Sobre vacunación, centros de día e (ir)responsabilidad pública (Ander Rodríguez)

Cuarenta personas mayores en situación de dependencia acuden diariamente al centro de día Aiton-Etxe en Oiartzun. La dirección ha anunciado a las familias que en el centro no se administrará vacuna alguna, mientras en su fachada se exhibe el escudo de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Afortunadamente, se trata de un hecho aislado; aunque este no podría haberse producido si determinadas decisiones políticas no hubieran propiciado el ecosistema idóneo. Desgraciadamente, nos estamos malacostumbrando a que la responsabilidad de lo que ocurre en los servicios sociales rara vez sea pública.

Supongamos que la gerente de una Organización Sanitaria Integrada de Osakidetza anuncia que en los centros de salud bajo su responsabilidad no se suministrará la vacuna contra la COVID-19. Seguramente, a todas nos parecerá que un suceso así no se podría producir en el Servicio Vasco de Salud. Por el contrario, el Sistema Vasco de Servicios Sociales vivió un episodio semejante del que tuvimos conocimiento en el cambio de año a través de este mismo medio: la directora de un centro de día integrado en la red de responsabilidad pública comunicaba a las familias de las personas usuarias la decisión de “no administrar el medicamento”.

No voy a desmontar los “motivos” argüidos por la dirección del centro para adoptar una medida que no le compete; otras personas lo han hecho con anterioridad, mucho mejor de lo que yo podría hacerlo —un ejercicio pedagógico que, por otra parte, considero imprescindible y en el que debemos persistir—. Mi intención hoy es otra distinta. Lo ocurrido en el centro de día para personas mayores de Oiartzun es un síntoma de una patología que afecta al Sistema Vasco de Servicios Sociales: el progresivo distanciamiento de la noción de ‘responsabilidad pública’.

Antes de nada, conviene que contextualizamos el episodio. La mayoría de las personas usuarias del centro de día para personas mayores Aiton-Etxe acudieron al Sistema Vasco de Servicios Sociales en demanda de cuidados. La Diputación Foral de Gipuzkoa asignó a estas personas una plaza pública en dicho centro. Es decir, independientemente de la propiedad del centro, la mayoría de sus plazas están integradas en la red pública. De este modo, a las personas usuarias del centro de día se les ha negado el derecho al acceso a determinadas prestaciones sanitarias en el seno del Sistema Vasco de Servicios Sociales. No nos encontramos, por lo tanto, ante un problema privado, sino ante un problema público.

La concertación es una modalidad de prestación de servicios contemplada en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. Esta opción en modo alguno conlleva que las personas usuarias vean mermados los derechos que les corresponden. Hasta aquí, al menos, la teoría. Ahora bien, en la práctica, estamos asistiendo a un proceso progresivo en el que, junto a la prestación del servicio, se externaliza la responsabilidad pública sobre casi cualquier aspecto del mismo.

Cuando la dirección del centro de día Aiton-Etxe se pone en contacto con las familias de las personas usuarias, actúa, a todos los efectos, en representación de la red foral de servicios sociales. Es por eso que, una vez hecha pública la ignominiosa misiva, aguardaba con interés la reacción de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A pesar de que la Diputación Foral de Gipuzkoa tenía conocimiento de lo ocurrido, al menos, desde el jueves día 31, no anunció —ni ha adoptado a día de hoy— ninguna medida hasta que la noticia corrió como la pólvora en otros medios de comunicación. La institución foral utilizaba el indicativo futuro, “se pondrá en contacto con el centro de día Aiton-Etxe para conocer los motivos del escrito”, dando a entender que aún no se había interesado al respecto. De hecho, la dirección del centro sigue afirmando que no se va a administrar la vacuna en sus instalaciones. El tono de la nota de prensa foral era sorprendentemente tibio; afirmaba que, “en su caso, se estudiarán y tomarán las medidas pertinentes”, como si lo ocurrido no constituyera razón suficiente para actuar. Y, lo que es peor, en ningún momento llega a afirmar con rotundidad que en el centro de día de Oiartzun se vaya a realizar la vacunación —si finalmente se establece así por parte de la autoridad sanitaria—.

Lo anterior nos enfrenta a las consecuencias del distanciamiento de la noción de ‘responsabilidad pública’. En primer lugar, la Diputación Foral de Gipuzkoa muestra un preocupante desconocimiento de lo que ocurre en la red foral de servicios sociales. Es más, hemos podido saber que, previamente, el centro de día Aiton-Etxe se negó a participar en la campaña de vacunación antigripal, sin que se desprendiera ninguna actuación por parte de la administración responsable —si es que se tenía conocimiento de ello, claro—.

En segundo lugar, la comunicación de la dirección a los familiares es abordada como si de un problema privado se tratara; en ningún momento parece entender la Diputación Foral de Gipuzkoa que la responsabilidad última le corresponde, puesto que se ha producido en uno de sus servicios. Una actitud que recuerda mucho a la mantenida ante el conflicto laboral de los centros residenciales para personas mayores en Gipuzkoa; un problema, la precariedad laboral que enfrentan miles de mujeres, que es también presentado como exclusivamente privado.

En tercer lugar, se resta gravedad a lo ocurrido. La decisión anunciada por la dirección del centro no le merece a la Diputación Foral de Gipuzkoa ningún calificativo, hecho que contrasta con otro tipo de comunicados; porque si públicamente se asumiera la relevancia del episodio, inevitablemente implicaría la necesidad de intervenir, y esa es una línea que no se desea cruzar. Este es un patrón que se ha repetido a lo largo de toda la pandemia. A pesar de que hemos conocido hechos graves, tenemos el dudoso ‘honor’ de ser una de las pocas comunidades autónomas que no han intervenido un solo centro residencial durante la crisis de la COVID-19.

La prestación de servicios a través de la concertación no supone que se diluya la responsabilidad pública sobre lo que ocurre en ellos. La titularidad de los centros de servicios sociales se está viendo sometida a una suerte de superposición cuántica: posee simultáneamente dos valores. Cuando se alzan voces que reclaman que la garantía de la protección y el buen cuidado de nuestra ciudadanía debe ser pública, reciben por toda respuesta que la división público-privada es ‘simplista’. En cambio, cuando afloran los problemas en determinados servicios externalizados, raudos y veloces recuerdan la titularidad de los mismos. De hecho, durante la pandemia, nunca antes habíamos podido leer tantas veces el término ‘privado’ en los comunicados de nuestras administraciones —con el precedente de la gestión política de la tragedia de Zaldibar—.

Cuando la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales previó la integración de servicios y centros de titularidad privada concertada en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, reconoció al mismo tiempo a las administraciones una serie de competencias para garantizar la responsabilidad pública sobre los mismos. No obstante, con algunas excepciones, estas competencias apenas han sido ejercidas. Como afirmaba César Rendueles, a propósito del retraso en la administración de la vacuna, asistimos al “resultado del desmantelamiento neoliberal del aparato administrativo y normativo que, entre otras cosas, permite intervenciones rápidas y eficaces en emergencias”.

Sin embargo, aunque parezca mentira, la renuncia a desarrollar y hacer uso de los mecanismos de intervención en los servicios y centros de titularidad privada concertada no es el principal inconveniente. El mayor problema es que en la última década ha habido una apuesta política por abandonar este (débil) marco de responsabilidad pública en favor de la ausencia total de control. Recientemente, en el contexto de la evaluación del I Plan Estratégico de Servicios Sociales de la CAPV, pudimos ponerle números a este proceso de desmantelamiento del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública. En 2011, la red de responsabilidad pública de centros de día para personas mayores contaba con 2.909 plazas; en 2018, contaba con 2.851 plazas. Mientras tanto, la creciente demanda de cuidados fruto del proceso de envejecimiento de la población fue ‘atendida’ a través de ‘cheques-servicio’; a pesar de que este uso por parte de las administraciones forales de la Prestación Económica Vinculada al Servicio contraviene dos leyes y un decreto. Así, las casi doscientas familias en las que ha ‘crecido’ la atención diurna en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en realidad, han recibido un ‘cheque’ para la compra del servicio en el mercado.

¿Y qué implica lo anterior? Si las 630 familias que en 2018 recibían un ‘cheque’ en vez de un plaza en un centro de día, público o concertado, tuvieran que enfrentar una situación como la que ha motivado este artículo, la administración pública no podría actuar, y las personas usuarias y sus familias quedarían abandonas a su suerte. Este es el escenario que pretende legalizar, legitimar, promover y extender el Gobierno vasco; el ocaso de la responsabilidad pública en el Sistema Vasco de Servicios Sociales.

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Matute «Sabíamos que a la derecha le iba a costar digerir la centralidad política que han asumido formaciones como la nuestra»

Entrevista a nuestro compañero y diputado de EH Bildu Oskar Matute en CTXT.

Matute es una de las cinco voces que la izquierda independentista vasca tiene en un Congreso que vive momentos políticos muy delicados. Con la monarquía embarrancada en su crisis más profunda y una derecha cada vez más conspiradora, Matute se afana en esta entrevista por desmontar el poder sin límites que aún atesora un bloque con múltiples ramificaciones y advierte a Pedro Sánchez que si cede a sus presiones les tendrá enfrente.  “El error es que simplificamos lo que en realidad significó la Transición y el régimen del 78”, reflexiona. En este sentido, lanza dardos envenenados al Tribunal Supremo por su dictamen de volver a juzgar a los cinco procesados por el ‘Caso Bateragune’, una “chapuza que intenta vestir una decisión intencionadamente política como un acto de justicia”, pero en particular contra Manuel Marchena, “que va a hacer todo lo posible para constituirse en la oposición al gobierno”. Implicado en la construcción de una “república vasca soberana y de izquierda”, reafirma el compromiso de su formación por saturar las heridas que dejó ETA aunque matiza que “si sólo se exige a EH Bildu que haga cosas y se olvida que en Euskal Herria se practicaron otros tipos de violencia también brutales, no se está contribuyendo a la reconciliación ni se hace justicia a la memoria”.

Con sinceridad, ¿esperaban la decisión de repetir el juicio del ‘Caso Bateragune’? 

Era una posibilidad que entraba dentro de lo razonable porque el Estado español, en concreto la judicatura, suele actuar hacia nosotros y nosotras con actitudes que poco tienen que ver con la razón y mucho con la fantasía. Como ya sabíamos que los tribunales españoles poseen una capacidad de inventiva superior a la media quizá hemos pecado de ingenuos.

Pero en este caso, los 16 jueces que componen el pleno del Tribunal Supremo votaron a favor de repetir el juicio para que no quede sin un veredicto sobre el fondo de la cuestión. ¿Qué significa para usted esta unanimidad?

Que es una chapuza que intenta vestir una decisión intencionadamente política como un acto de justicia. Y lo digo por dos motivos fundamentales. El primero, porque la propia sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha provocado este sainete determina que la petición de un nuevo juicio solo puede llevarse a cabo si las personas condenadas lo requieren y ninguno de los cinco procesados ha pedido la repetición del juicio. La segunda cuestión es que, si no ha lugar este nuevo juicio, ¿cómo explican las justificaciones que desde lo político, lo judicial y lo mediático, es decir, desde los brazos del poder, intentan dar para disfrazarlo de normalidad? Si repetir este juicio, que es la primera vez que lo hace el Estado español, es algo normal, ¿quieren decirnos que han estado actuando con anormalidad en los últimos 40 años?

Pero en ese pleno hay jueces de diferentes tendencias

Es un órgano que tiene bloqueada la renovación de la cúpula judicial y que ha ido reconfigurándose en los últimos años hacia un sesgo muy serio en sus funciones mediante ascensos y relevos. En este sentido, lo tenemos muy claro: el poder judicial se ha rebelado ante el poder político. Y Manuel Marchena, con el ascendente que tiene en la judicatura española, va a hacer todo lo posible para que se constituya en la oposición al Gobierno.

Entonces, ¿no alberga dudas de que algunos magistrados han decidido desafiar al Gobierno?

No, porque estamos en tiempos de involución. Cuando la derecha pierde el poder entiende que le han hecho trampa y orquesta una confabulación de todas las fuerzas malignas, desde masones y rojos hasta independentistas y separatistas. Es su manera de justificar que todo lo que hacen para evitarlo es legítimo, incluido utilizar la justicia para doblegar voluntades políticas. Por ejemplo, consideran un acto de libertad de expresión que militares revelen opiniones fascistas mientras un país como Alemania, nada sospechoso de ser comunista, disuelve una unidad militar por un caso parecido. Ya sabíamos que a la derecha española le iba a costar digerir la centralidad política que han asumido algunas formaciones como la nuestra. Pero me reafirmo en que por muchos obstáculos que nos pongan delante no lograrán someter nuestra voluntad.

Estos jueces, ¿forman parte de lo que ustedes llaman ‘Estado profundo’?

El Estado profundo son las cloacas del Estado, todos esos poderes que operan y actúan sin someterse a los controles propios de una democracia. Es decir, son los fondos reservados y esa vertiente policial que pulula en torno a unos recursos utilizados para mantener el control social. Pero todo eso tiene sus ramificaciones y extensiones en gente que trabaja como valedor o como línea de defensa de determinados intereses para que, gobierne quien gobierne, no se atraviesen los límites establecidos por algunos personajes que no se presentan a las elecciones pero mandan más que ellos. El ejemplo es la inviolabilidad de la monarquía. Es así de triste pero es lo que tiene el Estado español.

El escritor Manuel Rivas escribe en su último libro que la inviolabilidad de una monarquía como la española asolada por la corrupción confirma la condición tutelada de la democracia. ¿Hasta qué punto el comportamiento de la corona  ratifica que el régimen del 78 está agotado? 

El error es que simplificamos lo que en realidad fue la Transición y el régimen del 78. Aquello no consistió sólo en un acuerdo para que parte de los franquistas se convirtieran en demócratas de la noche a la mañana. Si hubiera sido así, lo que vivimos ahora no sería tan dramático. Lo realmente sobrecogedor es que el franquismo llegó a un pacto con las nuevas clases emergentes para que determinada institucionalidad no se tocara bajo ningún concepto. Eso determinó que la monarquía sea intocable, que los aparatos del Estado no se hayan depurado, que la Iglesia católica siga teniendo un papel preponderante en la vida pública española y que las élites económicas que mandaban en la dictadura sigan teniendo sus espacios de poder en la democracia. Lo triste es que se pasan la vida vendiendo todo esto como una transformación modélica, e incluso la exportan a países fuera de nuestro entorno, cuando la realidad es que muchos seguimos esperando a que limpien de una vez por todas esas cañerías que continúan dirigidas por franquistas. El problema es que pensaban que la mera convivencia iba a suavizar las aristas de quienes vivían felices en la dictadura y no ha sido así. Les fallaron los cálculos.

¿Hay un intento de contrarreforma?

Algunos han mantenido los principios de la dictadura y, en algún caso, han reforzado sus perfiles franquistas. Y como erróneamente consideran que la amnesia social respecto a lo que fue aquello es hoy casi unánime, vuelven a exhibir su verdadero rostro. No hay mucho más en esa gente.

¿Cuántas veces le han preguntado si condena la violencia?

Si cobrara un euro por ello sería rico y si bebiera chupitos estaría ebrio todo el día. Pero los mismos que insisten tanto en si EH Bildu condena la violencia, o me preguntan si promovemos o apoyamos los Ongi etorri (recibimientos) a presos de ETA, nunca cuestionan a un dirigente o a un exdirigente del PSOE en un plató de televisión si acompañar a Barrionuevo o a Rafael Vera a la cárcel de Guadalajara por el secuestro de Segundo Marey no fue un Ongi etorri.

¿Y cuál es su posición respecto a los Ongi etorri?

Los propios tribunales determinaron que recibir a una persona que sale de prisión no es ilegal. Pero aún así, nadie puede determinar que EH Bildu esté detrás de la organización de ningún evento de estas características. En este sentido, me gustaría plantearle una cuestión: quien entienda y acepte que bajo la lógica del “todo es ETA” se produjo una persecución contra determinados sectores sociales y populares del pueblo vasco, me da igual el cierre de Egin o Egunkaria que la detención de cientos de jóvenes que en un porcentaje superior al 90% acabó en la calle sin ningún cargo, pero con la mancha de haber sido vinculados a ETA, ¿por qué tiene que pensar que todo aquel que sale de la cárcel y es recibido con cariño por un número determinado de personas es alguien que cometió crímenes tremendos? Hay un chaval que lleva en la cárcel desde hace 320 días por escribir en una pared “Gora ETA” con un rotulador. Por muy desafortunada que sea la pintada, ha sido castigado con una pena excesiva porque este chico no es el monstruo de Amstetten. Y cuando salga a la calle, ¿los familiares y amigos que le reciban estarán vulnerando el recuerdo de todas las víctimas?

El PSOE considera que EH Bildu sigue sin reunir las condiciones éticas necesarias para gobernar en Euskadi. ¿Qué opina?

No sabía que el PSOE, y en concreto el PSE, tiene el monopolio para conceder títulos de ética a la gente. Es sorprendente que ese partido ostente semejante capacidad. Si en ese escenario que dibujan tenemos la fuerza que tenemos, ¿no será que en el relato que han construido sobre nosotros hay mucho de intencionalidad política para generar determinadas maneras de entender las cosas? No me preocupa mucho porque la solvencia ética nos la dan los ciudadanos y ciudadanas de Euskal Herria. La gente que componemos EH Bildu nos comprometimos activamente en desactivar la acción violenta de ETA de la ecuación política. Yo no esperaba que nos dieran medallas por eso, sinceramente. Lo que me sorprende es que mucha gente que tendría que haberse alegrado por ello, como nos alegramos nosotros, nos insulte continuamente porque ETA ya no existe. Estamos trabajando en escenarios que fomentan la reconciliación. Pero una reconciliación con memoria, para que nadie olvide lo que aquí pasó y para que todo el mundo asuma la responsabilidad que le toque. ¿Qué más quieren?

Algunos dicen que no se trata de pedirles el reconocimiento por el daño causado, porque es un hecho objetivo, sino que acepten la injusticia y la inmoralidad que supuso el terrorismo.

¿Qué reconocimiento tiene que hacer una formación política que nace en 2010 y nada más ver la luz pide el cese de la violencia de ETA? ¿Qué reconocimiento debe hacer EH Bildu si en su transitar político ha contribuido activamente a que ETA se desarme y desaparezca? Nosotros hemos promovido homenajes a víctimas de la propia ETA en los ayuntamientos que gobernamos. Por ejemplo, en el de Rentería. Pero si paralelamente a todo eso, vemos que las víctimas del 3 de marzo siguen sin ser consideradas víctimas del terrorismo o todo lo que tenga que ver con las torturas, reflejadas en informes internacionales que ni siquiera son nuestros, jamás han merecido ningún tipo de reconocimiento, ¿qué podemos pensar sobre la imparcialidad de esa memoria? Por supuesto que EH Bildu tiene que seguir dando pasos y que tendremos que hacer todas las autocríticas que sean necesarias. Todas las que nos pida la sociedad vasca. Pero si sólo se exige a EH Bildu que haga más cosas y se olvidan de otros tipos de violencia también brutales que se practicaron en Euskal Herria, no se está contribuyendo a la convivencia de este país. Le diré algo. Hay un diputado que fue asesinado en activo y se llamaba Josu Muguruza. Jamás ha tenido un reconocimiento por parte del Congreso de los Diputados.

Un aforismo dice que en el mundo hay cuatro tipos de derecha: la liberal, la conservadora, la extrema derecha y la española. ¿En qué se diferencia la derecha española de todas las demás?

Las derechas españolas tienen un denominador común y es que son ultraliberales. Y lo son en un contexto donde la capacidad ejecutiva del Estado puede acarrear inconvenientes para los grandes mercados. Ahí está, probablemente, su talón de Aquiles. Por eso le decimos a los dos partidos en el gobierno, el que se define como el más progresista de la historia, que están ahí para hacer cosas que jamás harían las derechas ultraliberales. Es decir, que garanticen los derechos de todas las personas a tener una buena sanidad pública, una buena educación pública y amplíen las políticas sociales. Ese es el ámbito en el que el gobierno debería priorizar su presencia porque es ahí donde las derechas carecen de proyecto político. Su único deseo es desarmar la estructura del gobierno para facilitar el terreno de juego a las grandes multinacionales. Ese es el drama de la derecha española, pero resolverlo es un dilema que deben afrontar quienes defienden la españolidad del Estado. Nosotros lo hemos dicho siempre: en tanto y cuando estemos dentro de este país, lo que haremos será pelear por ampliar los derechos sociales y las libertades para los vascos y para el conjunto de ciudadanos del Estado porque todos sufrimos, o podemos gozar, por igual de esas dos realidades.

Usted procede de las tradiciones de la izquierda internacionalista

Claro, pero en EH Bildu nos une idéntico deseo: la de construir una república vasca, soberana, libre e independiente. Y más justa y solidaria de las que ahora vemos a nuestro alrededor. Esto no excluye la lucha por los derechos de la clase trabajadora. Cuando miramos avances sociales en otras partes del mundo, como en la Francia del potente tejido obrero o en la Portugal del PSP apoyado por el Bloco y el CDU cuando aquí teníamos a Rajoy, no lo observas con recelo porque pueden perjudicarte sino que te alegras porque son referentes que nos abren posibilidades de cambio, espejos donde mirarnos. Eso mismo es lo que decimos desde EH Bildu a los ciudadanos del resto del estado: todo lo que podamos conseguir para Euskal Herria no deben verlo como una realidad que se les arrebata sino como una posibilidad que se les abre también a ellos y ellas para construir realidades parecidas para deshacerse de esa panda de corruptos que gobiernan.

Pero no todo el pensamiento de la izquierda lo entiende así. La cuestión de la identidad tiene mucho peso en España.

Es cierto. Por desgracia, hay mucha gente que se posiciona en parámetros progresistas en su vida cotidiana pero cuando les tocas el tema de la identidad disuelven sus diferencias con la derecha. Personalmente puedo entenderlo pero no lo comparto. En mi opinión, es el Estado español quien se lastra a sí mismo con este tema. Por sus propios complejos. No pueden imaginarse España sin Catalunya ni Euskal Herria. Es como si les faltaran dos pedazos de su patria. Sin embargo, nosotros sí podemos imaginarnos una Catalunya y una Euskal Herria sin el Estado español. Por lo tanto, el problema es suyo, no nuestro.

En estos dos años de gobierno de Pedro Sánchez se han acercado a 119 presos de ETA  a cárceles próximas a Euskadi. ¿La situación penitenciaria ha mediatizado su apoyo a los presupuestos?

Hay dos momentos clave en el trámite de la investidura de Pedro Sánchez en los que EH Bildu habla muy claro. Primero lo hizo Mertxe Aizpurua y después yo. Ambos explicamos al presidente del gobierno, a la sociedad vasca y a la sociedad española que estamos en el Congreso para defender nuestro proyecto político, que pasa por la soberanía y la construcción de una sociedad de izquierda en nuestro país que es Euskal Herria, para revertir todos los recortes que se han cometido en derechos sociales y laborales contra el conjunto de la clase trabajadora, y para restituir los derechos y libertades de todas y todos, incluidas las personas presas. Si alguien quiere ver que hay un elemento oculto que explique nuestro apoyo a los presupuestos, le diré rotundamente que no. Y si hace falta recordaremos a ese alguien que Aznar acercó a más presos de ETA que Pedro Sánchez sin acordar nada con EH Bildu. Lo único que exigimos al gobierno es que cumpla la legalidad penitenciaria. Punto.

Al día siguiente de la aprobación de los presupuestos saltaron las primeras alarmas entre los dos socios del gobierno por cuestiones como la monarquía, la reforma laboral y las pensiones. ¿Confía en Pedro Sánchez?  

Confío en los hechos aunque parece que algunos sectores del Estado español sólo saben hacer política con regates y a corto plazo. Es como si tuvieran oxidado el mecanismo de reflexión. Apoyamos los presupuestos porque nuestra lectura de la situación nos indica que existe una amenaza clara de involución y queremos que la ventana de oportunidades que abre este gobierno, que prometió hacer cosas diferentes, tenga recorrido. Creemos que si tiene palabra, los hechos avalarán que realmente quiere hacer cosas diferentes a la derecha. Ahora bien, llenar de contenido esa posibilidad es tarea de quienes ahora lo componen. Cuando todas las derechas españolas –la política, la económica, la judicial y la militar–  desean tumbar a este gobierno y regresar a un estado más centralizado y autoritario, lo que nos toca a nosotros como demócratas, y diría que casi como antifascistas, es facilitarle su recorrido a este ejecutivo para saber si es verdad que quiere hacer una política de izquierda. Otros, en cambio, se preocupan más de si han conseguido 20 enmiendas o 100. Para nosotros eso es política de bazar. Nuestro objetivo es evitar marcos indeseables y mejorar la vida de la mayoría social. Es evidente que existe una pugna entre el PSOE y Unidas Podemos por empujar la acción de gobierno hacia un lado u otro. Ya se lo dijo Mertxe Aizpurua a Pedro Sánchez: si decide pasar de las palabras a los hechos, entendiendo como palabras el acuerdo que tiene suscrito con Podemos, va a poder contar con el apoyo de EH Bildu. Pero si por el contexto de la coyuntura o porque cede a las presiones de esos miembros del gobierno que están más pendientes de contentar a la CEOE, arrincona ese acuerdo, nos tendrá enfrente.

Ahora que cita a la CEOE, Sánchez apela a que sin acuerdo social será imposible derogar el Estatuto de los Trabajadores que aprobó el PP en 2012

Pues me gustaría recordarle dos cosas. La primera es que esa ley se aprobó sin diálogo social porque los sindicatos estaban en contra, pero Fátima Báñez la sacó adelante, tal y cómo quería la CEOE. Y es curioso que esa señora esté cobrando hoy 240.000 euros al año de la misma institución a la que hizo una reforma laboral a medida.

¿Quién es Oskar Matute?

Pues un tipo muy normal a quien alguna vez algunos colaboradores de CTXT le hacen trabajar los fines de semana con su PunkTexto.

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