El compañero de Alternatiba y parlamentario de EH Bildu, Josu Estarrona, ha denunciado, junto al parlamentario Unai Fernández de Betoño, la presunta manipulación y amaño de un concurso público que culminó el pasado 18 de junio con la formalización de un contrato de 1,2 millones de euros entre Euskal Trenbide Sarea (ETS), sociedad pública dependiente del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno de Lakua, y la empresa Sener Ingeniería y Sistemas. Fernández de Betoño y Estarrona han desvelado indicios claros de que ambas partes apalabraron y prepararon la adjudicación del contrato con antelación a la convocatoria del concurso público pertinente, al que se presentaron otras cinco firmas del sector.
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En palabras de Estarrona, “podemos estar ante un caso realmente grave” que “probaría que las prácticas fraudulentas sancionadas recientemente por la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) están extendidas en las contrataciones públicas y que algunas administraciones, instituciones y sus dirigentes son conocedores y en cierto grado partícipes, ya sea por acción u omisión, de esas prácticas”. A su juicio, este caso “demostraría que algunas empresas tienen relaciones privilegiadas con el Gobierno vasco y que este contrata a una u otra empresa en función de esas relaciones”, de manera que “los concursos públicos serían un mero formalismo, mera apariencia; su objetivo ya no sería garantizar la igualdad, la transparencia y la libre concurrencia, sino dar apariencia de legalidad al proceso de contratación porque todo estaría atado y bien atado desde antes incluso de abrir la licitación”.
En concreto, el presunto amaño detectado por EH Bildu tenía por objeto la contratación del servicio de apoyo para la redacción del Estudio de la Red Ferroviaria de la CAV, un contrato que ETS sacó a licitación pública el pasado 2 de febrero con un presupuesto de millón y medio de euros. Tres días después, no obstante, los parlamentarios de EH Bildu certificaron en una notaría de Gasteiz que el pliego de condiciones técnicas de la licitación se titulaba “Contrato Sener” y que “la palabra que figura como autor del documento viene a coincidir con el nombre de una persona que trabaja en la propia Sener”. Como apunta Fernández de Betoño, “al parecer, se les olvidó borrar los metadatos del PDF y en Propiedades aparece esa información”.
A la vista de tales indicios, el 8 de febrero los dos parlamentarios “alertamos en la misma notaría de que podía deducirse, primero, que Euskal Trenbide Sarea había diseñado ‘ad hoc’ la licitación para contratar a Sener; segundo, que podíamos estar ante una adjudicación irregular y, tercero, que podían haberse vulnerado los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia que deben garantizarse en todos los concursos públicos”. Para Fernández de Betoño, “vistos los metadatos del PDF del pliego de condiciones, es evidente la sospecha de que la adjudicación del contrato podía estar apalabrada con Sener desde antes de la licitación con el objetivo de impedir, restringir o falsear la libre competencia en el proceso de contratación. Estos indicios hacen pensar que el pliego de condiciones de la licitación no lo elabora Euskal Trenbide Sarea, sino Sener, y si eso es así, es absolutamente irregular”, ya que “supondría violar el principio de igualdad y daría ventaja a esa empresa respecto a sus competidoras”.
Fueron seis firmas, Sener entre ellas, las que se presentaron al concurso y pujaron por el contrato, adjudicado finalmente a Sener a pesar de que, “valorando los criterios objetivos, cuatro empresas obtuvieron mejor puntuación”. Sin embargo, “en base a la aplicación de criterios subjetivos, ETS se lo adjudicó a Sener por 1,2 millones de euros”, confirmando así las sospechas y el pronóstico que EH Bildu había hecho ante el notario meses antes.
EH Bildu ya ha registrado en el Parlamento una batería de preguntas y ha solicitado la comparecencia del consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, a cuyo departamento está adscrita ETS. “Arriola está obligado a dar explicaciones. Tiene que explicar cómo es posible que el pliego de condiciones de un concurso público lo haya elaborado, al parecer, la empresa que finalmente ha sido contratada, qué tipo de relación tiene con esa empresa, si tiene una relación privilegiada, si hay empresas que tienen enchufe en su Departamento o si tiene conocimiento de prácticas colusorias que afecten a su Departamento”.
Fernández de Betoño ha destacado que este caso sale a la luz justo después de que la CNMC haya sancionado a 22 empresas de consultoría por amañar contratos públicos (al menos 100 en administraciones vascas en el caso del Cártel del Norte) y haya apuntado la existencia de “claros indicios de que a menudo las propias instituciones son conocedoras y en algunos casos conniventes con esas prácticas ilegales”. Para ambos parlamentarios de EH Bildu, el caso de ETS y Sener indica que se trata de una práctica arraigada en nuestras administraciones. “Creemos que a veces las administraciones tienen decidido por adelantado a qué empresa van a contratar, vulnerando así los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia que deben regir siempre en los concursos y licitaciones públicas. Nos atrevemos a decir que en esas prácticas irregulares existe cierto grado de connivencia entre la Administración y algunas empresas”.
