Ambito local como estrategia de transformación local

Finalmente, la mesa se centra en un debate sobre la prioridad otorgada al ámbito local como eje de regeneración democrática que no se cierra definitivamente. En este sentido, para algunos/as, el espacio de lo local es la base fundamental sobre el que cimentar cualquier estrategia democrática, de manera que a partir del municipio se debe conformar cualquier pirámide de representación a otros niveles (provincial, nacional, etc.). Así, se combina la democracia directa, con el municipio como sujeto de representación y decisión supra-municipal. Otra parte, en cambio, otorga una importancia estratégica a lo local, pero sin limitar la importancia de lo nacional e internacional. De esta manera, se comparte con la posición anterior la importancia por lo local, pero el resto de ámbitos no se constituyen en base a lo local, sino en base a diferentes sujetos ciudadanos.

No obstante, la mesa al completo establece que el ámbito local es un espacio estratégico para conformar y establecer experiencias radicalmente democráticas de poder y de participación. De esta manera, se llama a que la nueva organización fruto de la convergencia establezca una estrategia específica de democracia, poder y participación para el ámbito local.

En este sentido, se aboga por estructuras y protocolos de democracia directa en el ámbito local (consejos consultivos convertidos en órganos decisores, reglamentación de los presupuestos participativos, acceso a la información equitativo, fomento del asociacionismo, etc.). Así, se aboga por más estado en lo redistributivo y en la puesta en práctica de políticas vinculados a derechos, y menos estado en control social, monopolio de la información, etc.

En definitiva esta es la agenda propuesta por la mesa de democracia radical, que se complementará con las bases que se han formulado para la nueva estructura organizativa. Como vemos, queda mucho por hacer, pero siempre con la idea de acercar las decisiones a la ciudadanía a través de una participación de calidad, y donde los y las representantes están sujetos a dicho poder ciudadano.

Acceso equitativo a la información

El debate sobre los medios de comunicación no se cierra tampoco, y se requiere de un mayor debate posterior para sentar una posición clara sobre el control, propiedad y características de los medios de comunicación. No obstante, existen algunos puntos de encuentro:

  • La información no puede ser entendida como una mercancía, dada su importancia para un buen funcionamiento democrático.
  • La estatalización sin control ciudadano no garantiza la equidad en el acceso a la información veraz.

En este sentido, se aboga por un modelo que combina lo público con lo comunitario y popular:

  • El fomento de Internety de los sistemas de software libre.
  • Los sistemas de cuotas en los medios de comunicación para los diferentes sectores populares y comunitarios (Radios, televisión, etc.).

Democracia Participativa

La democracia directa en la toma de decisiones se debería complementar, en la medida de lo posible, con la posibilidad de la ciudadanía de participar en la elaboración de las propias políticas públicas.

En este sentido, y partiendo de la dificultad de esta participación con carácter masivo por parte de la ciudadanía en las diversas políticas en el ámbito nacional, se ha optado por una estrategia general que prioriza la toma de decisiones directa en base a una buena cultura democrática; no obstante, sí que se deben incluir algunas medidas de democracia participativa en el ámbito nacional, partiendo de lo ya existente:

  • Fomento de los Consejos y las Comisiones, que deberían ser abiertas a quien quiera participar, no siendo así un coto cerrado.
  • Fomento de las asambleas municipales, comarcales y provinciales de debate, de manera que en los territorios se puedan analizar, debatir y hacer propuestas a políticas y medidas que afectan al territorio.
  • Nueva Ley de Iniciativas Legislativas Popularesque favorezca la elaboración ciudadana y la aprobación directa por parte de la ciudadanía de normativas a través de este cauce.

Democracia representativa

Se apuesta por una nueva relación entre representante y representada/o, en función de un mayor poder de este último respecto al primero:

  • Abolición absoluta de la ley de partidos como aberración antidemocrática.
  • Nueva ley electoral que analice y adecue los actuales sistemas de representación (circunscripciones básicas, sistema D´hont) para que se garantice la coherencia entre apoyo popular y número de personas representantes.
  • Abolición de la Ley de Territorios Históricos, de manera que la representatividad esté ponderada en función de la población.
  • Apuesta decidida por las listas abiertas como fórmula de elección de las y los representantes.
  • Posibilidad de revocación de las personas representantes en todo momento del ejercicio de su actividad.

Democracia Directa

Se entiende por democracia directa aquélla que establece que la ciudadanía es el sujeto soberano de la toma de decisiones, sin delegación ni representación. Por lo tanto, es un elemento básico y definidor de lo que es la participación en su estado más puro.

En este sentido, hemos avanzado en las siguientes propuestas:

  • Extender al máximo la democracia directa y por tanto la capacidad de decisión de la ciudadanía. Así, y en la medida de lo posible, la toma de decisiones por parte de la ciudadanía debe hacerse efectiva, limitando el papel de las y los representantes. El papel de éstos debería reducirse a cuestiones operativas y a la propuesta colectiva de políticas estratégicas, pero las decisiones deben estar en el sujeto soberano en cada ámbito local, nacional, etc.
  • El límite sobre el que no se puede discutir, la línea que separa qué es elegible y qué no, lo define el marco internacional de los derechos humanos. Así, los derechos no se discuten ni se toman decisiones sobre ellos. Queda pendiente la división clara entre qué es un derecho y qué no (sobre todo con los derechos de segunda y tercera generación), así como el carácter dinámico de los mismos.
  • Estas dos resoluciones anteriores deben recogerse en una Ley de democracia directa, o Ley de referéndums y consultas, en la que se concreten qué competencias son del ámbito de decisión directa de la ciudadanía, y cuál es el sujeto específico en cada caso para tomar dicha decisión (nación, provincia, comarca, etc.). Además, la ley garantizará las estructuras y el acceso equitativo a la información para dichos sujetos.
  • Las estructuras y las leyes no son completas sin el fomento de una verdadera cultura democrática, para lo cual se debe avanzar en este sentido: acceso a la información, estructuras estables de debate y decisión, tiempo y recursos para participar, formación generalizada, etc.

Concepto de democracia radical

Alternatiba  propone una sociedad basada en la democracia radical, que, según la entendemos, se basa en los siguientes principios:

  • La participación como base del poder: el poder debe ejercerse a través de la participación activa y de calidad del conjunto de la población en cada ámbito de decisión, quienes deben contar con los canales, las estructuras, la información y el modelo de sociedad que posibilite dicha participación. Esta participación no debe únicamente circunscribirse al ámbito político, sino que debería también  hacerse extensivo al conjunto de dinámicas económicas, sociales o culturales.  El objetivo es entonces que las grandes mayorías dirijan su propio modelo e sociedad, al menos en aquéllos aspectos más estratégicos.
  • No existe un modelo único que debe replicarse de manera automática en cualquier contexto o cultura. Al contrario, diferentes conceptos de democracia pueden convivir, dentro de un marco general compartido de derechos, y bajo unos principios y enfoques comunes. Por lo tanto, los ejemplos de democracia directa extrema y representatividad mínima -como en la ciudad del Alto en Bolivia, o las Juntas de Buen Gobierno zapatistas-, pueden ser tan validos como las realidades que conceden una mayor relevancia a la representación –aunque matizada respecto a los parámetros actuales-. En este sentido, tan negativo sería trasladar un sistema de mayor representatividad a culturas caracterizadas por la democracia directa, como intentar extraer reglas generales para situaciones específicas. En este sentido, diferentes grados son compatibles en un esquema con parámetros compartidos.
  • La equidad en el acceso a la participación de calidad  nos debe conducir a establecer estrategias específicas en función de los diferentes sujetos. De esta manera, como ya hemos indicado desde el Documento de Claves, cada sujeto sufre diferentes sistemas de dominación -capitalismo, patriarcado, etc.-, con lo que se deben establecer procesos, estructuras y políticas equitativas para alcanzar una participación realmente igualitaria. El caso de las mujeres es significativo, ya que, además de ser quienes más sufren la exclusión y precariedad económica, se encuentran muy alejadas de las instancias de decisión, a través de costumbres, culturas y estructuras pensadas desde una lógica masculina. Así, se deben tomar medidas determinantes para transformar radicalmente esta realidad.   

Desde estos principios, proponemos un concepto de democracia radical que se define por las siguientes características:

  • Aúna e integra la democracia directa, la democracia participativa y la democracia representativa. En este sentido, se compromete con la toma de decisiones por parte de la ciudadanía en aquéllos ámbitos estratégicos para el conjunto de la sociedad, tanto en lo local, lo provincial, lo estatal y lo internacional; además, define estructuras que garanticen la participación ciudadana en la elaboración de las políticas públicas; por último, define un nuevo modelo de representante político, elegido en base a listas abiertas, en todo momento sujeto a la posible revocación y a sistemas de rotación que impiden su profesionalización.
  • La democracia no sólo se refiere a la generación de estructuras para la participación; ésta debe también ser de calidad, para lo cual habrá que posibilitar el acceso equitativo, transparente y objetivo a la información por parte de toda la ciudadanía.
  • La democracia radical precisa de un modelo de sociedad radicalmente diferente: sólo se puede dar una participación de calidad en sociedades igualitarias; además, el modelo económico debe garantizar el tiempo y los recursos necesarios para la participación comunitaria y pública; finalmente, se debe generalizar una cultura de participación que dote a ésta de un valor fundamental.

Precisamente, ordenaremos las propuestas de la Mesa de Democracia Radical en función de estas tres características. Así, desarrollaremos en cinco puntos las iniciativas relacionadas con: democracia directa, democracia participativa, democracia representativa, acceso a la información; estrategia para el ámbito local.

Respecto a éste último punto, es necesario señalar que la Mesa se ha centrado en este ámbito local, ya que se piensa que es un espacio fundamental para iniciar un proceso estratégico de democratización, asumiendo el espíritu colectivo en Alternatiba  de ir construyendo alternativas desde abajo, y a la izquierda.

Laicidad del estado

Un estado laico supone la no injerencia de ninguna organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, garantizando la independencia de las instituciones respecto al poder eclesiástico, limitando la religión al ámbito privado, particular o colectivo, de las personas.

La laicidad asegura una mejor convivencia entre los diferentes credos, anteponiendo los intereses generales de la sociedad civil sobre los intereses particulares de las personas creyentes. Un estado laico tiene como premisa fundamental el respeto a los derechos humanos, y es por ello que feminismo y laicismo están estrechamente unidos, ya que ambos defienden los derechos humanos y la libertad de las mujeres.

Todas las religiones, especialmente las monoteístas, han  reglamentado lo que las mujeres deben ser y hacer. En particular la Iglesia Católica  niega sistemáticamente los derechos de las mujeres a decidir sobre su vida y sus cuerpos, así como el derecho a su libertad sexual.

En los últimos años estamos asistiendo a una mayor intromisión de la Iglesia Católica en la vida política, pronunciándose sobre aspectos que están fuera de su competencia. Se confunden las creencias que cada persona es libre de tener o no, con el intento de imponernos a toda la sociedad una moral religiosa que no compartimos.

Por otro lado, la Iglesia Católica viene históricamente disfrutando de numerosos privilegios. Así por ejemplo, en los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, firmados poco después de la entrada en vigor de la Constitución, se incluyó la enseñanza de la religión católica como materia voluntaria “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Además, recientemente el Gobierno español ha acordado con la Iglesia elevar el porcentaje del 0,5% hasta el 0,7% como posibilidad de aporte en la declaración de la renta. Sin olvidar lo que recibe a través de la financiación de la enseñanza privada católica, del profesorado de religión de la enseñanza pública, la financiación de los sueldos y seguridad social de los clérigos o las exenciones fiscales. Todo esto contradice el propio acuerdo económico entre la Santa Sede y el Gobierno español de 1979, en el que «la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades».

Por todo ello, desde esta nueva organización política que estamos construyendo, exigimos:

  • La derogación de los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, ya que en estos acuerdos, que son una continuación del Concordato franquista de 1953, se considera a la religión católica como una religión semioficial.
  • La no financiación de las iglesias con dinero público.
  • La exclusión de las religiones de la escuela pública, impulsando una escuela laica como instrumento defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista. 
  • La eliminación de símbolos religiosos en edificios o actos públicos.

En definitiva exigimos una separación real del Estado y las iglesias, una autonomía total de lo político y civil respecto de lo religioso, donde se reconozca la igualdad de derechos y deberes, garantizando el ejercicio de las libertades para todas y todos. Porque el laicismo es el único marco capaz de garantizar la convivencia de personas que tienen ideas y creencias diferentes en una sociedad plural.

 

 

 

Derechos sexuales y reproductivos

  • Garantizar la financiación de todos los métodos anticonceptivos dentro del sistema sanitario público.
  • Garantizar la práctica de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), para todas aquellas mujeres que así lo decidan. El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo debe considerarse como fundamental. Y además la decisión de abortar debe entenderse como una decisión dentro del ámbito de la ética privada de las mujeres. Para ello:
  • El aborto debe regularse a través de una Ley específica y debe dejar de estar tipificado como delito dentro del Código Penal, siempre y cuando no se realice contra la voluntad de las mujeres o por imprudencia.
  • El aborto debe realizarse dentro de la sanidad pública. Para ello se debe regular, en primer lugar, la objeción de conciencia del personal sanitario, siendo las autoridades sanitarias las responsables de la prestación efectiva de este servicio.
  • Se debe reconocer la autonomía en la decisión de las menores a partir de los 16 años, sin que sea necesaria ninguna autorización externa para la práctica de la IVE.

Educación e información en salud sexual y reproductiva

Consideramos que debemos demandar una educación sexual de calidad, como iniciativa complementaria y necesaria a todo lo presentado en el punto anterior. Por ello las Instituciones públicas deben:

  • Impulsar una educación afectivo-sexual en los curriculums de enseñanza primaria y secundaria, reconociendo el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo, el derecho a una sexualidad independiente de la reproducción y el derecho al disfrute de la sexualidad desde las diferentes opciones sexuales.
  • Promover actividades educativas que trabajen sobre la premisa de tanto las mujeres como los hombres son responsables de las actividades de cuidado, anticoncepción, cuidado de los vínculos afectivos, etc.

Formación desde un enfoque de género para los profesionales de la salud

Por último consideramos prioritaria el trabajo con los/as profesionales de la salud, por estar directamente implicados/as con los temas anteriormente tratados, y por tratarse de un colectivo con el cual debería de realizarse una labor específica. Es por ello que:

  • Se debe incluir el aborto en los estudios de medicina, enfermería y otras profesiones socio-sanitarias, para su práctica tanto quirúrgica como sanitaria.

Economía y trabajo

En este eje consideramos que se han desarrollado algunos elementos fundamentales para la agenda de esta nueva fuerza política. Tenemos necesariamente que comenzar hablando de la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, ya que nuestra inserción en éste está caracterizada por una alta precariedad, además de por una alta segregación vertical y horizontal. En este sentido, las mujeres nos concentramos en los puestos de menor responsabilidad, menor remuneración, más inestabilidad, menores posibilidades de promoción, etc., y además en los sectores tradicionalmente femeninos (vinculados a lo social, a los cuidados, servicios…en los cuales hay mayores tasas de desempleo, más contratación temporal, etc…).

De esta manera, nuestra inserción en el mercado de trabajo siempre ha sido en desigualdad de condiciones con respecto a los hombres. Se puede decir, relacionado con el momento actual, que hemos estado en una constante situación de crisis. No vamos a detenernos en reflexionar por qué la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo responde a estas características, pero si tenemos que plantear que la división sexual-genérica del trabajo explica en gran medida esto.

Como organización de izquierda deberíamos redefinir este binomio, y promover un nuevo contrato social. Debemos apostarles al desarrollo de un nuevo acuerdo entre hombres y mujeres, que esté basado en la corresponsabilidad, y no en la auxiliaridad de unas en relación a los otros. Este nuevo acuerdo debe permitirnos compartir el trabajo asalariado, las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas dependientes. Debe permitirnos compartir el poder y la toma de decisiones, en definitiva, compartir la vida. El impulso de este nuevo contrato corresponde a mujeres y hombres.

Apostamos por un modelo de economía del cuidado, obligándonos, en primer término, a redefinir estos dos ámbitos -trabajo productivo y reproductivo-, tradicionalmente vinculados a la figura de hombre trabajador/mujer cuidadora. El modelo de trabajador hombre sin responsabilidades familiares no debe ser la referencia del mercado de trabajo; ni tampoco el de mujer dedicada al cuidado como única referencia de la esfera reproductiva. Además debemos valorar todo el trabajo no remunerado tradicionalmente realizado por mujeres y tomarlo en cuenta en las estadísticas oficiales.

Apostamos como decíamos por el concepto de corresponsabilidad: el derecho al cuidado es un asunto de todas las personas, hombres y mujeres, y del Estado que debe garantizarlo. Se ve necesaria la universalización de los cuidados, que todas las personas puedan acceder a ellos sin depender de factores como la renta, el lugar de procedencia, etc. Debemos exigir al Estado que invierta los recursos necesarios para garantizar esto, sobre todo en el momento actual de crisis en el que nos encontramos.

Debemos exigir un sistema público de atención a la dependencia de calidad, y nos sumamos a las críticas que los diferentes grupos feministas realizan a la Ley de Dependencia, por ser insuficiente para dar respuesta a las necesidades planteadas y por carecer desde sus planteamientos iniciales y su puesta en marcha de una perspectiva feminista que promueva la superación de la “obligatoriedad” del cuidado para las mujeres.

Debemos prestar especial atención a la situación de las personas que se dedican al cuidado, mayoritariamente mujeres y prestar especial atención a la situación de las trabajadoras del hogar y a la de las mujeres inmigrantes.

Consideramos fundamental el impulso de modelos coeducativos en las escuelas, en los cuales se promueva la autonomía individual de niños y niñas, para poder ir desarrollando conocimientos para el cuidado y el autocuidado, y que estos dejen de ser asuntos exclusivamente de mujeres.

Poder y participación

Actualmente el sistema de democracia en el cual nos encontramos limita el ejercicio de la misma al voto y aleja la participación de la ciudadanía, sobre todo de las mujeres. Por tanto planteamos la necesidad de profundizar el grado de participación y revisar todas las estructuras que existen para ello desde la perspectiva de género.

Además reivindicamos la máxima feminista, lo personal es político, por dos razones: porque supone la ruptura entre lo considerado tradicionalmente público o privado, y permite colocar la política en lo cotidiano. Esta idea de lo cotidiano, permite resituar en las agendas políticas cuestiones consideradas residuales, o temas de mujeres. Además, esta mirada desde lo cotidiano, desde la propia experiencia, es uno de los elementos que acercan las propuestas feministas a las personas, y por tanto a la ciudadanía. No es que no debamos posicionarnos y debatir sobre cuestiones de carácter global. Lo que se plantea es que, siguiendo los procesos de empoderamiento que considerábamos se deberían impulsar, debemos construir éstos desde lo personal, desde la revisión y toma de conciencia de nuestra realidad más cercana, incidiendo en lo local y comprendiendo la desigualdad para poder organizarnos para luchar a nivel global contra ella. Este ámbito de lo cercano y lo local como área de influencia responde a las características de esta nueva fuerza política.

Debemos fomentar y cuidar la participación de las mujeres, promoviendo el empoderamiento de las mismas para que puedan lograr su autonomía política, pero también transformando y definiendo nuevas formas y modelos de participación para que las mujeres puedan participar en equidad. Debemos realizar un especial esfuerzo por acercar la “política” a las mujeres.

Debemos apostarle a procesos de democracia participativa, en los cuales la ciudadanía, y específicamente las mujeres, tengamos la posibilidad de decidir sobre nuestro futuro y que esta participación no sea simbólica sino que esté acompañada de recursos y, en definitiva, de ejercicio de poder. La participación que defendemos siempre debe venir acompañada de poder de decisión y de recursos.

Es por ello que como propuesta política debemos apostar a todos aquellos procesos que se estén impulsando a nivel local (Consejos de Igualdad, Consejos de Participación, Presupuestos Participativos…), como mecanismos que puedan garantizar una toma de decisiones colectiva y una nueva manera de ejercer el poder por parte de la ciudadanía. Debemos revisar estas estructuras desde el feminismo, para que se cuide especialmente la participación de calidad de las mujeres.

Consideramos que los procesos para poder ser considerados realmente participativos, tienen que cumplir como mínimo las siguientes características:

  • que la información sea comprensible y accesible para toda la población.
  • que se genere debate sobre las cuestiones a tratar, y que este esté acompañado de reflexión para poder generar ciudadanía crítica.
  • que se dote de instrumentos y herramientas a las personas para que puedan participar, para que aprendan a participar, y para que además esta participación sea una participación no meramente presencial sino de calidad.
  • que existan mecanismos específicos que garanticen la participación de las mujeres.
  • que se tomen en cuenta otras variables además de la del sexo que generan desigualdad en la participación en cualquier proceso, como por ejemplo la edad, la procedencia, la clase, etc.

A pesar de que nuestra apuesta fundamental sea ampliar la democracia participativa, también consideramos que hay decisiones que tendrán que ser tomadas bajo el modelo de democracia representativa. Consideramos que el sistema de partidos actualmente limita la participación de las mujeres y que se deben establecer mecanismos concretos para garantizar la presencia de las mujeres en los ámbitos de decisión.

Consideramos que la paridad es una apuesta que hay que realizar desde nuestra organización política. Debemos realizar por tanto una clara apuesta por las listas cremallera (alternancia mujer/hombre). Además se debería establecer algún sistema de rotación para los y las cabezas de lista, para promover que este primer puesto fuera ocupado alternativamente por un hombre y una mujer.         

Apostamos por el establecimiento de un mínimo de mujeres nunca un máximo, en las listas electorales, para que los partidos feministas no tengan ningún tipo de traba con las listas que presenten compuestas exclusivamente por mujeres. Consideramos que la paridad y estas cuestiones propuestas, son elementos a respetar no sólo en la nueva organización que estamos construyendo, sino también extrapolables al resto de partidos. La ley en este caso no debería ser propositiva, sino que debería sancionar el incumplimiento de estas cuestiones.

Consideramos que aunque este tipo de medidas, y la obligatoriedad de su cumplimiento por ley, no garantiza por si misma la calidad de la participación de las mujeres en las cuestiones públicas, si por lo menos facilita el acceso de las mismas a una realidad de la que han estado tradicionalmente discriminadas y ausentes.

Consideramos además, que como feministas, debemos establecer y garantizar un sistema de rendición de cuentas de los y las representantes políticos. Debemos definir un sistema en el cual podamos valorar el cumplimiento del programa y evaluar el grado de cumplimiento de todas aquellas cuestiones relacionadas con la igualdad de mujeres y hombres que se dijeron se iban a desarrollar. Debemos realizar una labor de control del ejercicio del poder de nuestros/as representantes.

A pesar de que apostamos por el impulso de la democracia participativa, debemos señalar aquí algunos aspectos que consideramos convenientes reivindicar como derechos, y que por tanto deben estar en la base de nuestra propuesta, sin tener que ser debatidos. Estos serían:

  • la equidad y la participación como pilares fundamentales para poder conformar un sujeto político activo.
  • la defensa de una ciudadanía plena tanto para mujeres como para hombres.
  • la revisión de los Derechos Universales desde el feminismo, para constatar el desigual acceso a estos por parte de las mujeres, proponiendo: denunciar el no cumplimiento y trabajar por el logro de los mismos, y ampliar los derechos recogidos, incluyendo algunos como los derechos sexuales y reproductivos.

Estas nuevas formas de relación deben permear no sólo nuestras propuestas hacia el exterior, hacia la sociedad, sino que también y ante todo, deben materializarse en las formas de funcionamiento de nuestra propia organización. Debemos transformar la cultura política tradicional de los partidos políticos de izquierda en algo nuevo, que permita la participación en equidad de las mujeres. Debemos transformar la manera de relacionarnos entre compañeras y compañeros de organización.

De esta manera, hacemos a continuación algunas propuestas sobre la estructura de organización que consideramos puede posibilitar el desarrollo de todo lo planteado anteriormente. Dichas propuestas están divididas en cuatro ámbitos fundamentales para un nuevo concepto de poder (toma de decisiones, elaboración colectiva, acceso a la información, cultura democrática):

Relacionado con el sistema de toma de decisiones:

  • Vemos necesario establecer la paridad como principio, y es fundamental que ésta se de en los espacios de representación, Si no se puede lograr se plantea reducir el numero de hombres o establecer sistemas de rotación. En la presencia en el resto de espacios de la organización se podría establecer un sistema de cuotas.
  • Se deben definir y delimitar claramente la figura del militante, tomando como elemento fundamental para ello el grado de participación.
  • Resulta estratégico profundizar en el conocimiento y manejo de metodologías que garanticen la toma de decisiones y la gestión de los espacios de forma participativa

Relacionado con la elaboración colectiva:

  • Se considera indispensable la existencia de una Mesa Feminista (mixta, hombres y mujeres).
  • Esta mesa debe ser complementaria a la transversalización feminista en el resto de espacios o mesas que se formen. Debemos así definir mecanismos (preguntas filtro, reuniones bilaterales, etc.), para evitar la sectorialización de las propuestas y trabajo feminista.
  • Se deben establecer mecanismos específicos que garanticen la presencia de las mujeres en el resto de mesas y espacios.

Relacionado con el acceso a la información:

  • Es fundamental establecer protocolos de funcionamiento, en los cuales se “formalicen” los procedimientos para las reuniones, órdenes del día, actas, etc.
  • Por otro lado hay que definir cuáles van a ser los canales de información establecidos.
  • Se debe establecer un área de comunicación interna, con personas responsables de la transmisión de información en la organización. La presencia de mujeres en este ámbito debería de ser mayoritaria.
  • Respecto al fomento de la cultura democrática:
  • Apostamos por la creación de una Estructura Autónoma de Mujeres, que sirva como instrumento y espacio para el empoderamiento de éstas.Esta estructura tendría entres sus funciones: formación específica para las mujeres; desarrollo de habilidades específicas en base a las necesidades de las mujeres militantes; acompañamiento a las mujeres que formen parte de la organización y a aquellas que sean elegidas como representantes; etc.
  • Debemos redefinir el sistema tradicional de cooptación/inducción de los partidos políticos tradicionales, y establecer otros mecanismos no discriminatorios para las mujeres.
  • La paridad debe ser objetivo y estrategia.
  • La nueva organización debe trabajar desde la premisa básica de la corresponsabilidad. Hay que apostar por una gestión de los tiempos distinta a la “tradicional”, haciendo especial hincapié en el número de reuniones, horas y lugar de las mismas, etc.
  • De nuevo, surge la necesidad de conocer y manejar metodologías participativas, que nos ayuden realmente a impulsar procesos participativos dentro de la organización pero también nuevas formas de trabajo.
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