Diana Urrea y Xabier Soto – Alternatiba
“En toda República hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo”. Fue Maquiavelo, hace cinco siglos, quien anticipó con esta frase la existencia de un conflicto de intereses en toda sociedad. La propiedad privada y las leyes establecidas por la élite político-económica han creado un abismo entre dos clases jerárquicamente diferenciadas entre sí: la clase de los propietarios, de los poderosos y de los amos, frente a la clase de las personas no propietarias, pobres y trabajadoras. Los privilegios de unos pocos frente al bien común, la tensión causada entre el pueblo, por una parte, y los grandes, por otra.
Coincidiendo con este Primero de Mayo, y en puertas de una convocatoria de huelga general para el próximo día 30, Gipuzkoa asiste a un ejemplo perfecto de esa lucha de clases teorizada hace siglos. Pero esta vez, hay un matiz diferente. Algo ha cambiado. Los grandes ya se han dado cuenta, y están nerviosos.
Las 4.800 personas que trabajan en las residencias de personas mayores de todo el Territorio pelean por no perder sus derechos en la negociación del convenio laboral. Lo hacen con las únicas armas de las que dispone la clase obrera: carteles, silbatos, consignas, pancartas… Pero se enfrentan a un gigante armado. Los grandes de Maquiavelo, la patronal Adegi en este caso, que arremeten con todo su poder político, económico y mediático contra estas trabajadoras (no es casualidad que la mayoría de ellas sean mujeres).
Amparada por poderosos grupos de comunicación y grandes partidos como PNV y PP, Adegi se aprovecha, además, de la más útil y perversa de las armas puestas a su servicio por sus cómplices de Madrid: La contrarreforma laboral española. En virtud de la misma, y al igual que sucederá con docenas de convenios en Euskal Herria, de no lograrse un acuerdo entre las partes, el próximo 7 de julio entrará en vigor el convenio estatal del sector, perjudicando gravemente las condiciones laborales actuales de decenas de miles de personas. En las residencias de Gipuzkoa, si las trabajadoras no aceptan las condiciones de la patronal, en poco más de dos meses esta será su situación: 400 euros menos de sueldo al mes y 200 horas más de trabajo al año.
La lucha no puede ser más desigual. Los silbatos, aun cargados de razón, nada pueden contra la artillería pesada de la alianza entre los poderes políticos y económicos. Por primera vez, sin embargo, algo está cambiando. La ciudadanía guipuzcoana ha decidido que el poder institucional lo ostenten quienes, en la lucha de clases, están al lado del pueblo, y tras décadas de alianzas con gobiernos del PNV, los grandes han perdido un cómplice en Gipuzkoa. El Gobierno foral de Bildu ha decidido hacer bandera de la defensa de los servicios públicos y respaldar a esas mujeres que trabajan en las residencias y centros de día del Territorio. Ha dicho alto y claro: “Cubriremos sus espaldas”.
Se ha encargado de hacer saber públicamente su frontal oposición a la reforma laboral española y a la pérdida de cualquier derecho adquirido por parte de cualquier trabajador o trabajadora de este país. Su compromiso lo ha sellado poniendo encima de la mesa 8,2 millones de euros para sustentar las subidas de sueldo de las empleadas, de cuya dignidad laboral depende dispensar unos servicios igualmente dignos en calidad a la ciudadanía.
La airada respuesta de Adegi ha sido la interposición de una demanda judicial contra la Diputación por “injerencia sin precedentes en la negociación colectiva”. Y esa es la clave: “sin precedentes”. Desconcertados, los grandes de la patronal aseguran que es la primera vez en su historia que se han visto obligados a recurrir al extremo de demandar a la Diputación. Lo dicen atónitos, desorientados ante la pérdida de la tradicional connivencia del poder político con el empresarial. Acostumbrados, como están, a años de pasearse por la Diputación entre apretones de manos, comilonas a costa del erario público y reuniones con grandes hombres con corbata, han pedido amparo a los tribunales porque el Gobierno foral no quiere seguir engordando sus bolsillos.
Los grandes de Maquiavelo están nerviosos. La actitud del nuevo Gobierno de Bildu es tan inusual, que hasta les parece ilegal. Jamás habían escuchado que un Gobierno actuara en la defensa de lo público y la dignidad de las personas trabajadoras. Ignoraban que el poder político pudiera oponerse a seguir empeorando las condiciones laborales de un sector ya de por sí precarizado y feminizado, como es el de los cuidados. Desconocían que hay quien, desde las instituciones, defiende a las mujeres víctimas de la inestabilidad laboral, de la economía sumergida del cuidado, del empleo precario, del subempleo con contratos a tiempo parcial como medio para tener algún ingreso mientras siguen sosteniendo las cargas familiares.
Y por eso desde Alternatiba apoyamos la actitud del Departamento de Política Social de la Diputación, de su representante Ander Rodriguez, compañero además de militancia, y la de todo su equipo. Del mismo modo que aplaudimos que la Diputación de Gipuzkoa haya reiterado el compromiso con las y los trabajadores al anunciar estos días que sancionará a aquellas empresas que incumplan las condiciones laborales y los convenios en aquellas obras sufragadas con dinero público.
Hoy, cuando las mujeres, las clases trabajadoras y los sectores oprimidos encuentran por primera vez un aliado en su Gobierno, hierve la lucha de clases, en Gipuzkoa y en toda Euskal Herria.