Intervención del compañero de Alternatiba y diputado de EHBildu en la cámara de Madrid, Oskar Matute sobre el modelo energético español el pasado 2 de abril:
Dado lo limitado del tiempo, señalaré que apoyaremos la moción y nos centraremos, en el breve tiempo de que disponemos, en lo que tiene que ver con el modelo energético. Es cierto que la moción abarca muchas más cosas, pero creemos que lo sustancial, lo nuclear de la propuesta, está en la exigencia de revisión del modelo energético, un modelo energético que sufrimos también en Euskal Herria -ahí no somos ninguna realidad diferente-, que está dominado por las políticas desarrollistas y consumistas y con impactos medioambientales irreversibles.
Hay una nula apuesta por las renovables. Cuando quieren hacer un mínimo atisbo de defensa de las renovables, les sale un tribunal privado, como el Ciadi, que ustedes consagrarán la semana que viene a través de su apuesta por el ZETA, y les impone una multa de 128 millones de euros. Creen en la energía como un elemento de consumo, como un elemento de producto de compra y venta. No garantizan el acceso a la energía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, de ahí la pobreza energética, pero sí quieren exportar energía a Francia a través de centrales de ciclo combinado, a través de líneas de alta tensión como la de Güeñes-Itsaso, que lo único que hacen es encarecer el precio de la energía por coger la más cara de todas ellas, que es la del gas. Todo esto -termino ya- apostando por las nucleares y por la valorización energética a través de los residuos. Nuevamente producción por encima de garantía de abastecimiento y de acceso para todos y todas.
Probablemente también el modelo energético es un ejemplo, un espejo de lo que es el Estado español en la actualidad, un Estado lleno de puertas giratorias, donde hay gente que cobra muy bien, supongo que por favores prestados desde la política a las grandes empresas, y donde también la corrupción se pasea con mucha normalidad. Por ejemplo, en 2015 la Agencia Tributaria denunció a diferentes políticos del Partido Popular de la Junta de Castilla y León por lo que habían hecho con las eólicas en un contubernio con Iberdrola.