Entrevistamos en Sevilla a Mar Cambrollé, Presidenta de la Federación de la Plataforma Trans y Asociación Trans de Andalucía, para hablar de las claves del proyecto de Ley Trans y visibilizar las múltiples desigualdades que sufre este colectivo.
Vuestro proyecto de ley trans recoge medidas que pretenden cambiar cuestiones que afectan a las personas trans. Sabemos que se trata de un colectivo poco homogéneo pero, ¿cuál es la situación a la que se enfrentan las personas más vulnerables de este colectivo?
Diferentes estudios realizados desde varias universidades y entidades constatan que las personas trans alcanzamos el pico más alto de muchas discriminaciones. Por ejemplo, si hablamos de exclusión laboral alcanza más del 80%. Y digo exclusión laboral y no paro, porque muchas veces se dice que las personas trans tienen un alto índice de paro, pero entre paro y exclusión laboral hay un matiz importante: situación de paro es tener oportunidad de acceder al mercado laboral pero por una situación circunstancial, pérdida de empleo o de crisis puede estar en paro. Pero las personas trans sufrimos una exclusión laboral, algo que está avalado por los informes de la Organización Internacional del Trabajo.
Si hablamos de suicidio, entre la población trans se dispara tres o cuatro veces más que entre la población CIS. Entre menores y adolescentes el número es mucho mayor, donde se habla de un 80% de menores trans que piensan en el suicidio, el 40% lo intenta y el 8% lo lleva a cabo. Si hablamos de acoso y mobbing en centros educativos, más del 58% del alumnado trans ha confesado haber sufrido en algún momento de su vida acoso en forma de violaciones sexuales, mofa, agresiones… unos índices muy altos.
En cuanto a las herramientas del Estado español para poder cambiar el nombre y sexo de la documentación oficial, la ley está obsoleta y no cumple con los estándares europeos. Por lo que se ha estado excluyendo a los menores trans, y el propio constitucional sentenciaba en el 2019 que excluir a los menores es inconstitucional.
Si hablamos de protección jurídica ante los delitos o discursos de odio vemos que la ausencia brilla en la práctica. En redes sociales todos podemos ver la abominable «cacería» contra las personas trans. Jamás hubiese creído que en tiempos de democracia viviéramos esta persecución que me recuerda la brutal persecución que vivimos en los 80 por parte de los skinheads. Además, estos discursos de odio han aumentado las agresiones a los adolescentes trans. El último trimestre del pasado año hubo agresiones sucesivas.
Creo que esto está poniendo sobre la mesa una verdad que es el resultado de estudios y de una realidad constatada por el propio Ministerio de Interior situando en el tercer lugar las agresiones y delitos de odio al colectivo LGTBI. Es cierto que el colectivo LGTBI no segrega a las personas trans dentro de esas agresiones, pero tenemos los Observatorios en Vitoria, Catalunya, de Madrid, de Andalucía… y en todos repuntan las agresión contra las personas trans.
Es el momento de transformar esa verdad en justicia y de saldar esta deuda que la sociedad, la democracia y el propio colectivo LGTBI tiene con las personas trans a través de esta Ley Integral Trans. Y decimos integral porque viene a dar respuesta a todas esas situaciones de desigualdad: políticas que posibiliten el empleo, protocolos que nos prevean del mobbing y acoso escolar, cambiar el nombre sin restricciones o que nuestros menores sean protegidos por el estado.
Hay sectores que se han posicionado en contra, hay una crítica exacerbada, ¿os esperabais esto?, ¿existe esta polarización en movimientos LGTBI?
Todos los avances importantes que han caracterizado a nuestra democracia como el divorcio, el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia han venido acompañados de teorías apocalípticas. Recuerdo con el divorcio los sectores más reaccionarios que decían que los niños estarían desamparados, pero se ha demostrado que es mejor tener a un padre y una madre por separado a vivir una lucha continua. Con el derecho al aborto se decía que las clínicas estarían llenas de colas de mujeres asesinas matando a sus hijos. Despenalizarlo supuso, primero, no ser un delito y por supuesto, que estuviera al alcance de todas las mujeres, no solo las burguesas que tenían dinero para ir a abortar a Inglaterra.
Hemos aprendido que los derechos no obligan, sino garantizan. El derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo no obliga a todos los gays y lesbianas a casarse, pero garantiza que quien lo desee disfrute de esa igualdad.
Por eso, preveía que la ley trans ofrecería una resistencia localizada en un sector conservador influenciado por el fundamentalismo religioso y muy situado en la ultraderecha política. ¿Cuál es la sorpresa? que la gran oposición ejercida por una violencia y una impunidad viene de un sector de mujeres bien situadas en los partidos políticos, con influencia en cargos institucionales del Gobierno, mujeres que también representan a la Academia, y que están en los medios de comunicación y que pretenden hablar en nombre del feminismo. Cuando el feminismo ha sido una herramienta que ha abrazado, tanto el colectivo LGTBI como el trans. Porque hemos entendido que a ambos colectivos, aunque con circunstancias y características diferentes, nos ha oprimido un mismo enemigo: el patriarcado y el machismo. Y entendíamos que el feminismo, como herramienta de lucha contra las opresiones, jamás podría ser un vehículo para oprimir, perseguir y cebarse contra uno de los colectivos más vulnerables y con más violencia contra las mujeres trans.
Tengo claro que ese sector no es un sector del feminismo, sino un grupo pequeño de mujeres de gran influencia que hace mucho ruido. Mujeres burguesas a las que les preguntaría ¿dónde han estudiado feminismo, en la Academia? ¿en qué asamblea feminista militan y consensuan sus preguntas? Son mujeres carentes de empatía precisamente porque no han sufrido ninguna de las opresiones que sufrimos las mujeres, ni las trabajadoras, ni las trabajadoras del campo, ni las kellys, ni las negras, ni las gitanas, ni las lesbianas, ni las transexuales. Mujeres que lo único que entienden del feminismo es lo que han leído en un libro, bien situadas y con una moral que no se diferencian en nada de la moral más ñoña del Opus Dei o de la ultraderecha. Y fíjate si son cobardes que para esconder ese odio hacia las personas trans, perversamente utilizan la palabra feminismo.
El PSOE ha liderado en buena medida toda esta polémica. Vemos como el PSC polemiza sobre que mujeres trans puedan ser internadas en centros penitenciarios de mujeres, en Gasteiz el PSE propone recortes en materia de igualdad y LGTBI del 40%, en Iruñea el PSN pacta con la derecha y desmantela el centro Harrotu, y en Sevilla destinan presupuesto para proyectos trans a la defensa de caballos de raza ¿Qué ha pasado en el PSOE para pasar de ser un abanderado en derechos LGTBI a estar en estas posiciones?
El PSOE sigue agarrado al mástil de la bandera del arcoíris y la diversidad. Creo que el disenso es hasta legítimo, pero cuando lo que dices tiene el mismo fondo que el discurso de la ultraderecha, entonces tienes que hacértelo revisar. Además, no ha sido el único partido que ha estado reclamando estos avances. Un espectro amplio de la sociedad como las organizaciones civiles, feministas, LGTBI… hemos estado ahí como motor de presión para que sucedieran estos avances. Y a nivel de formaciones políticas, hay muchas que han liderado y abanderado también estos derechos, pero es cierto que parece que la medalla se la colgó el PSOE. Creo que tiene que revisar si esa medalla sigue pulida y con brillo porque últimamente tiene el moho de la ultraderecha y el moho rancio del nacionalcatolicismo. Da pena que un partido que tiene muchísimos gays, personas trans y lesbianas que le votan esté ejerciendo semejante violencia contra las personas trans.
Cuando leí parte del Manifiesto transfóbico firmado por Ábalos, la señora Carmen Calvo, varios ministros y otros personajes, y que iba dirigido a todos los mandos intermedios y a toda la militancia, donde hablaba de que las mujeres trans éramos una ficción, y hablaba de inseguridad jurídica… me recordó a lo mismo que defendía el franquismo. Si tanto le preocupa el tema de la inseguridad jurídica al PSOE, les quiero recordar que inseguridad jurídica es la que viven los menores transexuales cuando son acosados en las escuelas y carecen de protocolos que les protejan. Inseguridad jurídica es la que tenemos las personas que accedemos a la atención médica sin haber revisado, ni actualizado los protocolos médicos a pesar de que han pasado 3 años desde que la OMS despatologizara las identidades trans. Inseguridad jurídica es la que sufre una mujer transexual que es objeto de violencia de género y está desprotegida por la Ley de Violencia de Género.
Inseguridad jurídica es a la que nos quieren llevar queriendo ir para atrás después de 2006 diciendo que se preocupan por las internas trans cuando se les mete en sus celdas. Hay que recordarles a estos señores que hoy quieren rescatar la Ley de Peligrosidad Social porque nos sitúan como un peligro social, que en 2006 las mujeres trans pasamos al módulo de mujeres porque en el de hombres nos violaban. Y todo estalló porque a una compañera en Valencia la violaron 6 veces en un solo un día. Quiero recordarles que las mujeres trans no somos un peligro. Estamos en peligro.
La ley otorga derechos a las personas trans migradas, ¿qué dice el texto en este caso?
El texto que hemos registrado es una revisión y mejora del borrador que se ha trabajado en el ministerio con todos los colectivos. Sobre inmigración el borrador original decía que las personas migrantes trans podían tener acceso al cambio de nombre en la documentación que pide el estado (permiso de residencia, permiso de trabajo, tarjeta sanitaria…) pero solamente si acreditaban que en los lugares de origen sufrían persecución. Esto resulta antagónico a la ley porque precisamnete su eje principal es la autodeterminación como herramienta para reconocer a las personas trans como sujetas de derecho donde sus palabras vale tanto como la de las demás ciudadanos y ciudadanas. Es un acto de discriminación que las personas españolas tengan acceso al cambio legal del nombre sin ningún trámite como marcan los estándares europeos, mientras las personas migrantes estaban sometidas a esa acreditación. En la ley registrada se ha eliminado ese requisito.
También se ha mejorado el tema de las personas trans no binarias, algo que también recomienda Europa desde 2015. La ley recogía tres casillas: una para poner mujer, otra para hombre y otra en blanco. Pero dejarla en blanco supone invisibilizar a las personas no binarias y el estado debe proteger esa identidad porque forma parte de las identidades individuales y de principios de la libre autodeterminación. Por eso, hemos modificado la ley para incluir una casilla para poner no binario, otra para mujer, otra para hombre y una cuarta para quién lo quiera dejar en blanco, como para personas intersex que no conocen todavía su verdadera identidad y se deja en blanco para cuándo decida una de las tres. El sumar nunca resta y el estado no puede hacer la política del avestruz y no reconocer que existen otras realidades.
Respecto a las personas menores trans, ¿qué medidas recoge esta ley?
El Estado tiene un compromiso con las infancias. Cuando un menor es objeto de un maltrato físico, cuando los servicios sociales tienen conocimiento de que no tiene una adecuada situación higiénico-sanitaria o tiene absentismo escolar… el Estado está obligado a intervenir para que prevalezca, ante cualquier circunstancia incluso por encima de sus padres y por el bienestar del niño, el interés superior del menor. Lo que queremos con esta Ley es que las infancias trans estén igualmente protegidas. Que cuando a un menor transexual no se le esté permitiendo el libre desarrollo de su personalidad, bien en los centros educativos bien por parte de los padres o por uno de ellos, el Estado debe intervenir para hacer prevalecer el interés superior del menor. No permitirle a un menor transexual desarrollarse libremente es equiparable a un maltrato físico porque un maltrato psíquico también deja grandes secuelas.
Se recogen medidas de reparación al colectivo trans ¿Por qué debe el estado reconocer esa represión?
Es importante reconocer, porque lo que no se reconoce no se puede reparar. Y el estado debe reconocer a esa generación, lamentablemente no muy amplia porque muchas personas por su mala vida han muerto. Y de eso es responsable también el Estado, porque es responsable por acción o por omisión. Ha dejado de hacer muchas cosas: no ha implementado políticas activas de empleo por lo que es una generación que ha tenido cerrado a cal y canto el mercado laboral, no ha habido protección escolar ante el acoso por lo que no han estudiado, e incluso han sido despojadas y desarraigadas de sus propias familias obligadas a tener que subsistir de la prostitución. Y hoy en el ocaso de sus vidas se ven sin recursos y viven de la caridad. Calculo que no superan las 3000 personas y todas deben tener un subsidio del Estado que les permita vivir con dignidad el resto de sus vidas. Y eso es lo que debe hacer un Estado decente y progresista sensible con las personas trans.
La ley cuenta con el respaldo de los colectivos LGTBI+, especialmente los colectivos trans del estado ¿Habéis recibido algún tipo de apoyo de fuera del estado?
La Ley trans es un clamor social. No podemos tener unos representantes políticos y un gobierno que mire hacia otro lado y no escuche a la sociedad y al sujeto político. Si una ley ha sido reclamada de una manera tan brutal, ha sido esta.
Existe un eurobarómetro que ha dejado claro que España está a favor de los derechos trans. En una encuesta sociológica que se hizo en 2019 en 15 países europeos, España quedó a la cabeza como el país más tolerante con las personas trans. Es más, siempre que se lleva a cabo un nuevo proyecto de Ley el Gobierno realiza una consulta pública, y mientras la mayoría de ellas pasan desapercibidas, ésta ha tenido una altísima participación. Pero tal vez, el fenómeno más exponencial es que el 98% de todas estas participaciones han sido a favor. Nos hemos entrevistado con la mayoría de grupos progresistas del Congreso, tanto de ámbito nacionales como territoriales, y todos en su gran mayoría están a favor.
Con lo cual, es una ley que cuenta con un amplio consenso social, político y apoyo unánime de las personas trans. Pero también debemos tener en cuenta y respetar el nuevo fenómeno de la última década: las Asociaciones de Familias de Menores Trans. Ahora las familias tienen voz para hablar de sus hijas y de sus hijos, y esto lo celebramos como un gran avance porque hemos vivido una época, y lo digo en primera persona, donde las familias nos expulsaban de nuestros hogares. Supone un cambio radical pasar de la expulsión al acompañamiento con amor para que sus hijos no tengan menos derechos que los demás.
Por otro lado, las personas trans cansadas de que el colectivo LGTBI no tuviera nunca en cuenta las demandas específicas de las personas trans, nos hemos organizado y hoy tenemos una federación que tiene presencia en doce comunidades y representa a más de 4000 personas en todo el estado. Es decir, el sujeto político está organizado y lo mismo que las mujeres se empoderaron para luchar por su liberación, hoy las personas trans estamos empoderadas.
El colectivo LGTBI es muy diverso en términos territoriales, pero existen organizaciones hegemónicas que se autoproclaman como las portavoces del todo el colectivo. No voy a cuestionar que representatividad tienen o no tienen, pero si en España existen más de 2000 organizaciones LGTBI, una federación que tiene 57 personas que no representan ni al 3-4% del tejido asociativo deberían hacérselo mirar antes de decir que son los representantes de todo el colectivo. Las personas trans sí podemos decirlo porque el 80% de los colectivos trans están organizados en la Federación Plataforma Trans.
Sin embargo, esas federaciones y algún colectivo más han propuesto unificar la Ley Trans con una ley LGTBI ¿Qué opinión os merece esta iniciativa?
Es indignante, pero la gravedad no recae en estos colectivos, aunque de manera unilateral se presenten como la voz hegemónica del colectivo LGTBI-Trans y menos cuando la voz es diversa y plurinacional. España está organizada en 17 comunidades autónomas con lo cual tampoco vale el modelo hegemónico de una España grande y libre.
El colectivo LGTBI debe buscar el consenso escuchando a las grandes organizaciones territoriales: ¿dónde están Cataluña, País Vasco o Andalucía? tenemos voz propia y lo mismo que estamos organizadas de manera política y geopolítica en comunidades, el colectivo de organización también tiene que ser un reflejo de este tipo de organización política, sin hegemonías. Es indignante que pretendan representarnos a todos ninguneando la pluralidad territorial del colectivo. Y lo digo sin pelos en la lengua, estás organizaciones han sido satélites del PSOE y por eso también tiene el gran favor económico, político y mediático. Manejan suculentas cantidades en subvenciones y eso no es gratis, porque cuentan con ese favor político.
Por ejemplo, en el Consejo LGTBI que se ha formado hace poco en Cataluña no está presente el FAGC (Front d’Alliberament Gai de Catalunya), cuando es la organización histórica por excelencia que ha dado lugar al nacimiento de la libertad y la disidencia en el Estado español. ¿cómo no está el Observatorio de Cataluña, de Vitoria o Andalucía? Es imposible avanzar y tener un consejo LGTBI cuando parece que estamos en la época del franquismo.
Nuestro colectivo es heterogéneo y plurinacional y tiene que ser el reflejo de las estructuras que dice representarnos a todas y a todos.
Y en ese sentido, me molesta el guante que ha lanzado Podemos de manera deliberada, irrespetuosa y vertical contra el colectivo trans. La señora Montero montó una mesa en la que nos tuvo a todas sentadas durante 7 meses y ahora unilateralmente y sin contar con las verdaderas personas beneficiarias y afectadas, decide fusionar una Ley. Eso es un acto de violencia. Las personas trans no nos merecemos entrar en una Ley saco donde todo cabe, porque eso invisibiliza las causas estructurales de nuestra discriminación. Tan solo se pueden abordar los derechos de las personas trans desde una ley trans.
Las sedes de Alternatiba acogen la exposición “NuesTrans vidas importan” que habéis realizado en ATA-Sylvia Rivera ¿Cuál es el objetivo de la misma?
La planteamos en el contexto del Día de la Visibilidad Trans, no solo para visibilizar la discriminaciones de las personas trans, algo que hacemos todo el año, sino también exponiendo las discriminaciones que sufrimos para reivindicar cambios estructurales y eliminar obstáculos que nos impiden vivir en igualdad. A través de un lenguaje juvenil, el usuario puede interactuar con las ilustraciones.
En ese sentido, queríamos mandar un mensaje de esperanza en clave positiva para toda una generación que está abriendo los ojos, y no queríamos que viera un mundo negro sino uno de posibilidades. Que los jóvenes vean que es posible amar y ser amada, que es posible estudiar, trabajar, practicar un deporte y tener una familia que te acompañe y te ame. Queremos que las personas trans jóvenes vean que es posible desarrollarse humanamente de manera diversa, sin renunciar a la particularidad de cada uno.