La portavoz de Alternatiba, Amaia Agirresarobe, ha denunciado duramente las cinco sanciones y la apertura de dos procesos judiciales impulsados por el Gobierno Vasco contra tres personas vecinas de Sestao, después de que un colectivo de la localidad realizara una protesta multitudinaria el pasado viernes, 25 de enero, en protesta por la precaria situación de creciente desempleo y pobreza que vive la comarca, la cual terminó con un grupo de personas realizando una sentada pacífica de varios manifestantes dentro de la oficina de Lanbide.
La portavoz de la formación de izquierdas ha censurado que desde administraciones como el Gobierno Vasco, que gestiona tanto el servicio de empleo como la policía autonómica, se “ataque a las personas que más sufren los latigazos de la crisis” y ha instado a “responder a las demandas ciudadanas con medidas políticas al servicio de las personas en lugar de responder con represión policial y sanciones administrativas”. Así, desde Alternatiba Bizkaia han defendido la legitimidad de las protestas llevadas a cabo por personas y colectivos como los de Ezkerraldea, que sufren unas tasas de desempleo brutales, donde según agentes sociales existen más de 22.000 personas en paro y 41.000 trabajan en condiciones cada vez más precarias ante la pasividad de Gobierno Vasco, Diputación y ayuntamientos de la comarca.
Por todo ello, Agirresarobe ha reiterado su apoyo a continuar en la lucha por la justicia social, tal y como se hizo la semana pasada en Sestao al “exigir pacíficamente un servicio social público de calidad y una gestión eficiente por parte de Lanbide”. En este sentido, Agirresarobe ha llamado a sumarse a la manifestación que mañana, 1 de febrero, recorrerá las calles de Sestao y que partirá a las 19:30 horas de la Plaza del Kasko para concluir a las puertas de las oficinas centrales del Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, del municipio.
Finalmente, la portavoz Alternatiba ha considerado “fundamental construir un muro de resistencia entre agentes sociales, sindicales y políticos de izquierda para enfrentar un sistema que para seguir permitiendo los beneficios de las élites financieras, recorta cada vez más derechos sociales a la vez que reprime las protestas en defensa de los mismos”. Ha puesto como ejemplos al joven gasteiztarra Xuban Nafarrate que tras sufrir la brutalidad policial y quedar archivada su denuncia contra la Ertzaintza se enfrenta ahora a la imputación por desórdenes públicos por haber participado en un piquete informativo; o más allá de Euskal Herria, a Alfonso Fernández, detenido en las protestas de otra jornada de huelga y al que acusaron de tenencia de explosivos que la propia policía colocó en su mochila. Se trata, ha concluido, de “la misma forma de represión legalizada que han sufrido históricamente activistas y colectivos en protestas como las el TAV, pero que se extienden ahora a la práctica totalidad de las personas que salen a la calle”.