Un estado laico supone la no injerencia de ninguna organización o confesión religiosa en el gobierno del mismo, garantizando la independencia de las instituciones respecto al poder eclesiástico, limitando la religión al ámbito privado, particular o colectivo, de las personas.
La laicidad asegura una mejor convivencia entre los diferentes credos, anteponiendo los intereses generales de la sociedad civil sobre los intereses particulares de las personas creyentes. Un estado laico tiene como premisa fundamental el respeto a los derechos humanos, y es por ello que feminismo y laicismo están estrechamente unidos, ya que ambos defienden los derechos humanos y la libertad de las mujeres.
Todas las religiones, especialmente las monoteístas, han reglamentado lo que las mujeres deben ser y hacer. En particular la Iglesia Católica niega sistemáticamente los derechos de las mujeres a decidir sobre su vida y sus cuerpos, así como el derecho a su libertad sexual.
En los últimos años estamos asistiendo a una mayor intromisión de la Iglesia Católica en la vida política, pronunciándose sobre aspectos que están fuera de su competencia. Se confunden las creencias que cada persona es libre de tener o no, con el intento de imponernos a toda la sociedad una moral religiosa que no compartimos.
Por otro lado, la Iglesia Católica viene históricamente disfrutando de numerosos privilegios. Así por ejemplo, en los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, firmados poco después de la entrada en vigor de la Constitución, se incluyó la enseñanza de la religión católica como materia voluntaria “en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. Además, recientemente el Gobierno español ha acordado con la Iglesia elevar el porcentaje del 0,5% hasta el 0,7% como posibilidad de aporte en la declaración de la renta. Sin olvidar lo que recibe a través de la financiación de la enseñanza privada católica, del profesorado de religión de la enseñanza pública, la financiación de los sueldos y seguridad social de los clérigos o las exenciones fiscales. Todo esto contradice el propio acuerdo económico entre la Santa Sede y el Gobierno español de 1979, en el que «la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos necesarios para la atención de sus necesidades».
Por todo ello, desde esta nueva organización política que estamos construyendo, exigimos:
- La derogación de los Acuerdos de 1979 del Estado español con la Santa Sede, ya que en estos acuerdos, que son una continuación del Concordato franquista de 1953, se considera a la religión católica como una religión semioficial.
- La no financiación de las iglesias con dinero público.
- La exclusión de las religiones de la escuela pública, impulsando una escuela laica como instrumento defensor de los derechos humanos y libertades, inclusiva, no sexista.
- La eliminación de símbolos religiosos en edificios o actos públicos.
En definitiva exigimos una separación real del Estado y las iglesias, una autonomía total de lo político y civil respecto de lo religioso, donde se reconozca la igualdad de derechos y deberes, garantizando el ejercicio de las libertades para todas y todos. Porque el laicismo es el único marco capaz de garantizar la convivencia de personas que tienen ideas y creencias diferentes en una sociedad plural.