Europeismo hueco> Euken Barreña (Alternatiba)

Euken Barreña

Alternatiba

Desde el 1 de enero de 2010 España ha asumido la presidencia rotatoria de la Unión Europea, en el contexto de una prolongada crisis del proyecto europeísta. Las raíces de esta crisis se encuentran en dos factores: por un lado, la lógica neoliberal que ha regido la construcción europea durante las dos últimas décadas – al servicio de las élites financieras y empresariales – caracterizada por la consecución de un mercado interior común y una moneda única, una política comercial exterior basada en la firma de acuerdos de “asociación” perjudiciales para los países en desarrollo, la reducción de los sistemas de protección social y la apuesta por una política de inmigración selectiva, que prima la entrada en Europa de las personas más cualificadas, impidiéndosela a los demás.

Por otro lado, de forma correlativa y como reacción a esta deriva, se ha producido una crisis de legitimidad y de identidad europea. Así, mientras las instituciones han ensalzado machaconamente los “valores europeos” como la base de la integración comunitaria – derechos humanos, tolerancia, diversidad, protección social – sus actuaciones se han dedicado a desafiar estos valores de forma flagrante: liberalización de servicios públicos y posibilidad de aplicar regímenes laborales extranacionales perjudiciales para los trabajadores, expulsión de inmigrantes en situación irregular, recortes en las libertades fundamentales con el pretexto de la lucha antiterrorista, abandono de las consultas a la ciudadanía cuando los resultados no son los deseados…

Ante este panorama, al que se une la recesión económica y la destrucción generalizada de empleo, el programa político de la presidencia española parece diseñado para intentar transmitir a la ciudadanía el mensaje de que el proyecto europeo no sólo consiste en un mercado único con una moneda común, sino en la promoción de un modelo de desarrollo que combina la economía competitiva con la solidaridad social.

En este sentido, se han fijado las siguientes prioridades: en el ámbito económico, coordinar las políticas económicas de los países miembros en torno a la Estrategia de Crecimiento y Empleo 2020; en el ámbito internacional, reforzar el papel de Europa mediante la firma de nuevos acuerdos de asociación, la negociación de la adhesión de nuevos países a la UE y la fijación de una postura común respecto al cambio climático y en el ámbito social, reforzar los derechos de los ciudadanía europea, con medidas a favor de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en contra de la violencia de género y la adopción de la iniciativa legislativa popular.

Aunque sobre el papel estas medidas puedan suponer avances concretos, está por ver si podrán llevarse a la práctica de forma efectiva. Y es que los obstáculos para su ejecución no van a ser pocos: la coordinación de las políticas económicas, que es una competencia prácticamente exclusiva de los estados,  puede convertirse en una quimera cuando ya existen diferencias notorias entre los países respecto a la necesidad de poner fin o no a los estímulos fiscales o sobre la obligatoriedad e imposición de sanciones por los incumplimientos de la Estrategia 2020.

Además, el parlamento europeo, tras las últimas elecciones en las que se alcanzó la abstención récord del 56,7%, es el más escorado a la derecha desde 1979, lo cual tendrá su reflejo en toda la normativa relativa a libertades, inmigración, seguridad, cambio climático, permisos de maternidad o jornadas laborales. Basta recordar que ya en la anterior legislatura se había pronunciado en contra de la ampliación del permiso de maternidad, el recorte de las emisiones de CO2 y a favor de la expulsión fulminante de inmigrantes en situación irregular, por citar algunos casos recientes.

Por último, la entrada en vigor del nuevo tratado de Lisboa aboca el concepto mismo de presidencia rotatoria a la desaparición, al crear dos nuevas figuras: el presidente permanente del Consejo Europeo (el demócrata-cristiano belga Herman Van Rompuy) y la Alta Representante para la política exterior de la UE (la laborista británica Catherine Ashton). Ello significa que José Luis Rodríguez Zapatero no presidirá el Consejo Europeo, ni el jefe de la diplomacia española, Miguel Angel Moratinos, presidirá el Consejo de Exteriores, como sucedía hasta ahora. Cabe señalar que la elección de estos dos nuevos representantes ha sido criticada por su escaso peso y experiencia comunitaria, por lo que se ha entendido como una señal de la poca disposición de los líderes nacionales a perder su protagonismo.

En definitiva, el programa de la presidencia española es un buen ejemplo de la receta hueca de “más Europa” preconizada por la socialdemocracia y parte de la izquierda unitaria: en vez de impulsar propuestas que garanticen una auténtica integración política y social europea y democraticen las instituciones comunitarias, se opta por medidas cortoplacistas y pequeños ajustes accesorios incapaces de cambiar el rumbo general de la Unión Europea. Este es el escenario en el que la derecha se encuentra más cómoda: un proyecto comunitario despolitizado, con dirigentes que manejan la retórica de la integración europea y los valores comunes pero que sólo entienden las instituciones como un instrumento para hacer el trabajo sucio de la globalización neoliberal dentro y fuera de Europa o para conseguir ventajas en términos nacionales.

Por lo tanto, ante la ausencia de un proyecto político de integración multidimensional, la falta de visión europeísta de los líderes nacionales y la conversión de las instituciones comunitarias en cajas de resonancia de los intereses nacionales, no es de extrañar que la ciudadanía cada vez se desentienda más de la UE, como quedó patente en las últimas elecciones.

Cumplir condena sin haber sido condenado> Ander Rodriguez y Enrique Martínez (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza
Enrique Martínez-Flórez

Alternatiba

“No está acreditado que Egunkaria haya servido para financiar a la banda terrorista ETA”. “No consta que Egunkaria ni los procesados hayan servido a los fines de ETA”. “No consta que los procesados hayan legitimado las acciones terroristas o hayan exculpado o minimizado su significado”. “No consta que los procesados hayan prestado alguna ayuda específica ni genérica dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo”. Éstas son las conclusiones del Ministerio Público, no de la defensa, sino de la Fiscalía que representa el interés común, el bien público, a propósito de la actuación de los procesados del caso Egunkaria.

No queremos, ni es el momento de analizar el sumario, pero no nos resistimos a mencionar la clave que la Benemérita utiliza para solicitar la imputación y volvemos al tenor literal de lo que obra en el sumario: “Las personas que lo pusieron en marcha no tenían vinculación con la organización ETA”, para después añadir sin prueba alguna que, “precisamente, esa falta de vinculación con ETA se buscó de propósito por la banda armada”. Es decir, que si tienen vinculación, son culpables y si no, también.

A partir de aquí, nos encontramos con la siguiente situación: un proyecto de desarrollo cultural del euskera con una tirada de 15.000 ejemplares y más de 44.000 lectores no volverá a los quioscos. Egunkaria ha cumplido la condena sin haber sido condenado. Eso sí, probablemente procederá una indemnización que la AVT y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación pública, cifran en 60 millones de euros que ellos no satisfarán, sino que lo haremos todos.

¿Cómo explicamos esto en un supuesto Estado de Derecho?, ¿cómo se explica esta violación flagrante de valores constitucionales tales como el pluralismo, la libertad de expresión, de información y la tan querida para algún partido libertad de empresa del artículo 33?, ¿cómo es posible pasar de lo que resulta del tenor literal del sumario a una condena cumplida?

Sólo se explica desde la vis expansiva que ha adquirido en el sistema jurídico del reino de España el concepto de terrorismo, que se invoca cada vez más para hacer frente a fenómenos de mera disidencia. Se difuminan las fronteras entre uno y otra, se instrumentaliza la legislación penal contra el adversario político.

Egunkaria es el ejemplo de los peores abusos en la persecución del llamado entorno de ETA, de los peligros que asume una democracia cuando sacrifica las garantías judiciales y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo. En resumen, cuando el fin justifica los medios.

Desde esta doctrina, es fácil justificar la condena a las familias de las personas presas que supone el alejamiento, contrario a las normas del propio reino y su legislación penitenciaria. Desde esta doctrina, es fácil justificar una Ley de Partidos que niega a un amplio sector el derecho de participación del artículo 23 de la Constitución. Incluso se justifica el velo de silencio y la ausencia de investigación que rodea a las denuncias de tortura y vejaciones homofóbicas realizadas por los procesados.

Volviendo al tenor del sumario, nos encontramos con que la Benemérita criminaliza que desde Egunkaria se abogara por un Estado independiente socialista y euskaldun, porque coincide con los fines de ETA. Es decir, se niega la posibilidad de defender por medios pacíficos y democráticos la independencia, el socialismo, la cultura y la lengua vasca.

Reflexionemos ante todo lo anterior: ¿Quién justifica acciones violentas, quién carga de significado político las acciones criminales, quién defiende la privación de derechos y libertades en este caso? Los “Pactos por las Libertades” serán efectivos y justos cuando contemplen las libertades de todos y todas.

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu)

Internet no será otra tele

Red SOStenible

Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de “lucro indirecto”, es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque “promociono” a uno que “promociona” a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la “Red SOStenible” una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo D “Acceso a las infraestructuras tecnológicas”, de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo A “Derechos en un contexto digital”, de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo C “Conocimiento común y dominio público”, de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 “Demandas legales“, párrafo B. “Estímulo de la creatividad y la innovación”, de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Manifiesto “En defensa de los derechos fundamentales en Internet”

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Clínica Alava> Johnny Salgado (Alternatiba)

Luis Salgado

Alternatiba

El final del año siempre es una época frenética en todos los organismos públicos, es tiempo de debatir los presupuestos para el siguiente año, y es en este momento cuando desde Alternatiba queremos hacer un llamamiento sobre la imperiosa necesidad de humanizar dichos presupuestos. Porque actualmente no se atiende, ni entiende de personas, vidas y circunstancias ciudadanas, tan sólo se tratan frías cuentas de resultados. Baste para ejemplarizar esta idea la situación sangrante que se está viviendo en Araba con la Clínica Álava.

Desde los diferentes organismos oficiales, (Diputaciones, Gobierno Vasco, Gobierno Español) y sin que importe para ello el color del partido liberal que los gobierne, se nos vende a la sociedad, una y otra vez, la necesidad casi obligada de mantener un modelo de sanidad concertada (empresas privadas gestionando heraldo público para ofrecer servicios sanitarios públicos) ya que, un servicio sanitario íntegramente público sería -dicen- inasumible presupuestariamente. Y son mentiras como esta, reiteradas hasta la saciedad, las que nos llevan a situaciones como la que nos ocupa.

La Clínica Álava es uno de esos centros concertados. Dicha clínica se beneficia desde hace años de un acuerdo con Bienestar Social (dependiente de la Diputación Foral de Álava) y Osakidetza, por el cual se hace cargo de los pacientes que requieren cuidados paliativos.

Pues bien, la nefasta gestión de un mal gerente, ha llevado la clínica al borde de la quiebra. En estos momentos se encuentra sumergida en Concurso de Acreedores, y los Administradores Concursales no parecen ver viabilidad al negocio. Sin menospreciar lo que un hipotético cierre podría suponer para las trabajadoras/es, esta situación crea otro drama humano aún más doloroso, el de los pacientes y sus familiares. Tanto Bienestar Social como Osakidetza han dicho que trasladarán sus pacientes de no haber una solución rápida a la situación. (Bienestar Social ha puesto fecha a dicho traslado, el próximo 12 de diciembre) Sin pensar en los pacientes tememos, ya que, para personas, muchas de ellas en estado terminal, un traslado puede resultar un suplicio demasiado grave. Y sin tener una solución real, ya que en todo el servicio público no existen camas suficientes para albergar a todos los pacientes, y por ende, tampoco existen en la actualidad los medios humanos y materiales para llevar a cabo dichos tratamientos. Al tiempo, ninguna empresa privada está dispuesta a asumir en tan breve espacio de tiempo el acondicionamiento necesario.

Mientras, ni Osakidetza, ni Diputación, oyen los llamamientos para que se hagan cargo de la gestión del centro, y sobre todo de un servicio social que debiera ser público, alegando que supondría un gran desequilibrio presupuestario. Al tiempo, el gerente de la clínica, negocia, con los pacientes a modo de rehenes, los términos de un acuerdo que le libere de cualquier responsabilidad y le permita llenar aún más sus bolsillos. Y este es el sistema concertado de sanidad, donde un gerente sin escrúpulos puede enriquecerse con el heraldo público y a costa de los enfermos, sin que estos parezcan importar a nadie. Y es contra estas situaciones contra las que desde Alternatiba nos posicionamos. Queremos una sanidad pública y gratuita, porque estamos convencidos de que esa es la única sanidad que puede garantizar un servicio humano y de calidad, donde el beneficio no sea el objetivo a seguir, sino el bienestar ciudadano.

Casos como el de la Clínica Álava, no pueden volver a repetirse.

Aborto libre y gratuito


Ana Etxarte, Euken Barreña eta Carmen García

Alternatiba

En Alternatiba, durante este mes de noviembre, hemos decidido lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

No es casualidad que esta campaña haya visto la luz durante el presente mes, cuando se celebra el día internacional de la no violencia contra las mujeres. Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos al proyecto de ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes

fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Desgraciadamente, las esperanzas se han frustrado. Sí que podemos señalar algunos avances mínimos: ya no es necesario el consentimiento materno-paterno para abortar de los 16 a los 19 años –simplemente se equipara el aborto al resto de intervenciones sanitarias, que ya contemplaban esta medida-, y se establece el plazo de 14 semanas para abortar libremente -aunque esta medida nos coloca en la cola de las legislaciones más progresistas-

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta propuesta de ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a solicitar una ampliación de la propuesta de Ley planteada. Consideramos que la nueva legislación debe garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as de que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

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Transfobia> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Luis Salgado

Alternatiba

Ayer, día 5 de Noviembre, se celebró el juicio contra el dueño de una bocatería sita en la vitoriana cuesta de San Francisco, por el despido de Mª Jesús Lastra. La sentencia del Juez declaró improcedente el despido y condenó al gerente al pago de una indemnización de 1.000 euros a dicha trabajadora.

Hasta aquí, podríamos decir que todo transcurrió tal y como suele ser habitual en los pleitos laborales. El despido es libre en este país, y basta con que el empresario disponga del suelto suficiente para hacer frente a la indemnización.

Sin embargo, éste no es un despido más, ésta es una actuación aún más sangrante, porque trata de una flagrante vulneración de los derechos más elementales que deberíamos tener las personas. Mª Jesús Lastra no fue despedida por no cumplir con sus obligaciones laborales (no llegó a finalizar la primera jornada de su contrato), ni lo fue por causas organizativas o de producción (medidas éstas que están tan de moda en estos momentos de crisis). Fue despedida, única y exclusivamente, por su condición sexual, transexual, como así lo reconoció sin ningún rubor el dueño de la bocatería ante las indagaciones del juez. Y, ante esto, la única actuación de la justicia es condenar al pago de una mísera indemnización al discriminador.

Este tipo de actos deberían ser erradicados de raíz, si realmente queremos una sociedad basada en la igualdad de derechos de todas las personas que la componen. Y tener las mismas oportunidades a la hora de acceder a un empleo es una piedra angular para lograr dicha igualdad de los sectores sociales hasta ahora marginados, transexuales, gays, lesbianas, mujeres en general, inmigrantes…

Sin embargo, si el despido en sí, o la propia sentencia, son evidencias claras de la existencia de diferentes grados de ciudadanía, más preocupante aún es el eco social que este acto de discriminación ha tenido. Ya sea en los medios de “desinformación” de masas, donde apenas a ocupado una mínima reseña en el mejor de los casos, como en la calle. Baste como ejemplo la concentración frente a los juzgados, convocada por EHGAM-DOK, y que apenas nos reunió a una veintena de personas bajo la pertinaz lluvia.

No debería bastarnos con promesas inútiles de igualdad, con palabras huecas, y actos de cara a la galería de los gobiernos de turno. La igualdad de las personas no puede ser un negocio electoralista, sino el principal argumento educativo. Actuaciones como la de este empresario deben ser perseguidas y denostadas por el conjunto de la sociedad. Y, sobre todo, por aquellos a los que gusta tanto alardear de su magnífica Constitución…

El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Salud y a vivir!

Argazkia: EHGAM

SOS: derechos y libertades

Luis Salgado, Amaia Agirresarobe y Oskar Matute

Alternatiba

Decía Bertolt Brecht en alusión a la época que le tocó vivir, que “tiempos difíciles son aquellos en los que hay que luchar por lo que resulta evidente”. Sin duda han pasado muchos años desde esta aseveración, pero perfectamente podría aplicarse al momento que nos toca vivir en Euskal Herria y en el mundo.

Resulta evidente que toda sociedad democrática que se precie debe hacer su máxima principal de la vigencia de los derechos y libertades para todos y todas. De igual manera, resulta evidente que en dicha sociedad, compuesta por hombres y mujeres libres, la violencia no tiene cabida alguna.

Pero, desgraciadamente, estas premisas teóricas no se cumplen en la práctica cotidiana de nuestro pequeño y atribulado país. De esta manera, además de la vulnerabilidad general en la que se encuentran los derechos de la mayoría de personas y pueblos de este planeta, Euskal Herria está viviendo actualmente una espiral muy preocupante de conculcación de los derechos civiles y políticos. Así, es necesario y urgente responder de una manera clara y contundente: todos los derechos para todas las personas.

En este sentido, no descubrimos nada, ni decimos nada nuevo, si afirmamos que ETA, con su violencia irracional, es un claro agente vulnerador de consecuencias éticas, políticas y sociales nefastas para la convivencia y el desarrollo social en nuestro país; por lo tanto, la denuncia de su estéril y dolorosa estrategia militar es ineludible.

En cualquier caso, la existencia de esta violencia, que debe cesar de inmediato y para siempre, no puede ni debe servir de coartada para la conculcación sistemática de derechos y libertades, que de forma continuada y preocupante vienen reproduciéndose en nuestro territorio.

Así, desde hace ya bastante años, la respuesta que el estado y sus aparatos han dado frente a la violencia de ETA ha sido la de profundizar en las vías represivas, negando derechos y libertades básicas y generando una fractura social que acompaña a la fractura identitaria que preconizan con sus palabras y sus hechos.

Es obvio que en Euskal Herria, y a modo de laboratorio de pruebas, se han puesto en pie iniciativas, algunas de ellas de carácter legislativo, que suponen una estocada mortal al basamento democrático de nuestra sociedad.

Para ilustrar tal aseveración baste con citar, y a modo de ejemplo de un corolario más amplio, tres hitos o elementos que la avalan:

El estado español y su gobierno siguen mirando hacia otro lado ante la reiterada denuncia de Amnistía Internacional y de otros organismos autónomos sobre la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales del estado. La aceptación y ocultación de la tortura no sólo envilece a quien la practica, sino que mancha a quienes la toleran o la aceptan.

El estado español y su gobierno siguen despreciando decisiones mayoritarias del parlamento vasco, y negando de paso su pretendida soberanía, al mantener la cruel e inhumana política de dispersión para los presos y presas de Euskal Herria. Esta, además de ser contraria a la ley desde el punto de vista de la reinserción y resocialización que debe guiar la política penitenciaria, supone un castigo añadido a aquellos y aquellas que nada han hecho, sus familiares.

El estado español y su gobierno han puesto en marcha una ley, conocida como ley de partidos, que, fabricada ad hoc para eliminar a una sensibilidad política legítima, recorta derechos y libertades básicos como el de asociación, manifestación, expresión y participación política. Esta ley, amén de la rentabilidad electoral evidente que produce para quienes la sostienen y defienden, supone un ataque frontal al sistema de libertades públicas, y dada su laxa interpretación, sirve para detener y encarcelar a dirigentes políticos molestos para los turbios intereses del gobierno. Ahí cabe enmarcar la detención de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros.

Bastan estos ejemplos para hacernos una composición de lugar del momento político en que nos encontramos. No obstante, desde Alternatiba creemos que no es momento de resignación, ni de aguardar a que lleguen tiempos mejores, escondidos y escondidas en nuestros refugios.

Es momento de hablar claro, de denunciar, y de hacer. Si la superación del sistema económico, social y político dominante ha sido objetivamente impedido -en parte por la persistencia de la violencia de ETA-, es el momento de que ésta desaparezca, permitiendo así la articulación de unas relaciones fluidas entre las diferentes izquierdas de Euskal Herria, que hagan de la unidad de acción no una excepción sino una práctica constante.

Es también momento de poner en evidencia lo ridículo de las actuaciones llevadas a cabo por el departamento de Interior, capitaneado por el señor Ares, en la persecución de ideas y proyectos legítimos. Hay por tanto que denunciar el papel arbitrario de los aparatos judiciales que actúan bajo mandato del poder político.

Es, en definitiva, tiempo para que la izquierda plural y diversa de este país ponga en pie una denuncia clara y contundente de los desmanes producidos por uno y otro lado, porque si no lo hace la izquierda, nadie lo hará.

Además, no queremos dejar pasar la oportunidad para señalar con claridad que Euskal Herria no vive aislada, que los recortes de derechos y libertades son, lamentablemente, una práctica general en nuestro planeta. Quizás aquí los suframos, en estos ámbitos específicos, con especial intensidad, pero se trata de una triste realidad global.

Que no se nos olvide a quienes nos sentimos de izquierda que los derechos son pisoteados por el poder de diferentes formas. Lo son cuando no se ponen en pie políticas de igualdad efectiva y real para lograr los derechos de las mujeres, cuanto existe una parte de la ciudadanía que goza de menos derechos que el resto por la única razón de haber nacido en un lugar del que no tuvieron más remedio que marchar. Lo son cuando los derechos de los trabajadores y trabajadoras son pisoteados sistemáticamente para aliviar la situación de quienes con su ambición han provocado la crisis que sufrimos. Lo son cuando nuestro derecho a un medio ambiente sostenible es sacrificado con macroproyectos para mayor beneficio de las mínorías/de las personas/de los grupos…de siempre.

Sin duda, desde la izquierda en Euskal Herria, tenemos una agenda repleta de situaciones que revertir, y en nuestras manos está empezar a hacer, o seguir lamentándonos y contentándonos con sus migajas. Las gentes de Alternatiba lo tenemos claro, hay que construir la izquierda: todos los derechos para todas las personas.

Por una ley del aborto sin recortes

Silvia Piris
Mesa de Feminismo de Alternatiba

Ante los últimos hechos relacionados con la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo del 14 de mayo de 2008, y las reacciones ultraconservadoras y religiosas que esta aprobación está despertando queremos reivindicar y defender la ciudadanía plena de las mujeres.

Lo que no se puede obviar es que las reacciones y manifestaciones que se están sucediendo, tanto desde algunos sectores de la iglesia católica como desde organizaciones “pro-vida” y partidos políticos y asociaciones afines, responden a un intento claro de control de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres. Hemos asistido con creciente perplejidad en los últimos meses a todo tipo de discursos, prácticas, campañas y apariciones públicas -cada cual más desafortunada- con las que las organizaciones antes mencionadas, con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica a la cabeza, han intentado llevar el debate sobre la nueva regularización del aborto al terreno de la supuesta moral que defienden. Se ha intentando en todo momento culpabilizar a las mujeres, llegando en algunos momentos a comparar la interrupción voluntaria del embarazo con el asesinato y el genocidio, discurso éste envenenado que atenta contra la dignidad de todas las mujeres.

El aborto libre y gratuito es una cuestión vinculada a los derechos individuales y colectivos de las mujeres y a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo y su sexualidad. Es obligación del estado salvaguardar el ejercicio de tales derechos y garantizar su cumplimiento.

La apuesta de las y los que defienden la libertad de opción en esta y otras materias que entran en colisión con el respeto al derecho a decidir de las mujeres debe de pasar por la construcción de estados laicos, en los cuales el papel de las religiones se restringa a la esfera privada. Por ello resulta vital solicitar a la jerarquía de la Iglesia católica que deje de ocupar debates y espacios que no le corresponden, y que abandone su empeño histórico en generar y profundizar situaciones de desigualdad para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ser tuteladas.

Los portavoces de los sectores más conservadores de la iglesia católica deberían de preocuparse por canalizar esa necesidad de mostrar su opinión sobre “temas de actualidad” condenando cuestiones como la violencia contra las mujeres o los abusos sexuales, sobre las que no encontramos pronunciamientos tan rotundos.

El Movimiento Autónomo de Mujeres y Feminista merecen nuestro total e incondicional apoyo, apoyo que sin duda afecta también a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Apoyamos a todas las organizaciones de mujeres que se han adherido al “Manifiesto Feminista ante la nueva regulación del Aborto”, y exigimos que la voz del movimiento feminista sea escuchada. Exigimos una regulación que garantice los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, donde se asegure la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde todas las opciones sexuales.

Y porque todavía queda mucho camino por delante, y ahora que los sectores más reaccionarios de la Iglesia han decidido tomar las calles para manifestarse, llamamos a la movilización para poder mostrar que es mayoritaria la ciudadanía que apuesta por otro tipo de sociedad que se construya sobre el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, empezando por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más amplia y progresista.

Argazkia: Libertinus

El municipio 51> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Johnny Salgado

Alternatiba

La SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) acaba de dar el pistoletazo de salida definitivo a la construcción en Araba de una macro-cárcel. La envergadura del proyecto es tal que el penal ocupará una superficie similar a una veintena de campos de fútbol y supondrá una inversión de 103 millones de euros. Así, los 720 reclusos y el medio centenar de funcionarios penitenciarios (carceleros) que custodiarán el recinto convertirán al penal de Zaballa en el decimosexto ‘municipio’ alavés de un total de 51. Albergará a tantas personas entre sus muros como habitantes tienen Labastida o Laguardia, llegando incluso a superar a localidades como Santa Cruz de Campezo.

El proyecto no se ha librado de una agria polémica entre las diferentes instituciones y, a día de hoy, está pendiente de la resolución que dictamine el Tribunal Supremo tras la demanda interpuesta por las Juntas Generales de Araba. Pero que nadie se engañe, la controversia no viene dada por la propia infraestructura en sí, sino por el impacto medioambiental de la misma. Es más, tal debe ser la imperiosa necesidad que, mientras en un principio esta moderna y súper-segura prisión iba a sustituir a la vetusta ya existente, parece ser que, de un tiempo a esta parte, la SIEP valora la posibilidad de mantener ambas por necesidades de saturación. Sin embargo, pocas son las voces que se alzan o cuestionan el fondo de la cuestión: el propio sistema penitenciario.

“Se ha instalado la simplista e inexacta idea de que la manera de combatir la delincuencia es mandar cada vez más gente a la cárcel. España se ha puesto a la cabeza de Europa en población penada, pese a que no es de los países donde se cometen más delitos ni de más gravedad. Esta filosofía ha puesto al sistema penitenciario español al borde del colapso. (…) Cada cuatro años (el tiempo que cuesta hacer un centro de 1.000 plazas) la población reclusa se incrementa en 6.000 personas. (…) Si los legisladores siguen valorando que la manera más efectiva de abordar los problemas sociales es enviar a más gente a la cárcel, desoyendo la opinión de los expertos que dicen que la privación total de libertad es antitética con el tratamiento de determinadas patologías; si no se generaliza la utilización de medidas alternativas de cumplimiento de las penas que las leyes ya contemplan, la situación será inasumible.” Esta reflexión ha sido realizada por la propia Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias.

Ha llegado el momento de que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista. He aquí 10 razones por las que oponerse a la construcción de más cárceles:

1º Ineficacia de la rehabilitación: Más del 90% de la población reclusa lo es por delitos menores. Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda y, en muchos casos, son adictos a las drogas. Estos problemas no son solucionados en la cárcel y, por tanto, al salir de ella, se verán abocados a reincidir. Mientras no se traten los problemas sociales, la teórica política de rehabilitación de las cárceles será tan solo una quimera populista.

2º Ineficacia preventiva: A mayor dureza de las penas (mayor duración de las mismas), mayor masificación de las cárceles, sin embargo, salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

3º Ineficacia incapacitadora: El desarrollo penal en los EEUU puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva: las tasas de criminalidad no han dejado de crecer. Cada año, nuevas generaciones de jóvenes delinquen y nada se soluciona manteniendo a las viejas en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa pasmosa.

4º ¿Justicia?: Se convierte el comportamiento criminal en tiempo cual simple fórmula matemática. Sin embargo, ¿quién puede considerar justa una sentencia de 2 años de cárcel por robar una pizza, cuando grandes estafadores apenas tienen que pisar un centro penitenciario?

5º Irreversibilidad: Sólo se plantea el derribo de una prisión cuando ha quedado en medio del casco urbano. La teoría social de “no en mi patio” y una falsa y demagógica humanidad de los mandatarios lleva a la vieja prisión a ser sustituida por otra, por supuesto más segura.

6º Insaciabilidad: Es la misma cárcel la que fagocita insaciablemente desde su nacimiento todos los cambios que se puedan proponer. Planifíquense cien cárceles y las cien estarán sobresaturadas antes de ser terminadas.

7º Inhumanidad: Las cárceles modernas no son más humanas: la vídeo-vigilancia suprime los lugares de intimidad, los controles físicos son tan exhaustivos que a veces se obliga al preso a colocarse desnudo sobre un espejo para observar su interior o se le sienta en un retrete hasta obtener sus excrementos… Pero el control total no se logra completamente y, por tanto, la espiral de desarrollo de nuevos métodos y de inhumanidad continúa.

8º Quiebra de los valores: La construcción de nuevas cárceles es, en sí misma, la intensificación de la guerra contra los pobres. Cientos de estudios (muy recomendable Demasiado de nada… las condiciones de vida y la procedencia social de las personas condenadas, de Lotte Rustad) muestran que cuanto “más involucrado” se está en el sistema penitenciario, más pobre se es.

9º No ayuda a las víctimas: La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas y, sin embargo, sí promociona en el subconsciente colectivo una psicología personal de venganza. Debieramos aumentar las ayudas a las víctimas de delitos ‘serios’ en vez de incrementar el castigo a los infractores.

10º La masificación puede ser resuelta por otras vías: La mayor parte de los reos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Si realizásemos una escala condenatoria a la inversa, donde la pena mayor se impusiera por grandes delitos y desde ésa fuésemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento.

Quizás aún no sea el momento de hablar de abolición del sistema penitenciario, pero lo que no podemos permitir es que éste nos fagocite y atrape. 6.000 reclusos más cada cuatro años es una cifra más que considerable como para que alguien pueda plantear el fracaso de este sistema desde su planteamiento. Mientras esto ocurre, demos la bienvenida al ‘municipio 51’ del Territorio Histórico de Araba.

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