El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha subrayado que “una de las máximas del Gobierno foral es la gestión del dinero público con responsabilidad, eficacia y transparencia. Por lo tanto, no puede permitir que haya empresas que cobren de la Administración por servicios que no han prestado durante una huelga, y menos que se queden con parte del sueldo que les corresponde a las empleadas”. Por ello, el Departamento de Política Social ha decidido deducir de la tarifa mensual que abona a las entidades gestoras de residencias y centros de día la parte que éstas no van a pagar a las trabajadoras en huelga.
Se trata de una medida que fue aplicada por primera vez en el paro de tres días que tuvo lugar el pasado mes de febrero. En aquella ocasión, el Gobierno foral detrajo 81.278,66 de la tarifa abonada a las empresas.
La directora de Planificación e Inversiones, María del Río, ha explicado que la Diputación abona a las empresas y asociaciones sin ánimo de lucro gestoras de las residencias del Territorio una tarifa mensual que incluye los gastos de alojamiento, manutención, limpieza, etc (30% de la tarifa) y los sueldos de la plantilla (70% de la tarifa). En el caso de una huelga, las empresas dejan de pagar a las trabajadoras por los días en los que no han acudido a su puesto. Pese a ello, en anteriores legislaturas, la Diputación seguía pagando a las entidades la misma tarifa, aún a sabiendas de que el gasto en salarios era menor. Por lo tanto, las empresas obtenían beneficios económicos de las movilizaciones, mientras que el personal perdía parte de su sueldo.
“Esta situación no se va a volver a repetir. Las empresas que reduzcan el sueldo a las huelguistas verán también reducidos sus ingresos”, ha concluido Del Río.