El Grupo Municipal de EHBildu ha considerado esta mañana que era “previsible” que la modificación “discriminatoria” del Plan General de Ordenación Urbana, por la cual se prohíbe la instalación de centros de culto en edificios residenciales, terminase recurrida en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).
La edil de EHBildu Ana Etxarte ha estimado que “la razón de la modificación tiene que ver con la intolerancia y la discriminación, aunque esté disfrazada de argumentaciones técnicas y urbanísticas”. De esta manera, según la edil, “ganaron las posturas que promueven el racismo y la intolerancia frente al respeto de un derecho fundamental como es la libertad de culto”.
“Ante este pisoteo de los derechos de una parte de los bilbaínos y bilbaínas de esta ciudad las consecuencias eran previsibles: el Ayuntamiento ha sido denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco”, ha indicado.
El ayuntamiento se enfrenta a dos recursos contenciosos administrativos. Uno del Consejo Evangélico del País Vasco y otro de la Comisión Islámica de España.
Según Etxarte, estos recursos eran totalmente “previsibles” ante una nueva normativa que “utiliza como pretexto la regulación urbanística -más concretamente el Plan General de Ordenación Urbana- para restringir los derechos de una parte de esta ciudadanía, olvidando que las personas que profesan una religión diferente a la católica también son ciudadanos y ciudadanas de Bilbao”.
“Se trata de una regulación tan discriminatoria y excluyente que ya en el mes de septiembre, en su discusión en el pleno, vaticinamos que iba a ser recurrida ante los tribunales. Y esto efectivamente se ha cumplido”.
La edil de EHBildu ha denunciado que el respeto a la legalidad, tantas veces repetida por este ayuntamiento, no es cierta. “Este ayuntamiento ha sido llevado a los tribunales en numerosas ocasiones, y estos dos recursos son un ejemplo de ello”, ha sentenciado.
Finalmente, Etxarte ha considerado “preocupante” que los vecinos y vecinas de Bilbao tengan que recurrir a los tribunales para que sus derechos sean respetados. “Es preocupante que sea el mismo Ayuntamiento el que pisotee sus derechos cuando su responsabilidad es garantizar el bienestar de todos y todas”.