Amaia Agirresarobe, Asier Imaz, Rebeka Ubera, Unai Ziarreta
Esta Ley tiene el mismo objetivo que todas las impulsadas por el PP desde el Gobierno de Madrid: erosionar poco a poco la democracia e impulsar la privatización de los servicios públicos para llegar al modelo de Estado neoliberal y centralista en el que cree.
Que la aplicación de la Ley terminaría con la estructura del país tal y como la conocemos puede parecer una afirmación demasiado dura. Podría pensarse que caemos en el tremendismo para defender nuestra postura, pero los datos son demoledores: la propuesta del PP hace desaparecer directamente todos los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y vacía prácticamente de competencias a los de menos de 20.000. En los cuatro herrialdes del sur de Euskal Herria sólo hay 16 municipios de más de 20.000 habitantes y la mayoría tienen menos de 5.000.
Si se carga los ayuntamientos más pequeños, evidentemente también borra de un plumazo las instituciones menores, como los concejos -con tanto arraigo y tan importante labor en Araba y Nafarroa- así como los consorcios, mancomunidades y cuadrillas que, precisamente, ofrecen servicios a los consistorios más pequeños.
Y con los ayuntamientos, concejos, consorcios, mancomunidades y cuadrillas se cargan también y sobre todo los servicios que estos ofrecen. Los servicios más cercanos a la ciudadanía y, desde luego, los más necesarios en esta situación de crisis económica.
Es cierto que han hecho una buena campaña para convencernos de la necesidad de esta reforma que, nos cuentan (nos mienten), va a «ahorrar» en alcaldes y concejales corruptos, inútiles y con sueldos multimillonarios. Pero la realidad es que en los municipios de menos de 5.000 habitantes, los más afectados, los concejales no cobran más de 150 € al mes en muchos casos y los alcaldes ni siquiera tienen sueldo alguno, si lo están es a media jornada como mucho. Además, los representantes institucionales corruptos tienen siglas determinadas, no afectan a todas las fuerzas políticas, desde luego, no a EH Bildu.
Es decir, que lo que se va a ahorrar en sueldos de concejales y alcaldes es el chocolate del loro. Sí se va a ahorrar en los servicios y eso es inaceptable por la afección que tendrá sobre la ciudadanía en general.
La propuesta del PP supone una intervención de facto en los ayuntamientos que permita al Estado controlar y dirigir su funcionamiento. Desde luego, es un paso más hacia la recentralización, la vuelta a la organización franquista del Estado, pero también supone hurtar a la ciudadanía la capacidad de decisión sobre lo que se hace en los ayuntamientos. Las elecciones no valdrán para nada, porque los alcaldes y alcaldesas serán figurantes a las órdenes de interventores y secretarios nombrados por Madrid, que se convertirán en gestores municipales.
Nos quieren imponer gobiernos municipales de tecnócratas, con lo que ello quiere decir, porque está claro que un mero gestor que no responde ante la ciudadanía tiene una prioridad: cuadrar las cuentas. Las necesidades de la ciudadanía no son problema suyo. Los gobiernos de tecnócratas no son una idea de Rajoy, ya están en marcha en Italia y Grecia –con nulos resultados- y son una imposición de las condiciones de los rescates.
A nivel político, democrático, significa unificar la forma de trabajar en los ayuntamientos, impedir que propuestas novedosas, como la de EH Bildu, puedan desarrollarse.
A nivel de la defensa de lo Público y lo Comunal significa un golpe de muerte. Se exigirá, por ejemplo, un coste estándar de los servicios. Es decir, el precio de los servicios será el mismo en todos los municipios, igual en Bilbo que en Ispaster, en Gasteiz que en Maeztu. Eso provocará la bajada de los servicios en calidad y también en cantidad, y afectará también a las personas que directa o indirectamente trabajan para las instituciones. Un nuevo golpe al empleo. Una clara apuesta por la mercantilización o la privatización de los servicios.
La privatización de servicios básicos será otra de las consecuencias de la reforma del PP, más bien uno de sus objetivos. Cuestiones como el agua, los residuos, etc se convertirán en negocio para unos pocos.
Todo ello generará desequilibrios entre la ciudadanía, ya que es evidente que los servicios no se pueden dar al mismo precio en Bilbo que en Ispaster, por ubicación geográfica, densidad de población,… La Ley plantea un «nuevo modelo de gestión municipal por resultados». Resultados económicos, por supuesto. Pero, ¿se puede plantear en términos únicamente económicos si es posible mantener un consultorio pediátrico o una haurreskola en un municipio? ¿Se puede plantear un catálogo de servicios para la tercera edad simplemente rigiendo términos económicos? ¿Qué futuro tienen los euskaltegis municipales, las haurreskolas, las emakumeen etxeak, los servicios sociales municipales, o la cooperación al desarrollo si solo rigen dichos términos económicos?
No podemos concluir sin subrayar que esta reforma, que busca la construcción de un entramado institucional que responda al modelo neoliberal desde la base, parte de la falta de respeto a nuestra realidad nacional y social. Si la Reforma se aplica finalmente en Euskal Herria sufriremos, una vez más, las consecuencias de la falta de soberanía.
La situación es grave y exige un esfuerzo por parte de la sociedad para oponerse a un nuevo golpe a la supervivencia de los pequeños municipios. Y también a los planteamientos tecnocráticos que no buscan otra cosa que acabar con los servicios públicos y las funciones sociales que cumple la institución más cercana a la ciudadanía.
Desde EHBildu nos comprometemos para trabajar conjuntamente con todos los agentes políticos, sociales y sindicales que se oponen a dicha ley. Los dos parlamentos, las juntas generales y un sinfín de concejos y ayuntamientos se han posicionado ya en contra de dicha ley. Es hora de abordar entre todos el un debate y posterior acuerdo para que dicha ley no sea aplicada en Euskal Herria. Nuestra disposición es absoluta.
