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Despotismo ilustrado bilbaino

Imagen: Correo

El lunes 13 de diciembre se reunirá el Consejo Cívico de Bilbo. La composición elitista y no paritaria del Consejo, así como los temas a tratar en la reunión, dan una idea del carácter meramente propagandístico que PNV e IU conceden a este órgano decorativo.

Es sumamente significativo que la ponencia principal de la reunión, “El cambio de escenario global al que se enfrenta Bilbao”, sea presentada por Pedro Luis Uriarte, exconsejero delegado del BBVA, y que nos da una idea del modelo de ciudad por el que apuesta el actual equipo de gobierno.

Un modelo de ciudad que prioriza el desarrollo especulativo y urbanístico del centro de la ciudad y el eje marcado por la ría y deja abandonado a los barrios, donde vive la mayoría de la población. Cada vez es mayor la brecha entre el centro y los barrios y hoy es el día en el que recortan prestaciones sociales para los sectores más desfavorecidos y barrios enteros carecen de servicios básicos como accesos en condiciones, transporte público, escuelas infantiles y un largo etcétera, mientras las inversiones millonarias se suceden una tras otra en el centro.

Así mismo, los grupos municipales de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba queremos subrayar que la pluralidad y riqueza asociativa existente en la Villa para nada está representada en un Consejo constituido por obligación que no por vocación; con un fin exclusivamente mediático; y cuya composición destaca por la excesiva y casi única presencia institucional y empresarial, la marginación del tejido social y de la cuarta fuerza política de la villa – la izquierda abertzale obtuvo en las últimas elecciones municipales más apoyo electoral que la coalición IU-Aralar-, y la ausencia absoluta de paridad (únicamente 10 de las 75 personas que lo componen son mujeres, es decir, la presencia de mujeres apenas alcanza el 13,33%); y la insultante discriminación del
Euskara, tanto en sus reuniones como en las actas y comunicaciones, en una ciudad en la que vivimos 165.000 euskaldunes o cuasi euskaldunes (datos de la memoria municipal).

Frente a este modelo elitista de ciudad escaparate que se nos quiere imponer, la izquierda abertzale, EA y Alternatiba abogamos por otro modelo de ciudad construido sobre la base de las necesidades reales de la población y los barrios. En lo que se refiere a participación ciudadana ésta es una de las asignaturas pendientes de Bilbo. A pesar de las oportunidades que ofrece, la actual arquitectura institucional de la villa está diseñada para cercenar la participación ciudadana. La nutrida manifestación celebrada en junio de 2008 por las asociaciones vecinales o la reciente dinámica ciudadana contra la ampliamente contestada Ordenanza sobre Espacio Público no es sino la constatación de una ausencia considerable de cauces de participación.

La puesta en marcha del Consejo Cívico debiera haber sido una oportunidad para invertir la tendencia actual. Sin embargo, el hecho de que haya sido tramitada sin debate social alguno; que su composición esté absolutamente descompensada a favor de un determinado sector (empresarial y hotelero), deje al margen a sectores sociales completos y para nada refleje la paridad entre mujeres y hombres; es demostrativo del escaso, por no decir nulo, interés con el que PNV e IU afrontan la constitución de este órgano institucional.

En Bilbao es necesario un replanteamiento serio de los cauces de participación ciudadana. Creemos que el sistema de Consejos de Distrito, Consejos Sectoriales y Consejo Cívico del que se dota como instrumentos de participación ciudadana el Ayuntamiento no son las herramientas adecuadas tal y como se encuentran definidas
para dar cauce a la participación de la ciudadanía en los asuntos y decisiones de la política municipal. De hecho, y ejemplo de ello es que de manera reciente ha estado aprobado el proyecto de presupuesto municipal sin ninguna participación de ninguna asociación ciudadana, pese a ser el documento donde se trazan las líneas que marcarán el modelo de ciudad que se va construyendo.

Y es que en concreto el Consejo Cívico es una clara demostración de cómo el gobierno municipal de Bilbao, con el Alcalde Azkuna a la cabeza, apuestan por el alejamiento de los centros de decisión de la ciudadanía hacia élites económicas o políticas, y la tecnificación de los procesos de toma de decisión y gestión de los asuntos públicos.

Azkuna hace gala de su despotismo ilustrado y coarta la participación de la ciudadanía en los asuntos municipales, huyendo de una ciudadanía concienciada que controle la actividad de la clase política y funcionarial.

Izquierda abertzale, Ea y Alternatiba proponemos para Bilbao un modelo de democracia radical que se asiente en los siguientes pilares:

  • El control ciudadano del Ayuntamiento: para lo cual es necesario garantizar el derecho a la información de los asuntos municipales con claridad.
  • El derecho de propuesta al municipio: porque el pleno del Ayuntamiento de Bilbao se ha convertido en una reunión cerrada inaccesible a las propuestas de la ciudadanía.
  • El derecho a la participación: revisando las estructuras y reglamentos de los órganos hasta ahora existentes y facilitando así mismo la participación ciudadana en organismos autónomos y sociedades municipales.
  • El derecho a la consulta ciudadana: garantizando que la ciudadanía sea consultada en aquellos asuntos estratégicos para la ciudad o cuando así se solicite por una parte sustancial de la propia ciudadanía.
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Nacionalización del sistema financiero en Euskal Herria

La misión específica del sistema financiero debería ser la de de vincular el ahorro, por un lado,  con la inversión y con el consumo, por el otro, el corto con el largo plazo, garantizando de esta manera el acceso a crédito para la economía productiva y generadora de empleo, así como posibilitando el consumo de los particulares para la satisfacción de sus necesidades básicas. Esta función social de las finanzas debería a su vez insertarse en una lógica de regulación pública, que estableciera las condiciones ecológicas, laborales y sociales oportunas para las prioridades sociales de préstamo, inversión y consumo.

Desgraciadamente, la realidad actual de la banca –y del modelo económico vigente- se encuentra en las antípodas de la función que debería cumplir. Así, frente a ese rol natural de facilitador, el sistema financiero se ha convertido en el máximo exponente de la búsqueda incesante de la maximización del beneficio a corto plazo, llevando al extremo la lógica de desregulación, privatización, mercantilización y descontrol público y social de la economía. El resultado es la primacía de la economía no productiva, a través de un ingente mercado de capitales completamente flexible –en un día dichos mercados mueven seis veces lo mismo que genera la economía productiva mundial en todo un año-, que se rige con lógicas cortoplacistas y de ganancia rápida, y que genera una vulnerabilidad extrema a nivel planetario, con efectos devastadores, como hemos podido comprobar.

Así, no hay más que analizar nuestra historia reciente para constatar esta espiral suicida, para darse cuenta de que se ha tropezado en la misma piedra una y otra vez: crack del Nikkei a causa de la burbuja inmobiliaria de Japón en 1990; la crisis del Sistema Monetario Europeo en el 92; efecto Tequila en el 94; la caída de los dragones asiáticos en el 97; el efecto Vodka en el 98; el efecto Samba en el 99; pinchazo de las punto com; Enron y el corralito Argentino en 2001, y finalmente el crack de las hipotecas basura en 2007, cuya crisis aún estamos sufriendo.

Por supuesto, a esta realidad de crisis permanente, con graves efectos sobre los derechos de las personas y pueblos, ha contribuido específicamente la colusión de intereses de mercados especulativos y gobiernos neoliberales. De esta manera, el tamaño global del mercado, junto al peso específico de este sector especulativo, genera una creciente presión sobre los gobiernos, que definen sus políticas en función de las supuestas necesidades de los mercados, en detrimento de las prioridades para la población.

Ante ello, es necesario que la banca asuma la función de promoción del empleo, de la inversión productiva y del consumo responsable, y para ello debemos apartarnos radicalmente del camino capitalista y neoliberal. Por ello, abogamos por un modelo socioeconómico alternativo, que ponga los derechos de las personas y pueblos en el centro de su actuación. En este nuevo modelo, la banca tomaría la consideración de servicio público, con lo que evitaríamos la autorregulación del sector –que es lo que le confiere poder y capacidad destructiva-, a la vez que se constataría la insuficiencia de los controles establecidos en la actualidad, que no son más que puro maquillaje.

Por ello, abogamos por un sistema financiero regulado y bajo fuerte control social y público – empezando por los Bancos Centrales, superando la falacia de su supuesta asepsia y autonomía-. De esta manera, y en el contexto actual, sólo un sistema financiero completamente público y bajo estricto control democrático, puede servir a los objetivos formulados por la sociedad, en términos de empleo, ecología, cuidado, etc.

Por lo tanto, abogamos por la completa nacionalización del sector financiero en Euskal Herria y, como primer paso en esta estrategia, defendemos el mantenimiento y amejoramiento del estatus público de las cajas de ahorro vascas -BBK, Vital Kutxa, Kutxa y Caja Navarra-, bajo dos premisas fundamentales: una, la de definir una regulación interna específica que normativice su misión, de manera que los parámetros sociales del préstamo y de la inversión se adecuen a las prioridades de una economía del cuidado, de la generación de empleo de calidad, de la lucha contra el cambio climático, de transformación de la matriz energética, del apoyo a los circuitos cortos económicos, del  apoyo al consumo de los sectores más vulnerables, y, en definitiva, de la justicia social; dos, la de establecer sistemas de control social que garanticen precisamente su alineación con los objetivos sociales marcados previamente.

Así, sólo cambiaremos la caótica realidad actual obligando a las Cajas a concretar el marco de su función social –evitando a su vez la actividad especulativa, los elevados tipos de interés, las estafas, las inversiones en paraísos fiscales, en el sector armamentístico, etc.- y estableciendo sistemas transparentes de rendición de cuentas, además de un control directo por parte de los movimientos sociales ligados a la pobreza o a la precariedad, los movimientos ecologistas, sindicatos y partidos políticos.

Se trataría, por tanto, de avanzar en la lógica contraria  a lo legislado por el Gobierno del Reino de España en la reciente Ley de las Cajas de Ahorro. Esta Ley sirve para que las Cajas de Ahorro sean cada vez más una copia zafia de los bancos, imitando sus lógicas perversas -buen ejemplo de ello es la recién creada BBK Bank-. Así, convertir las cajas de ahorros en bancos, es el mejor camino para que estos últimos eliminen la competencia y puedan absorber a las primeras. De esta manera, frente a una banca privada, destructiva, todopoderosa, salvada y ayudada por toda la sociedad, que, a pesar de ello, se atreve, cual Vito Corleone, a señalar con el temible dedo de los mercados a los gobiernos que no se sometan a sus pretensiones, oponemos, de manera radical, una banca pública alternativa.

En estos momentos en Euskal Herria solo tenemos un ejemplo de banca que funcione con esos criterios, y es el caso de FIARE. No obstante, por mucho que este ejemplo sea recomendable para todas las personas que creemos en estas lógicas alternativas, nuestra labor política es exigir que esa función sea pública, y no quedar exclusivamente en el ámbito asociativo y cooperativo de los ciudadanos. Así, nuestros impuestos, junto con  toda la capacidad de control de las instituciones, se deberían destinar a crear un sistema de finanzas al servicio de los ciudadanos y ciudadanas.

Por ello, apostamos por un modelo económico socialista, por una banca pública que asuma una función social, y exigimos la toma de cuantas medidas sean necesarias para que las cajas de ahorro vascas mantengan su estatus público, en los términos antes referidos.

 

 

 

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Apuntes sobre ecofeminismo: las mujeres y la tierra> Marta Pascual (Decrecimiento)

Artículo de Marta Pascual (integrante de Ecologistas en acción) publicado en la web de decrecimiento

 

Ya no hay duda de que las cuentas estaban mal hechas. El crecimiento económico del norte y la promesa de desarrollo en el sur, escondían en la trastienda un proceso de deterioro social y ambiental que podría tener diferentes nombres: cambio climático, sometimiento de culturas indígenas, desertificación, pobreza ecológica, o crisis de insostenibilidad.

La aparente bonanza de los últimos treinta años en el norte rico se ha sostenido en el uso de abundante petróleo barato (un recurso no renovable y que ha empezado a disminuir), en el comercio de recursos naturales a bajo coste, en el expolio de ecosistemas y riquezas del subsuelo, en la explotación de la fuerza de trabajo de los colectivos más frágiles y en la externalización de cantidades ingentes de residuos. El planeta no da más de sí.

Sin embargo la economía y su crecimiento lleva décadas siendo objetivo prioritario de todos los gobiernos, muy por delante de las políticas de protección social. Los datos económicos al uso, sin embargo, no contabilizan la desaparición de culturas, los tóxicos abandonados en un río, la precariedad de la población de los suburbios de las ciudades o la pérdida de biodiversidad. La contabilidad económica ha llegado a computar la destrucción como riqueza. EL PIB sube, por ejemplo, cuando el espacio público se privatiza o cuando la contaminación recorta el acceso a bienes naturales antes de acceso libre.

Nuestro sistema económico se apropia hasta el agotamiento de los recursos gratuitos: bosques, agua limpia, trabajo doméstico… La naturaleza y la vida humana (la tierra y el trabajo) se convierten en simples herramientas para alimentar el crecimiento del capital.

Este reduccionismo económico que ha enfocado nuestra mirada en el dinero, ha hecho desaparecer de las grandes cuentas el puntal en el que se ha de asentar una economía centrada en la supervivencia: el cuidado de la vida. Sin éste no existirá futuro, ni existirán siquiera los economistas haciendo cuentas equívocas.

Para construir y mantener la ceguera monetaria no sólo es necesaria una estructura de poder, sino también un pensamiento que lo sustente: el pensamiento occidental, que subyace, sin que seamos muy conscientes, en nuestra forma de entender la realidad.

El pensamiento occidental ordena el mundo en parejas de opuestos entre sí: naturaleza-cultura, cuerpo-alma, razón-emoción, público-privado. hombre-mujer. Los dos valores de cada par se plantean como separados y excluyentes. Esta organización dicotómica simplifica nuestra comprensión del mundo. Pero los dos términos del par no se consideran de igual valor. Uno es considerado superior al otro. De este modo se jerarquiza la razón sobre la emoción, la cultura sobre la naturaleza y el hombre sobre la mujer. Y por último, un término llega a invisibilizar al otro y erigirse como patrón de la normalidad e incluso de la realidad. Así, el espacio público ocupa nuestro imaginario haciendo casi desaparecer el espacio privado, la cultura pretende someter e incluso desarrollarse al margen de la naturaleza, y los hombres se convierten en la norma del ser humano.

La invisibilización de la naturaleza y de las mujeres ha permitido someterlas y apropiarse de su trabajo, asuntos sin los cuales habría sido imposible el actual desarrollo del sistema económico.

Hay muchos paralelismos entre el sometimiento de ambas: puesto que sus servicios son gratuitos se usan sin contrapartida, ambas se consideran de acceso libre, apropiables, y se espera que sigan ahí a disposición, por más que se las maltrate. Como la madre que siempre atenderá al hijo pródigo, la tierra volverá a darnos sus frutos.

Pero la tierra y el trabajo de las mujeres, tienen un límite: la dignidad y la vida. La crisis ambiental y la crisis de los cuidados son manifestaciones paralelas de este límite.

No hay sostenibilidad sin acompasar la marcha del mundo con los procesos de la biosfera, y entre ellos, con los trabajos que las mujeres vienen realizando hasta el presente. El cuidado y el mantenimiento de la vida son condición de cualquier posibilidad de futuro.

Esta reflexión está en el origen del pensamiento ecofeminista. El ecofeminismo es un movimiento amplio de mujeres que nace de la conciencia de este doble sometimiento y de la creencia en que las luchas contra ambos, el ecologismo y el feminismo, contienen las claves de la dignidad humana y de la sostenibilidad en equidad.

Los movimientos de defensa de la tierra han tenido y tienen entre sus activistas a muchas mujeres. Es conocido el protagonismo de mujeres en el movimiento Chipko en defensa de los bosques, en el movimiento contra las presas del río Narmada en India, en la lucha contra los residuos tóxicos del Love Canal, origen del movimiento por la justicia ambiental en EEUU, como también lo es su presencia en movimientos locales de defensa de terrenos comunales, en las luchas por el espacio público urbano o por la salubridad de los alimentos. En el caso de muchas mujeres pobres, su ecologismo es el ecologismo de quienes dependen directamente de un ambiente protegido para poder vivir.

A mediados del siglo pasado el primer ecofeminismo discutió las jerarquías que establece el pensamiento occidental, revalorizando los términos de la dicotomía antes despreciados: mujer y naturaleza. La cultura protagonizada por los hombres ha desencadenado guerras genocidas, devastamiento y envenenamiento de territorios, gobiernos despóticos. Las primeras ecofeministas denunciaron los efectos de la tecnociencia en la salud de las mujeres y se enfrentaron al militarismo y a la degradación ambiental, comprendiendo éstos como manifestaciones de una cultura sexista. Petra Kelly es una de sus representantes.

A este primer ecofeminismo, crítico de la masculinidad, siguieron otros propuestos principalmente desde el sur. Estos consideran a las mujeres portadoras del respeto a la vida. Acusan al “mal desarrollo” occidental de provocar la pobreza de las mujeres y de las poblaciones indígenas, víctimas primeras de la destrucción de la naturaleza. Este es quizá el ecofeminsmo más conocido. En esta amplia corriente encontramos a Vandana Shiva, María Mies o a Ivone Guevara.

Superando el esencialismo de estas posiciones, otros ecofeminsmos constructivistas (Bina Agarwal, Val Plumwood) ven en la interacción con el medio ambiente el origen de esa especial conciencia ecológica de las mujeres. Es la división sexual del trabajo y la distribución del poder y la propiedad la que ha sometido a las mujeres y al medio natural del que todas y todos formamos parte. Las dicotomías reduccionistas de nuestra cultura occidental han de romperse para construir una convivencia más respetuosa y libre.

Desde parte del movimiento feminista, el ecofeminismo se ha visto como un posible riesgo, dado el mal uso histórico que el patriarcado ha hecho de los vínculos entre mujer y naturaleza. Puesto que el riesgo existe, conviene acotarlo. No se trataría de exaltar lo interiorizado como femenino, de encerrar de nuevo a las mujeres en un espacio reproductivo, negándoles el acceso a la cultura, ni de responsabilizarles, por si les faltaban ocupaciones, de la ingente tarea de rescate del planeta y la vida. Se trata de hacer visible el sometimiento, señalar las responsabilidades y corresponsabilizar a hombres y mujeres en el trabajo de la supervivencia.

Si el feminismo se dio bien pronto cuenta de cómo la naturalización de la mujer era una herramienta para legitimar el patriarcado, el ecofeminismo comprende que la alternativa no consiste en desnaturalizar a la mujer, sino en “renaturalizar” al hombre, ajustando la organización política, relacional, doméstica y económica a las condiciones de la Vida, que naturaleza y mujeres conocen bien. Una “renaturalización” que es al tiempo “reculturización” que convierte en visible la ecodependencia para mujeres y hombres.

Si situamos en el centro de nuestros cálculos, de nuestra práctica económica y política, de nuestros juicios éticos y de nuestras luchas el cuidado de vida, la tierra y las mujeres dejarán de ser esas grandes olvidadas.

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Los presupuestos de la pobreza y la exclusión

Alternatiba pide al diputado general la devolución del presupuesto porque margina la política social cuando Gipuzkoa más lo necesita

  • DESTINA 100 MILLONES DE EUROS MÁS A CARRETERAS QUE A SERVICIOS SOCIALES
  • GASTA MÁS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (3,8 MILLONES) QUE EN AYUDAS A PARADOS Y PENSIONISTAS (3,3 MILLONES)

DONOSTIA, 26 DE NOVIEMBRE DE 2010 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha solicitado hoy al diputado general, Markel Olano, la devolución del presupuesto de 2011, ya que el Gobierno foral ha presentado «un proyecto continuista que no responde a las verdaderas necesidades de la ciudadanía y que no hace más que acumular pobreza y ahondar en las mismas medidas fallidas que nos han conducido a la actual crisis».

Así se lo ha manifestado el juntero Ander Rodríguez al diputado general en la reunión mantenida para debatir las cuentas del próximo año, en la que le ha advertido de que el Gobierno foral vuelve a cometer los mismos errores que en el pasado: «Este modelo no favorece un reparto equitativo de la riqueza, nos conduce a una crisis ecológica global y ahonda en las desigualdades y en la pobreza. El presupuesto foral, además, margina la política social en un momento de crisis en el que peor lo están pasando las familias, no piensa en los ciudadanos y les da dinero a las empresas privadas. Volvemos a ver medidas para reducir los impuestos a las rentas de capital, privatización de los servicios públicos y un montón de dinero directo al sector privado mediante la construcción de infraestructuras faraónicas o mediante lobbys como Gipuzkoa Aurrera».

En este sentido, el juntero de izquierdas ha explicado que Gipuzkoa Aurrera contará con un presupuesto de 5 millones de euros y el gasto en Publicidad y Propaganda ascenderá a 3,8 millones, «cantidades insultantes si tenemos en cuenta que el Gobierno foral destinará sólo 3,5 millones a ayudas a pensionistas o personas que reciben prestaciones por desempleo».

Además, Bidegi contará con una desorbitada partida de 300 millones de euros, a los que hay que sumar el presupuesto del Departamento de Infraestructuras Viarias. «De esta forma, podemos ver que, cuando peor lo están pasando los guipuzcoanos y guipuzcoanas, el Gobierno foral destina 100 millones de euros más a construir carreteras que a la Política Social de este territorio», ha apuntado Rodríguez.

Durante la reunión, el juntero de Alternatiba ha trasladado también al diputado general su preocupación por la supresión, el próximo año, de los 420 euros para parados sin prestación de desempleo, ya que «hay 7.000 personas en Gipuzkoa que se encuentran en esta situación y para las que el presupuesto del Gobierno foral no contempla ninguna solución».

«Las cuentas del Gobierno foral son radicalmente distintas a las que presentaría Alternatiba, que no dejaría en la estacada a quienes más lo necesitan en este territorio y arbitraría medidas realmente eficaces contra la pobreza, como la instauración de una Renta Básica de Ciudadanía», ha concluido Rodríguez.

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«Debe ser legal»

Alternatiba valora como un gran avance el rechazo a la violencia de la Izquierda Abertzale y exige la inmediata legalización de la nueva formación política anunciada

BILBO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2010 – Alternatiba ha remarcado hoy que el anuncio de la Izquierda Abertzale de constituir un nuevo partido u organización que rechace la violencia, “supone un paso positivo de enorme calado”, y ha exigido que esta nueva formación pueda concurrir libremente a las próximas elecciones.

El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha subrayado que, tras las declaraciones efectuadas, ”es innegable que existe un avance firme, decidido y sustancial en el proceso de pacificación de este país que sitúa con mucha más certeza la posibilidad de que nuevo tiempo político sea real”.
 
Por eso, el dirigente de izquierdas ha afirmado que, “ante este nuevo paso tan evidente, no tiene sentido sostener ilegalizaciones emanadas de una Ley de Partidos que, además de injusta, ni siquiera sería de aplicación en el caso de esta nueva organización, dada la contundencia y claridad de lo dicho hoy por los representantes de la Izquierda Abertzale”.
 
Matute ha anticipado que, “como siempre, habrá quienes se empeñen en hurtar al pueblo la posibilidad de elegir democráticamente a sus representantes y pidan la ilegalización de esta nueva marca arguyendo que es una continuación de la extinta Batasuna”. Sin embargo, el portavoz de Alternatiba ha hecho hincapié en que “asistimos al alumbramiento de una nueva formación política que reecogiendo a la base sociológica de la izquierda abertzale contempla en sus estatutos elementos tan claros y rotundos que no son comparables a los postulados de grupos con otras siglas que pudo haber con anterioridad”.
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Recortes en el servicio de ayuda a domicilio en Bilbao (Alternatiba)

Alternatiba quiere solidarizarse con las trabajadoras del Servicio de Atención al Domicilio (SAD), quienes se enfrentan al planteamiento de un ERE según ha comunicado la Unión Temporal de Empresas (UTE) y como fue anunciado en prensa el 17 de noviembre. Además, quiere también denunciar la actitud del Ayuntamiento de Bilbao en el tratamiento que hace de este servicio de vital importancia para la ciudadanía, ya sea para las personas con dependencia, como para las familias que las cuidan y dentro de estas, casi en su exclusividad mujeres. Por tanto, desde Alternatiba consideramos que este tipo de medidas afectan doblemente a las mujeres; como principales responsables del cuidado de personas dependientes, y por tanto, demandantes de este tipo de servicios para las personas a las que están cuidando; y como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia.

El Ayuntamiento de Bilbao argumenta el recorte de horas por la disminución de la demanda atribuyendo esta a que con la crisis económica las familias prefieren las ayudas económicas que la asistencia domiciliaria. Ante esta afirmación consideramos que, en primer lugar,  resulta necesario estudiar en profundidad cuál es la demanda real de este Servicio (que no tiene por qué coincidir con el número de solicitudes) y cuáles son los motivos que llevan a no hacer uso del mismo. De la misma afirmación del ayuntamiento se entiende que el Servicio se considera caro, por unas familias que optan por la prestación económica, con lo cual puede haber personas que se inhiban de solicitar el mismo (lo que haría que, en otras condiciones, la demanda real fuera mayor). Ante esta posibilidad creemos que el Área de Acción Social, antes de realizar ningún recorte presupuestario, debería estudiar la demanda de servicios de atención a la dependencia existentes en su municipio y planificar con los programas, personas y presupuesto necesario para dar respuesta a la misma.

Además, Alternatiba considera que el Ayuntamiento promueve la precarización del empleo de las mujeres: su planteamiento de recortes en el SAD destruye y precariza el empleo llevado a cabo de manera exclusiva por mujeres. Además, en este análisis superficial que se hace de la situación basado en las preferencias de las personas, se olvida mencionar que, en no pocas ocasiones, las prestaciones económicas de las familias son empleadas para contratar a mujeres,  por más horas y menos dinero de lo que supone el SAD, y en muchas ocasiones extranjeras, sin reconocimiento de derechos laborales y que entran a trabajar en condiciones precarias. Por tanto consideramos que este tipo de medidas contribuyen a precarizar un sector, el de cuidados, que resulta de vital importancia para toda la sociedad.

Por todos estos motivos mostramos nuestro apoyo a las acciones emprendidas y convocadas por el comité de empresa y solicitamos que el Ayuntamiento asuma este servicio y lo gestione de manera directa, reconociendo a las mujeres trabajadoras que hasta el momento han estado prestándolo y valorando la prestación de un servicio de calidad. La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la reducción en la oferta de servicios.  Desde Alternatiba esto sólo puede estar garantizado desde la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia.

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Violencia contra las Mujeres (Alternatiba)

El sistema patriarcal y capitalista generan múltiples formas de violencia contra las mujeres, desempoderándolas en las diversas esferas de su vida. Apostamos, por tanto, por un concepto amplio de violencia contra las mujeres, escapando de aquellas visiones que consideran que violencia es sólo el golpe, la violación o el asesinato.

El maltrato o la violencia ejercida contra las mujeres por parte de compañeros o excompañeros es un tipo de violencia que mata a una media de 60 mujeres en el Estado español al año. Es un tipo de violencia que por sus características, (ejercida por un compañero íntimo, durante períodos generalmente largos de tiempo, y con múltiples dimensiones que van minando la autoestima de quienes la sufren), puede ser consideraba como una de las más cruentas. Debemos por tanto denunciar esta realidad y exigir al Estado que establezca todos los medios necesarios para su erradicación. Y también debemos exigir a la sociedad, y exigirnos a nosotros/as mismos/as, tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres.

Dicho esto, consideramos este tipo de violencia como la punta del iceberg de la violencia contra las mujeres. Creemos que la violencia contra las mujeres tiene múltiples representaciones, y que el no plantearlo desde esta perspectiva convierte los casos de violencia contra las mujeres en hechos aislados que sólo afectan a una “pequeña” parte de las mujeres. Una parte de las mujeres sufre malos tratos, pero todas sufrimos violencia en diferentes momentos de nuestra vida: violencia económica (por ejemplo con nuestra precaria incorporación el mercado de trabajo); violencia sexual (desde las agresiones sexuales y violaciones, ante el acoso laboral); violencia psicológica; violencia socio-cultural (por ejemplo que la mercantilización de nuestros cuerpos en la publicidad, o la constante cosificación de las mujeres en los medios de comunicación); etc. Por tanto debe ser objetivo de las mujeres feministas de esta nueva fuerza política, y también de los varones que comparten la lucha con nosotras, erradicar toda forma de discriminación y violencia, y luchar por la construcción de sistemas equitativos y libres de violencia contra las mujeres.

Consideramos que es una tarea compleja y un proceso a largo plazo en el cual debemos poner todos nuestros esfuerzos, apostando por la mejora de las medidas legales; una atención de calidad e integral a las mujeres víctimas de violencia; el trabajo desde modelos de co-educación; la concienciación de los medios de comunicación y su importancia en la perpetuación de la violencia cultural y simbólica hacia las mujeres; etc. Múltiples campos de lucha y trabajo en los cuales debemos posicionarnos y actuar desde nuestra organización.

Centrándonos en lo concreto, queremos recoger las críticas que las mujeres feministas realizan a la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y su aplicación. Consideramos que esta Ley y su aplicación deben ser mejoradas:

  • Garantizando los medios materiales y  humanos necesarios para atender y proteger a las mujeres que sufren violencia, sea cuál sea su lugar de residencia en el Estado español; se traten de mujeres de zonas rurales, o de mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa; etc.
  • Formando a los y las profesionales de los ámbitos policial, judicial, asistencial y sanitario, para que puedan comprender la violencia desde una visión integral y abordarla en consecuencia.
  • Trabajando la prevención de la violencia de género.
  • Promoviendo la coordinación entre todas las instituciones y organizaciones implicadas.
  • Agilitando los procedimientos judiciales, especialización de los juzgados y sensibilizando a los jueces y juezas encargados de los casos.
  • Valorando el tipo de pena y el grado de cumplimiento de la misma por parte de los agresores.
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Prespuestos municipales de cara a la galería

Izquierda abertzale, EA y Alternatiba rechazan los presupuestos municipales por antisociales y haber sido elaborados sin participación ciudadana.

Los grupos municipales de la izquierda abertzale, EA y Alternatiba han rechazado esta mañana los Presupuestos del Ayuntamiento de Bilbo para 2011. En una concentración conjunta, desarrollada frente al Consistorio, han demandado participación ciudadana y una cuentas municipales más sociales y que tengan en cuenta las necesidades reales de ciudadanía y los barrios.

Las citadas formaciones políticas que han analizado los presupuestos municipales de manera conjunta, han calificado los presupuestos presentados por PNV e IU como “continuidad con el modelo de ciudad que se ha venido promoviendo en los últimos años: Bilbo como objeto de consumo y lugar para el consumo”.

Han señalado que a pesar de el actual escenario de crisis económica, medioambiental y de cuidados, PNV e IU siguen apostando por “un modelo desarrollista que apuesta por la construcción y el turismo a través del gasto desproporcionado en macro proyectos: San Mames Barria, la Alhóniga, Deustuibarra, grandes eventos y que no tienen en cuenta las necesidades de los barrios, donde vive la gran mayoría de la población”.

En este sentido, frente al Bilbo para turistas y congresistas que impulsan las cuentas presentadas por PNV e IU, izquierda abertzale, EA y Alternatiba han apostado por la “construcción de la ciudad para las personas que viven en ella”.

Las tres formaciones han hecho especial hincapié en la ausencia absoluta de participación ciudadana a la hora de elaborar los Presupuestos, cuestión que se refleja en unas cuentas antisociales que “olvidan” a los barrios.

Sus portavoces han subrayado que mientras el presupuesto ha crecido en 12 millones de euros desde 2007, en el mismo periodo, las partidas para los barrios, tanto en obras como en cultura, se han recortado en casi un 50%.

Han destacado, así mismo, que los presupuestos no priorizan la inversión necesaria en la lucha contra la exclusión, ni prioriza de ninguna manera todas aquellas inversiones que revertirían de manera positiva en la ciudadanía.

Por otro lado, han dado cuenta de la dinámica unitaria desarrollada en torno a la discusión de las cuentas. Han informado que la semana pasada mantuvieron un encuentro con sindicatos, otras formaciones políticas, asociaciones vecinales y agentes sociales.

Fruto de este encuentro, los presentes acordaron presentar alegaciones de forma conjunta y convocar una movilización unitaria para diciembre por unos presupuestos participativos, más justos y sociales.

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El desamparo del Servicio de Asistencia Domiciliaria en Bilbao

Alternatiba-Bilbao denuncia la actitud del Ayuntamiento de Bilbao ante el ERE en el Servicio de Asistencia Domiciliaria

Alternatiba ha mostrado hoy su solidaridad hacia las trabajadoras del SAD, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo, tal y como han anunciado fuentes empresariales. La portavoz de la formación política de izquierda, Carmen García, ha denunciado la actitud del consistorio bilbaíno ante “un servicio de vital importancia para la ciudadanía, tanto para las personas con dependencia como para las familias que se encargan del cuidado, trabajo que recae en las mujeres casi en su totalidad”. En ese sentido, García ha advertido que este proceso de precarización afecta doblemente a las mujeres, “por un lado como principales demandantes de este servicio en calidad de responsables del cuidado de personas dependientes, y por otro lado como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia”.
 
A juicio de Alternatiba, el Ayuntamiento de Bilbao “se escuda en la crisis económica para precipitar los recortes presupuestarios sin haber estudiado la demanda real del servicio de atención a la dependencia”, por lo que “no existe ninguna planificación de programas, personas y recursos”. El gobierno de Azkuna y Madrazo ha justificado la medida argumentando que las familias prefieren las ayudas directas a la asistencia domiciliaria, algo que para García “es un análisis superficial” y esconde que las prestaciones “sirven muchas veces para generar contrataciones particulares precarias, casi siempre a mujeres, habitualmente extranjeras y sin reconocimiento de derechos laborales”.
 
El desmantelamiento del SAD es, según ha alertado la portavoz de Alternatiba, “un ataque al precario sistema de cuidados, y por extensión, un ataque contra las mujeres y contra los pilares de un servicio social fundamental”. Por esta razón, García ha solicitado al gobierno local que asuma la gestión directa de este servicio y reconozca a las mujeres trabajadoras que hasta el momento han estado prestándolo, así como a las mujeres responsables de cuidados que se han acogido a él. “La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la destrucción de servicios esenciales, por lo que Alternatiba urge a los poderes públicos a que garanticen la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia”, ha apostillado García.
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