Igor Nabarro y Héctor Prieto – Alternatiba
El día 3 diciembre se conmemora, junto con otras conocidas efemérides en Euskal Herria, el día señalado internacionalmente como el de las personas con diversidad funcional. Lo cierto es que no se trata, ni mucho menos de un día de celebración, sino por el contrario de un día en el que se tienen que escuchar más alto si cabe las reivindicaciones de aquellas personas que por causa de nuestra discapacidad debemos todavía luchar por nuestros derechos, por la igualdad de oportunidades y por ser reconocidas en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.
Como no puede ser de otra manera, en este momento una de las mayores preocupaciones del colectivo se sitúa en los efectos que la crisis del sistema de capitalista esta teniendo en las personas con diversidad funcional, ya que, si bien la situación actual afecta a toda la sociedad, como suele ocurrir habitualmente se ceba en aquellas personas y grupos con mayor riesgo de exclusión social.
Es innegable que este colectivo se encuentra entre aquellos grupos con mayor riesgo de exclusión social ya que, si tomamos en cuenta una de las definiciones más aceptadas de exclusión, que la caracteriza como un concepto cuyo eje central son las relaciones de producción, distribución y consumo, las personas con diversidad funcional, se encuentran en especial riesgo de verse afectadas de un modo más profundo y violento por el colapso del sistema y sus consecuencias socioeconómicas.
Son varios los ámbitos en los que se puede observar las graves consecuencias de la crisis para las personas con discapacidad. Uno de ellos es el acceso al empleo.
Las personas con diversidad funcional conforman uno de los colectivos con mayores dificultades a la hora de acceder al mercado laboral, y de los que acceden en condiciones más precarias. Del mismo modo, son de los primeros en ser expulsados cuando la situación económica comienza a deteriorarse.
Para el sistema capitalista, las personas con diversidad funcional no son consideradas plenamente válidas debido a que no son «capaces» de producir y de participar en la creación de plusvalía en igual medida que el resto de las personas trabajadoras. Por eso, en muchas ocasiones, se les veta la entrada al mercado laboral y, cuando logran acceder, la mayoría se vean obligadas a hacerlo de un modo no normalizado.
En 2011, la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad alcanzó el 40% frente al 22% de la población sin discapacidad. Además, las mujeres con discapacidad presentaban una tasa aún más baja de acceso al empleo, más de 10 puntos porcentuales por debajo de los hombres.
Del mismo modo, las reformas y recortes aplicados por las diferentes Administraciones Públicas están provocando un grave retroceso en la inclusión de las personas con diversidad funcional, provocando la pérdida de derechos que tantos años de reivindicación y lucha han costado conseguir.
Las prestaciones que hasta ahora recibían las personas con discapacidad se han visto afectadas drásticamente. Por ejemplo, aquellas personas que recibían alguna prestación del sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, han visto como, al destinar menos dinero para financiar el sistema, las prestaciones se han reducido y las condiciones para acceder a ellas se han endurecido.
Pero el aumento del riesgo de exclusión social de las personas con discapacidad por las consecuencias de la crisis sistémica, no está provocada solamente por las medidas de recorte específicas para las prestaciones del colectivo. Medidas como el aumento del IVA, el copago farmacéutico y de las prótesis y ortesis o el recorte de las prestaciones por desempleo entre otras, afectan directamente a nuestra condición de ciudadanía plena.
Por otro lado, vemos como debido a la situación de crisis múltiple, o tomándola como excusa, las diferentes administraciones están reduciendo las subvenciones, convenios y aportaciones de todo tipo que hasta ahora recibían las asociaciones y los diferentes colectivos organizados de personas con diversidad funcional.
Estas medidas también afectan a la calidad de vida y a las posibilidades de socialización y de inclusión social del colectivo, ya que estas organizaciones del tercer sector proporcionan posibilidades de reivindicación de derechos de ciudadanía y a su vez son fuentes de inserción sociolaboral.
El modelo de producción capitalista que domina nuestra sociedad y que niega la ciudadanía plena a las personas con diversidad funcional, convirtiéndolos en subproductos de la ciudadanía, ha llegado al límite de sus posibilidades, provocando una crisis que afecta a todo el sistema.
No hay duda de que los primeros y más afectados por el desmoronamiento del sistema van a ser los colectivos a los cuales el capitalismo ha situado en la frontera de la exclusión.
Es urgente e imprescindible que toda la ciudadanía, con diversidad funcional o no, nos unamos y sustituyamos el actual sistema capitalista por otro que tenga como fuente de legitimidad la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas las personas. Un modelo inclusivo que tenga en cuenta todas las variables por cuestión de género, edad, diversidad funcional o cualquier otra que pudiera producirse.
Irudia: Artgnosis