Soberanas!

Hoy entra en vigor la Ley de interrupción voluntaria del embarazo embarcada en la polémica. La presentación de alegaciones ante el tribunal constitucional provocará que de nuevo se lance un debate interesado en los medios. Unos y otros nos querrán hacer creer que esta ley supone una consecución de la histórica reivindicación feminista a favor del aborto. Seguirán intentando ocultar lo que realmente ha sucedido de nuevo: una falta de respeto a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas.

Es por este motivo que en Alternatiba hemos decidido volver a lanzar la campaña Si ellos parieran el aborto sería libre. Los derechos no se negocian ni tienen plazos. ¡Aborto libre y gratuito!, en defensa de uno de los derechos de las mujeres más vulnerados: el de decidir sobre su propio cuerpo.

Desde Alternatiba entendemos que la consideración del aborto como delito, la tutela que se quiere imponer a las mujeres sobre su capacidad de decisión, y la conculcación de su derecho a que las interrupciones del embarazo se practiquen en la sanidad pública, son otras fórmulas de violencia patriarcal, y como tal deben ser denunciadas.

De esta manera, no podemos sino oponernos a la ley del aborto del PSOE, por tres razones fundamentales: no respeta la libre decisión de las mujeres, limitando así el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y reproductivos; no establece medidas concretas y claras que garanticen la práctica del aborto en el sector público; y no saca al aborto del código penal. Además, esta propuesta de ley, tibia y cobarde, está estrechamente vinculada a las diferentes campañas orquestadas por la jerarquía eclesiástica, los mal llamados grupos pro-vida -grupos anti-elección sería un nombre más apropiado- y los partidos políticos afines, que atentan de manera sistemática contra la dignidad de todas las mujeres.

En este sentido, la derecha y el social-liberalismo se unen, desde diferentes perspectivas, para enfrentar la capacidad de las mujeres a ejercer su derecho a decidir cuándo y cómo ser madres, y es necesario que las diferentes fuerzas sociales y políticas que defendemos el fin de toda violencia contra las mujeres alcemos la voz y salgamos a la calle, acompañando al movimiento feminista.

Además, queremos basar nuestra defensa de los derechos en datos reales, y no en los debates infundados a los que el lobby anti-elección nos quiere conducir. Así, el pasado 5 de noviembre, el Ministerio de Salud presentaba el informe con los datos recogidos sobre las IVE (Interrupciones Voluntarias del Embarazo) practicadas durante del año 2008. Este informe nos ofrece una serie de datos importantes: se han producido 115.812 interrupciones voluntarias del embarazo; el 98,01% se han realizado en clínicas privadas; el 88,70% se efectuaron antes de las 12 semanas de gestación, y alegando problemas de salud materna -96,96%.

Esta es la realidad de la práctica de la IVE: primero, a pesar de que ésta es una de las prestaciones del catálogo de servicios que figura en la Ley Orgánica de Sanidad, prácticamente la totalidad de embarazos se producen en clínicas privadas, con grandes desigualdades además entre comunidades autónomas; segundo, la inmensa mayoría de embarazos interrumpidos se producen en los primeros tres meses de gestación, poniendo en entredicho el supuesto efecto-llamada que pudiera tener una legislación sin plazos; tercero, la vigencia de los derechos de las mujeres siguen siendo tutelados por el personal sanitario y de la judicatura, que son quienes deciden en última instancia; y cuarto, la legislación actual, que sigue considerando al aborto como delito, genera un alto nivel de inseguridad para mujeres que abortan y para los y las profesionales que los practican -podemos tomar como ejemplo lo sucedido en la Clínica Isadora de la Comunidad de Madrid, cuyo caso ha sido archivado por considerar que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, después de dos años y medio de diligencias-.

El movimiento feminista ha denunciado durante años esta realidad, y ha exigido una regulación que respetara en primera instancia el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, su sexualidad y su maternidad. Tenía el PSOE por tanto una oportunidad única de poder promover una ley que fuera amplia, y que permitiera dar respuesta a todas las críticas que desde el movimiento se planteaban, garantizando así plenamente la práctica del aborto en el estado español.

Pero lo que abunda, fundamentalmente, son las oportunidades perdidas, e incluso el incremento de la conculcación de derechos: se sigue estableciendo un sistema basado en plazos y supuestos, que en última instancia colocan el derecho a decidir en los tribunales y en el personal sanitario, quienes, a través de informes y comités, podrán señalar si las mujeres que deciden abortar tiene legitimidad para hacerlo o no; estos plazos y supuestos, en algunos casos, profundizan en la incapacidad de las mujeres para tomar decisiones, aumentando la cantidad necesaria de dictámenes médicos y de especialistas; la decisión de las mujeres sigue siendo condición necesaria, pero no suficiente, estableciendo medidas como el período de tres días de reflexión que tienen que cumplir las mujeres que quieren abortar, profundizando así en la imagen de que las mujeres que abortan lo hacen irreflexivamente, y que siempre es mejor obligar a que se tomen unos días para que se lo piensen mejor; no se entra a regular cómo se va a garantizar que la práctica de los abortos se realice en el sistema de sanidad pública, haciendo únicamente una vaga referencia al respecto en su capítulo II -donde se señala que los poderes públicos garantizarán la salud sexual y reproductiva-, pero no se específica cómo con la nueva legislación se pretende dar la vuelta a ese 1,9% de abortos realizados en la sanidad pública -dato directamente vinculado a la falta de protocolos comunes, falta de equidad en las distintas comunidades autónomas, dificultades de acceso de las mujeres, etc.-; a su vez, tampoco regula la objeción de conciencia del personal sanitario, cuando se sabe que éste ha sido otro de los motivos que ha limitado la atención en los centros de salud públicos, al ser la objeción no una cuestión meramente individual, sino en ocasiones de todo el centro.

Significativo es también la marcha atrás en cuanto a la posibilidad de decidir de manera autónoma por parte de las mujeres de entre 16 y 19 años. A partir de ahora tendrán que ir acompañadas de sus padres quienes tendrán la última palabra. En caso de desacuerdo, una persona ajena a la familia y a las circunstancias vitales de cada mujer tendrá el poder de decidir si esta mujer es autónoma o no para tomar decisiones. Se renueva y se hace patente aquí la intención paternalista y de tutela del derecho individual e inalienable a decidir sobre nuestros propios cuerpos y vidas, que no son de nuestros progenitores, sino propios.

Y así existe un largo etcétera de razones por las que es necesario incidir en la incompatibilidad de esta ley con el derecho de las mujeres a decidir, como se recoge en el Manifiesto de Mujeres ante el Congreso.

Es por ello que nuestra campaña como Alternatiba va a manifestar nuestro frontal desacuerdo con la ley que hoy entra en vigor. Consideramos que la nueva legislación debería garantizar el aborto gratuito para todas las mujeres. Y sobre todo consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no tienen plazos, y que además no se negocian.

No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y de defensa de la vida. No se negocian con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocian con la jerarquía de la Iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con sus artimañas y campañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas la personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas. Porque estamos convencidos/as que si ellos parieran el debate sería otro…. ¡salimos a la calle por el aborto libre y gratuito!

 

Somos una nación. Autodeterminación.

La resolución del Tribunal Constitucional español sobre el Estatut aprobado por la ciudadanía catalana ha vuelto a dejar en evidencia que la Constitución española es un instrumento para la negación de los derechos y aspiraciones democráticas. En este contexto, el pueblo catalán reivindicará el derecho de autodeterminación con una manifestación que se celebrará el próximo 10 de julio bajo el lema “Som una nació. Nosaltres decidim”.

El Tribunal Constitucional es un instrumento negador del ámbito político y jurídico. Parte del aparato que, mediante la imposición, se empeña en encadenar la voluntad popular. Pero la voluntad popular no se puede secuestrar ni borrar por medio de una Constitución o un ámbito judicial que es ajeno a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía.

La aceptación de que Euskal Herria y Catalunya son sujetos propios de decisión y un ámbito democrático en el que se respeten todos los derechos deben constituir el punto de encuentro de las opciones políticas. Sin embargo, pretenden neutralizar las condiciones sociopolíticas ya afianzadas para pasar de la negación al reconocimiento, impidiendo el desarrollo de las aspiraciones de la ciudadanía y escenificando la imposibilidad de realizar el camino hacia la autodeterminación.

Un nuevo marco político que recoja el derecho a decidir o el derecho de autodeterminación para dos pueblos que quieren elegir su futuro, para Catalunya y Euskal Herria. Esta es la voluntad de la sociedad catalana, como de la vasca, y así lo han declarado siempre que han tenido oportunidad. Las consultas sobre la independencia celebradas recientemente en muchos municipios catalanes son el ejemplo más cercano de que la sociedad catalana, igual que la ciudadanía vasca, desea realizar el camino hacia el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación por vías políticas, pacíficas y democráticas.

En este sentido, es imprescindible llevar a cabo una segunda transición en el Estado español, tanto en materia de organización territorial como en lo que respecta al marco jurídico. Es necesario abandonar el modelo que ha tratado de asimilar a las naciones para pasar a otro que reconozca la identidad nacional de Euskal Herria y Catalunya, así como el derecho de autodeterminación que les corresponde. Y para ello, además de una segunda transición, es necesario que el nacionalismo español recorra el camino hacia la plena democracia para responder a las demandas de la sociedad.

Un estado que se autodenomina como estado derecho no puede aceptar que los organismos que la conforman se posicionen en contra de la voluntad expresada por su ciudadanía en referéndum; al contrario, deberían ser garantes de la voluntad popular.

La ciudadanía demanda soluciones, exige respuestas. La ciudadanía vasca y la catalana queremos abandonar el laberinto de negaciones que dura años. Vascos y vascas, catalanes y catalanas queremos elegir nuestro futuro sin hipotecas ni injerencias. La ciudadanía de ambas naciones nos merecemos un futuro basado en la democracia y el reconocimiento de los derechos.

Muchas naciones europeas tienen como objetivo la autodeterminación total, han decidido recuperar sus señas de identidad y están recorriendo el camino para ello. Escocia, Groenlandia, Irlanda,… Este es el camino de Catalunya y Euskal Herria. Las dos naciones reivindican para sí procesos que en otros lugares de nuestro entorno se llevan a cabo con naturalidad y Madrid no podrá seguir negando derechos que se reconocen en el corazón de la Unión Europea. En este camino estamos y el siguiente paso tendrá como escenario las calles de Donostia.

Eusko Alkartasuna, Izquierda Abertzale, Alternatiba y Aralar convocamos una manifestación nacional para el día 10 de julio en Donostia con el objetivo de denunciar que la ciudadanía vasca, como la catalana, ve negados sus derechos y para reivindicar que nuestro país demanda la autodeterminación.

El día 10 de julio se convertirá en fecha para exigir al Estado español el derecho de autodeterminación que tiene la ciudadanía de Euskal Herria y Catalunya para decidir libremente su futuro. Dos naciones saldrán a la calle para reclamar un derecho elemental, dos naciones pedirán que se acabe el ciclo de la negación y reclamarán al Estado español su reconocimiento.

Los partidos que comparecemos hoy aquí invitamos al conjunto de la ciudadanía vasca a participar en la manifestación, y realizamos un llamamiento para que los agentes sociales, sindicales y políticos se unan a esta convocatoria.

NAZIOA GARA.
AUTODETERMINAZIOA.
UZTAILAREN 10ean, DENOK DONOSTIARA!

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Ante el cierre de Heldu

HELDU, Servicio de atención jurídico social a inmigrantes

En el año 2002 por mandato del Parlamento Vascoy de la mano del primer Plan Vasco de Inmigración se instaura en la CAPV una estructura de primera acogida de población inmigrante pionera en el estado español. Para ello se pone en marcha, entre otros recursos públicos, el Servicio HELDU que en coordinación con los Servicios Sociales de cada ayuntamiento establece un procedimiento individualizado con cada inmigrante a fin de poder regularizar su situación, acceder al mercado laboral  y, en su caso, evitar la irregularidad. Las funciones de asesoramiento de este servicio abarcaban a todos los agentes implicados en un proceso de obtención de papeles: trabajadoras sociales, empleadores, Subdelegaciones de Gobierno, etc… .

En el año 2003,  unos meses más tarde HELDU se hizo hueco en Guipúzcoa y Álava al amparo del principio de ciudadanía inclusiva establecido en el artículo 13 de la Constitución el cual ofrece una declaración de principios sumamente amplia otorgando a favor del extranjero o persona que carece de nacionalidad española con carácter imperativo, el goce en España “ de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establecen los tratados y la ley (art. 13.1).

Una vez puesto en marcha el programa HELDU en las tres provincias, si analizamos la población extranjera en la C.A.V en aquellos momentos era de 49.231 personas (el 2,33% de la población total). Pues bien, seis años después esta población se ha triplicado y supone un 6,1% de la población general. Estos datos reflejan que si en el año 2002 se justificaba la necesidad de organizar este servicio, la necesidad es aún mayor a fecha de hoy.

Pues bien, HELDU durante sus casi 8 años de andadura no ha hecho otra cosa que hacer valer, defender y trabajar por y para los derechos fundamentales de aquellas personas que pusieron todas sus expectativas en un proyecto migratorio en el Estado Español con todo el ánimo de ser uno más de todos aquellos que componemos Euskadi. En definitiva HELDU ha sido la expresión del acercamiento del Estado Social a todas las personas que viven en la CAPV.

El equipo humano de HELDU, durante todos estos años ha procurado velar en la  forma más absolutamente diligente en la labor de documentar, insertar y acompañar a todas estas personas que llegaron y han ido llegando a nuestros territorios.

Sin embargo el actual Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ha expresado su decisión de suprimir HELDU después de haber anticipado que era una pieza clave de la política de inmigración del nuevo Gobierno Vasco que, tras esta medida, quedará reducida a su mínima expresión.

Eliminar HELDU supondría dejar en la mas absoluta desatención a unos de los sectores más vulnerables de la sociedad en unos momentos de grave crisis económica en la que sin embargo sectores empresariales y financieros reciben apoyos y ayudas desde instancias gubernamentales que se reclaman de izquierdas. Además suprimir el servicio implicará que la persona extranjera tendrá que realizar los trámites en solitario sin el respaldo de un servicio que orienta sobre esta temática.

Durante todo este tiempo, HELDU se ha erigido como un canal de interlocucion con las Subdelegaciones de Gobierno realizando una labor de derivación en forma ordenada, de la presentación de miles de expedientes en las oficinas de extranjería. Las consecuencias que se pueden llegar a derivar de este proceso si no se da marcha atrás para el propio funcionamiento de las Subdelegaciones de Gobierno son importantes.

Llegaste  con el apoyo y consenso de todos los partidos, a pesar de que algunos hoy no te quieren bien y proclaman tu desaparición, te hacen ascos y te califican de Chiringuito, ¿qué decir sobre esa definición? Pues poco debemos decir todos aquellos que suscriben el presente y conocen de buena tinta que durante estos ocho años solamente hemos hecho valer la defensa, la lealtad y la justicia en nuestro trabajo de todos aquellos que se han encontrado en situación de vulnerabilidad y muestra de ello es y ha sido el extenso y amplio reconocimiento que se nos dispensa y se nos ha manifestado durante todo este tiempo por diferentes Agentes de nuestra Sociedad.

HELDU en la actualidad acoge en su seno alrededor de 34.000 expedientes aproximadamente. ¿Qué pasaría si finalmente se produce la desaparición del proyecto Heldu con todos esos intereses, sentimientos y proyectos que están vertidos en el interior de cada una de esas carpetas?

Los profesionales de HELDU hasta hoy han sabido dar una respuesta jurídica y personal ante la totalidad de Instituciones y Organismos porque siempre hemos tenido claro una premisa y es que para construir un espacio donde todos y todas tengamos cabida debe presidir el consenso y el diálogo tal como se ha venido haciendo durante todos estos años.

El señalar que la labor realizada por los/las profesionales de HELDU, puede ser suplida por la labor de asesoramiento de algunas ONGs, no se ajusta a la realidad. Recientes ejemplos hay en nuestra sociedad de las dificultades que el tercer sector tiene en esta tarea ante la aparición de poderosas mafias que vulneran los derechos de los inmigrantes. En todo caso desde aquí queremos manifestar que ambos entes se complementan pero no se sustituyen. Desde la creación del  Servicio el tejido asociativo ha atendido a personas extranjeras que por diferentes razones no podían ser derivadas a HELDU y (a sensu contrario), son muchas las organizaciones que mantienen que derivar a este servicio diferentes casos de especial complejidad que no pueden ser atendidos desde estas entidades.

En definitiva, concluir que la desaparición de HELDU no afecta a la atención jurídica y legal a la población inmigrante porque queda cubierta por las organizaciones sociales es una visión parcial y no ajustada a la realidad diaria, por lo que desde esta tribuna se solicita el manifestar que hay maneras, soluciones  y formas de realizar entre todos un entente, pero la desaparición de HELDU conllevaría un gran error para muchos de los que han mostrado su adhesión a este documento.

Concluimos. Este manifiesto se ha pretendido hacer desde la justicia y la libertad que debe caracterizar y presidir un Estado social democrático y de derecho por lo que estimamos que la justicia debe imperar de tal modo que nadie debe esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.

El colectivo de los 23 trabajador@s de HELDU.

Gracias a todos.

Llamado contra la represión en Tailandia

Firma

Con constancia y determinación, los Camisas Rojas se movilizaron durante más de dos meses en las calles de Bangkok para afirmar su aspiración a la democracia y la justicia social.

El gobierno dirigido por Abhisit Vejjajiva eligió responder a sus aspiraciones con la violencia y la represión. Al autorizar el uso de armas de guerra para dispersar las movilizaciones, cometió serias violaciones a los derechos humanos. El balance es grave : por lo menos 89 muertos y más de 2000 heridos.

Hoy en día, no existen las más mínimas libertades democráticas : hay órdenes de detención contra 99 personas sin que se hayan divulgado sus nombres. Los lugares donde se encuentran detenidos la mayoría de los oponentes al régimen son guardados en secreto. El gobierno censura a los medios alternativos. Las penas con que amenaza el régimen son particularmente graves : de 3 a 15 años por el delito de “lesa majestad” e incluso la pena de muerte por “terrorismo”.

El gobierno trata a los Camisas Rojas como si fueran “terroristas”. Es un movimiento complejo constituido en lo esencial por gente común del pueblo pauperizado, cuyos derechos políticos elementales, como el respeto a la decisión de las urnas, son violados.

El gobierno tailandés puede llevar adelante libremente su política represiva porque sus constantes violaciones a los derechos humanos no suscitan ni la solidaridad ni la condena internacional que merecen. Llamamos a las organizaciones progresistas y democráticas : a exigir en el mayor número de países que sea posible el fin de la represión y el respeto de las libertades fundamentales en Tailandia, a iniciar una campaña internacional por la liberación de los prisioneros políticos, y a reclamar el fin de las intimidaciones y las inculpaciones contra los Camisas Rojas.

Exigimos del gobierno tailandés la anulación del Estado de Urgencia y el restablecimiento de las libertades democráticas en el país, el fin de la represión contra los Camisas Rojas y la liberación inmediata de todos los detenidos.

El lado negro de Iberdrola

En marzo de 2007, Greenpeace realizó una acción de protesta pacífica en la central térmica ilegal de Pasaia, propiedad de Iberdrola.

Activistas de la organización se encaramaron a la chimenea de la central para poner en evidencia la doble cara de Iberdrola, que «lucha contra el cambio climático» mientras se enriquece quemando carbón.

La acción terminó pasados tres días, con la imagen pública de «empresa verde», que la compañía pretende explotar, seriamente comprometida.

Pero Iberdrola no sólo no recapacitó acerca de la necesidad de dar coherencia a su discurso y cerrar la central, sino que denunció a Greenpeace y a diez de sus activistas a los que exige cifras «astronómicas» y ¡casi un año de cárcel!

Escribe al director de Iberdrola y presiona por un futuro realmente verde.

Las contradicciones de Iberdrola

Sanfermines 1978

La Haine – «El 8 de julio de 1978 Iruñea y los sanfermines se vistieron de luto, de negro, tras la brutal agresión que sufrió esta ciudad a manos de la policía española y que tuvo como consecuencia la muerte de Germán Rodríguez y decenas de heridos. Posteriormente Joseba Barandiaran fue asesinado en Orereta por denunciar esta agresión.»

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