Jonathan Martinez – Alternatiba
Hagamos memoria, que es lo único que nos permiten hacer.
En enero de 2010, la recién estrenada División Antiterrorista de la Ertzaintza arrestó a siete ciudadanos vascos -entre ellos a la edil de Ondarroa, Urtza Alkorta- en una redada patrocinada por el gobierno de Patxi López en colaboración con ese tribunal de excepción franquista rebautizado como Audiencia Nacional.
Los nuevos inquilinos de Ajuria Enea decidieron obviar el protocolo para la prevención de torturas que la policía autonómica aplicaba hasta entonces, y dejaron vía libre a sus agentes para que hincharan a hostias a los detenidos durante interrogatorios ilegales. Cinco de ellos permanecieron ocho días incomunicados y tres fueron hospitalizados para escándalo de Amnistía Internacional y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que en sus informes señalan al Reino de España como una versión cutre y cañí de Guantánamo.
El CPT explicó en el caso de Beatriz Etxebarria, violada en las mazmorras madrileñas de la Guardia Civil en marzo de 2011, que «el objetivo de los malos tratos alegados era el de conseguir que la persona detenida firmara una declaración (es decir, una confesión) antes de que acabara la detención en régimen de incomunicación». El recurso de la tortura ya había servido para arrancar a Urtza Alkorta una falsa autoinculpación que se convirtió en la única prueba que necesitaba el juez Eloy Velasco para endosarle cinco años de trena acusada de colaboración con banda armada.
Los abogados de los detenidos, Haizea Ziluaga y Alfonso Zenon, denunciaron públicamente el comportamiento del gobierno del PSE. «La Ertzaintza tortura a las órdenes del señor Ares», dijo Zenon. Rodolfo Ares, el verdugo de Iñigo Cabacas, en lugar de investigar las denuncias, decidió esconder las grabaciones de los interrogatorios cuando se las solicitaron el Ararteko y un juzgado de Durango, y plantó una querella criminal contra Zenon y Ziluaga «para defender el buen nombre de la Ertzaintza». Seguimos a la espera de un juicio absurdo al que mi compañero Ander Rodríguez y yo hemos sido llamados como testigos después de que entregáramos un escrito de autoinculpación haciendo nuestras las palabras de los imputados.
Urtza Alkorta permaneció dos años y medio en prisión hasta que un recurso la excarceló el verano pasado. Sin embargo, en febrero recibió una nueva orden de encarcelación que activó la alarma y la resistencia popular. Con la desobediencia civil del Aske Gunea de Donostia en la memoria, un millar de personas han ido atrincherándose alrededor de Urtza durante cinco días y cinco noches para protegerla de la policía, que no se ha atrevido a asaltar el puente de Ondarroa hasta esta mañana. Treinta furgonetas de la nueva «policía de proximidad» de la consejera Estefanía Beltrán de Heredia han tomado el pueblo y han empleado más de tres horas en disolver el muro humano y secuestrar a Urtza.
Dice Beltrán de Heredia que quienes defendían a Urtza estaban «alterando el orden público». Otros, sin embargo, hemos visto en Ondarroa una exhibición de solidaridad demasiado difícil de encontrar en una sociedad capitalista educada para la sumisión y el consumo. Es triste ver a una policía vasca entregada a los caprichos de venganza de un imperio en estrepitosa decadencia, pero todavía nos dibuja una sonrisa el espectáculo de dignidad de un pueblo que ha renunciado a rendirse.
Hay paredes que hablan y nuestra pared desobediente se lo ha gritado a los encapuchados a la cara: «vosotros por dinero, nosotras por amor.»