EH Bildu se ha posicionado en contra de los presupuestos que ha pactado para 2014 el «tripartito del capital» que integran PNV, PSE y PP, ya que «han elegido defender los intereses de la minoría poderosa, la que vive de las rentas y amontona beneficios en plena crisis», como ha denunciado Oskar Matute. EH Bildu, en cambio, ha optado por estar al lado de la mayoría, de la clase trabajadora, y ha puesto sobre la mesa propuestas concretas para cambiar de raíz los presupuestos de 2014, para ponerlos de verdad al servicio de quienes están pagando las consecuencias de la crisis.
Matute ha reclamado un cambio radical de las políticas económicas para pasar de un modelo de dependencia que se limita a aplicar decisiones ajenas a Euskal Herria a un modelo que tenga como eje la soberanía, ya que eso es lo que posibilitará poner en marcha nuevas políticas sociales y económicas. En este sentido, ha advertido a PNV, PSE y PP de que repetir una y otra vez las fórmulas que han llevado a la crisis traerá necesariamente el mismo resultado, es decir, extender los niveles de pobreza todavía más.
El parlamentario de EH Bildu ha denunciado al Gobierno vasco que da la espalda a los sectores sociales más débiles, así como que confunde sus prioridades. Prueba de ello, la negativa del PNV a pedir 600 millones de euros a Kutxabank para poder impulsar el gasto social, pero sí estar dispuesto a hacerlo para financiar el TAV.
Matute ha recordado al PNV varias de las medidas aplicadas por la Diputación de Gipuzkoa para garantizar los derechos sociales y laborales y ha criticado que el Gobierno de Urkullu no esté actuando en el mismo sentido, lo cual trae consigo el debilitamiento progresivo del llamado Estado de Bienestar, ya que, sin ir más lejos, el Ejecutivo autonómico está destruyendo empleo público y debilitando sus políticas sociales. Por ello, EH Bildu insiste en que es imprescindible dar la vuelta a la situación actual y para ello ha propuesto una batería de medidas concretas resumidas en un decálogo que busca fundamentalmente garantizar la inversión social, fortalecer el sistema de protección social y los servicios públicos y asegurar condiciones laborales dignas.