Intervención de la compañera de Alternatiba y parlamentaria de Euskal Herria Bildu Diana Urrea en el último pleno del Parlamento Vasco denunciado la política de inmigración criminal que sostienen el gobierno del Reino de España.
Es verdaderamente triste, tener que salir hoy aquí a esta tribuna para visibilizar la miseria humana que padecen a diario miles de personas que no piden marcharse de sus países origen, que los expulsamos nosotras, desde occidente con nuestras políticas extractivistas de desarrollo en este modelo de depredador capitalista que los despoja de todo cuanto tienen, incluyendo sus derechos más elementales.
Pocas veces una imagen puede ejemplificar tan bien la desigualdad Norte- Sur y la existencia de mundos paralelos en un mismo plano: Quienes nada tienen y solo pueden perder la vida, frente a quienes VIVEN ignorando aquello que tienen al lado y les incomoda porque les interpela directamente.
Occidente es el responsable directo de la mayor fosa común existente, la del mediterráneo con más de 20.000 personas fallecidas en los últimos 10 años que viajaban acompañados por sus sueños en una patera.
En Octubre del pasado año 300 personas perdían la vida en Lampedusa y el 6 de febrero de este año:
Samba Baya
Youssouf
Keita Ibrahim
Yves Martin Bilong
Armand Ferdinand Soupp Tagne
Jeannot Flame
Oumar Ben Sanda
Blaise Fotchin
Daouda Dakole
Ousman Kenzo
Larios Fotio
Nana Roger Chimi
Y otras 3 personas más que están sin identificar, perdían la vida de la manera más cruel que hayan podido imaginar, siendo el Estado Español el responsable directo de estas muertes, a través de sus fuerzas y cuerpos de seguridad quienes por acción, a través de 145 pelotas de goma y 5 botes de gases lacrimógenos y por omisión de socorro, dejaron morir a estas 15 personas.
Varias ONGs defensoras de los derechos de las personas migrantes y refugiadas presentaron una denuncia ante la Fiscalía, para exigir un esclarecimiento de la actuación de la Guardia Civil en la frontera y por supuesto, para depurar las responsabilidades. Aportaron para ello, numerosas declaraciones de varias personas supervivientes.
Uno de los testigos explica «cómo él mismo fue golpeado por una bala en la espalda y por otra en la cabeza. Cuando salió del agua, un Guardia Civil le obligó a ponerse de rodillas golpeándole con las defensas de goma. Estos golpes le causaron lesiones en la boca, dientes y el muslo”.
Así mismo expresa que «mientras estaba siendo detenido en la playa vio las balas de goma impactar contra las cabezas y flotadores de tres de sus compañeros y cómo con posterioridad otros guardias civiles lanzaban también gases lacrimógenos». Este chico explicaba la gravedad de esta actuación pues, según detalla, «el gas te termina matando». El testimonio añade la consecuencia de este hecho: sus compañeros: «bebían agua». Es decir, al perder el conocimiento, se ahogaban en el mar.
Las declaraciones recogidas por los colectivos denunciantes hablan de la presencia de un barco de la Guardia Civil en el agua. «A bordo de ese barco una persona, con un palo largo, iba empujando a los heridos, supervivientes y cadáveres al lado marroquí, para evitar que alcanzaran la costa española». Además, uno de los testimonios añade que, si insistían en dirigirse a la costa española, “te golpeaba en la cabeza”.
Otro testigo menciona que «algunos de sus compañeros que estaban en el agua se acercaron al barco para intentar subir» pero, según relatan, «el barco español se fue» y, cuando volvió, «comenzaron a disparar desde él».
“Pensábamos que iban a bloquearnos la entrada, es normal, es una frontera, pero no pensábamos que iban a dispararnos con las armas cuando estábamos en el agua”, afirma otro sobreviviente.
Desde la organización Caminado Fronteras, elaboraron un informe basado en las entrevistas realizadas a los supervivientes de la tragedia y todas las personas que dieron su testimonio coincidían en la relación causa- efecto entre las personas fallecidas y heridas y el uso del material antidisturbios.
Una de las conclusiones que más me impactó del informe habla de la existencia de serias dificultades para la identificación de las personas fallecidas en los estados español y marroquí, donde se encuentran los cuerpos: Imposibilitaron tomar fotografías de los cuerpos para remitir a las familias de los desaparecidos en Marruecos , así como un pronto enterramiento de los cuerpos en el estado español, sin dar tiempo a las familias de las personas desaparecidas para poder reclamar los cadáveres y enterrar los cuerpos conforme sus costumbres.
El ministro del interior del Estado español, miente a la cara diciendo que no había material antidisturbios, que no existían imágenes de lo ocurrido, que los que murieron no sabían nadar, que cuando llegó la guardia civil, las 15 personas estaban fallecidas… Después tuvieron que admitir el uso de las pelotas de goma y gases lacrimógenos, admitir que había imágenes y para subsanarlo hacen un burdo montaje de supuestos subsaharianos agrediendo a la guardia civil en 2 lugares distintos y en diferentes franjas horarias del día…
Afortunadamente tenemos videos que corroboran que el gobierno del estado español miente yque sus políticas migratorias son asesinas.
Y a día de hoy esto continúa con total impunidad y sin ningún tipo de consecuencia ni tan siquiera política. Es verdaderamente repugnante.
Es tan invisible lo que sucede en las fronteras de Ceuta y Melilla, que salvo por organizaciones que realizan una labor admirable de visibilización, es necesario viajar a cualquiera de estas ciudades autónomas y darte cuenta de que lo que allí sucede tiene nombres y apellidos: trata de personas! Te das cuenta de que la realidad supera la ficción.
Esto es lo que pudimos comprobar en el viaje que el pasado mes de julio realizamos a Melilla con parte de la comisión de DDHH invitadas como observadoras por CEAR Euskadi en una investigación específica sobre lo que ellas han denominado “huellas de las mujeres en la frontera Sur”.
Antes de mencionar determinados factores clave para señalar a los responsables directos de esta miseria humana en las fronteras, los reinos español y marroquí, es necesario resumir el contexto en el que llegan las personas migrantes y refugiadas a Melilla.
Cuando hablamos de Melilla, automáticamente se nos vienen a la cabeza las intencionadas imágenes de las “avalanchas” de africanos que intentan cruzar la valla. Vallas en realidad, porque no hay una sino tres; y dentro de poco serán cuatro con la nueva que construye Marruecos. Con unos costes económicos de mantenimiento de estas vayas tanto en Melilla como en Ceuta en 8 años de 72 millones de euros. Y digo africanos porque prácticamente en su totalidad son hombres. Las mujeres entran por los pasos fronterizos por los que a diario transitan entre 20.000 y 30.000 personas (siendo por supuesto, invisibles antes los medios); o bien llegan en pateras, según sus recursos económicos.
El primer factor a destacar es el género. Una vez más, las mujeres migrantes y refugiadas se llevan la peor parte: todas ellas son víctimas de reiterados abusos sexuales de origen a destino; la mayoría víctimas de trata con fines de explotación sexual en redes que controlan su trayecto migratorio; además de la violencia machista intrafamiliar que padecen a diario, y de un largo etcétera. Todo ello con amenazas de muerte y algo que es mucho peor para ellas: la amenaza del vudú.
Esto está intrínsecamente relacionado con el derecho al asilo que potencialmente tienen estas mujeres por las circunstancias anteriormente descritas, sin obviar además que proceden de países en situación de conflicto, de graves crisis humanitarias, lo cual se supone ya está sujeto a protección internacional. Pero es que además, el estado español no considera la persecución por motivos de género, como causa de asilo, así que directamente pasan a regirse por la ley de extranjería donde necesariamente hace falta una denuncia para poder acogerte a protección. Por tanto, las mujeres se encuentran desprotegidas y corren el riesgo de ser devueltas a sus países de origen.
Quienes llegan a Melilla, -todo esto también pasa en Ceuta- y pretenden solicitar asilo, se encuentran con la violación del derecho a la libre circulación de las personas solicitantes, ya que no pueden salir de la ciudad y circular libremente por la península, y por tanto, prefieren esperar a conseguir salir y poder desplazarse hacia la península, a algún CIE que puede llegar a ser un campo de concentración. El problema es que llevan consigo una orden de expulsión, convirtiéndose entonces en una persona “en situación administrativa irregular», una inmigrante más, sometida a la más absoluta precariedad social, económica y vital y con mayores dificultades para retomar su derecho al asilo.
Otro factor relevante es la sobreocupación y las condiciones de hacinamiento del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Hemos constatado como 1.600 personas malviven en este centro con capacidad para atender a 480; 400 de ellas menores y con una estancia media de 280 días.
El centro cuenta con tan solo 15 personas funcionarias para atender todas las necesidades, algo absolutamente imposible sin los medios económicos necesarios. La responsabilidad directa de estas condiciones infrahumanas es del Ministerio de Interior del Estado Español.
Otro de los factores, es el mediático: la utilización, una vez más, de los medios oficialistas para hacer creer a la ciudadanía que los saltos a la valla son incontrolables. ¿Alguien cree realmente que estas situaciones son incontrolables cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado cuentan con detectores de calor y movimiento, además de las bases militares marroquíes, incluso como no, bases militares estadounidenses? Es sencillamente absurdo. Si quisieran, nadie saltaría la valla pero claro, cuando se firman determinados convenios económicos, conviene dejar que se den saltos masivos para distraer la atención y desviarla con el morbo de la miseria humana, con la trata de personas. Estuvimos en el monte Gurugú y vimos como conviven las fuerzas militares con las personas refugiadas y migrantes.
Afortunadamente, existen medios alternativos, que nos permiten conocer la realidad de la crueldad de las fuerzas marroquíes con las personas migrantes, haciendo el trabajo sucio a España; dicho por una ONGD melillense “quienes niegan la soberanía a los diferentes pueblos de la península, la ceden a Marruecos para que campe a sus anchas y vulnere los derechos humanos a su antojo”.
Contamos con organizaciones como Prodein que nos han permitido conocer imágenes como esta: (foto) y vídeos como el que hemos podido observar recientemente, donde la guardia civil deja inconsciente a un joven que salta la vaya, de las palizas que le pegan y encima se lo dan a Marruecos…
También debemos hablar de la esclavitud más visible de Melilla: Las denominadas “mujeres porteadoras”. Mujeres marroquíes utilizadas para llevar entre España a Marruecos fardos de 30 a 100 kilos a sus espaldas por 2 euros, comercio trasnacional de comerciantes españoles a comerciantes marroquíes, sin ningún tipo de control aduanero. Basta con darse un paseo por el Barrio Chino para comprobar el horror que padecen. Allí lo conoce todo el mundo como el comercio atípico.
Todo esto lo hemos conocido en una semana de viaje, imaginaros lo que hay por descubrir…
Aunque si hay algo que resaltar, es la dignidad. La dignidad que no consiguen arrebatar los estados español y marroquí a las miles de mujeres y hombres que cruzan las fronteras por cualquiera de las vías, soportando todo lo que un ser humano puede soportar cuando vive en un mundo avaro y profundamente injusto.
Y por si todo lo mencionado anteriormente fuera poco, el gobierno del estado español pretende ahora aprovechar que la ley mordaza está en trámite, para introducir una enmienda que modifique otra ley, la ley de extranjería para que sea un procedimiento casi inmediato y sin generar ningún tipo de debate y presentación previa de diversos estudios al respecto. Se trata de las devoluciones en caliente que las están aplicando de modo ilegal y que contravienen múltiples legislaciones internacionales porque vulnera los principios de no devolución y de derecho al asilo.
Una propuesta que rechaza la propia ONU por los argumentos expresados anteriormente, por violar el derecho internacional.
Amnistía Internacional recuerda que estas prácticas están prohibidas por El Convenio Europeo de DDHH y contrarias a la Convención de Ginebra del estatuto de personas refugiadas.
La propia comisaria de interior Cecilia Malstrom, respondió a una pregunta de nuestro compañero Josu Juaristi, admitiendo que el gobierno español practica devoluciones en caliente, que contraviene la normativa de la UE.
Como señala A. Internacional, “no se puede legalizar lo que es ilegal en el derecho internacional”
“Con estas devoluciones el gobierno español las expone a ser perseguidas, torturadas, desaparecidas e incluso fallecer en países en tránsito como es Marruecos.
Ojo- ninguna modificación legal eliminará la responsabilidad de España ante lo que pueda sucederle a las personas expulsadas de manera sumaria y también tendrán que asumir las consecuencias derivadas del incumplimiento de la legislación internacional y comunitaria.