El Parlamento Vasco debatió ayer la proposición no de ley de EH Bildu sobre los sobrecostes del Tren de Alta Velocidad. La coalición propuso al resto de la cámara que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas elabore «un informe de fiscalización sobre los sobrecoste del ramal guipuzcoano del TAV, exceptuando las adaptaciones realizadas por motivos fiscales». La iniciativa fue rechazada con los votos del PNV, PSE y PP, negándose los tres partidos a colaborar para que «la mayor obra y más costosa que realiza la administración pública vasca se lleve a cabo con transparencia», según denunció el parlamentario de EHBildu y portavoz de Alternatiba Oskar Matute.
EH Bildu planteaba en su iniciativa una «moratoria, auditoría de los sobrecostes y apertura de un debate social sobre la infraestructura». «El TAV es el ejemplo más perverso de un modelo de trasvase de capital público a manos privadas. Es un proyecto que esconde el enriquecimiento sistemático de unas empresas, a costa del sacrificio de todos y todas, con un coste de más de 10.000 millones de euros», explicó Matute. «Lo responsable para quien defienda esta obra sería hacer caso a una realidad tan preocupante como los sobrecostes del TAV y aplicara una moratoria a las obras; sin embargo, irresponsablemente, el Gobierno Vasco pide a empresas imputadas que aceleren las obras».
El parlamentario apuntó a la necesidad de que se señalen responsabilidades políticas, porque miembros de la administración no han sido capaces de planificar el coste real de esta infraestructura. Asimismo, «los sobrecostes no son el único motivo por lo que la sociedad reclama una moratoria: El Tribunal Vasco de Cuentas ha detectado irregularidades sostenidas, por ejemplo, en las condiciones de seguridad laboral; ha habido vertidos de aguas contaminantes a ríos; se ha despilfarrado dinero conscientemente, por ejemplo, en el puente innecesario de Zaratamo. A todo ello se le suman ahora los sobrecostes».