Alternatiba-Bilbao denuncia la actitud del Ayuntamiento de Bilbao ante el ERE en el Servicio de Asistencia Domiciliaria
Alternatiba ha mostrado hoy su solidaridad hacia las trabajadoras del SAD, que se enfrentan a un Expediente de Regulación de Empleo, tal y como han anunciado fuentes empresariales. La portavoz de la formación política de izquierda, Carmen García, ha denunciado la actitud del consistorio bilbaíno ante “un servicio de vital importancia para la ciudadanía, tanto para las personas con dependencia como para las familias que se encargan del cuidado, trabajo que recae en las mujeres casi en su totalidad”. En ese sentido, García ha advertido que este proceso de precarización afecta doblemente a las mujeres, “por un lado como principales demandantes de este servicio en calidad de responsables del cuidado de personas dependientes, y por otro lado como trabajadoras encargadas de prestar esta asistencia”.
A juicio de Alternatiba, el Ayuntamiento de Bilbao “se escuda en la crisis económica para precipitar los recortes presupuestarios sin haber estudiado la demanda real del servicio de atención a la dependencia”, por lo que “no existe ninguna planificación de programas, personas y recursos”. El gobierno de Azkuna y Madrazo ha justificado la medida argumentando que las familias prefieren las ayudas directas a la asistencia domiciliaria, algo que para García “es un análisis superficial” y esconde que las prestaciones “sirven muchas veces para generar contrataciones particulares precarias, casi siempre a mujeres, habitualmente extranjeras y sin reconocimiento de derechos laborales”.
El desmantelamiento del SAD es, según ha alertado la portavoz de Alternatiba, “un ataque al precario sistema de cuidados, y por extensión, un ataque contra las mujeres y contra los pilares de un servicio social fundamental”. Por esta razón, García ha solicitado al gobierno local que asuma la gestión directa de este servicio y reconozca a las mujeres trabajadoras que hasta el momento han estado prestándolo, así como a las mujeres responsables de cuidados que se han acogido a él. “La existencia de prestaciones económicas no puede ser nunca una justificación para la destrucción de servicios esenciales, por lo que Alternatiba urge a los poderes públicos a que garanticen la gestión pública de un derecho ciudadano como es la atención a la dependencia”, ha apostillado García.