iba a encontrar a numerosas empresas de armamento dispuestas a incluirle en sus Consejos de Administración al terminar sus cargos públicos!

Concluyendo

El nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro de Defensa español deja claras una serie de graves cuestiones. En primer lugar, la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado, responsable, en buena medida, de una serie de tropelías que han supuesto esquilmar las arcas del Estado impulsando una absurda y obscena carrera armamentística con partidas multimillonarias entregadas a empresas de armamento, pase a formar parte de los Consejos de Administración de empresas de este sector una vez finalizan sus competencias como cargo público. Y no solo eso: que sea posible un “camino de vuelta” para que, ahora como máximo responsable del Ministerio de Defensa pueda conceder nuevas partidas millonarias a esas empresas del sector entre las que se encuentran aquellas que le han tenido en sus Consejos de Administración.

Y mucho más grave aún: ¿cómo se puede entender -más allá de la demostración evidente de que se ríen de la población, en nuestra cara- que se pueda “premiar” con el nombramiento como ministro del ramo a uno de los principales responsables de un colosal despilfarro en gasto militar que ha generado una deuda de más de 30.000 millones de euros, el doble de lo que, según el gobierno español, se ha de recortar en gastos -principalmente sociales- para “hacer frente al déficit público”? No tenemos respuesta para esto, pero lo que sí sabemos es que una de las principales causas de la “crisis económica” con la que intentan someter y rebajar todos nuestros derechos sociales y laborales es el obsceno gasto militar y la criminal carrera de armamentos que este financia. Sin duda, si acaban de nombrar ministro a uno de sus impulsores, podemos temernos lo peor para los próximos cuatro años.

Mientras cientos de miles de personas en el Estado español (y miles de millones en el mundo) sufren diariamente las consecuencias de haber sido empobrecidas y esquilmadas por el sistema, el poder político muestra el verdadero rostro de sus entrañas. En casos como el analizado con Pedro Morenés, premiando con el Ministerio de Defensa a un distinguido impulsor y colega de los mercaderes de la muerte, corresponsable del gasto militar que ha esquilmado las arcas públicas en los últimos años. Será porque ese sistema necesita del monopolio de la violencia para mantenerse que le ofrecen las fuerzas militares y policiales, tanto como estas deben su existencia a los mercaderes de la muerte que les suministran las armas.

Quizá llegue el día en que las poblaciones seamos conscientes de ello y actuemos en consecuencia. Solo así se les acabará el chollo a personajes como Pedro Morenés y a quienes le nombran. Por el bien de todas, hagamos que sea pronto.

Alternatiba se manifiesta en defensa del pequeño comercio y los derechos laborales del sector

La portavoz de Alternatiba, Ana Etxarte, ha participado hoy, junto con otros militantes de la formación, en la concentración de Bilbao convocada por las centrales sindicales con representación en el comercio (ELA, LAB, CCOO y UGT) a la que también se ha sumado ESK. Según ha denunciado, la apertura del comercio en festivos “en contra de lo que nos quieren vender, solo conlleva una mayor precariedad de las condiciones laborales en un sector ya de por si precario”, razón por la que Alternatiba apoya las reivindicaciones sindicales.

Al igual que los convocantes, Etxarte ha negado la idea de que la apertura en festivos fomente el comercio y el empleo, ya que a la postre “perjudica al pequeño comercio, hace imposible la conciliación laboral y familiar de sus trabajadores – especialmente de sus trabajadoras- y, sobre todo, beneficia a las grandes superficies que esperan deseosas el momento de imponer la cultura del consumismo 365 días 24 horas”.

En el mismo sentido, la portavoz de Alternatiba ha denunciado la intención de la cadena Opencor (filial del Corte Inglés) de abrir una de sus tiendas en Gasteiz, por ser esta una firma “conocida por imponer a sus trabajadores unas condiciones laborales cercanas a la esclavitud, fórmula cada vez más habitual de los grandes empresarios para multiplicar sus beneficios”.

Alternatiba llama a secundar la marcha histórica del sábado en favor de los derechos de los presos vascos

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha hecho hoy un llamamiento al conjunto de la ciudadanía vasca a participar en la manifestación por los derechos de las personas presas de Euskal Herria que recorrerá las calles de Bilbao el próximo sábado. A su juicio, será una “convocatoria histórica”, por ser la primera vez que se celebra está convocatoria tras el cese de la lucha armada anunciado por ETA y los “pasos decisivos” dados el pasado año por diversos agentes, como la adhesión al Acuerdo de Gernika del EPPK o el reconocimiento de todas las víctimas sin exclusión propiciada por el mismo.

Por estas razones, Matute ha augurado un apoyo “masivo” a la marcha: “Porque ya nadie puede poner excusas para no exigir que cese la política penitenciaria de venganza y de excepción; todas las fuerzas políticas y sociales de este país deben reclamar a Madrid y París el fin de la dispersión y de la doctrina Parot, la liberación de personas presas con enfermedades graves y la desaparición del resto de medidas ad hoc contra las personas presas y sus allegados”.

El portavoz de la formación de izquierdas, finalmente, ha lamentado que las directrices impuestas a la manifestación desde la judicatura dejan en “evidencia la politización de la justicia y la falta de democracia, al prohibir incluso hablar de presos políticos en el transcurso de la marcha”. Ante semejante panorama, ha reiterado la “necesidad de salir a la calle para reclamar, una vez más, todos los derechos para todas las personas”.

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