Haces días que venimos presenciando una polémica artificial, carente de todo fundamento, entre PNV y PSE. Sin duda, estamos ante un debate meramente electoral, interesado y de cara a la galería. Porque es totalmente estéril, en la medida en que no muestran la menor intención de abordar la gravísima situación económica que sufren algunas instituciones. Y es que en el la raíz del problema está el modelo de gestión de PNV, PSE y PP.
El nefasto modelo que estos tres partidos han puesta en marcha, ha supuesto el endeudamiento de muchas instituciones y la quiebra económica más absoluta de otras tantas. Tiene mucho que ver en esto el despilfarro de ingentes cantidades de dinero, la gestión ineficaz y opaca, basada en la política del cemento. Pero también son responsables las políticas fiscales regresivas impulsadas y pactadas por jeltzales, populares y socialistas.
No olvidemos que, al inicio de la pasada legislatura, cuando empezaban a atisbarse los primeros indicios de la crisis financiera, PNV, PSE y PP aprobaron varias reformas fiscales cuyo objetivo no era otra que reducir la progresividad. Bajaron el Impuesto de Sociedades, introdujeron cambios en los tramos del IRPF y eliminaron el Impuesto sobre el Patrimonio. Todo en perjuicio de la progresividad y la equidad; es decir, fueron en contra del principio de que quienes más tienen más paguen; eso que el señor Urkullu llama demagogia y que nosotros y nosotras llamamos justicia social.
Pero más allá de las palabras, esas reformas fiscales han hecho disminuir la recaudación de todas las instituciones, han empobrecido sus arcas. Esta situación se vio recrudecida cuando afloraron las primeras consecuencias de las crisis. Pero, incluso ante esta situación, el PNV sigue sin ver la necesidad de hacer una reforma fiscal seria y contundente.
Vivimos, como decíamos, las consecuencias del modelo de la política del despilfarro y la falta de transparencia. El PNV exige ahora una auditoría de las finanzas del Gobierno de Gasteiz para analizar sus cuentas. No ponemos en duda que el gobierno de López haya dejado la institución en una situación grave, pero ¿por qué no mencionan la situación en la que ha dejado el propio PNV otras instituciones? Por poner un ejemplo, cuando Markel Olano llegó a la Diputación de Gipuzkoa esta tenía un superávit de 300 millones de euros. Cuatro años después no había ni rastro de remanente alguno.
Podríamos mencionar una larga serie de municipios que, sin lugar a dudas, deberían hacer sonrojar a quienes hablan de buena gestión municipal por la situación en la que los dejaron: Agurain, Orduña, Beasain, Azkoitia, Lemoa, Getaria, Ondarroa…
Además, el PNV ha sido el gran valedor de proyectos como la SuperSur o el BEC, que en estos momentos suponen un enorme agujero económico, un agujero que tardaremos décadas en pagar tal y como torpemente reconoció en su día el diputado general de Bizkaia. Desgraciadamente, el PNV sigue sin hacer reflexión alguna en torno a las grandes infraestructuras. ¿Qué decir de Bidegi? Una empresa pública que dejaron con 900 millones de deuda. ¿Por qué no exigen aquí las auditorias?
Como consecuencia de estas políticas y de este m7odelo de gestión, mucho municipios están endeudados o arruinados; tenemos infraestructuras gigantescas que apenas dan servicio y suponen una ruina económica, y la Diputación de Gipuzkoa no puede afrontar ningún proyecto de envergadura. Volvemos a preguntarnos ¿dónde está el PNV para exigir auditorías también para todas estas instituciones e infraestructuras?
El problema de fondo reside en el modelo de gestión que se ha aplicado en diferentes instituciones de nuestro país.Precisamente por eso, desde Euskal Herria Bildu planteamos un modelo que traiga aire fresco a las instituciones: Una gestión eficaz y transparente, que garantice la participación de la ciudadanía, que priorice los intereses de la sociedad y la dignidad de las personas frente a quienes han venido defendiendo exclusivamente los intereses de la banca privada y de las grandes constructoras, para terminar así con el insostenible modelo de las macro infraestructuras. Proponemos un modelo de gestión que evite la creación y el enriquecimiento de una casta política que privilegia sus propios intereses.
La Diputación de Gipuzkoa da buena muestra de este nuevo modelo de gestión. Esta misma semana hemos obtenido los datos de persecución del fraude fiscal, que fruto del endurecimiento de los controles, ha duplicado las sospechas de delito fiscal en el territorio.
En esa misma dirección, y considerando que la financiación de las instituciones publicas es fundamental para mantener las políticas y servicios sociales, así como para la redistribución de la riqueza, desde Euskal Herria Bildu planteamos estas primeras medidas:
– Implantar el uso de herramientas para prevenir, controlar y detectar casos de gestión ineficiente o poco transparente.
– Llevar a cabo una reforma fiscal que garantice que todos los ingresos serán tratados de forma progresiva.
– Reformas con el fin de aumentar la eficacia en la gestión, aumentando la coordinación entre instituciones.
Del mismo modo, anunciamos que en los próximos días, EH Bildu presentará una batería de medidas concretas que complementarán las hoy anunciadas.
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