El Gobierno español se ha comprometido con EH Bildu a «priorizar» el desarrollo del fondo para compensar a las víctimas del amianto. «Mi compromiso, señor Matute, es priorizar esta norma para que en el menor plazo posible se publique y entre en vigor». De esta manera se ha expresado la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, en respuesta a una pregunta parlamentaria del portavoz adjunto de EH Bildu, Oskar Matute, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. EH Bildu ha exigido al Gobierno que active sin más demoras el reglamento regulador del fondo para que entre en vigor cuanto antes y las víctimas puedan cobrar las indemnizaciones que les corresponden.
Matute ha recordado que gracias al trabajo y a la lucha incansable de este colectivo el Congreso, a iniciativa del Parlamento Vasco, aprobó por unanimidad en 2022 crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto. EH Bildu, además, logró dotarlo de 25 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 y acelerar su creación. Sin embargo, un año y medio después, el Gobierno sigue sin desarrollar el reglamento. La ministra Saiz ha argumentado de que la demora se debe a la «complejidad del contenido de la norma y su tramitación con las Comunidades Autónomas», ya que se trata de una regulación nueva. Ha explicado que los técnicos de la Seguridad Social están trabajando para cerrar el texto del reglamento y solicitar el oportuno informe al Consejo de Estado: «Estamos en la recta final y vamos a llegar cuanto antes».
El representante de EH Bildu ha instado a que se recojan las aportaciones realizadas por las víctimas del amianto y los sindicatos, para que las indemnizaciones sean mayores y sean equiparables a otros colectivos que cuyas rentas están exentas de tributación en IRPF. «Sus peticiones no pueden caer en saco roto. Se necesitan más fondos. Ya es hora de que las instituciones salden la deuda histórica con las víctimas del amianto. El desarrollo para que el fondo de compensación sea una realidad no puede esperar más», ha afirmado Matute, que ha recordado que Francia en 20 años han destinado más de 6.000 millones de euros para indemnizar a estas víctimas.
En su intervención, la ministra de Seguridad Social ha asegurado que el Gobierno es «extraordinariamente sensible» al abandono y perjuicio provocado por la exposición al amianto a miles de trabajadores como consecuencia de «unas medidas de protección insuficientes y una escasa vigilancia de su salud». «Estamos actuando con transparencia, escuchando e informando regularmente a las asociaciones de todos los pasos que vamos dando en colaboración con las Comunidades Autónomas», ha apuntillado.
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