La reciente aprobación del Decreto ley sobre de la negociación colectiva, junto a la del mercado de trabajo y de las pensiones, cierra un círculo infernal que sitúa los derechos de los empresarios y del capital por encima de los derechos de las mayorías sociales. La crisis financiera ha puesto sobre la mesa, con toda nitidez, que el capitalismo no tiene límites y que la codicia es el principio ético sobre el que se sustenta.
La reciente aprobación del Decreto ley sobre de la negociación colectiva, junto a la del mercado de trabajo y de las pensiones, cierra un círculo infernal que sitúa los derechos de los empresarios y del capital por encima de los derechos de las mayorías sociales. La crisis financiera ha puesto sobre la mesa, con toda nitidez, que el capitalismo no tiene límites y que la codicia es el principio ético sobre el que se sustenta.
Las normas laborales surgieron de la lucha de la clase trabajadora a lo largo de los últimos siglos. Dinamitarlas implica retrotraer las relaciones laborales a la Revolución Industrial, y colocar el contrato individual de trabajo basado en la asimetría entre las partes, como el nuevo principio sobre el que se articula la regulación del mercado laboral. La flexibilidad, la competitividad, la rigidez del ordenamiento jurídico laboral, etc., son conceptos reinterpretados desde el poder de dirección de la patronal, que se incrustan en los núcleos centrales de la nueva regulación, adecuada a los intereses del capital y de las transnacionales. Los derechos de las minorías se imponen a los de las mayorías.
La reforma de la negociación colectiva es un eslabón más de una cadena interminable de reformas neoliberales. ¿Qué resultado práctico han dado las numerosas reformas laborales llevadas a cabo en los últimos treinta años? ¿Se han evaluado sus resultados? ¿Quién se ha enriquecido y quién se ha empobrecido? Lo que resulta muy claro y fehaciente es la complicidad entre los empresarios y el gobierno socialista. Además, el parlamento español se ha alejado de las preocupaciones de los sectores sociales más golpeados por la crisis y se ha sometido a la lógica del capital, de las transnacionales y de las instituciones de carácter financiero. El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la banca internacional y nacional… toman decisiones que afectan a las mayorías sociales, pero, ¿Quién les ha elegido? ¿Quién controla sus decisiones? ¿Las decisiones técnicas se imponen a los derechos sociales? Esta es la reforma que necesitan los empresarios. Sus obligaciones se derivan hacia prácticas voluntarias – creación de empleo, inversiones, trabajo conjunto por el progreso- y subordinadas a sus beneficios, mientras que sus derechos -privilegios-, se tutelan mediante reformas laborales de carácter imperativo y coercitivo que destruyen dichos derechos de los trabajadores y trabajadoras.
En esta lógica, el texto presentado tiene el claro propósito de restar efectividad al convenio colectivo como herramienta básica de defensa de los derechos laborales, facilitando la posibilidad de que cada empresario se descuelgue del mismo, limitando además su alcance y capacidad movilizadora.
Así, en primer lugar, el texto aprobado modifica la estructura de la negociación colectiva, apostando por los acuerdos interprofesionales, los convenios estatales – salvo en la limitadas competencias en que se aplicarán preferentemente los convenios autonómicos- y los de ámbito empresarial. Combinación nefasta que frena la consolidación del marco vasco de relaciones laborales y apuntala el poder empresarial, poniendo en tela de juicio el papel de los convenios territoriales, el instrumento que mejor ha garantizado los derechos laborales en Euskal Herria.
En segundo lugar, da una vuelta de tuerca más a la flexibilidad interna, aumentando el poder legal del sector empresarial a la hora de definir salario, clasificación profesional y horario de trabajo.
En tercer lugar, la reforma dejará sin efecto práctico la ultraactividad de los convenios –su prórroga mecánica en caso de no ser sustituido por otro posterior- de modo que los logros conseguidos por los trabajadores en años anteriores podrán desaparecer si la patronal así lo desea. Esta pérdida de derechos laborales es maquillada con la introducción de un mediador -obligatorio incluso – entre patronal y representantes de los trabajadores, que pretende diluir progresivamente la capacidad de movilización de la clase trabajadora. A su vez, se reduce el tiempo del binomiohuelga-convenio.
Esta reforma es el resultado final de un diálogo social sin confrontación democrática, de una negociación opaca, sin transparencia, llevada a cabo por cúpulas empresariales y, lo que es peor, sindicales, que secuestran el debate y apuntalan lógicas contrarias a los intereses de los hombres y mujeres de Euskal Herria. La única manera de enfrentar el resultado final de la negociación, es decir, la supuesta equidistancia del gobierno de ambas partes, es la huelga, la organización y la confrontación.
Alternatiba se sitúa en otro campo de juego, apostamos por la movilización, la organización, la extensión de alianzas con la mayoría sindical vasca y los movimientos sociales. Defender los derechos de las mayorías frente a los derechos de las minorías, no es una utopía, es una necesidad.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha lamentado que la reforma de las pensiones, “una de las normas más restrictivas, injustas y antisociales de cuantas el Gobierno de Zapatero ha llevado a cabo con el pretexto de la crisis financiera” haya sido finalmente aprobada en la Comisión de trabajo del Congreso, “sin ni siquiera discutirlo en el pleno”. Así pues, ha lamentado que “se condene a la ciudadanía a trabajar más años y cobrar menos en una de las etapas más vulnerables de la vida”.
