Desde hace años se ha construido todo un discurso en torno al inevitable colapso del sistema de pensiones, que solo podría evitarse con una prolongación de la vida laboral más allá de los 65 años. Al igual que ha hecho el capital, hay que ofrecer una alternativa a este posible colapso desde los intereses de clase de los trabajadores, lo que implica trasladar el debate al sistema actual de cotizaciones y a la necesidad de aumentar las cotizaciones a cargo de las empresas, de forma que permitan hacer frente a los tiempos de no-trabajo (incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación-maternidad-paternidad…).
El periodo laboral que actualmente computa para el cálculo de la renta de jubilación lo constituyen los últimos 15 años. Ampliarlo o reducirlo (o sea, jugar con el número de años) no ofrece mejoras sustanciales para el/la jubilado/a, ya que la precarización laboral es creciente y los últimos años (sean 5, 15 o 20) pueden presentar condiciones tan adversas como los primeros. La clave estaría en reivindicar como periodo de cómputo los mejores años de la vida laboral de una persona, independientemente de su ubicación cronológica.
Actualmente las revisiones de las pensiones se realizan en función del IPC, cuya elevación tiene a ser menor que el porcentaje negociado en los diversos convenios. Aún cuando las condiciones de la jubilación sean buenas, este factor contribuye a una progresiva desigualdad social en perjuicio de las personas jubiladas de mayor edad, por el alejamiento progresivo de las pensiones sobre los salarios. Por ello es necesario reivindicar una revalorización de las pensiones en función de la media salarial.
Desde hace años se han puesto en marcha política activas para propiciar el fortalecimiento de los fondos de pensiones privados, los cuales tienden a erigirse (a través de la promoción de una “cultura inversora” de carácter “popular”) como una alternativa al sistema público de pensiones. Es necesario confrontar este proceso de valorización de los sistemas privados de capitalización. Para la clase trabajadora, la lucha por el carácter público de las pensiones de reparto es estratégica:
- Es indudablemente más inclusivo que los sistemas privados, comportando mayor bienestar social, al permitir criterios redistributivos, tales como las pensiones mínimas garantizadas, la consideración como cotizado de períodos dedicados a actividades de cuidado, la no reducción de las pensiones de las mujeres por la mayor esperanza de vida de las mismas…
- Reduce el nivel de fondos disponibles para actividades especulativas, lo que reduce las desestabilizaciones como la que vivimos actualmente y evita la contradicción de intereses entre los trabajadores aportantes a fondos de pensiones (interesados en el aumento de la rentabilidad de las inversiones de los fondos) y los trabajadores de las empresas en las que se invierten los fondos (que pueden ver afectados a la baja sus condiciones laborales por la presión de los fondos de pensiones).
La existencia de topes de cotización y de pensiones parece en principio una medida igualitaria, pero en la práctica conduce a un desvío de rentas hacia los fondos de pensiones privados por parte de las personas con rentas altas. Así pues, la elevación de los topes de cotización puede ser una medida para limitar el fortalecimiento de la alternativa privada de jubilación.
Especial atención merece la situación de las personas expulsadas del mercado de trabajo antes de acceder a la jubilación como consecuencia de la política de rejuvenecimiento de las plantillas de las empresas, lo que contribuye a disminuir las pensiones por aplicación de coeficientes reductores, aspecto que se vería aumentado si aumenta la edad de jubilación. Para quienes trabajan en pequeñas y medianas empresas el ingreso de espera hasta la jubilación consiste en el subsidio de desempleo para mayores de 52 años, de cuantía muy reducida y que, además, va unido a cotizaciones reducidas que afectarán a la futura pensión de jubilación (para las grandes suele venir acompañado de complementos a cargo de la empresa y mejora de las cotizaciones). Para impedir esos efectos, una reivindicación de inicio puede ser la exigencia de la jubilación a los 60 años sin penalizaciones, sin perjuicio de exigir una edad de jubilación más baja para el caso de las profesiones con determinados riesgos para la salud. Por el contrario, hay que evitar la trampa de aceptar las jubilaciones anticipadas, a la cual suelen adherirse trabajadores/as con problemas de salud y fatiga derivados de la actividad laboral realizada, que a veces todavía se ha prolongado durante 40 y más años, para los cuales no hay compensación alguna. Además, el subsidio de mayores de 52 debe ser sustituido por una prestación de desempleo ordinaria que dure hasta la jubilación, acompañada del mantenimiento de las cotizaciones a cargo de las empresas.
Las pensiones de viudedad de las generaciones mayores deben inspirarse en el reconocimiento de una situación histórica en el que las mujeres desempeñaron un decisivo papel las mujeres en la reproducción de la vida, lo que demanda la atribución a las mismas de las pensiones de sus cónyuges.