En rueda de prensa realizada esta mañana en Donostia, el portavoz de Alternatiba y parlamentario de EHBildu Oskar Matute y la también parlamentaria Marian Beitialarrangoitia han denunciado la pasividad y la complicad del Gobierno Vasco con las cementeras ilegales que operan y se lucran con las obras del TAV.
Tras la información aparecida en los medios, y tras haber escuchado el testimonio de lo que sucede en los ayuntamintos afectados, desde EH Bildu no podemos sino hablar de escándalo, escándalo con mayúsculas.
Comisión parlamentaria en la que Matute pide explicaciones a la consejera Ana Oregi en torno a los sobrecostes producidos en las obras del ramal guipuzcoano del TAV
Escándalo en el que se encuentran implicados directamente el Gobierno Vasco y especialmente la consejera Ana Oregi y su departamento.
En primer lugar, el Gobierno Vasco licita unas obras en las que se cometen ilegalidades, ya no supuestas, sino ilegalidades probadas por diferentes jueces y sentencias. Sentencias que desmontan las supuestas alegaciones que las constructoras y el Gobierno Vasco utilizan para justificar que las plantas de hormigón forman parte inseparable de las obras para el TAV.
Tan o más grave que lo dicho es el hecho de que las plantas de hormigón ilegales suponen un inmenso beneficio económico para las constructoras adjudicatarias, ya que que cobran el hormigón a precio de mercado, cuando lo están produciendo a mitad de precio, gracias a la ausencia de controles e impuestos que el Gobierno Vasco permite al tratarse de actividades sin licencia.
Si fuera cierto, como indica el Gobierno Vasco, que las plantas de hormigón forman parte del proyecto del TAV, su construcción estaría prevista en el propio proyecto de la línea ferroviaria y, por tanto, no se incluirían partidas millonarias para comprar hormigón a precio de mercado.
A sabiendas de esto, hace la vista gorda y permite que plantas de hormigón sin ningún tipo de licencia operen en obras de su titularidad, y encima se enriquezcan con ello. Frente a esto, Lakua permanece impasible sin mover ni un solo dedo.
Por tanto, ¿se está permitiendo que plantas de hormigón ilegales produzcan cemento a mitad de precio, aunque luego el Gobierno Vasco lo pague, con el dinero de todos, a precio de mercado? ¿Se hace con el beneplácito del Gobierno de Gasteiz?
Por si esto fuera poco, cuando los ayuntamientos intervienen contra las empresas para hacer cumplir con los procedimientos legales, es el Gobierno Vasco quien empuja e incluso coacciona a los ayuntamientos para que, en contra de los criterios de las sentencias mencionadas, hagan la vista gorda y ofrezcan amparo legal a actividades irregulares.
Visto todo esto, cabe preguntarnos si el Gobierno Vasco no está consintiendo o, incluso, impulsando, un auténtico fraude, una evidente malversación del dinero de los contribuyentes, pagando por el hormigón el doble de lo que cuesta. Y además, impulsando a cometer ilegalidades a los ayuntamientos, ignorando las sentencias en firme que existen sobre este tema.
Por tanto, exigimos a la consejera Ana Oregi explicaciones inmediatas sobre todo lo que está ocurriendo en este asunto, que explique por qué el gobierno permite estas actividades ilegales, por qué permite que las empresas se estén lucrando a costa de todos y por qué, además, empuja a los ayuntamientos a cometer sus mismas ilegalidades. Y no, señora Oregi, no nos vale el «esto ocurre en muchas obras públicas» como dijo el lunes en sede parlamentaria, porque de ser así, estarían ustedes incurriendo en nuevas y mayores irregularidades.
Desde EH Bildu estamos ya analizando las posibles acciones legales a tomar contra el Gobierno Vasco y el departamento de Medio Ambiente y su consejera, a fin de aclarar este escándalo que, una vez más, no hace sino demostrar que en las obras del TAV los únicos beneficiarios no somos los y las ciudadanas de este país, sino los partidos y empresas que se enriquecen a costa de nuestro dinero.
Y no pararemos de repetirlo: decreten una moratoria urgente de este proyecto y analicemos qué es lo que se debe hacer, para que después la ciudadanía pueda decidir.