La mujer no es responsable. Este es uno de los argumentos esgrimidos por Gallardon en el senado para defender su reforma de la ley sobre derechos sexuales y reproductivos. En otras palabras, el PP nos dice que las mujeres no somos personas autónomas para decidir sobre cuestiones tan básicas como el cuerpo, la vida, la sexualidad y la maternidad. Así, la decisión sobre nuestro propio cuerpo no nos compete a nosotras sino que dependerá de una mayoría conservadora del congreso de los Diputados, en su mayoría hombres, que una vez más se alían con los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica, con las organizaciones pro-vida y asociaciones afines para decidir en nombre de nosotras. Ellos deciden y las mujeres debemos obedecer, como si fuéramos menores de edad, incapaces de decidir sobre nosotras mismas.
El Partido Popular ha intentado llevar el debate de la nueva regularización del aborto al terreno de la supuesta moral que defienden, argumentos que deberían ser personales e intransferibles. De esta manera, el PP supedita los derechos de las mujeres a unos presuntos valores religiosos que quieren imponer a toda la ciudadanía, como si fueran universales sin querer entender que la religión es una cuestión privada, y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos de todas las personas, incluyendo los derechos de las mujeres, considerados una vez más de segunda categoría.
Desde EHBildu creemos que las intenciones del PP suponen un ataque a la autonomía de las mujeres y el derecho a decidir de manera autónoma sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. La tutela a la que nos quieren someter es un gravísimo acto de violencia al que debemos responder de manera contundente y desde todos los ámbitos, y es una responsabilidad de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales de Euskal Herria exigir, hoy más que nunca, el aborto libre y gratuito.
Porque si esta reforma sale adelante, las mujeres seguiremos abortando si esa es nuestra decisión, pero bajo el castigo del Código Penal y el grave riesgo para nuestra salud y nuestra vida. Porque si la reforma sale adelante, las ricas seguirán teniendo ese derecho reconocido y las pobres no lo tendrán ni mucho menos garantizado. Porque si la reforma sale adelante, el capitalismo saldrá ganando abriendo un nuevo negocio con el aborto, ya que no será una intervención de salud pública hecha consecuentemente en el sistema de salud pública. Porque si la ley sale adelante, la maternidad y el cuidado seguirá siendo nuestro único destino, y se desarrollará en los hogares donde amortiguaremos las embestidas de recortes de la ley de Dependencia con nuestro trabajo silencioso, gratuito e invisibilizado. Porque si la reforma sale adelante y no podemos decidir sobre abortar o no, ¿quién nos dice que podremos decidir sobre el sistema de organización social que deseamos, queremos y necesitamos?
Apoyamos la iniciativa presentada por el PSE porque coincidimos en el rechazo a la Reforma que plantea el Partido Popular, pero nos gustaría también constatar nuestro profundo desencuentro con el partido proponente, un partido que nunca defendió con plenitud el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus vidas, su sexualidad y su maternidad, y que cuando tuvo su oportunidad aprobó una ley insuficiente y cobarde que no recogió las reivindicaciones del movimiento feminista, una ley que consideraba el aborto como delito, una ley que tutelaba la capacidad de decisión de las mujeres y que no estableció medidas concretas para garantizar la práctica del aborto en el sector público.
Frente a una mayoría de la clase política que de una manera u otra, con mayor o menor intensidad utiliza los derechos de las mujeres como caladeros de votos, desde EHBildu defendemos que el respeto al derecho a decidir de las mujeres debe pasar por la construcción de estados laicos, en los cuales el papel de las religiones se restringa a la esfera privada. Así, solicitamos a la jerarquía de la Iglesia Católica que deje de ocupar debate y espacios que no le corresponden, y que abandone su empeño histórico en generar y profundizar situaciones de desigualdad para las mujeres. Las mujeres no necesitamos ser tuteladas.
Defendemos una legislación que garantice el aborto gratuito para todas las mujeres, donde se asegure la libertad de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y a disfrutar de su sexualidad, independientemente de la reproducción y desde todas las opciones sexuales.
Y, por último, consideramos que el aborto es una cuestión vinculada a los derechos de las mujeres, y que como tal, debería ser suficiente con la voluntad expresa de las mujeres para decidir si quieren abortar. Por eso decimos que los derechos no se negocian. No se negocian con aquellos grupos que quieren presentar esta cuestión como un tema moral y defensa de la vida. No se negocia con aquellos grupos que utilizan esta cuestión para defender un modelo de vida basado en la familia tradicional y en la defensa de determinados valores, que consideran universales, frente a la libertad de decisión de las personas. No se negocia con la jerarquía de la iglesia católica, que sigue sin entender que la religión es una cuestión vinculada al ámbito privado y que al margen y por encima de sus creencias el estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de todos los derechos para sus ciudadanos y también, por más que les pese a algunos, para sus ciudadanas. No se negocia con aquellos que confunden con artimañas a la opinión pública, y que no permiten que el aborto se debata entre todas las personas, con toda la información y conociendo todas las propuestas.
Ante este ataque brutal a los derechos de las mujeres, nos gustaría llamar a la movilización para poder mostrar que es mayoritaria la ciudadanía que apuesta por otro tipo de sociedad que se construya sobre el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, empezando por una regulación de la interrupción voluntaria del embarazo más amplia y progresista.