Nuestra compañera y procuradora de EH Bildu en las JJGG de Araba Claudia venceslao ha pedido en el pleno del miércoles que la Diputación de Araba ejerza el control de aquellas residencias y viviendas comunitarias de gestión privada que presenten una elevada prevalencia de contagios de Covid-19, tanto entre personas trabajadoras como personas atendidas. Además de ejercer el control, la procuradora Claudia Venceslao también ha defendido el aumento de inspecciones en dichos centros. Así lo ha solicitado tras una tramitación de urgencia y tras constatar todavía más irregularidades en dichos centros.
Además, dicha moción llega días después de conocer que la residencia Agure-Arkaiate no tenía personal suficiente en pleno brote de Covid e hizo trabajar a empleadas infectadas y que el centro privado San Francisco Javier de Arróyabe puede ser sancionado con 660.000 euros por atar a los mayores e incumplir el protocolo de Covid.
“No podemos permitir dejar solas a las personas usuarias y a las trabajadoras de estos centros residenciales como ya pasó en los primeros meses de la pandemia. Las residencias y las viviendas comunitarias tuvieron que asumir una responsabilidad para la que no estaban preparadas, dotadas y protegidas. Para evitar estas situaciones es importante poder utilizar las herramientas previstas que permiten intervenir los centros”, ha señalado Venceslao.
En este sentido, las dos noticias publicadas el fin de semana han constatado lo que EH Bildu lleva años denunciando: el vigente modelo privado de cuidados vigente en Araba y compartido por PNV-PSE-PP no garantiza ni cuidados ni condiciones laborales dignas. Y dentro de ese modelo, para EH Bildu es “especialmente grave” el haber permitido de facto que Viviendas Comunitarias privadas se hayan convertido en pseudo residencias, sin cobertura legal, ni medios técnicos, ni recursos humanos para atender a grados dos o tres de dependencia. Sin embargo, las misma sí que están financiadas generosamente mediante los cheques forales a los usuarios y sorteando así la legalidad que impide concertar plazas con ellas, precisamente por esas limitaciones. A ello se ha añadido, hasta crear la tormenta perfecta en plena pandemia, un sistema de inspección especialmente laxo y excesivamente amistoso.
EH Bildu también ha querido denunciar que el eco mediático de estos casos ha provocado una primera y muy tardía reacción por parte del Gobierno Foral, ya que éste no ha acudido a la fiscalía hasta pasados 66 días -desde el 12 de noviembre- desde que conoció los hechos. Es difícil saber qué habría hecho si no se llegan a hacer público los hechos.
“Sería una verdadera irresponsabilidad que PNV y PSE no votasen a favor de la moción: Diputación no puede seguir mirando hacia otro lado y no puede seguir financiando con dinero público cuidados precarizados de escasísima calidad”, ha sentenciado Venceslao.
