Intervención de Oskar Matute en el Congreso de los Diputados al hilo del Real Decreto-Ley 15/2017, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que supone la ley para facilitar a las empresas catalanas el cambio de sede social. Vídeo y texto de la intervenció:
Hoy el Gobierno nos trae la convalidación de un real decreto que no es sino otra herramienta más en su locura represiva para con el pueblo catalán. ¿Por qué? Por tener un Gobierno que ha decido poner urnas para consultar a su gente y respetar la decisión que libre y democráticamente han adoptado. Esa lógica es la que les llevará el sábado a aplicar ya el artículo 155 y ante eso, desde Euskal Herria Bildu, desde la izquierda soberanista vasca, no nos queda más que la solidaridad y el compromiso de apoyo para con el pueblo catalán.
Hoy nos traen una convalidación de un real decreto que evidentemente nosotros no compartimos y que nos habla del traslado de sedes sociales; estaría bien que nos aclarara si también de fábricas, de sucursales bancarias o de instalaciones que prestan servicios, porque así nos quitaría la duda que le voy a plantear. ¿Tiene algún efecto político para la ciudadanía catalana el traslado de una sede social? ¿Hay trabajadores obligados a trasladarse? ¿Hay problemas para llevar a cabo operaciones bancarias ordinarias? Hay un catedrático de economía que hace escasos días en La Vanguardia decía que el traslado de una sede social en principio no supone ningún cambio. Una sede social puede ser un despacho de cuatro metros cuadrados con un teléfono y una persona que atienda. ¿No tiene nada que decir a esto en respuesta?
Esto nos lleva a plantearnos otra pregunta. ¿No será que el propósito de su Gobierno, y de usted como ejecutor, no es sino infundir un pánico infundado en la población civil? Dicho de otro modo, ¿no será que ustedes están probando a sacar réditos políticos amenazando al común de los catalanes y catalanas?
Por otra parte, se han registrado amenazas para que otras empresas abandonen su sede social en Cataluña. El presidente del Comité de Empresa de Seat Martorell denunciaba ayer mismo presiones políticas y monárquicas -¡Para lo que han quedado los Borbones!- contra esa empresa. La consellera Bassa denunciaba llamadas directas a empresas para que trasladen su sede, y que la mayoría de las empresas se han puesto en contacto con el Govern y han dicho que lo hacían de forma temporal por las presiones que recibían. La pregunta es:
¿Tienen ustedes constancia de esta extorsión?
¿Quién está chantajeando a las empresas y con qué motivos?
¿Aprueban ustedes estas presiones y coacciones a las empresas?
Para terminar, solo nos quedan dos posibilidades a esto que están haciendo: que su decreto sea un castigo contra los trabajadores catalanes, que en este caso se volverá en su contra porque su castigo afecta también a trabajadores que probablemente no estén por la independencia, o una segunda opción, la más probable, que su decreto no tenga ningún efecto sobre los trabajadores catalanes y que, en realidad, todo esto no sea más que una operación de propaganda para amedrentar al pueblo catalán. Las dos opciones, permítame que se lo diga, demuestran su torpeza y garantizan una vez más su derrota.
