Luis Salgado – Alternatiba
Escribo esto desde la más absoluta indignación y desde la frustración de quien no entiende cómo una institución pública ha podido actuar con tal dejadez de sus funciones y ha permitido que la Administración Concursal de CEGASA haya dejado a 275 familias alavesas en la calle y sin una mísera indemnización. Puede ser que el número de personas despedida no sea relevante dentro de sus estadísticas globales, esas que hablan de recuperaciones milagrosas y de luces al final del túnel, o puede que tenga algo que ver que el Sr Juan Celaya es uno de esos empresarios modelo de los que en su obituario todo el mundo recordará que se hizo a si mismo, desde cero, pero lo cierto es que esas 275 familias se van al paro sin que Diputación halla mostrado el más mínimo interés por evitarlo.
Habrá quien, quizás con buena parte de razón, argumente que otras situaciones similares ya se han vivido con anterioridad y que el resultado ha sido el mismo, sin embargo, el caso de CEGASA tiene una particularidad, Diputación era uno de los mayores acreedores y por tanto suya era la responsabilidad de ejercer de Administrador Concursal, pero haciendo dejación de responsabilidades propuso que la firma ATTEST se hiciese cargo de sus labores. Empresa que en apenas un año había contratado con Diputación varios trabajos por un montante de más de 200.000€ y Diputación le hizo además este regalo, porque en vista de los resultados el regalo es considerable ya que además cobrará por haber dejado a estas 275 familias en la calle unas cifras nada desdeñables con cargo al patrimonio de la masa, o sea, del cierre de la empresa.
De esta forma, la Diputación de Araba se lavó las manos cual Herodes, miró a otro lado y permitió que esta empresa gestionase la disolución de CEGASA. A pregunta de este procurador, el entonces Diputado General alegó que la Diputación no tenía personal cualificado para una tarea tan compleja, y puede ser cierto, pero dudo que un banco ceda la Administración Concursal sin hacer un seguimiento de la misma, sin embargo, eso es lo que ha hecho la Diputación Foral y el resultado ya es por todos conocido. Pero aún es más sangrante cuando un informe de la Inspección de Trabajo fechado el 16 de julio tacha todo el proceso de una concatenación de actuaciones de mala fe por parte de ATTEST. ¿Y Diputación? Callada y mirando para otro lado.
En el pleno del 7 de octubre volví a preguntar al Diputado General, en este caso al flamante nuevo Diputado General y la respuesta volvió a ser que Diputación no podía hacer nada, sin embargo, resultó curioso que, si bien contra la actuación de la empresa ATTEST con la plantilla todo eran impedimentos, resulta que Diputación si ha interpuesto reclamación por parte de la deuda al entender que la Administración Concursal no ha defendido los intereses de la Diputación como acreedora. Miren por donde, cuando se trata de defender €uros sí se pueden hacer cosas, los trabajadores… para esos todo vale, incluso mentirles en su cara diciendo que no han pedido reunión oficial, y concediéndoles audiencia 18 días después de que el despido haya sido hecho efectivo por un tribunal.
Vergüenza, rabia e indignación, ¿Sólo? No, sólo no, pero esto es lo máximo que puedo escribir sin miedo a una visita nada deseada.