El veto del Tribunal Constitucional a la declaración soberanista aprobada por el Parlament de Catalunya es una provocación y un desprecio absoluto hacia el sentir totalmente mayoritario de la ciudadanía catalana. Con su decisión el Constitucional niega a Catalunya como sujeto político soberano y sigue encerrando de manera antidemocrática las realidades nacionales con la llave de la «unidad de España» en la cárcel de la Constitución española.
Estamos ante un dictamen de un tribunal conformado con criterios políticos, permeable y al servicio de las necesidades políticas de un Estado que se resiste a reconocer a Catalunya, Galiza y Euskal Herria como sujetos políticos y ámbitos de decisión. Por lo tanto, es una instancia sin credibilidad democrática.
El TC no es quién para tumbar ninguna decisión adoptada por la mayoría política y social de Catalunya. Ni tampoco de Euskal Herria o de cualquier otra nación que se encuentre dentro del Estado español.
Esta decisión se produce en el contexto de involución democrática creciente en el Estado español, con un modelo territorial e institucional que ha fracasado.
La cuestión nacional, el debate territorial, no obedece a parametros jurídicos. Es una cuestión de voluntad política y de naturaleza democrática. Es el principio del derecho a decidir lo que está en juego. No solo su formulación, sino su plasmación práctica.
Resulta especialmente preocupante la valoración expresada por el Gobierno de Gasteiz, insistiendo en que las aspiraciones nacionales se pueden seguir defendiendo en un marco legal que las niega. Erkoreka dice que «todas las aspiraciones políticas se pueden encauzar, sostener y acordar» dando asi legitimidad al marco que niega a Euskal Herria y dando la espalda a la demanda mayoritaria de la sociedad vasca.
Es esa legalidad vigente que cita Erkoreka la que marca los límites dentro de la Constitución española, que niega precisamente la posibilidad que el proyecto independentista, aquí o en catalunya, se materialice.
Desde EH Bildu no vamos a legitimar ninguna instancia política o jurídica que niegue a Euskal Herria y a cualquier otra nación, su derecho a decidir sobre su futuro. Un derecho que le corresponde a la sociedad vasca, y a nadie más. Ni la Constitución española, ni el TC ni ningún otro órgano estatal impedirán que Catalunya, Galiza y Euskal Herrian puedan conformarse en Estados soberanos si así lo deciden sus ciudadanos.
-Mostramos nuestra total rechazo a la decisión del TC y animamos a trabajar de manera permanente y activa para conseguir el reconocimiento de Euskal Herria, Catalunya y Galiza como sujetos políticos y convertir en realidad el derecho a decidir. Esa es la mejor respuesta y el camino a seguir. Por encima de decisiones antidemocráticas será la sociedad vasca, serán Euskal Herria, serán los los pueblos quienes decidan su futuro.
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