El portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute ha ofrecido una rueda de prensa hoy en Donostia para valorar los últimos incidentes en las obras para la construcción del Tren de Alta Velocidad y para exigir una vez más al gobierno de Urkullu la paralización del proyecto.
Las informaciones dadas a conocer estos días por sindicatos y diferentes medios de comunicación, nos hacen constatar que el Gobierno Vasco sigue empeñado en su huida hacia adelante en la construcción de un tren que no va a ninguna parte salvo a dilapidar recursos públicos que deberían ser dedicados a reforzar el sistema público, máxime en un contexto de crisis que más allá de la propaganda gubernamental de Madrid y Gasteiz, sigue afectando a miles y miles de personas en Euskal Herria.
Y porque constatamos que ni Lakua ni el departamento de la consejera Oregi tienen claro en qué acabará la aventura del TAV, aventura pagada por el conjunto de la ciudadanía vasca no lo olvidemos, desde EHBildu nos vemos en la obligación de seguir denunciando nuevos incidentes en las obras y más ampliaciones de presupuesto. Ambas cuestiones son consecuencia del enésimo imprevisto en las obras del túnel de Zumárraga, que pretenden que sea el tramo emblemático de esta infraestructura y que, a nuestro parecer, lo está siendo del caos y del despilfarro que supone una macro-obra cuya necesidad en ningún momento ha estado sometida a debate público y social.
Así, las últimas informaciones nos hablan de un derrumbamiento que demorará las obras del túnel al menos otros 4 meses. Un nuevo accidente del que desconocemos si ha entrañado riesgo para alguna de las personas que trabajan en unas obras que desde su inicio se han cobrado la vida de, al menos, seis trabajadores, y que han provocado docenas de heridos.
Hablamos de un tramo que costará al erario público cerca de 250 millones de euros, a razón de 35.000 euros por cada metro. Esas son las cifras que realmente escandalizan a la sociedad vasca y no las falsas denuncias de alcaldes racistas en campaña electoral. Y todo parece indicar que este tramo, al igual que todo la totalidad del TAV que se estima nos acabará costando 5.000 millones de euros, es un pozo sin fondo que seguirá encareciéndose por momentos, a tenor de lo que el departamento de Ana Oregi ha reconocido a un medio de comunicación. Para colmo, nos encontramos una nueva denuncia ante la Inspección de Trabajo por la paralización de los últimos 500 metros del túnel.
Y todo esto sucede mientras diferentes sindicatos del sistema nacional de salud denuncian recortes en Atención Primaria y en el número de camas, casi mil doscientas, en los hospitales vascos durante el presente mes de agosto. Denuncias que Osakidetza niega pero que probablemente los datos reales nos constatarán, tal y como reflejaron que el número de camas en funcionamiento en los hospitales de la CAV se redujo en 465 unidades entre los meses de junio y julio.
Debemos recordar que este es tan solo uno más de los múltiples escándalos que envuelven la construcción de la llamada Y griega vasca: Sobrecostes millonarios, solicitudes del Gobierno a diferentes ayuntamientos para permitir la actividad de cementeras ilegales, construcción de tramos a sabiendas que no se utilizarían, dejadez de la Inspección de Trabajo en la supervisión de las condiciones laborales en las obras y un largo etcétera que parece, al igual que la voluntad de este Gobierno de no informar al respecto, no tener fin.
Por todo ello, insistimos en que el gobierno de Iñigo Urkullu debe paralizar este descabellado proyecto decretando para ello una moratoria urgente. Basta ya de dilapidar miles de millones en el monumento a la estupidez política que supone el TAV mientras siguen pauperizando la dignidad y los derechos de las personas que tantas décadas de lucha han conquistado. Pensemos a dónde conduce y a quién beneficia la construcción de esta infraestructura y dejemos que la ciudadanía se pronuncie libremente al respecto.