Propuesta para la reconstrucción de la izquierda alternativa vasca> Oskar Matute (Alternatiba)

Oskar Matute

Alternatiba

Las mujeres y hombres que formamos Alternatiba estamos empeñados, desde nuestro nacimiento como proyecto el 13 de diciembre de 2008, en dos objetivos prioritarios, ambos complementarios e indisolubles para nuestro ideario político: por un lado, sentimos la vocación y el compromiso de participar en el proceso de rearticulación para la unidad de acción de la izquierda alternativa de Euskal Herria -política y social-, entendiendo por ésta a aquélla que pretende trascender el conjunto de los sistemas de dominación actual -patriarcado, capitalismo, productivismo, imperialismo, democracia liberal, homogeneización cultural-, y apostar por una sociedad donde tengan plena vigencia todos los derechos de todas las personas y pueblos; por otro lado, partimos de la convicción de que, para ello, la izquierda transformadora necesita –y la izquierda vasca en particular- repensarse, hacer autocrítica para construir un nuevo paradigma sobre unas bases diferentes, capaces de generar una agenda política multidimensional, que incluya de manera equitativa las diferentes dimensiones de lucha antes citadas, y que a su vez se sostenga sobre estructuras organizativas de nuevo cuño, coherentes con lo que se propone, y que permitan una alianza natural entre partidos y movimientos sociales.

Podríamos entonces decir que estos dos objetivos se unen en una gran meta para Alternatiba: la construcción de un nuevo paradigma que posibilite la unidad de la izquierda alternativa vasca. Esta es precisamente la seña de identidad de este proyecto en el que nos hemos embarcado, y al que dedicamos y dedicaremos el conjunto de nuestros esfuerzos. Sabemos que no es tarea fácil, y que ni mucho menos es una labor única de Alternatiba, pero sí creemos que solamente avanzando en este sentido podremos lograr una izquierda fuerte en nuestro país, algo urgente y necesario.

En este sentido, creemos que los nuevos sujetos, las nuevas organizaciones, los nuevos espacios que se están generando, podrán proponer, desde la izquierda política, las claves que vayan perfilando este nuevo paradigma, caracterizado fundamentalmente por una agenda radical y multidimensional –que integre a feministas, ecologistas, socialistas, internacionalistas, soberanistas, etc., y por la generación de estructuras organizativas coherentes, horizontales y participativas.

Esta nueva apuesta política por revolucionar la izquierda para favorecer la unidad de acción y su legitimación por parte de las mayorías sociales, difícilmente podrá basarse sobre el tipo de prácticas políticas a las que estamos tan acostumbrados y acostumbradas en muchas organizaciones: prácticas de incoherencia entre el decir y el hacer, o entre lo que se defiende de cara afuera y lo que realmente se desarrolla hacia adentro; prácticas burocráticas y verticales, donde no hay democracia ni participación real, activa y de calidad; prácticas que hacen de lo electoral un fin último, y no un medio de acumulación de fuerzas y espacios, perdiendo así la perspectiva transformadora; prácticas de vocación exclusivamente institucional, donde éstas se entienden como herramientas para elevar demandas sociales a las instituciones, perdiendo el carácter de izquierda de lucha; prácticas que excluyen a las mujeres de la participación plena, a través de medidas y enfoques patriarcales más o menos sutiles; prácticas que visualizan a los movimientos sociales no como aliados, sino como correas de transmisión y/o caladeros de votos, etc.

Este tipo de lógicas, este viejo paradigma, es el que ha generado una agenda política que ha pensado más de manera corporativa que en claves de transformación. Así, la realpolitik ha estado caracterizada por la atomización –buscando intereses propios y no generales-; por el cortoplacismo -pensando más en resultados electorales y no en propuestas alternativas de largo alcance-; por la sectorialización –incidiendo a lo máximo en una dimensión de lucha únicamente, relegando de esta manera las demás-; por la exclusión de sujetos fundamentales -al ser visualizadas ciertas luchas como secundarias-; y por la pérdida de enfoque global –sin integrar su acción dentro de las lógicas europeas y mundiales-.

Por lo tanto, entendemos que nuevos sujetos con nuevas propuestas, radicalmente diferentes a las anteriormente señaladas, son fundamentales para ir construyendo de manera colectiva este proceso de articulación sobre bases alternativas. No obstante, también estamos preocupados y preocupadas por la atomización de la izquierda política vasca actual, como no podría ser de otra manera; pero entendemos este momento desde un punto de vista más optimista al que se suele reflejar en los medios de comunicación. Así, creemos que estamos viviendo un momento de transición, un momento de cambio, en el que los viejos sujetos, los viejos partidos, han agotado sus capacidad de propuesta, su legitimidad social, y están surgiendo nuevos espacios, nuevas estructuras, que pretenden avanzar en la meta indicada inicialmente.

Alternatiba es uno de estos espacios, y los y las que formamos parte de esta aventura política pensamos que, cuando se refuercen estas nuevas identidades emancipatorias, cuando se vayan consolidando las nuevas bases de reflexión y acción, entraremos en una nueva etapa de re-articulación y unión de fuerzas, pero sobre parámetros diferentes, más sólidos. De esta manera, no vemos el momento actual como un paso atrás, sino como el comienzo de una etapa ilusionante, de cambio profundo y necesario.

Cumplir condena sin haber sido condenado> Ander Rodriguez y Enrique Martínez (Alternatiba)

Ander Rodríguez Lejarza
Enrique Martínez-Flórez

Alternatiba

“No está acreditado que Egunkaria haya servido para financiar a la banda terrorista ETA”. “No consta que Egunkaria ni los procesados hayan servido a los fines de ETA”. “No consta que los procesados hayan legitimado las acciones terroristas o hayan exculpado o minimizado su significado”. “No consta que los procesados hayan prestado alguna ayuda específica ni genérica dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo”. Éstas son las conclusiones del Ministerio Público, no de la defensa, sino de la Fiscalía que representa el interés común, el bien público, a propósito de la actuación de los procesados del caso Egunkaria.

No queremos, ni es el momento de analizar el sumario, pero no nos resistimos a mencionar la clave que la Benemérita utiliza para solicitar la imputación y volvemos al tenor literal de lo que obra en el sumario: “Las personas que lo pusieron en marcha no tenían vinculación con la organización ETA”, para después añadir sin prueba alguna que, “precisamente, esa falta de vinculación con ETA se buscó de propósito por la banda armada”. Es decir, que si tienen vinculación, son culpables y si no, también.

A partir de aquí, nos encontramos con la siguiente situación: un proyecto de desarrollo cultural del euskera con una tirada de 15.000 ejemplares y más de 44.000 lectores no volverá a los quioscos. Egunkaria ha cumplido la condena sin haber sido condenado. Eso sí, probablemente procederá una indemnización que la AVT y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación pública, cifran en 60 millones de euros que ellos no satisfarán, sino que lo haremos todos.

¿Cómo explicamos esto en un supuesto Estado de Derecho?, ¿cómo se explica esta violación flagrante de valores constitucionales tales como el pluralismo, la libertad de expresión, de información y la tan querida para algún partido libertad de empresa del artículo 33?, ¿cómo es posible pasar de lo que resulta del tenor literal del sumario a una condena cumplida?

Sólo se explica desde la vis expansiva que ha adquirido en el sistema jurídico del reino de España el concepto de terrorismo, que se invoca cada vez más para hacer frente a fenómenos de mera disidencia. Se difuminan las fronteras entre uno y otra, se instrumentaliza la legislación penal contra el adversario político.

Egunkaria es el ejemplo de los peores abusos en la persecución del llamado entorno de ETA, de los peligros que asume una democracia cuando sacrifica las garantías judiciales y las libertades individuales en la lucha contra el terrorismo. En resumen, cuando el fin justifica los medios.

Desde esta doctrina, es fácil justificar la condena a las familias de las personas presas que supone el alejamiento, contrario a las normas del propio reino y su legislación penitenciaria. Desde esta doctrina, es fácil justificar una Ley de Partidos que niega a un amplio sector el derecho de participación del artículo 23 de la Constitución. Incluso se justifica el velo de silencio y la ausencia de investigación que rodea a las denuncias de tortura y vejaciones homofóbicas realizadas por los procesados.

Volviendo al tenor del sumario, nos encontramos con que la Benemérita criminaliza que desde Egunkaria se abogara por un Estado independiente socialista y euskaldun, porque coincide con los fines de ETA. Es decir, se niega la posibilidad de defender por medios pacíficos y democráticos la independencia, el socialismo, la cultura y la lengua vasca.

Reflexionemos ante todo lo anterior: ¿Quién justifica acciones violentas, quién carga de significado político las acciones criminales, quién defiende la privación de derechos y libertades en este caso? Los “Pactos por las Libertades” serán efectivos y justos cuando contemplen las libertades de todos y todas.

“No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu)

Transfobia> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Luis Salgado

Alternatiba

Ayer, día 5 de Noviembre, se celebró el juicio contra el dueño de una bocatería sita en la vitoriana cuesta de San Francisco, por el despido de Mª Jesús Lastra. La sentencia del Juez declaró improcedente el despido y condenó al gerente al pago de una indemnización de 1.000 euros a dicha trabajadora.

Hasta aquí, podríamos decir que todo transcurrió tal y como suele ser habitual en los pleitos laborales. El despido es libre en este país, y basta con que el empresario disponga del suelto suficiente para hacer frente a la indemnización.

Sin embargo, éste no es un despido más, ésta es una actuación aún más sangrante, porque trata de una flagrante vulneración de los derechos más elementales que deberíamos tener las personas. Mª Jesús Lastra no fue despedida por no cumplir con sus obligaciones laborales (no llegó a finalizar la primera jornada de su contrato), ni lo fue por causas organizativas o de producción (medidas éstas que están tan de moda en estos momentos de crisis). Fue despedida, única y exclusivamente, por su condición sexual, transexual, como así lo reconoció sin ningún rubor el dueño de la bocatería ante las indagaciones del juez. Y, ante esto, la única actuación de la justicia es condenar al pago de una mísera indemnización al discriminador.

Este tipo de actos deberían ser erradicados de raíz, si realmente queremos una sociedad basada en la igualdad de derechos de todas las personas que la componen. Y tener las mismas oportunidades a la hora de acceder a un empleo es una piedra angular para lograr dicha igualdad de los sectores sociales hasta ahora marginados, transexuales, gays, lesbianas, mujeres en general, inmigrantes…

Sin embargo, si el despido en sí, o la propia sentencia, son evidencias claras de la existencia de diferentes grados de ciudadanía, más preocupante aún es el eco social que este acto de discriminación ha tenido. Ya sea en los medios de “desinformación” de masas, donde apenas a ocupado una mínima reseña en el mejor de los casos, como en la calle. Baste como ejemplo la concentración frente a los juzgados, convocada por EHGAM-DOK, y que apenas nos reunió a una veintena de personas bajo la pertinaz lluvia.

No debería bastarnos con promesas inútiles de igualdad, con palabras huecas, y actos de cara a la galería de los gobiernos de turno. La igualdad de las personas no puede ser un negocio electoralista, sino el principal argumento educativo. Actuaciones como la de este empresario deben ser perseguidas y denostadas por el conjunto de la sociedad. Y, sobre todo, por aquellos a los que gusta tanto alardear de su magnífica Constitución…

El artículo 14 de la Constitución dice: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Salud y a vivir!

Argazkia: EHGAM

SOS: derechos y libertades

Luis Salgado, Amaia Agirresarobe y Oskar Matute

Alternatiba

Decía Bertolt Brecht en alusión a la época que le tocó vivir, que “tiempos difíciles son aquellos en los que hay que luchar por lo que resulta evidente”. Sin duda han pasado muchos años desde esta aseveración, pero perfectamente podría aplicarse al momento que nos toca vivir en Euskal Herria y en el mundo.

Resulta evidente que toda sociedad democrática que se precie debe hacer su máxima principal de la vigencia de los derechos y libertades para todos y todas. De igual manera, resulta evidente que en dicha sociedad, compuesta por hombres y mujeres libres, la violencia no tiene cabida alguna.

Pero, desgraciadamente, estas premisas teóricas no se cumplen en la práctica cotidiana de nuestro pequeño y atribulado país. De esta manera, además de la vulnerabilidad general en la que se encuentran los derechos de la mayoría de personas y pueblos de este planeta, Euskal Herria está viviendo actualmente una espiral muy preocupante de conculcación de los derechos civiles y políticos. Así, es necesario y urgente responder de una manera clara y contundente: todos los derechos para todas las personas.

En este sentido, no descubrimos nada, ni decimos nada nuevo, si afirmamos que ETA, con su violencia irracional, es un claro agente vulnerador de consecuencias éticas, políticas y sociales nefastas para la convivencia y el desarrollo social en nuestro país; por lo tanto, la denuncia de su estéril y dolorosa estrategia militar es ineludible.

En cualquier caso, la existencia de esta violencia, que debe cesar de inmediato y para siempre, no puede ni debe servir de coartada para la conculcación sistemática de derechos y libertades, que de forma continuada y preocupante vienen reproduciéndose en nuestro territorio.

Así, desde hace ya bastante años, la respuesta que el estado y sus aparatos han dado frente a la violencia de ETA ha sido la de profundizar en las vías represivas, negando derechos y libertades básicas y generando una fractura social que acompaña a la fractura identitaria que preconizan con sus palabras y sus hechos.

Es obvio que en Euskal Herria, y a modo de laboratorio de pruebas, se han puesto en pie iniciativas, algunas de ellas de carácter legislativo, que suponen una estocada mortal al basamento democrático de nuestra sociedad.

Para ilustrar tal aseveración baste con citar, y a modo de ejemplo de un corolario más amplio, tres hitos o elementos que la avalan:

El estado español y su gobierno siguen mirando hacia otro lado ante la reiterada denuncia de Amnistía Internacional y de otros organismos autónomos sobre la práctica de la tortura por parte de los cuerpos policiales del estado. La aceptación y ocultación de la tortura no sólo envilece a quien la practica, sino que mancha a quienes la toleran o la aceptan.

El estado español y su gobierno siguen despreciando decisiones mayoritarias del parlamento vasco, y negando de paso su pretendida soberanía, al mantener la cruel e inhumana política de dispersión para los presos y presas de Euskal Herria. Esta, además de ser contraria a la ley desde el punto de vista de la reinserción y resocialización que debe guiar la política penitenciaria, supone un castigo añadido a aquellos y aquellas que nada han hecho, sus familiares.

El estado español y su gobierno han puesto en marcha una ley, conocida como ley de partidos, que, fabricada ad hoc para eliminar a una sensibilidad política legítima, recorta derechos y libertades básicos como el de asociación, manifestación, expresión y participación política. Esta ley, amén de la rentabilidad electoral evidente que produce para quienes la sostienen y defienden, supone un ataque frontal al sistema de libertades públicas, y dada su laxa interpretación, sirve para detener y encarcelar a dirigentes políticos molestos para los turbios intereses del gobierno. Ahí cabe enmarcar la detención de Arnaldo Otegi, Rafa Díez y otros.

Bastan estos ejemplos para hacernos una composición de lugar del momento político en que nos encontramos. No obstante, desde Alternatiba creemos que no es momento de resignación, ni de aguardar a que lleguen tiempos mejores, escondidos y escondidas en nuestros refugios.

Es momento de hablar claro, de denunciar, y de hacer. Si la superación del sistema económico, social y político dominante ha sido objetivamente impedido -en parte por la persistencia de la violencia de ETA-, es el momento de que ésta desaparezca, permitiendo así la articulación de unas relaciones fluidas entre las diferentes izquierdas de Euskal Herria, que hagan de la unidad de acción no una excepción sino una práctica constante.

Es también momento de poner en evidencia lo ridículo de las actuaciones llevadas a cabo por el departamento de Interior, capitaneado por el señor Ares, en la persecución de ideas y proyectos legítimos. Hay por tanto que denunciar el papel arbitrario de los aparatos judiciales que actúan bajo mandato del poder político.

Es, en definitiva, tiempo para que la izquierda plural y diversa de este país ponga en pie una denuncia clara y contundente de los desmanes producidos por uno y otro lado, porque si no lo hace la izquierda, nadie lo hará.

Además, no queremos dejar pasar la oportunidad para señalar con claridad que Euskal Herria no vive aislada, que los recortes de derechos y libertades son, lamentablemente, una práctica general en nuestro planeta. Quizás aquí los suframos, en estos ámbitos específicos, con especial intensidad, pero se trata de una triste realidad global.

Que no se nos olvide a quienes nos sentimos de izquierda que los derechos son pisoteados por el poder de diferentes formas. Lo son cuando no se ponen en pie políticas de igualdad efectiva y real para lograr los derechos de las mujeres, cuanto existe una parte de la ciudadanía que goza de menos derechos que el resto por la única razón de haber nacido en un lugar del que no tuvieron más remedio que marchar. Lo son cuando los derechos de los trabajadores y trabajadoras son pisoteados sistemáticamente para aliviar la situación de quienes con su ambición han provocado la crisis que sufrimos. Lo son cuando nuestro derecho a un medio ambiente sostenible es sacrificado con macroproyectos para mayor beneficio de las mínorías/de las personas/de los grupos…de siempre.

Sin duda, desde la izquierda en Euskal Herria, tenemos una agenda repleta de situaciones que revertir, y en nuestras manos está empezar a hacer, o seguir lamentándonos y contentándonos con sus migajas. Las gentes de Alternatiba lo tenemos claro, hay que construir la izquierda: todos los derechos para todas las personas.

El municipio 51> Johnny Salgado (Alternatiba Gasteiz)

Johnny Salgado

Alternatiba

La SIEP (Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios) acaba de dar el pistoletazo de salida definitivo a la construcción en Araba de una macro-cárcel. La envergadura del proyecto es tal que el penal ocupará una superficie similar a una veintena de campos de fútbol y supondrá una inversión de 103 millones de euros. Así, los 720 reclusos y el medio centenar de funcionarios penitenciarios (carceleros) que custodiarán el recinto convertirán al penal de Zaballa en el decimosexto ‘municipio’ alavés de un total de 51. Albergará a tantas personas entre sus muros como habitantes tienen Labastida o Laguardia, llegando incluso a superar a localidades como Santa Cruz de Campezo.

El proyecto no se ha librado de una agria polémica entre las diferentes instituciones y, a día de hoy, está pendiente de la resolución que dictamine el Tribunal Supremo tras la demanda interpuesta por las Juntas Generales de Araba. Pero que nadie se engañe, la controversia no viene dada por la propia infraestructura en sí, sino por el impacto medioambiental de la misma. Es más, tal debe ser la imperiosa necesidad que, mientras en un principio esta moderna y súper-segura prisión iba a sustituir a la vetusta ya existente, parece ser que, de un tiempo a esta parte, la SIEP valora la posibilidad de mantener ambas por necesidades de saturación. Sin embargo, pocas son las voces que se alzan o cuestionan el fondo de la cuestión: el propio sistema penitenciario.

“Se ha instalado la simplista e inexacta idea de que la manera de combatir la delincuencia es mandar cada vez más gente a la cárcel. España se ha puesto a la cabeza de Europa en población penada, pese a que no es de los países donde se cometen más delitos ni de más gravedad. Esta filosofía ha puesto al sistema penitenciario español al borde del colapso. (…) Cada cuatro años (el tiempo que cuesta hacer un centro de 1.000 plazas) la población reclusa se incrementa en 6.000 personas. (…) Si los legisladores siguen valorando que la manera más efectiva de abordar los problemas sociales es enviar a más gente a la cárcel, desoyendo la opinión de los expertos que dicen que la privación total de libertad es antitética con el tratamiento de determinadas patologías; si no se generaliza la utilización de medidas alternativas de cumplimiento de las penas que las leyes ya contemplan, la situación será inasumible.” Esta reflexión ha sido realizada por la propia Mercedes Gallizo, Directora General de Instituciones Penitenciarias.

Ha llegado el momento de que la sociedad moderna supere la idea de que las prisiones son el destino inevitable al que están abocadas todas las personas que incumplen las normas penales. No es razonable. No es útil. No es realista. He aquí 10 razones por las que oponerse a la construcción de más cárceles:

1º Ineficacia de la rehabilitación: Más del 90% de la población reclusa lo es por delitos menores. Normalmente no tienen dinero, ni empleo, ni educación, ni vivienda y, en muchos casos, son adictos a las drogas. Estos problemas no son solucionados en la cárcel y, por tanto, al salir de ella, se verán abocados a reincidir. Mientras no se traten los problemas sociales, la teórica política de rehabilitación de las cárceles será tan solo una quimera populista.

2º Ineficacia preventiva: A mayor dureza de las penas (mayor duración de las mismas), mayor masificación de las cárceles, sin embargo, salvo en casos marginales, no han producido una reducción de los delitos.

3º Ineficacia incapacitadora: El desarrollo penal en los EEUU puede verse como un macro-experimento de incapacitación colectiva: las tasas de criminalidad no han dejado de crecer. Cada año, nuevas generaciones de jóvenes delinquen y nada se soluciona manteniendo a las viejas en prisión. Todo lo que se logra es un aumento de la población reclusa pasmosa.

4º ¿Justicia?: Se convierte el comportamiento criminal en tiempo cual simple fórmula matemática. Sin embargo, ¿quién puede considerar justa una sentencia de 2 años de cárcel por robar una pizza, cuando grandes estafadores apenas tienen que pisar un centro penitenciario?

5º Irreversibilidad: Sólo se plantea el derribo de una prisión cuando ha quedado en medio del casco urbano. La teoría social de “no en mi patio” y una falsa y demagógica humanidad de los mandatarios lleva a la vieja prisión a ser sustituida por otra, por supuesto más segura.

6º Insaciabilidad: Es la misma cárcel la que fagocita insaciablemente desde su nacimiento todos los cambios que se puedan proponer. Planifíquense cien cárceles y las cien estarán sobresaturadas antes de ser terminadas.

7º Inhumanidad: Las cárceles modernas no son más humanas: la vídeo-vigilancia suprime los lugares de intimidad, los controles físicos son tan exhaustivos que a veces se obliga al preso a colocarse desnudo sobre un espejo para observar su interior o se le sienta en un retrete hasta obtener sus excrementos… Pero el control total no se logra completamente y, por tanto, la espiral de desarrollo de nuevos métodos y de inhumanidad continúa.

8º Quiebra de los valores: La construcción de nuevas cárceles es, en sí misma, la intensificación de la guerra contra los pobres. Cientos de estudios (muy recomendable Demasiado de nada… las condiciones de vida y la procedencia social de las personas condenadas, de Lotte Rustad) muestran que cuanto “más involucrado” se está en el sistema penitenciario, más pobre se es.

9º No ayuda a las víctimas: La creación de nuevas cárceles no alivia el dolor de las víctimas y, sin embargo, sí promociona en el subconsciente colectivo una psicología personal de venganza. Debieramos aumentar las ayudas a las víctimas de delitos ‘serios’ en vez de incrementar el castigo a los infractores.

10º La masificación puede ser resuelta por otras vías: La mayor parte de los reos cumplen condenas de larga duración por delitos menores reiterados. Si realizásemos una escala condenatoria a la inversa, donde la pena mayor se impusiera por grandes delitos y desde ésa fuésemos reduciendo los tempos condenatorios, nuestra población reclusa tomaría una senda de decrecimiento.

Quizás aún no sea el momento de hablar de abolición del sistema penitenciario, pero lo que no podemos permitir es que éste nos fagocite y atrape. 6.000 reclusos más cada cuatro años es una cifra más que considerable como para que alguien pueda plantear el fracaso de este sistema desde su planteamiento. Mientras esto ocurre, demos la bienvenida al ‘municipio 51’ del Territorio Histórico de Araba.

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