Alternatiba critica la exclusión de organizaciones sociales del llamado Pacto Social por la Vivienda
DONOSTIA, 16 DE JUNIO DE 2010 – Alternatiba ha denunciado hoy que el Pacto Social por la Vivienda impulsado por el Gobierno Vasco es una «cortina de humo con tintes electorales» que excluye a las organizaciones sociales y que no va a frenar la especulación ni acabar con los ciudadanos-rehenes de hipotecas, ya que carece de medidas reales para solucionar el problema de la vivienda.
El portavoz de Alternatiba, Oskar Matute, ha subrayado que, «una vez más, el Gobierno Vasco hace gala de la utilización del calificativo ‘social’ para presentar propuestas redactadas por y para el capital». En esta ocasión, presenta un pacto avalado, entre otros, por bancos, cajas, constructoras y asociaciones de empresarios, y del que han sido excluidas organizaciones sociales que trabajan día a día con quienes tienen dificultades para acceder a un hogar (jóvenes, personas en desempleo…).
«El consejero de Vivienda tampoco ha contado con el consenso de los Ayuntamientos, que realizan la planificación urbanística en los municipios, ni con las Diputaciones, que establecen la política fiscal», ha añadido el dirigente de izquierdas.
Matute ha denunciado que, en este Pacto Anti-social, se hace una apuesta por la rehabilitación de pisos mediante la reducción del IVA, «medida que no sólo no favorece el acceso a la vivienda, sino que tiene como único objetivo mantener el negocio del ladrillo causante de la actual crisis económica». Se trata, por tanto, de «una huida hacia delante que tan solo se explica por la incapacidad de los gobernantes de tomar decisiones que disgusten a las grandes empresas».
Por todo ello, Alternatiba ha exigido «políticas y herramientas encaminadas a garantizar el derecho a una vivienda digna», entre las que ha destacado la puesta en valor de los suelos de titularidad pública (Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Cajas) para construir pisos protegidos de diferentes tipologías. Al mismo tiempo, ha solicitado que se concedan moratorias en los desahucios a familias con todos sus integrantes en paro o que, por estar alguno de sus miembros en situación de ERE, no alcancen a pagar la hipoteca.
«Las Cajas vascas son las primeras que han inflado el precio de los pisos, con la única intención de tener ciudadanos-rehenes de hipotecas. ¿Van a seguir manteniendo la Ley de Cajas que les permite funcionar con criterios de bancos privados?», ha preguntado Matute.