En este eje consideramos que se han desarrollado algunos elementos fundamentales para la agenda de esta nueva fuerza política. Tenemos necesariamente que comenzar hablando de la situación de desigualdad de las mujeres en el mercado laboral, ya que nuestra inserción en éste está caracterizada por una alta precariedad, además de por una alta segregación vertical y horizontal. En este sentido, las mujeres nos concentramos en los puestos de menor responsabilidad, menor remuneración, más inestabilidad, menores posibilidades de promoción, etc., y además en los sectores tradicionalmente femeninos (vinculados a lo social, a los cuidados, servicios…en los cuales hay mayores tasas de desempleo, más contratación temporal, etc…).
De esta manera, nuestra inserción en el mercado de trabajo siempre ha sido en desigualdad de condiciones con respecto a los hombres. Se puede decir, relacionado con el momento actual, que hemos estado en una constante situación de crisis. No vamos a detenernos en reflexionar por qué la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo responde a estas características, pero si tenemos que plantear que la división sexual-genérica del trabajo explica en gran medida esto.
Como organización de izquierda deberíamos redefinir este binomio, y promover un nuevo contrato social. Debemos apostarles al desarrollo de un nuevo acuerdo entre hombres y mujeres, que esté basado en la corresponsabilidad, y no en la auxiliaridad de unas en relación a los otros. Este nuevo acuerdo debe permitirnos compartir el trabajo asalariado, las responsabilidades familiares y el cuidado de las personas dependientes. Debe permitirnos compartir el poder y la toma de decisiones, en definitiva, compartir la vida. El impulso de este nuevo contrato corresponde a mujeres y hombres.
Apostamos por un modelo de economía del cuidado, obligándonos, en primer término, a redefinir estos dos ámbitos -trabajo productivo y reproductivo-, tradicionalmente vinculados a la figura de hombre trabajador/mujer cuidadora. El modelo de trabajador hombre sin responsabilidades familiares no debe ser la referencia del mercado de trabajo; ni tampoco el de mujer dedicada al cuidado como única referencia de la esfera reproductiva. Además debemos valorar todo el trabajo no remunerado tradicionalmente realizado por mujeres y tomarlo en cuenta en las estadísticas oficiales.
Apostamos como decíamos por el concepto de corresponsabilidad: el derecho al cuidado es un asunto de todas las personas, hombres y mujeres, y del Estado que debe garantizarlo. Se ve necesaria la universalización de los cuidados, que todas las personas puedan acceder a ellos sin depender de factores como la renta, el lugar de procedencia, etc. Debemos exigir al Estado que invierta los recursos necesarios para garantizar esto, sobre todo en el momento actual de crisis en el que nos encontramos.
Debemos exigir un sistema público de atención a la dependencia de calidad, y nos sumamos a las críticas que los diferentes grupos feministas realizan a la Ley de Dependencia, por ser insuficiente para dar respuesta a las necesidades planteadas y por carecer desde sus planteamientos iniciales y su puesta en marcha de una perspectiva feminista que promueva la superación de la “obligatoriedad” del cuidado para las mujeres.
Debemos prestar especial atención a la situación de las personas que se dedican al cuidado, mayoritariamente mujeres y prestar especial atención a la situación de las trabajadoras del hogar y a la de las mujeres inmigrantes.
Consideramos fundamental el impulso de modelos coeducativos en las escuelas, en los cuales se promueva la autonomía individual de niños y niñas, para poder ir desarrollando conocimientos para el cuidado y el autocuidado, y que estos dejen de ser asuntos exclusivamente de mujeres.