EH Bildu ha registrado una interpelación dirigida al lehendakari, Iñigo Urkullu, sobre los sobrecostes en las obras del Tren de Alta Velocidad, que podrían suponer duplicar el presupuesto inicial estimado. Este «despilfarro adicional de dinero público con los desorbitados sobrecostes» debería ser, según la coalición, «motivo suficiente para que el Gobierno Vasco se replantee la mayor infraestructura y la más agresiva que se ha construido en suelo vasco». Según el parlamentario Oskar Matute, encargado de materializar la interpelación, «Urkullu debería, como mínimo, ser transparente y explicarle a cada ciudadano y a cada ciudadana el coste real de esta infraestructura trasnochada».
«Cuando todavía falta por construir un alto porcentaje de la obra, y por presupuestar otros costos adicionales como las estaciones, la catenaria, las medidas de seguridad, la señalización, etc., parece demostrado que el TAV costará, como mínimo, el doble de la estimación que se le explicó a la sociedad vasca cuando se iniciaron las obras; a ello se le deben añadir otras previsiones dilapidadas durante estos años, como la de que transportará mercancias o la de que nos conectará con el resto de Europa», ha argumentado Matute. Ante ello, «Urkullu tiene dos opciones: paralizar la obra, o actualizar y publicar todas las previsiones económicas, técnicas y sociales de la misma; pero que no trate de ignorante a la ciudadanía».
«La realidad es que los portavoces del ejecutivo se muestran cómodos con los sobrecostes del TAV. De hecho, el único argumento que puso la consejera de Medioambiente y Política Territorial en una entrevista para excusarlos fue que ‘las previsiones fueron hechas con buena voluntad’. Esta actitud deja patente que al PNV no le duelen prendas despilfarrar dinero público, para que empresas que recurren a las pujas a la baja para hacerse con la licitación, y aprovechan los sobrecostes posteriores para rentabilizar la obra, sigan engordando sus cuentas bancarias». «Si lo único que ha habido para diseñar el TAV y su gasto es buena voluntad, los que siguen defendiéndolo desde la administración pública deberían dimitir inmediatamente», ha sentenciado.
La consejera Ana Oregi tendrá que responder también tres preguntas parlamentarias sobre los sobrecostes, el supuesto transporte de mercancias y los argumentos por los que el Gobierno Vasco apuesta por seguir gastando dinero público en esta infraestructura.