Artículo de Magdalena León, integrante de la Red Latinoamericana Mujeres Transformando la Economía –REMTE-. Este texto está publicado en la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI.
Avanza una nueva semana en Ecuador, tras los acontecimientos golpistas del jueves 30 de septiembre. Aún no se había juntado toda la información de lo ocurrido, pero abundaban ya las interpretaciones y reinterpretaciones, en unos casos rayando en la banalización de hechos que son de gran complejidad política y también de alta sensibilidad humana, dado el saldo de varias personas muertas y decenas de heridas.
De hecho, se despliega una verdadera disputa por la reinterpretación, que es en lo inmediato una disputa frente al resultado político que confirmó el apoyo al proyecto de Revolución Ciudadana y al Presidente Correa. Las reinterpretaciones vienen de diferentes entornos, pero buscan bajarle el perfil a ese resultado con el común enfoque de poner en duda si hubo o no intento de golpe, si hubo o no secuestro y, sobretodo, de atribuir la responsabilidad y hasta la culpa al Presidente y al gobierno.
En unos casos, de a cara este episodio se reitera en un ‘método’ que ha sido aplicado de modo sistemático para criticar al gobierno: poner la mira en la figura de Correa. Así, un proceso que por obvias razones está en latente disputa, cruzado por múltiples actores, intereses y relaciones, termina siendo visto y explicado por lo que Correa dice y hace, por sus posturas y por su temperamento.
Semejante simplificación ha dado pie a un ‘anticorreismo’ que, si bien minoritario, muestra variados matices: desde el visceral hasta el pensado / calculado, pasando por el de la rivalidad de egos –por supuesto masculinos- Pero sin duda la centralidad de los ataques a Correa conjuga elementos de ideología, método de análisis, animadversiones personales y el hecho objetivo de que su liderazgo o popularidad ha sido una de las condiciones imprescindibles para abrir un espacio de cambio. De ahí que, desde varios frentes, se apunta a un debilitamiento de su imagen.
Entre los planes opositores previos figura el inicio de un proceso de revocatoria del mandato, cuyos impulsores han declarado que no buscan la revocatoria en sí, imposible dado el apoyo popular a Correa, sino su debilitamiento para hacer inviable el proyecto de Revolución Ciudadana, el avance en la implementación de la Constitución; en su lugar, reclaman los mecanismos ‘democráticos’ de mesas de negociación, con participación ‘pluralista’, en una versión que al fin encarna en los hombres de siempre de los grupos de siempre.
Es decir, antes y después del 30 de septiembre el propósito de los diferentes fragmentos de oposición ha sido debilitar el proyecto de cambio, y su principal herramienta la crítica y descalificación a la figura presidencial.
En esta oportunidad, las voces y lecturas coincidentes desde la derecha y desde otros costados opositores, cuestionan la presencia de Rafael Correa en el cuartel sublevado tildándola de prepotente, autoritaria, provocadora, temeraria y hasta machista. Se dice que el asunto debió ser encarado y resuelto a través de los ministerios respectivos dado que, se insiste, se trataba de una protesta por razones salariales.
Se distorsiona así lo que fue ante todo un gesto de responsabilidad frente una situación de enorme riesgo para el país: con el sólo hecho de no salir a las calles a cumplir sus tareas relativas a la seguridad, la policía creó un clima de caos de impredecibles consecuencias. Si a esto se suma la toma de la Asamblea Nacional y el cierre de aeropuertos, ocurridas al mismo tiempo, la situación era ya lo suficientemente crítica como para que el Presidente se ponga al frente. No rehuir las situaciones críticas ha sido una constante en este período al frente del gobierno, ésta, tan grave, no podía ser precisamente la excepción.
La acción policial ciertamente se inscribe en un conflicto que va más allá del episodio de ese día, pues atañe a las dificultades de reestructuración y renovación de una entidad que fue moldeada en los patrones de la represión, el abuso, el clientelismo y la impunidad. Las inercias que se observan requerirán respuestas de fondo, creativas y transformadoras.
Pero en los afanes debilitadores, el profundo sentido anti cambio del hecho policial termina siendo legitimado a nombre de un ‘justo reclamo’ de derechos no bien manejado por el gobierno, y pasa a segundo plano o se ignora lo que debería concitar una reacción urgente de todas/os: los alcances de la violencia desplegada por los armados contra las autoridades y contra la sociedad. La movilización popular fue atacada con disparos, gases, golpes, insultos. Con rostros cubiertos o descubiertos, los policías sublevados gritaban consignas contra Venezuela y Cuba, agredían física y verbalmente a varias/os asambleístas ‘acusándolos´ de lesbianas, gays, comunistas. En el ámbito opositor al cambio, desde las expresiones más educadas hasta las más grotescas coinciden en rechazar lo que consideran la amenaza del ‘comunismo’, del ‘chavismo’, del ‘autoritarismo’.
Las reacciones y disputas de estos días confirman la necesidad de una transición, de un ‘ajuste de foco’ de diferentes sectores a lo que significa una coyuntura de transformación, en la cual se redefinen ámbitos y roles de movimientos y gobierno, se mezclan sus aguas. Esto supone construir conjuntamente una agenda de cambio como proceso -el maximalismo y el inmediatismo juegan en sentido contrario-, asumiendo que en ese camino abierto se conjugan la transformación del Estado y su institucionalidad y la transformación de la sociedad y sus expresiones organizativas.