DONOSTIA, 31 DE ENERO DE 2010 – El grupo de Alternatiba en las Juntas Generales de Gipuzkoa ha anunciado hoy que presentará a Pleno una Norma Foral que persigue regular el gasto institucional en publicidad y favorecer la transparencia sobre el coste de las campañas que lleva a cabo la Diputación, ya que, “ante la proximidad de las elecciones, urge articular medidas de control democrático, austeridad y veracidad en la información para evitar que se haga un uso partidista y electoralista del dinero público”.
El juntero de Alternatiba Ander Rodríguez ha explicado que, si bien informar a la ciudadanía sobre las políticas y los servicios públicos es imprescindible en cualquier democracia, también es cierto que la publicidad puede resultar un arma de doble filo: “La Administración ha gastado a menudo miles de euros en promoción propia con el único fin de satisfacer la vanidad de la clase política o poner en valor su gestión antes de un proceso electoral”.
Por ello, el dirigente de izquierdas ha subrayado que “es necesario que la publicidad institucional cuente con una normativa específica que obligue a incluir en cada folleto, revista o anuncio el coste del mismo, de modo que los y las administradas puedan valorar la necesidad de dicha información de forma más objetiva”. Rodríguez ha recordado que ayuntamientos como el de Donostia pusieron en práctica esta medida hace años. Así pues, la Norma Foral presentada por Alternatiba establece que “las campañas institucionales de publicidad y comunicación realizadas por la Administración foral cuyo importe supere los 3.000 euros deberán explicitar en el mismo soporte de difusión el coste total de la campaña, así como el número de ejemplares publicados”.
Rodríguez ha reiterado que, debido a la proximidad de las elecciones municipales y forales, su formación ha solicitado que esta proposición se tramite por el procedimiento de urgencia, ya que estos comicios, con su correspondiente campaña, “obligan a que el deber institucional de comunicación e información se ajuste aún más a los principios de transparencia, control democrático y austeridad en el gasto”.
Asimismo, ha apuntado que “un posicionamiento en contra de esta iniciativa en el Pleno por parte de cualquier grupo de las Juntas Generales no podría ser entendido sino como un ataque al derecho ciudadano a la información veraz y objetiva”.