EH Bildu ha celebrado que las Juntas Generales hayan dado luz verde a la inclusión de cláusulas sociales en las contrataciones de obra pública. La iniciativa era de EH Bildu y ha contado con el respaldo de todos los grupos salvo del PP. La llave estaba en manos del PNV que había condicionado la aprobación de la norma a la inclusión de dos enmiendas, que en opinión de EH Bildu, descafeinaban el texto. Se trata de dificultar el control del desarrollo de la obra pública por parte de la Diputación Foral de Araba y, por otro, de limitar su capacidad sancionadora.
“Creemos que estas enmiendas han rebajado sensiblemente su efectividad pero aún así seguimos convencidos de la ineludible necesidad de su aprobación por responsabilidad para con los y las trabajadoras que desarrollan su labor en este herrialde”, ha defendido el procurador de EH Bildu en las Juntas Generales de Araba, Luis Salgado. Tal y como ha recordado, “con esta iniciativa se pretende poner todas las herramientas que sean necesarias para evitar prácticas esclavistas financiadas con dinero público mientras las instituciones miran hacia otro lado”.
Con esta norma foral, la coalición pretende evitar que se repitan casos como los sucedidos en las obras de San Mamés Barria o la Estación de Autobuses de Gasteiz, donde se han detectado casos más cercanos a la esclavitud que del empleo. Entre las propuestas planteadas por EH Bildu, figura la obligación de respetar el convenio del sector, establecer normas que garanticen tanto la igualdad como la conciliación de la vida laboral o el fomento del euskara. Asimismo, se hace especial hincapié en los planes de seguridad laboral para evitar tanto accidentes como enfermedades laborales.
Esta norma, que ya está aprobada en el vecino territorio de Gipuzkoa, fue denunciada ante el Consejo Vasco de la Competencia. Precisamente, el PP se ha agarrado a esa demanda de la patronal para rechazar la norma. Pero, según ha destacado Salgado, “hablan de inseguridad jurídica precisamente los responsables de las vacaciones fiscales, del alquiler de San Antonio o de las expropiaciones ilegales del CTV”.
