EH Bildu ha alertado de que tanto las plazas concertadas con residencias privadas como aquellas que se financian a través de prestaciones económicas están incumplimiento con los requisitos que marca la ley. En el caso de las cerca de 500 plazas concertadas, se trata de plazas no homologadas y que, por tanto, no pueden ser usadas por la administración pública. En el caso de las cerca de 900 prestaciones vinculadas al servicio, la Diputación Foral de Araba ha reconocido que han estado concediendo ayudas a ciudadanos alaveses para ir a residencias privadas que ni siquiera podían estar abiertas. En total, hablamos de cerca de 17 millones de euros que cada año invierte el departamento en plazas que no cumplen con los estándares de calidad que sí se cumplen en las residencias públicas.
“Estamos hablando por tanto de que Diputación Foral de Araba está incumpliendo sus obligaciones con más de 1400 alaveses y alavesas que, teniendo derecho a una plaza residencial del Sistema Vasco de Servicios Sociales están siendo derivados a residencias privadas que no cumplen con los requisitos mínimos exigibles y que por tanto están siendo claramente discriminados frente a quienes tienen la fortuna de ser agraciados con una plaza en una residencia pública”, ha concluido el compañero de Alternatiba y procurador de EH Bildu en las Juntas Generales de Araba, Luis Salgado. Según los datos que ha recabado EH Bildu, en algunas residencias no hay ni personal médico ni de enfermería, en otras hay personas trabajando sin la titulación requerida y, en la mayoría de los casos, no se cumple con los programas y actividades que marca el departamento. Por si fuera poco, los ratios de atención son bastante más altos que en las residencias de la red pública (prácticamente el doble).
Según ha destacado EH Bildu, esta práctica no es exclusiva del actual equipo de gobierno sino que ha sido la tónica general de los diferentes gobiernos anteriores. “Una práctica que tiene el único objetivo de ahorrar en costes sin tener en cuenta el bienestar de los usuarios, y la calidad del empleo de los y las trabajadoras del sector. Un fraude en toda regla al que tenemos que poner fin de forma responsable y planificada”, ha destacado. De hecho, EH Bildu ha presentado dos interpelaciones al pleno de control que se celebrará mañana, con la esperanza de que la titular del departamento de Servicios Sociales asuma “esta penosa realidad heredada y se comprometa a poner fin a esta situación”.
La información remitida por la propia Diputación Foral de Araba a EH Bildu ha desvelado que la institución ha derivado desde 2008 a usuarios a residencias sin autorización de funcionamiento hasta 2015, esto es, siete años sin la autorización más básica mientras se financiaban plazas a través de las prestaciones económicas vinculadas al servicio. Cabe recordar que esta ayuda está concebida para atender a las personas usuarias de forma puntual pero que en el caso de Araba se perpetúan. A esto habría que añadir que “las exigencias que se imponen a este tipo de residencias privadas están a años luz de las condiciones de las residencias públicas”.
Ante esta situación EH Bildu reclama, un cronograma para la reducción de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio hasta un porcentaje ajustado a los límites que marca la Ley; un plan para regularizar la situación de todas las residencias privadas del territorio y la aprobación de un Decreto Foral por el que se determinen las condiciones necesarias para la concertación de servicios residenciales para personas mayores dependientes con mucha mayor concreción y actualizado a las necesidades actuales, tal y cómo tienen nuestros herrialdes vecinos.