Según un reciente informe de la OIT, la mayor parte de los países de la Unión Europea ha gastado, proporcionalmente, más que los Estados Unidos, en el “salvamento” de la banca: desde un 28,6% del PIB en Gran Bretaña, hasta el 14,3% en el Estado Español, frente a un 5,1% de los Estados Unidos. En lo que han gastado menos los países de la UE es en las intervenciones públicas para la creación de empleo mediante la inversión en infraestructura y en servicios públicos y sociales, tales como educación, sanidad, servicios sociales, etc. Frente a un gasto de este tipo del 5,6% del PIB en Estados Unidos, Alemania ha invertido un 2,8%, Gran Bretaña el 1,3%, Francia el 1,1% y el Estado Español, sólo el 0,8%. La Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, cuyo gasto en protección social es inferior incluso al del Estado Español, no ha mejorado ese reducido gasto.
Además, en la medida que de los 25 millones de personas paradas que la OCDE prevé alcanzarán las 28 economías más desarrolladas del mundo, más de cuatro millones –según la OCDE, ya que otras previsiones hablan de cinco o incluso de seis millones- corresponderán al Estado Español, tendrá lugar un gran aumento del gasto de desempleo. Por ahora se mantiene el nivel de las prestaciones de desempleo e incluso han aumentado en algunos supuestos por el RD Ley de febrero de 2008 que prevé que se pone el contador a cero cuando, en determinados supuestos, las extinciones de contratos hayan venido precedidas de suspensiones de contratos.
La crisis social.La recesión global desarrollada durante el 2008 se está convirtiendo en una depresión global en el 2009, caracterizada por grandes caídas productivas y el aumento del desempleo en los países centrales y en la mayor parte de la periferia del mundo. La lluvia de millonesconcedida los mercados financieros y no financieros de los países ricos no consigue frenar la bajada. Esa tendencia está aumentando y el crecimiento del paro se ha acelerado. Sólo en tres meses, había un millón de nuevos desempleados en los Estados Unidos. En el Estado español, el paro ha crecido vertiginosamente y, oficialmente, se espera que llegue al 18% a finales de 2009, aunque la Comisión Europea prevé una tasa de paro del 21,4% en el 2010. En la CAPV, aunque las cifras proporcionadas por el servicio vasco de estadística no tienen ninguna credibilidad, el desempleo habría aumentado el 67% en el primer trimestre de 2009.
En la última década, la economía española ha tenido una tasa de crecimiento del 3,6% anual, superior a la media europea, habiéndose creado unos seis millones de puestos de trabajo, la cifra más elevada de la zona euro. Sin embargo, el peso de la masa salarial de los trabajadores en el PIB se ha reducido del 72% en 1992 al 62% en el 2005, a pesar de que se ha pasado de 14 millones de personas trabajadoras en 1991 a 20 millones en el 2008, lo que significa que la reducción salarial por persona ha sido tremenda. Así pues, el crecimiento económico no ha dado lugar a un aumento de las remuneraciones salariales sino a las del capital. Por ejemplo, el Presidente del BBVA ha venido cobrando 20 millones de euros anuales, lo que no le impidió solicitar moderación salarial y que el despido fuera más barato, llegando incluso a decir que las pensiones eran demasiado elevadas y que era necesario reducirlas y ello mientras él dispone de un Plan de Pensiones con un fondo acumulado de más de 60 millones de euros. Los directivos de las grandes entidades financieras, que se han enriquecido espectacularmente y cuya gestión ha conducto al desastre financiero y social actual, mantienen sus ingresos blindados ante la crisis. Por ejemplo, en 2007, los sueldos de los Presidentes ejecutivos de las 16 entidades financieras sumaron 334 millones de dólares, un 30% más que en 2005. Estas mismas compañías han despedido en 2007-8 a 80.236 empleados. En el Estado Español, los sueldos de los consejeros de los 15 mayores bancos sumaron 115,7 millones de euros en 2008. El 75% de las empresas del IBEX 35 tiene blindada a su cúpula directiva, es decir, 284 altos directivos disfrutan de cláusulas de garantía según las cuales cobrarían entre 2 y 5 anualidades en caso de despido.
Si esas cifras no son mayores aún se debe a las transferencias debidas a las pensiones públicas, que era reconocido por un Informe de 2006 de la Comisión Europea que constataba que uno de los grandes éxitos de la política social del siglo XX ha consistido en que gracias a las pensiones públicas –las que FG pretende que se reduzcan- el envejecimiento ya no es sinónimo de pobreza o de dependencia de las personas mayores respecto a las ayudas que les aporten sus hijos. En la generalidad de los países de la Unión Europea las pensiones de la Seguridad Social constituyen la principal fuente de ingresos de las personas mayores, por lo que la pobreza y la desigualdad entre las mismas depende de la mayor o menor generosidad de los sistemas de pensiones. Según otro informe basado en la base de datos internacionales del Luxembourg Income Study (LIS), las personas mayores de 65 años no disponen de ingresos suficientes provenientes de fuentes privadas para salir de la pobreza, alcanzando las tasas de pobreza antes de transferencia que en muchos casos superan el 90% (el 92,7% en el caso del Estado Español).