El portavoz de Alternatiba en Bizkaia Asier Vega, ha salido al paso de las informaciones y declaraciones que anuncian la bienvenida “a bombo y platillo” de la cadena de distribución Mercadona a varios municipio del territorio, “como si esto beneficiara lo más mínimo a nuestro comercio cuando en realidad, es todo lo contrario: las grandes superficies desertizan nuestros pueblos y barrios, destruyen empleo en el pequeño comercio y sostienen un modelo de cultura industrializada que empobrece al campesinado, tanto en lo local como a nivel internacional”.
El portavoz de la formación de izquierdas ha recordado el impacto que ha dejado la proliferación de grandes centros comerciales en diferentes comarcas de Euskal Herria, desde Baiona en Iparralde “cuyas calles quedaron vacías de comercio y vida” hasta el impacto sufrido por los municipios de Ezkerraldea, que cuenta con una alta tasa de metro cuadrado de centro comercial por habitante: “Si fueran ciertas las promesas de creación de puestos de trabajo y riqueza por la implantación de estos centros, después de décadas de fomento de estas superficies Ezkerraldea no sería aún la comarca con más paro de la CAV”.
Desde Alternatiba han censurado la irresponsabilidad de alcaldes que trasladan sin pudor las promesas que anuncian desde estas grandes cadenas de distribución: “Son mentiras que se caen por su propio peso, los productos que venderá Mercadona son de primera necesidad, alimentación sobre todo, que evidentemente ya se adquieren a día de hoy. Sencillamente, arrebatará clientes al pequeño comercio, que por cada puesto de trabajo de una gran superficie suele sostener hasta 5 empleos, probablemente con condiciones laborales más dignas”.
Finalmente, Vega ha subrayado que Mercadona es conocida por ser “cómplice y beneficiaria de un modelo productivo basado en el control de precios a base de explotar a pequeños agricultores, un modelo contrario a la soberanía alimentaria”. Esta conducta le ha granjeado figurar en el listado de empresas más nocivas elaborado por Greenpeace que evalúa a las empresas según «condiciones de explotación en el trabajo, pecados medioambientales, desinformación intencionada u otras omisiones de su responsabilidad social corporativa».