Asier Vega – Alternatiba
El fascismo, a principios de siglo, buscaba instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista.En estos tiempos, las corporaciones transnacionales buscan instaurar estados totalitarios para dirigir la economía hacia la maximización de su beneficio. Estado y oligarquía económico-financiera son una misma cosa; presidentes y ministros saltan del gobierno a las multinacionales y viceversa. Bien pudiera sustituirse el término ministro o consejero por el más honesto de delegado ejecutivo de tal o cual holding empresarial.
La banca paga al partido y el partido devuelve el favor multiplicado hasta 40.000 millones con cargo a los presupuestos generales. Las empresas entregan sobres, el gobierno adjudica, a cambio no se recibe ni impuestos ya que el holding de turno tiene domicilio fiscal en Delaware. Se legisla ad hoc para reabrir nucleares, se tolera la concertación de precios de los hidrocarburos, se monopoliza la energía usando como excusa la mentira del déficit tarifario y se reforma la legislación para que la patronal más ladrona de Europa ensanche sus bolsillos. Para el logro de estos objetivos, el fascismo se sirve de un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas o revanchistas que conducen a la violenciacontra los que el Estado define como enemigos por medio de un eficaz aparato de propaganda. Sirva de ejemplo el uso permanente de ciertas víctimas para forjar una identidad colectiva española negadora de cualquier otro referente nacional.
Quienes manejan los hilos del Estado agitan el espectro del terrorismo hasta el esperpento mientras saquean lo público; España está agraviada por los terroristas que se han infiltrado en los tribunales europeos y en el sistema educativo y que instiga a vascos y a catalanes a romper la patria común e indivisible.
Sin embargo, el desfalco es tan enorme que la eficacia de la propaganda es limitada. No estamos solo ante un recorte en empleo, salarios y derechos laborales, sino ante un proceso sin precedentes de liquidación de la protección social. Se arroja a buena parte de la ciudadanía al abismo de la precariedad y se les quita además la red; se depaupera la educación, se cierra el acceso a la justicia, se privatiza la sanidad… La insaciable oligarquía quiere acceder a esferas de la economía hasta ahora vetadas a su negocio. Para ello no cabe sino liquidar servicios públicos, poco importa dejar en la indigencia a millones de personas, para eso están Cáritas y la Conferencia Episcopal. Aflora así otro rasgo distintivo del fascismo meridional; el nacional catolicismo.
Crucifijo y religión en las escuelas, manuales para formar mujeres sumisas, reforma del aborto para castigar a las descarriadas, inmatriculaciones, chanchullos inmobiliarios y exenciones a discreción. No es de extrañar que Rouco acuda a los púlpitos en auxilio de sus hermanos de cruzada llamando a preservar la unidad de España y la Constitución, más sagradas que los evangelios. Concluyeron hace tiempo que el tal Jesús era un perro flauta.
Pero ni dios ni patria son suficientes para enmascarar al régimen y lo de montar un autogolpe para tirar del comodín monárquico ya no cuela. Empiezan a fallar incluso los grandes medios de comunicación que, con voces distintas, lanzan un único mensaje idiotizante y criminalizador de las protestas. Es el mensaje de sus propietarios; esos con domicilio fiscal en Delaware. Aun así, el régimen se descompone y, cuando empieza a oler a muerto, es tradición fascista tirar de pena de muerte o de sucedáneos compatibles con los tratados internacionales. Ha llegado el momento del terror penal.
Herederos de Torquemada, Gallardón y Fernández Díaz compiten elevando el ritmo y los planes de castigo. El uno propone la cadena perpetua «hasta que a mí me dé la gana» –permanente revisable dicen los entendidos– y el otro la muerte en vida. ¡Sanciones! –proclama el ministro–. Son la repanocha; hasta 30.000 euros por pancartas y actos que «ultrajen u ofendan» a España, y amagan con multas similares por insultar a un servidor armado del régimen, y hasta 600.000 euros por importunar a sus señorías frente al Congreso. El pringao al que le toque está arruinado para siete reencarnaciones. Confían en el poder paralizante del miedo y, sin embargo, desde hace más de dos siglos, se sabe que el terror penal no tiene efectos disuasorios.
Por si acaso se ensancharán las plantillas policiales, contratarán controladores y escuchas, y subvencionarán las ETTs especializadas en antidisturbios. Con camisa azul, o con cuello blanco, no se puede negar que al final van a crear empleo.
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