Declaración institucional de la Diputación de Gipuzkoa con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista

Donostia, 24 de noviembre de 2011. La Diputación foral de Gipuzkoa se ha vuelto a comprometer con el desarrollo de “políticas de igualdad feministas que mejoren la soberanía de las mujeres para enfrentarse a la violencia sexista y a ampliar la mirada sobre sus diversas manifestaciones para poder intervenir de manera integral sobre ella”, mediante la aprobación por el Consejo de Diputados de una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista.

La directora general de Igualdad, Laura Gómez, ha abogado por que “la lucha contra la violencia machista sea una apuesta política real de primer orden” y ha recordado que la Diputación Foral de Gipuzkoa ha creado una comisión político-técnica de coordinación entre la dirección de igualdad y el departamento de política social para impulsar políticas de lucha contra la violencia hacia las mujeres desde una perspectiva integral que aborde tanto la sensibilización y prevención, como la atención e intervención.

“Estamos demasiado acostumbradas a discursos de compromiso político que se trasforman, finalmente, en gestión de la miseria, en coartadas electorales y en la expresión del populismo más rancio”, ha denunciado Gómez que se propone “combatir, de manera real y efectiva, las desigualdades entre mujeres y hombres en todos lo ámbitos de la vida”, desde la dirección específica adscrita al Diputado General que le otorga el rango de transversal. La directora de Igualdad ha recordado que “no hay credibilidad política sin dotar a las políticas públicas de igualdad y, por tanto, de lucha contra la violencia machista, de recursos económicos y humanos suficientes para ello”, por lo que destaca que el presupuesto de la dirección ascienda a 1.744.702 euros, un 242% más que en 2011.

La declaración institucional aprobada por el ente foral hace un llamamiento a contemplar la violencia machista “como un problema estructural” y que, por tanto, “no podemos hablar de la violencia que sufren las mujeres en tanto víctimas de agresiones y no hablar de la estructura profundamente machista de la sociedad que es en última instancia quien genera, reproduce y tolera dicha violencias”.

En ese sentido, aunque la violencia machista es la que vive cualquier mujer por el hecho de ser mujer, la Declaración Institucional señala que “el ser una mujer en situación administrativa irregular, la carencia de autonomía económica, la realización de determinados empleos en condiciones muy precarias o alegales, coloca a las mujeres en una situación de vulnerabilidad aun mayor para sufrirla”.

Así, el texto aprobado destaca que “es imprescindible la labor a realizar con la juventud y mostrarles por qué, quién y cómo se expresa la violencia sexista y su relación con la construcción de una forma de ser “hombres” y “mujeres” coercitiva, jerarquizada e injusta”. Además, el texto destaca la “necesidad de referentes positivos y diferentes de ser mujeres y hombres” que muestren, también, nuevos modelos de relación entre ambos.

Por último, el ente foral anima a las y los guipuzcoanos a participar en las diferentes actividades, talleres y manifestaciones organizadas por colectivos feministas, asociativos de mujeres e instituciones públicas con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista de mañana.

Mujeres colonizadas

Con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres, desde Alternatiba ponemos en marcha una campaña que hemos llamado “Mujeres colonizadas”. Una campaña basada en un cartel que hemos recogido del grupo de feministas argentinas llamado “Mujeres públicas”. A ellas les debemos la imagen y el espíritu de esta campaña y por eso les agradecemos que, haciendo accesibles todas sus creaciones en su página web, estén ayudando a construir activismo feminista aquí y allá, y contribuyendo a fortalecer redes de intercambio y solidaridad feministas.

Además de visualmente atractiva, creemos que es una campaña que recoge de acertádamente el concepto que tenemos en Alternatiba de la violencia contra las mujeres.

La Pinta, La Niña y la Santa María fueron los barcos utilizados por Colón en su “descubrimiento de las Américas”. En esta imagen se pretende establecer una relación irónica entre la colonización de América y la colonización de los cuerpos y vidas de las mujeres. Reflejar como la violencia contra las mujeres es la puesta en marcha de múltiples estrategias patriarcales para conquistar nuestros cuerpos; para someternos sexual, económica y políticamente; para restringir, en definitiva, nuestra libertad.

«La Santa María» tiene para nosotras un vínculo directo con la Iglesia católica, que a partir de ideas como el sacrificio y la culpa, intenta someter a las mujeres al no-disfrute de sus cuerpos y su sexualidad. Esa Iglesia que pretende colonizarnos promoviendo campañas anti-aborto, cuestionando la libertad de opción sexual, callando ante las mujeres asesinadas a manos de sus parejas.

«La niña» pretende recoger aquellas formas de violencia que se ejercen contra las mujeres desde que somos niñas, desde la educación que recibimos, atribuyéndonos unos roles que delimitan con claridad lo deseable para nosotras, lo que debemos y podemos ser.

«La Pinta», finalmente, refleja todas los mandatos patriarcales de belleza que recaen sobre las mujeres, en un intento de esclavizarnos y uniformizarnos con un modelo de mujer imposible, siempre objeto de deseo para otros.

Desde Alternatiba creemos que la violencia tiene múltiples expresiones. Los malos tratos son solo la punta del icerberg, y por eso, a través de este cartel queremos recoger otras expresiones que casi todas las mujeres hemos vivido en alguna ocasión, y que comparten un objetivo último que es privarnos de la libertad de decidir.

En Alternatiba consideramos necesario un esfuerzo por reconceptualizar la violencia y esto pasa por afirmar que la violencia machista contra las mujeres tiene carácter estructural, que hunde sus raíces en una organización social construida sobre la base de la opresión, explotación y dominación histórica de los hombres sobre las mujeres.

Por tanto, es necesario ampliar la mirada sobre sus diversas y múltiples manifestaciones, así como sobre los espacios en las que se produce. Son violencia los malos tratos y las agresiones sexuales, pero también es violencia aquélla que se da en el espacio público, o cuando se considera como normal que las mujeres tengamos que ir “escoltadas” preferiblemente por hombres para poder caminar libremente por algunos lugares a determinadas horas.

Así mismo, cuestionamos la victimización constante de las mujeres. El único papel que se deja a las mujeres que sufren violencia es el de víctima, no trabajando en cambio cuestiones como la identificación de la violencia y los mecanismos de defensa frente a ella.

Ante una realidad tan compleja y consecuencia de un modelo de organización patriarcal, no valen respuestas simples y parciales, y no pueden basarse, únicamente en respuestas policiales, judiciales o asistenciales. Tienen que darse respuestas integrales y colectivas basadas en el empoderamiento de las mujeres y que posibiliten cambios reales en las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y por tanto, en las formas de organización social.

Por todo ello, desde Alternatiba consideramos que las instituciones tienen que ser garantes de todos los derechos para todas las mujeres y por eso exigimos:

– Que la lucha contra la violencia machista sea un compromiso político real de primer orden y para ello se cuente con recursos suficientes.

– La existencia de políticas de igualdad transformadoras en coordinación con el resto de políticas públicas (servicios sociales, educación, ordenación urbana y seguridad)

– Que se creen espacios de interlocución política con el movimiento feminista y asociativo de mujeres.

– Que se trabajen la sensibilización y prevención en materia de violencia machista.

– Visibilizar otras violencias como la homofobia, la transfobia o la lesbofobia.

– Políticas flexibles y adaptables al contexto, a la diversidad de las violencias machistas y a la diversidad de las mujeres (diversidad funcional, migrantes, jóvenes, drogodependientes, etc.).

– Servicios y recursos descentralizados que garanticen su uso igualitario para todas las mujeres al margen del lugar en el que residan, poniendo especial atención a las mujeres de las zonas rurales.

Así, para el próximo 25 de noviembre, hacemos un llamamiento a sumarse a todas las actividades y movilizaciones organizadas en torno a este día por el movimiento feminista. Un día para salir a la calle y gritar que seguiremos luchando hasta que todas seamos libres. Libres de todo tipo de violencia.

Movilizaciones convocadas en las capitales de Hegoalde para este viernes:

BILBO: 20:00 Plaza Arriaga

GASTEIZ: 20:30 Plaza de la Virgen Blanca

DONOSTIA: 19:00 Bulebarrean

IRUÑEA: 20:00 Plazadel Castillo

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Oskar Matute en Anoeta: «No quieren que cambie nada porque tienen miedo a perderlo todo»

Arratsalde on hona hurbildu zareten ezkertiar, ekologista, feminista, sindikalista, abertzale eta subiranista guztiei. Zoriondu behar zaituztet, Belodromoa bete egin dugunok argazki historiko baten parte garelako, zutik dagoen herriaren irudia osatzen dugulako, herritar guztientzako askatasuna eta duintasunaren bila dagoen herriaren oihartzuna garelako. Gora Amaiur! Gora zuek!

Vivimos tiempos decisivos, tiempos intensos para nuestro país. Tiempos de movilización social, de luchas populares y también tiempos de esperanza de paz y solución para un conflicto político que no puede prolongarse ni un minuto más. Y quienes estamos hoy aquí, somos y representamos parte de esa esperanza, de esa ilusión por dar la vuelta a un sistema político, social y económico profundamente injusto y antidemocrático para Euskal Herria.

Y lo cierto es que en el actual momento de crisis que padecemos; económica, de valores, de sistema, el PP, el PSOE y el PNV solo son capaces de ofrecernos sumisión al capital, paro, destrucción de nuestro medio ambiente, precariedad, desigualdad e injusticia, hasta convertirnos en esclavos sometidos a la dictadura de los mercados.

Eta merkatuen aurrean burua aspaldi makurtu dutelako jendearen haserrea eta indignazioa eragin dute. Hemen haserre horrek badu izena, Amaiur!

Amaiur ha llegado para decirles que ha llegado el momento de romper las cadenas y gritarles con fuerza que este pueblo, sus gentes, están en pie y que está dispuesto a pelear por todos sus derechos, que va a conquistar su libertad!

Libertad para construir una Euskal Herria donde la igualdad de mujeres y hombres sea una realidad y no un deseo y el patriarcado un vestigio del pasado, donde cada persona tenga el derecho a amar a quien desee tenga el sexo que tenga, donde la preservación de nuestra amalurra sea obligada y destierre de nuestras tierras los macro proyectos, donde el ejercicio de la soberanía alimentaria sea la forma más justa de preservar nuestro agro y a nuestros baserritarras. Una Euskal Herria donde la cultura nazca del pueblo y para el pueblo, no con uno, sino con mil kukutzas!

Guztion artean eta guztiontzat eraikitako Euskal Herria, behetik eta ezkerretik, erabat demokratikoa, bere langileen borroka amaitezinarekin harro dagoena, haien eskubideen eta duintasunaren defentsan grebara atera direlako. Jakin dezazuen: zuen borroka gure borroka da.

Vamos a conseguir tener una nación soberana capaz de participar de la lucha otros pueblos. Aquella frase del Che nos recordaba que “la solidaridad es la ternura de los pueblos”. Y al igual que él pudo hacer, llegará un día en que un ciudadano vasco se suba al estrado de las Naciones Unidas en su condición de representante del estado 195, porque el 194 será Palestina, para proclamar al mundo que existimos!

Y para la consecución de este objetivo tendemos un puente a todas aquellas personas que en Euskal Herria aspiren a que la igualdad, la democracia, la justicia social y la solidaridad sean una realidad.

Gure helburua lortzeko iraultza demokratikoa behar dugu, herri honek ahots burujabea izan dezan, aldaketarik nahi ez duten elite politiko eta ekonomikoen gainetik. Ez dute aldaketarik nahi dena galduko duten beldur direlako.

No quieren que cambie nada porque tienen miedo a perderlo todo.

Y tal vez, algunos, probablemente los del PP, se embriaguen de éxito el día 20. Pero que tengan muy clara una cosa: Que su victoria será muy amarga porque su resaca y su dolor de cabeza tienen un nombre, Amaiur, y que no cesarán hasta que este pueblo y sus gentes sean dueñas de su futuro.
Etorkizuna gurea da, elkarrekin eraiki dezagun zubia

GORA EMAKUMEEN BORROKA!
GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA!
GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA!

¿Se puede debatir sobre el burka?

“Pienso que, al igual que la tortura o la esclavitud, el burka no puede debatirse. Mi sentimiento profundo es que hay que prohibirlo en el espacio público”. La que escribe con esta contundencia es la conocida feminista Wassyla Tamzali (Argelia, 1941) en su libro El burka como excusa. Terrorismo intelectual, religioso y moral contra la libertad de las mujeres. Tamzali –abogada, periodista y responsable durante dos décadas del programa de la UNESCO que vela por la igualdad de género– sostiene que llevar el velo en cualquiera de sus variantes es una posición ideológica y política a la que hay que combatir a través de una lucha en la que entran en juego cuestiones sociales y culturales y que “tiene como marco intelectual la deconstrucción del patriarcado”. Y en esta lucha que se libra también en suelo europeo la autora se ha sentido a menudo incomprendida. ¿Cuáles son las razones por las que sectores importantes del movimiento feminista y de la izquierda se oponen a su prohibición en esta orilla del Mediterráneo? En su opinión, buena parte de nuestros reparos se deben a que, a menudo, tras las voces que exigen que se impida su uso se esconde un discurso xenófobo, racista y de extrema derecha al que la falta de libertad de las mujeres nunca le ha importado. Así, el velo es una excusa para señalar al otro como un bárbaro al que hay que expulsar de nuestras sociedades avanzadas.

Desde luego, las tesis y las simpatías de la autora no pueden estar más lejos de “las nauseabundas posiciones de extrema derecha”, por eso precisamente lamenta que las corrientes europeas que luchan en favor de la integración, del entendimiento entre culturas y de la igualdad real entre hombres y mujeres no hayan sido capaces de abanderar esta prohibición que, además, “hubiera ayudado a que perdiesen el miedo muchas personas mudas ante la inconcebible moral sexual de dominación de las mujeres en nombre de una religión”.

Nadie duda, tampoco Tamzali, que nos encontramos ante un problema complejo, y quizá por ello sería conveniente vaciar de un supuesto contenido cultural o religioso el uso de los diferentes tipos de velo. No hay una sola alusión a éste en el Corán y el origen del burka se encuentra en una costumbre local de Afganistán. De ahí la pertinencia de considerar el velo como un mero “acto de maltrato físico, social y sexual”.

Completa este volumen un interesante informe elaborado por Itziar Elizondo sobre las iniciativas políticas presentadas hasta la fecha en el Estado español para prohibir el velo integral –y en algunos casos el hiyab, que deja el rostro al descubierto– en los espacios públicos. Unas iniciativas que ponen de manifiesto la ausencia de un debate político en el que la libertad de las mujeres sea el elemento central. En lugar de ello, “se ha iniciado un politiqueo lamentable con un objetivo: no perder votos y quién sabe si no ganar otros, antes impensables”. Basta con echar un vistazo a la actualidad política catalana para recordar que esa extrema derecha de la que nos advierte Wassyla Tamzali se frota las manos ante nuestra indiferencia.     

El burka como excusa. Terrorismo intelectual, religioso y moral contra la libertad de las mujeres, Saga Editorial, 2010. 142 páginas, 14,90 euros.

    

Amatxus con sus carritos

“Amatxus con sus carritos”. Así se titula la nueva oferta de Bilbao Kirolak para mujeres. El Ayuntamiento de Bilbao, a través de Bilbao Kirolak, nos envía con las cuatro palabras que dan nombre a este nuevo curso deportivo varios mensajes muy preocupantes:

¿Qué imagen sobre las mujeres tiene Ayuntamiento? Las únicas actividades específicamente para mujeres que se dan desde Bilbao Kirolak están directamente relacionadas con la maternidad: cursos para mujeres embarazadas y, ahora, este curso para llevar a cabo con carritos. ¿Cree el ayuntamiento que sólo hay mujeres madres, o cree que a las mujeres sólo les interesa hacer deporte cuando son madres? ¿Por qué no hay ni un solo programa de promoción del deporte entre mujeres, y específicamente entre niñas, siendo patente que las mujeres practicamos deporte en menor medida?

¿Qué opina el Ayuntamiento sobre la difícil cuestión de la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado, en este caso, de criaturas? Parece que nos dan una respuesta clara a través de este curso; la responsabilidad en el cuidado es de las mujeres. No se facilitan cursos simultáneos deportivos para niños y niñas de manera que padres y madres pudieran asistir a los cursos de la oferta general. En vez de eso, idean la manera para que, incluso haciendo deporte, una actividad de ocio, de tiempo dedicado para una misma, las mujeres estemos inseparablemente unidas a nuestros retoños.

Asimismo, ¿Qué hace el Ayuntamiento para facilitar la accesibilidad en Bilbao, accesibilidad que afecta también a la movilidad con carritos de niñas y niños? Quizá, como sigue estando entre sus planes no hacer nada con la falta de accesibilidad en muchas zonas de Bilbao y en algunos autobuses urbanos, han decidido que antes de acometer mejoras urbanísticas les salía más a cuenta hacer un curso para que las mujeres que llevan a sus criaturas en carrito estén mejor dotadas físicamente para subir escaleras o plegar sillas, para coger a la criatura en un brazo, la silla en la otra y cual sansona subir las estrechas escaleras de un autobús para trasladarse a algún barrio inaccesible para carritos de niños a pie.

En fin, tras conocer esta oferta no nos sorprenderá para nada que el título del siguiente curso sea “Aitatxus con sus cañas”.

 

Carmen Garcia

Miembro de la Mesa de Feminismo de Alternatiba

Alternatiba estará mañana en Hondarribia a favor del alarde mixto

Al igual que lo hiciera en Irún a finales de junio, una representación de Alternatiba estará mañana en Hondarribia en defensa del Alarde igualitario y arropando a la compañía Jaizkibel. Una delegación de Alternatiba encabezada por Ana Etxarte y Begoña Vesga, (concejalas de Bilbo y Eibar respectivamente dentro de la coalición Bildu) reclamará, junto con cientos de hombres y mujeres de Hondarribia, una participación en las fiestas  en igualdad y abierta a todas las personas.

La portavoz de Alternatiba Ana Etxarte ha denunciado las actitudes del alcalde de Hondarribia, del Departamento de Interior del Gobierno Vasco y de las instancias judiciales que han dado por buenos los cambios en el recorrido impuestos por los mismos a la compañía Jaizkibel, “porque tras una larga y dura lucha de 15 años castigan y tratan de ocultar a las mujeres”. Igualmente, ha lamentado que “Emakunde no haya trabajado para que este mismo año el Alarde estuviera libre de discriminación”, considerando “inaceptable” el anuncio de que tratará de que el año que viene pueda recuperarse el recorrido habitual.

Etxarte ha recordado que la lucha por el Alarde igualitario comenzó hace ya 15 años, por lo que, además de aplaudir la lucha llevada a cabo en Irún y Hondarribia, les ha instado a seguir adelante hasta conseguir una fiestas públicas, participativas y libres de cualquier tipo de discriminación”.

Video entrevista: Ariznabarra, 34 meses en huelga

Hace casi tres años, 90 mujeres trabajadoras de la  Residencia “Ariznabarra” para la tercera edad decidieron iniciar una huelga en defensa de sus derechos laborales. La huelga terminó 34 meses después. Este video es una breve crónica de un conflicto que ilustra la injusticia del actual modelo de cuidados, la responsabilidad de las instituciones públicas y la fuerza de lucha colectiva. 

El enmascarado proceso de privatización de los servicios de cuidados

Foto: Natalia IniguizAsistimos, en la actualidad, a un fuerte proceso de desmantelamiento del estado de bienestar que pasa, en parte, por la privatización de lo público. Entre el carácter público de un servicio y su privatización no hay un abismo insondable, sino una línea de continuidad en la que la mercantilización se va justificando a medida que se redefine la propia noción de lo público. Se dice, por ejemplo, que el Sistema Vasco de Servicios Sociales (SVSS) garantiza los derechos de la ciudadanía aunque estos servicios se proporcionen por entidades privadas concertadas – con o sin ánimo de lucro – porque, en última instancia, hay un control de calidad y una financiación pública.  Este proceso, más o menos sutil, oculta las verdaderas intenciones de las instituciones públicas vascas de crear nuevos espacios para la obtención de beneficios privados, adelgazando la responsabilidad pública en la satisfacción de las necesidades de cuidados y reforzando el desigual acceso a un derecho tan básico como el cuidado a personas en situación de dependencia. La actuales políticas públicas en relación a la provisión de cuidados podría simplificarse en un lema que no nos encontraremos en las marquesinas de los autobuses: “derechos sí, siempre que puedas pagarlos”.

El reconocimiento de la iniciativa privada en la provisión de cuidados recibió un gran espaldarazo después de la aprobación de la Ley de Dependencia y la Ley de Igualdad. A partir de estas dos leyes se fortalece la expansión de las empresas privadas, muy interesadas en obtener una parte de los beneficios que generan los cuidados. De esta manera, los cuidados siguen recayendo en manos femeninas pero no sólo dentro de la institución familiar sino también en el mercado laboral.

Así, el erroneamente denominado cuarto pilar del estado de bienestar nace más privatizado que ninguno de los otros tres (sistema de salud, educación y pensiones) al prever desde el inicio la existencia de prestaciones económicas asociadas a la compra de servicios en el mercado. En otras palabras, se da por hecho que la red pública será insuficiente, y no de manera temporal ni excepcional, sino generalizada y sostenida en el tiempo. Además, la figura del copago alcanza unas proporciones desconocidas en comparación con otros servicios públicos. De acuerdo con la memoria económica de la ley de dependencia se calcula que el copago financiará el 35% del coste total, fomentando la transferencia de recursos de las personas en situación de dependencia hacia el capital privado. No es el conjunto social quien, en base a un principio de solidaridad, se hace cargo del coste de un servicio que debería ser público, sino que se responsabiliza a las propias personas en situación de dependencia de sus diferencias.

Por otro lado, la privatización no ha servido para visibilizar socialmente el trabajo de cuidados en la medida que entendemos que ésta tendría que ver con: remuneraciones decentes, reconocimiento de saberes y derechos laborales asociados. Muy al contrario, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, tanto en el ámbito de lo público (donde todas las Diputaciones vascas, sin excepción, han promovido procesos de subcontratación, precarizando así el empleo en el sector público), como en el de lo privado con y sin ánimo de lucro. Así, después de la última reforma laboral y sin mecanismos expresos de exigencia por parte de las instituciones públicas, todo apunta a la consolidación de un sector con alarmantes índices de precariedad, tal y como demuestran la proliferación de conflictos laborales en el sector a lo largo y ancho de Euskal Herria.

A pesar de la creciente precariedad del sector, las instituciones y un discurso neoliberal cada vez más extendido defienden la privatización de los cuidados en la medida que crea un nuevo espacio de expansión empresarial y permite aumentar la tasa de ocupación femenina. De acuerdo con este discurso, estaríamos matando no sólo dos sino tres pájaros de un tiro: mayor tasa de empleo femenina,  mejor cobertura en la satisfacción del trabajo de cuidados introduciendo mayor flexibilidad en la gestión y una mejora de los supuestos indicadores de bienestar: a saber, el incremento del PIB y tasa de empleo. El último estudio elaborado por el PSOE en el País Vasco, siguiendo a pie juntillas lo dictado por el PNV, lo expresa muy claramente en su lista de recomendaciones “a las administraciones públicas con competencias en materia de servicios sociales se les recomienda que integren el potencial de empleo y crecimiento económico en la evaluación del coste/beneficio del despliegue del sistema de servicios sociales y en la reflexión sobre su sostenibilidad”.

Este discurso que se extiende bajo la falsa promesa de más empleo para las mujeres silencia el impacto del proceso de privatización sobre la garantía de derechos de toda la ciudadanía y, en especial, de los de las mujeres. Por un lado, ignora la dificultad de garantizar unos cuidados de calidad cuando están sujetos a una lógica productivista ya que las empresas privadas establecerán estándares de calidad sumamente diferenciados según el precio que se puede pagar, provocando un crecimiento muy fuerte de las desigualdades sociales. En otras palabras, cada persona recibirá los cuidados precisados en intensidad, contenido y calidad desigual según el poder adquisitivo.

Por otro lado, se fortalece un sector caracterizado por el recorte de los costes laborales, siendo ésta la vía fundamental de reducción de costes en un sector intensivo de trabajo. Esto supone la imposición de una fuerte presión a las trabajadoras, que intentan proporcionar un buen servicio aún cuando padecen condiciones de alta precariedad. Como consecuencia, este se reafirma como el sector laboral en el que se concentren las mujeres migrantes, dificultando sus posibilidades de movilidad laboral hacia otros sectores.

Por último, se consolida un modelo dual de sociedad. Por una parte, se sitúan aquellos segmentos de población con suficiente poder adquisitivo que satisfacen la mayor parte de las necesidades con la compra de servicios privados, principalmente empleadas del hogar, máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante. Por otra parte, se sitúan aquellos segmentos de la población que no tienen nivel de consumo y sustituyen compra en el mercado por provisión gratuita de servicios, siendo aquí absolutamente principal la figura de la cuidadora que, por supuesto, ejercerá este trabajo bajo unas condiciones paupérrimas.

En definitiva, los servicios públicos de cuidados que se han creado no son tales, sino que nacen privatizados- o se están privatizando- generando la proliferación de empleos sumamente precarios y de cuidados de dudosa calidad sometidos a las exigencias de la rentabilidad capitalista. Así, se multiplican las desigualdades sociales en la medida que puedan o no comprase cuidados de mayor calidad. Si queremos revertir este proceso y apostar por un modelo que satisfaga los derechos de todas las personas deberíamos de convertir en temas centrales de nuestras reivindicaciones la férrea defensa de los servicios públicos de calidad y gestión directa por parte de las instituciones públicas, el cuestionamiento de la ley de extranjería o la modificación de la regulación de las trabajadoras del hogar. No podemos justificar políticas que no resuelven los problemas, sino que los trasladan a las “otras” (sean quienes sean las otras).

 

Foto: Natalia Iñiguiz, de la exposición «Dependencias Mutuas».

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¿Quién asume la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida?

Son múltiples los factores, y lo es de forma clave el cambio en el rol de las mujeres, que han desestabilizado el modelo previo de reparto de responsabilidades de cuidados y que han hecho necesaria una reorganización del trabajo. ¿Cómo se distribuye ahora la responsabilidad de los cuidados? ¿Quién o quiénes están asumiendo la responsabilidad en la sostenibilidad de la vida? Preguntarse sobre cómo se resuelve esa necesidad supone indagar sobre quién y cómo asume la responsabilidad de garantizar las necesidades de la vida. Las respuestas a estas preguntas muestran un nuevo modelo basado en los mismos ejes de desigualdad social e invisibilidad de trabajos que presentaba el modelo de partida.

A pesar de la incorporación de las mujeres al espacio público (político y laboral), la mayor responsabilidad de los cuidados a niños/as y personas en situación de dependencia sigue recayendo sobre el trabajo no remunerado dentro de las familias. En lo referente a la infancia, hay que hacer la distinción entre niños/as menores y mayores de 3 años. Para los primeros, la existencia de servicios públicos es sumamente reducida, y esto obliga a desarrollar estrategias alternativas. Entre ellas, la reducción o renuncia al trabajo asalariado, renuncia casi exclusivamente femenina , el 95,2 por cien de las excedencias por cuidados a menores en 2005 fueron solicitadas por mujeres, según datos del Instituto de la mujer. Y, por otro lado, la contratación de personas o el recurso a guarderías privadas si se tiene ingresos, o el recurso a la familia extensa. A partir de los 3 años se percibe una fuerte descoordinación entre el sistema educativo y las necesidades familiares – horarios o periodo de vacaciones – en las que hay que a recurrir a estrategias alternativas.  En el caso de que la madre trabaje la ayuda de la familia extensa – sobre todo abuelas – es muy destacable. Su papel decrece en cuanto mayor es el nivel socioeconómico, en cuyo caso adquiere una mayor relevancia la existencia de una persona contratada para el servicio doméstico.

En todos los hogares, excepto los monoparentales, el apoyo a personas en situación de dependencia también recae en el trabajo no remunerado.  Sobre los cuidados a personas con discapacidad mayores de 65 años, cabe decir que, cuando no existe una institucionalización en base a centros de internamiento (residencias, hospitales geriatricos), la atención suele provenir del sistema doméstico, mientras que la participación de lo extra-doméstico suele tener un carácter puntual o sustitutivo. Los cuidados a personas con discapacidad en el sistema doméstico suelen organizarse en torno a la figura de una persona cuidadora principal y un círculo de apoyo. La persona cuidadora principal tiene un perfil muy definido: suele ser mujer, con bajos estudios, casada, de entre 45 y 65 años, y dedicada en exclusiva al trabajo de cuidados no remunerado, es decir, ama de casa. El género se mantiene como un elemento crucial en el que se ve con nitidez la adscripción femenina a los cuidados.

La cobertura pública y privada no cubre más que aproximadamente el 12 por cien del cuidado necesario, encargándose del resto los trabajos no remunerados. Así, los derechos reconocidos en la actualidad – ausencia del mercado laboral, atención socio-sanitaria, ayudas monetarias, vía seguridad social o vía tributaria- no son de entidad suficiente como para hablar de la existencia de un derecho social a ser cuidado/a en caso de dependencia. Este cuidado se cubre más o menos precariamente en la medida en que existe un tejido familiar suficiente y con suficiente presencia femenina. Por lo tanto, el papel del Estado y las instituciones públicas es subsidiario, es decir, sustituye al tejido familiar cuando no está presente, pero no lo complementa ni apoya suficientemente cuando está, es más, impone a las familias el cuidado.

De esta manera, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en la medida en que no se encuentra correspondida ni con la dedicación de los hombres a las tareas del hogar ni con una cobertura pública de las necesidades de cuidados (recortes en el estado de Bienestar) está teniendo distintas repercusiones dependiendo de la clase social de cada familia. Entre las rentas altas se está produciendo una mercantilización del espacio doméstico, mediante el recurso a servicios externos de todo tipo (empleadas domésticas, servicios de hogares, jardines de infancia privados, etc); por el contrario, las familias con escasos recursos y sin poder adquisitivo para recurrir al mercado, tienen que intensificar el trabajo doméstico lo que suele traducirse en desatención a las personas en situación de dependencia de la familia y/o incremento de estrés familiar. De esta manera, aunque la responsabilidad del cuidado se sigue manteniendo en las familias, también es cierto que se está produciendo una reorganización de los cuidados en el seno de cada hogar, que tiene una claro componente de clase directamente ligado a la posibilidad de compra de servicios en el mercado. Este proceso, lejos de ser inocente, implica frecuentemente la reproducción de desigualdades, ya que los mercados sólo satisfacen las necesidades que se expresan a través de una demanda solvente.

En todo caso, la privatización no es un indicio de un proceso de corresponsabilización de los mercados en la satisfacción de la necesidad de cuidados de la población sino obedece al interés de obtener beneficios empresariales y está inextricablemente conectada con la feminización  y precarización del trabajo. Así, al hablar de cuidados profesionales, nos encontramos ante un sector feminizado muy basado en el empleo precario, siendo las empleadas del hogar máximas exponentes de la precariedad y con una creciente representación de población migrante.

En resumen, y en palabras de la economista y feminista Amaia Orozco, podríamos decir que “la satisfacción de las necesidades de cuidados se organiza en torno a redes de mujeres, entre las cuales se producen trasvases de cuidados, en base a ejes de poder, en una larga cadena que atraviesa las fronteras del mercado e incluso las naciones, cadena de la cual están sistemáticamente ausentes los hombres”.

La reflexión sobre las responsabilidades femeninas en los cuidados nos puede llevar a cuestionar el conjunto de la estructura socioeconómica en la que vivimos y los conflictos y desigualdades sociales de los que se sirve para persistir.  Pero hacer esto no es fácil, entre otras cosas, porque supone pleantearnos qué papel ocupamos nosotras en semejante entramado, cuáles es nuestra posición en la sociedad y, a la postre, quizá esta respuesta no sea fácil de asumir.

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