El proceso de fusión de las cajas ha llenado tantos titulares de periódico y ha abierto tantos espacios informativos que parece ya inexorable. Así nos han vendido también las reformas laborales más regresivas de Europa, los ataques contra el sistema público de pensiones o los notables retrocesos en la totalidad de los servicios sociales. La crisis provocada por aquellos que se benefician ahora con sus consecuencias se ha convertido en excusa para todo, también en el convulso mercado financiero.
Una vez más, se nos oculta la realidad, se cubren de argumentos opacos las verdaderas razones que subyacen en la fusión fría de las, hasta ahora idealizadamente nuestras, cajas de ahorro. No existe problema alguno de solvencia para BBK, Kutxa y Vital, desde ningún punto de vista, tal y como han demostrado recientemente las pruebas desarrolladas en parte del sistema financiero europeo.
El objeto real, por tanto, no es otro que sustraer dinero público para inyectárselo a los mercados privados, tal y como ya hicieron con los rescates del sistema financiero o, de manera aún más descarada, con la reforma de las pensiones. Que nadie se lleve a engaño, es un asalto más a las arcas públicas para mejorar aún más, si cabe, los resultados y la situación de la banca privada. La clase política ha permitido a los culpables de la debacle erigirse en jueces, en árbitros que han sentenciado que el pueblo pague sus desmanes.
Se nos ha querido dibujar una situación, irreal a la par que interesada, donde las cajas aparecen como entidades demasiado politizadas en las que no existen gestores capacitados, un abismo insondable donde los mercados internacionales prefieren los supuestamente más eficaces bancos. Partiendo de la mala pero muy puntual situación de algunas cajas españolas, se han endurecido las condiciones sobre las cajas que, por la nueva Ley de Cajas, se ven abocadas a la búsqueda de capital privado.
En la CAV se tejen aún más cortinas de humo, y es que, aparentemente, ante el ambiente anti-caja y pro-bancarización, se asegura que se mantendrán el control público sobre la nueva Sociedad de Acciones (Kutxa Bank) y la obra social, la siempre malinterpretada caridad de las cajas que sirve tanto a entidades que dejan de pagar impuestos por prestar un servicio del que a su vez, y muy a menudo, el estado se desentiende.
Pero todo esto es tan solo, y siendo magnánimos, una verdad a medias, porque lo que quieren ocultar es un proceso de bancarización similar al desarrollado en Italia en los años 90. Puede resumirse en un banco que separa su actividad de la obra social, convirtiendo a esta en fundación que, a su vez y solo en un principio, controla el banco. Posteriormente se produce la entrada de capital privado que, poco a poco, va reduciendo el peso de la fundación en la toma de decisiones. Finalmente, todo deriva en la separación absoluta de banco y fundación, con la salida de esta del órgano de decisión y liquidando la obra social.
Ante el grave ataque contra el último reducto de las finanzas públicas, muy limitado ya y con grandes contradicciones, Alternatiba defiende un sistema financiero público, transparente y democrático. Apostamos por una Caja de Ahorros única para los tres territorios de la CAV, que se adecúe al tamaño y al tejido empresarial y social del país. Una nueva Caja de Ahorros que defina su función social y que trascienda el rol de banca comercial para ser una banca de inversión que facilite la inversión productiva, en base a criterios ecológicos y sociales.
Queremos una caja que no apueste por la especulación financiera, que rechace la inversión militar, los megaproyectos y la energía fósil. Necesitamos una caja que cumpla con una funciones sociales concretas, que conceda los préstamos e inversión adecuados a las prioridades de una economía del cuidado, que fomente la generación de empleo de calidad y la lucha contra el cambio climático, que apoye la soberanía alimentaria y el consumo de los sectores más vulnerables. Que priorice, en definitiva, la justicia social.
Y para dar forma a esta entidad financiera deberían establecerse un sistema de porcentajes de representación que tendría en cuenta a impositores, sindicatos, trabajadores, instituciones y movimientos sociales contra la exclusión y la pobreza.
Pero la pieza imprescindible de este engranaje cuasi utópico sería la transparencia, que se basa en el control social y la información total abierta a toda la ciudadanía. Un sistema de información aprobado por el Parlamento y las Diputaciones en el que, periódicamente, se informe sobre los créditos concedidos así como de las inversiones realizadas y no solo sobre la evolución general de la Caja.
Lástima que el banco que pretenden levantar de las cenizas de las cajas vascas y, a posteriori, también de su obra social, poco o nada se parezca a la Caja Vasca por la que apostamos. Y perderemos así la oportunidad de contar con una banca pública de carácter nacional y como instrumento de la economía nacional planificada, término que los más reaccionaros aborrecerán pero que se recoge en documentos de tan escasa mácula izquierdista como la constitución española.
Oskar Matute y Ana Etxarte – Portavoces nacionales de Alternatiba