Los grupos municipales de EH Bildu y Udalberri han denunciado el veto político que, estos últimos días, ha aplicado el equipo de gobierno municipal, formado por PNV y PSOE, a la utilización del espacio por diferentes agentes sociales. Ambas formaciones han conocido que la oficina de Espacio Público, dependiente del Area de Obras y Servicios, ha prohibido a la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak el permiso para llevar a cabo en la Plaza Elíptica una vigilia el próximo día 22, así como llevar a cabo diversas actividades el día 23, cuyo objetivo no era otro que sensibilizar a la población sobre la terrible realidad que están padeciendo las personas refugiadas que tratan de acceder a Europa huyendo de las guerras y la miseria.
La citada denuncia se viene a sumar a otra conocida esta misma semana en la que se denegaba una exposición itinerante en diferentes barrios sobre la realidad penitenciaria.
La compañera de Alternatiba Alba Fatuarte y Carmen Muñoz, concejalas de EH Bildu y Udalberri, respectivamente, coinciden en señalar la “gravedad de estos vetos políticos”. Ambas formaciones resaltan que mientras se emitían estas prohibiciones grandes empresas como Iberdrola, sancionadas con 25 millones de euros por manipular el precio de la luz, han gozado de todo tipo de permisos (incluso visitas del alcalde) para ocupar la Plaza Elíptica durante toda una semana.
Fatuarte y Muñoz subrayan que tras estos vetos hay una clara intencionalidad política, “que no es otra que la de expulsar de la calle e invisibilizar a quien piensa diferente y que nos retrotraen a la época más autoritaria del último mandato de Azkuna en el que, con la misma excusa empleada ahora de la “defensa del interés público” se acumularon en mayo de 2012 diferentes prohibiciones a trabajadoras y trabajadores del comercio y asociaciones culturales y de tiempo libre a desarrollar en la calle sus reivindicaciones y actos culturales.
EH Bildu y Udalberri reiteran la necesidad de la derogación de la ampliamente contestada Ordenanza de Espacio Público aprobada en 2010. Ambos grupos municipales recuerdan que dicha ordenanza fue una imposición y, en consecuencia, demandan la apertura de un debate sobre el uso y disfrute del espacio público, no basado en la discrecionalidad y las prohibiciones, y que cuente con la participación de agentes sociales, sindicales y vecinales.