La Diputación Foral de Gipuzkoa ha solicitado a las empresas y entidades gestoras de residencias y centros de día concertados que, en el plazo de siete días, informen al Departamento de Política Social sobre el régimen laboral que van a aplicar a sus trabajadoras a partir de la entrada en vigor de la reforma laboral española el 7 de julio. Una vez obtenida esta información, la Administración foral procederá a adecuar las tarifas que abona a las empresas según el marco laboral que se aplique en cada centro.
El diputado de Política Social, Ander Rodríguez, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado la entrada en vigor de la reforma laboral española, que supone “una pérdida de derechos sin precedentes para la clase trabajadora”. Se ha alegrado, no obstante, de que la mayoría de las trabajadoras de residencias y centros de día de Gipuzkoa haya conseguido esquivar esta precarización firmando convenios propios o basados en la propuesta de acuerdo de la Diputación, que incluye cláusulas antirreforma, incrementos del IPC en los salarios y una aportación foral de 9,2 millones de euros.
En concreto, casi un 90% del sector ha firmado acuerdos laborales que no vulneran los derechos de las trabajadoras. “Es muy importante haber dotado de semejante nivel de estabilidad a un sector que emplea en Gipuzkoa a más de 4.200 personas -de las cuales el 97% son mujeres-. Esto demuestra que la labor de mediación que ha ejercido el Departamento de Política Social, el trabajo de meses, ha dado sus frutos”, ha señalado.
A pesar de todo, sigue quedando alrededor de un 10% de residencias y centros de día que no han firmado ningún tipo de acuerdo y, en este momento, seis de ellas están en huelga. En palabras del representante foral, “la Diputación debe saber en todo momento qué régimen laboral es de aplicación en los centros que financia. La mayoría de las residencias, de acuerdo con la propuesta foral, va a subir el IPC a los sueldos de las trabajadoras. Por lo tanto, el Departamento de Política Social incrementará en el mismo porcentaje la tarifa. Sin embargo, no tenemos constancia de qué marco salarial va a regir en las empresas que siguen atascadas en el conflicto. En el caso de que apliquen la reforma laboral española, los sueldos podrían bajarse hasta 400 euros y las jornadas aumentarse hasta 200 horas más al año. De ser así, la Diputación llevará a cabo las consiguientes rebajas en la tarifa, porque el Gobierno foral no va a permitir que ninguna empresa se lucre con dinero público gracias a la aplicación de la reforma laboral española”.
Por tanto, el Departamento de Política Social ha remitido una carta a las entidades y empresas gestoras de las residencias en el que “se solicita que en el plazo de siete días proceda a informar a esta administración del convenio o acuerdo laboral aplicable al personal de su empresa que trabaja en el centro o servicio contratado o convenido con esta administración”.
El mismo escrito señala: “La eficiente utilización de los fondos públicos debe regir el conjunto de la actividad administrativa, por lo que la adecuación entre el servicio que la Administración recibe y el precio que paga por recibirlo debe regir igualmente en los servicios pactados mediante convenio o concierto con distintas entidades”.
Apoyo a las trabajadoras
Por otro lado, el diputado se ha referido a la amenaza de Adegi de tomar acciones legales en contra de las trabajadoras que se encuentran en huelga en seis residencias: “En primer lugar, queremos expresar nuestro apoyo a las trabajadoras ante cualquier amenaza de este tipo. En segundo término, consideramos que se trata de un hecho muy grave que no tiene precedentes. Es tanto como decretar el fin del derecho a la huelga en Gipuzkoa. Estamos viendo que Adegi no tiene límites: ha sido capaz de llevar a los tribunales a esta Diputación y ahora también quiere sentar en el banquillo a las trabajadoras que cuidan de nuestras personas mayores y que reclaman dignidad laboral. Están atacando los servicios sociales, la patronal está llevando a cabo una ofensiva brutal contra los servicios públicos de cuidado de las personas dependientes, pero esta Diputación los va a defender”.
Además, el diputado ha aclarado que a la Administración foral no le corresponde autorizar o desautorizar la huelga porque no es su competencia: “La responsabilidad del Departamento consiste en velar por que se preste una adecuada atención en los servicios mínimos que decreta la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco. Ayer hubo una nueva reunión de seguimiento de la huelga y el Ejecutivo no nos notificó ninguna variación en la misma. Por lo tanto, seguiremos tomando las mismas medidas que hasta ahora”:
- Se harán inspecciones regulares en los centros en huelga.
- No se derivarán estancia temporales a los mismos.
- No se recomendarán ingresos permanentes.
- Se rebajará de la tarifa la parte del sueldo que las empresas dejan de pagar a las trabajadoras en huelga.