Ana Etxarte y Diana Urrea – Mesa Feminista de Alternatiba
La ola neoliberal y ultraconservadora que ha traído el gobierno del Partido Popular al Estado (casi de sitio) español, está atacando directamente a los derechos de la clase trabajadora con mano dura y despiadada. Pero también está empuñando otra espada con especial crueldad, soberbia, autoritarismo y paternalismo patriarcal y eclesiástico, por no decir casposo, contra los derechos fundamentales de las mujeres. Y sí, cómo no, estamos hablando del aborto, o dicho de otra manera, del derecho de las mujeres a decidir sobre nuestro propio cuerpo que, así leído, parece que se da por supuesto, pero que gracias a nuestra clase política, es una posibilidad que aparece o desaparece según quien gobierne. Pasan los años y seguimos en la misma, desempolvando pancartas y gritando más alto, y vislumbrando escenarios de derechos a la carta según nuestro poder adquisitivo (o puedes pagarte un aborto en condiciones, aquí o en Londres, o te buscas la vida) y de nuevo, con la certeza de que nuestros derechos y reivindicaciones son de segunda y de que el hecho de que coarten la capacidad soberana de cada una de nosotras a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra sexualidad y sobre el número de hijos e hijas que deseamos no merece el mismo cuidado que la reivindicación de otros derechos y soberanías. Esto es «asunto de mujeres».
Queremos preguntar a partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales ¿Qué sucede?, ¿Qué están haciendo mientras los derechos fundamentales de todas nosotras son atacados tan descaradamente? ¿Es que no vemos relación alguna entre este ataque a nuestra autonomía y libertad de decisión con respecto al estado y la sacrosanta iglesia católica apostólica romana y la barbarie de los recortes a la clase trabajadora?, ¿Es que no os dais cuenta de que la vulneración de derechos contra la clase trabajadora y la vuelta a la dominación de las mujeres van de la mano? Por supuesto que compartimos la urgencia y la necesidad de combatir los recortes en la calle, exigiendo que estos no sean aplicados en Euskal Herria. Pero lo que no entendemos es por qué no se responde con la misma contundencia ante la nueva regulación del aborto, que va a suponer uno de los ataques más brutales a los derechos de las mujeres.
El PP anunció a primeros de año, en boca de Gallardón, que reformaría la actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva, cumpliendo, esta vez sí, con lo prometido en la campaña electoral. Se trata así de revocar las tímidas e insuficientes propuestas aprobadas por el PSOE hace dos años, a través de una ley tibia y cobarde que no recogía las reivindicaciones que durante años llevaba realizando el movimiento feminista y que no garantizaba la soberanía y capacidad de decisión total sobre nuestros cuerpos a las mujeres. Y es que esta ley ya limitaba los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, al no establecer medidas concretas y claras que garantizaran la práctica del aborto en el sector público y no sacar el aborto voluntario del Código Penal.
Ahora el PP quiere reformar esta ley, y aunque no sabemos con seguridad qué recogerá la nueva normativa anunciada para este otoño, lo que tenemos claro es que va a suponer un retroceso sin precedentes en el ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos, así como una vulneración de nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo.
Y lo sabemos porque son varias ya las informaciones que el señor Gallardón nos ha ido lazando a modo de globos sonda. Al principio, la modificación parecía ser una regresión al sistema de supuestos similar a la regulación de 1985. Esto es, un sistema que generaba desprotección tanto a las mujeres como al personal sanitario que las atendía, y que no garantizaba en absoluto el respeto a la voluntad de las mujeres.
Más tarde, Gallardón anunció que la malformación del feto no sería ya un supuesto para realizar un aborto, obligando a las mujeres a continuar con su embarazo aun sabiendo que el feto tiene graves problemas físicos o psíquicos. Esta gran idea vino aderezada con cierta dosis de moralina, haciéndonos saber que “los discapacitados deben tener los mismos derechos que el conjunto de los españoles”, y que dejar este supuesto fuera de la nueva ley es la clave para que estos derechos no se vulneren. A la vergüenza ajena, al cabreo, a la perplejidad (si nos queda capacidad de sorpresa) que este tipo de buenas nuevas nos provocan, hay que sumarle un poquito de visión global, porque esta propuesta proviene de un gobierno al que le está faltando tiempo para cargarse la Ley de Dependencia.
Y por si esto nos pareciera poco, el ministro nos fue adelantando que la nueva normativa recogerá un único supuesto para la interrupción del embarazo, el daño psíquico de la mujer siempre y cuando éste sea reconocido en un informe médico. Esto supone que una mujer tendrá que contar con un informe médico favorable que le permita ejercer su derecho a abortar, incluso en el supuesto de violación y malformación fetal.
No sabemos a quién quiere convencer Gallardón cuando dice que esto “favorece la maternidad”. Manipula cuando antepone supuestos derechos (los de las mujeres, las personas con discapacidad o los “no nacidos”); diciéndonos que una ley del aborto como la actual tiene relación directa con la ausencia de libertad de las mujeres para ser madres; queriendo vendernos que ellos son los que verdaderamente saben lo que nosotras necesitamos y que, desde luego, debe existir una ley como la que proponen para “apartarnos del mal camino”. Porque la razón por la cual Gallardón modifica la normativa no tiene nada que ver con garantizar nuestras libertades, tal y como dice. Si así fuera, su gobierno debería dejar de aplicar recortes que empobrecen a muchas mujeres. Los verdaderos motivos tienen que ver con unos valores religiosos que la jerarquía de la iglesia católica y el Partido Popular nos quiere imponer. Porque la iglesia y sus defensores siguen sin entender que la religión es una cuestión privada, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para su ciudadanos, y también, por más que les pese, para sus ciudadanas.
Las mujeres seguiremos abortando si esa es nuestra decisión, y lo único que generará esta nueva ley será el aumento de los abortos clandestinos y con ello los índices de morbimortalidad entre aquellas mujeres que por razones económicas no puedan ir a otro país a abortar.
Las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres y al derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia patriarcal al que debemos responder de manera contundente y desde todos los ámbitos, y es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir, hoy más que nunca, el aborto libre y gratuito, de la misma manera y con la misma vehemencia con la que se hacen otras reivindicaciones. ¿O es que los derechos de las mujeres tienen que esperar?
Imagen: @Transfeministas