El Caso Almería: crimen de Estado

Jonathan Martínez –  Alternatiba

Dicen que los capturaron en Roquetas de Mar, a las nueve de la tarde, a la salida de una tienda de recuerdos turísticos. Dicen que los torturaron hasta la muerte en un cuartel abandonado junto a la playa de Retamar. Dicen también que los devolvieron muertos y desmembrados al Ford Fiesta alquilado en que viajaban. Que los arrasaron a balazos, que vaciaron una lata de gasolina sobre los cuerpos tumefactos y les prendieron fuego para que no quedara rastro de las heridas. Era la madrugada del 9 al 10 de mayo de 1981. Los muertos se llamaban Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier. Vivían en la vieja provincia de Santander. Al menos once guardias civiles participaron en el crimen. Solo tres de ellos fueron condenados. Lo llamaron «Caso Almería».

Esta semana pasada hemos sabido que en el próximo mes de mayo, cuando se cumplan treinta y siete años del asesinato, el Parlamento de Cantabria rendirá por fin homenaje a las tres víctimas. Un acto público para los familiares y una declaración institucional que llegan demasiado tarde y gracias en buena medida a Desmemoriados, colectivo cántabro por la memoria histórica que se ha empeñado en poner de acuerdo a los cinco grupos políticos de la cámara. A día de hoy, en una asimetría injustificable, el Estado sigue sin reconocer a Mañas, Montero y Cobo como víctimas del terrorismo. El Parlamento de Andalucía, por su parte, las reivindica desde el pasado mes de marzo gracias a la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática.

Pero vamos a 1981. En el escudo de España aún luce el águila de San Juan coronada por el lema franquista «Una, grande y libre». La UCD de Adolfo Suárez se desmorona y Leopoldo Calvo-Sotelo asume la presidencia del Gobierno en este último año de agonía. Tejero irrumpe a tiros en el Congreso de los Diputados y su excursión golpista se prolonga durante la noche de los transistores. Se dibuja el nuevo diseño autonómico con el café para todos de la LOAPA. El PSOE clama «OTAN de entrada NO». Tres trabajadores en paro secuestran al futbolista Quini. Suena «Las chicas son guerreras» de Coz. Triunfa el cubo de Rubik. Llega Verano Azul.

El tejerazo de febrero abre una fase de repliegue en el joven régimen juancarlista. Cinco días después del golpe fallido, y en un panorama de incertidumbre, ETA político-militar declara un alto el fuego indefinido. La tregua da paso a conversaciones entre Euskadiko Ezkerra y el Gobierno español en las que se abordan medidas de reinserción para militantes sin delitos de sangre. ETA militar, por otro lado, aminora su actividad pero no la interrumpe. A las diez de la mañana del 7 de mayo de 1981, el teniente general Joaquín Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey, sobrevive a una explosión mientras circula con su vehículo por la calle Conde de Peñalver de Madrid. Los tres militares que le acompañan mueren en la detonación. Son el teniente coronel Guillermo Tevar, el soldado conductor Manuel Rodríguez y el suboficial de escolta Antonio Noguera.

A las cuatro de la tarde del mismo día 7, tres jóvenes trabajadores se citan en Santander y emprenden un viaje hacia el sur. Juan Mañas trabaja en FEVE, tiene 24 años y espera reunirse con su familia en su natal Pechina, Almería, para celebrar la primera comunión de su hermano Francisco Javier. Luis Montero es salmantino, trabaja en FYESA, y tiene 33 años y carné del PCE y de CCOO. Luis Cobo es de Santander, trabaja en ACERIASA, y tiene 29 años y un Seat 127 a punto para la carretera. La primera noche de viaje duermen en Madrid. El coche de Cobo, que ya ha flaqueado por el camino, se avería sin enmienda en El Provencio, Cuenca. El contratiempo terminará costándoles la vida. Confían el vehículo a un taller y un mecánico los acerca hasta Villarobledo, Albacete, para que puedan viajar en tren hasta Alcázar de San Juan, Ciudad Real, y alcancen de esta forma una conexión ferroviaria con Andalucía. Pero el próximo tren sale de madrugada, así que resuelven alquilar un coche. En la estación de Alcázar de San Juan, unos taxistas y trabajadores de Renfe les remiten a la localidad vecina de Manzanares. Llegan en tren a Manzanares y en Viajes Dian alquilan a nombre de Luis Cobo un Ford Fiesta verde matrícula CR-1625-D donde varias horas más tarde los encontrarán muertos.

El día 9, después de que los jóvenes ya hayan llegado a Pechina, los periódicos publican los rostros de dos miembros de ETA militar a quienes la policía atribuye el atentado contra el teniente general Valenzuela. Son José María Bereciartúa, Chema, y José León Mazusta, Fresku. En Alcázar de San Juan, los taxistas y operarios de Renfe examinan las fotografías de los hombres reclamados por la ley. Recuerdan a los tres forasteros del vehículo averiado y encajan las piezas. Se convencen de que, por fuerza, deben de ser ellos. Presentan denuncia. A las dos de la tarde, la Guardia Civil llega a Viajes Dian y se apodera de la documentación del Ford Fiesta alquilado. La Dirección General de la Guardia Civil emite una orden de búsqueda y la Comandancia de Almería recibe el aviso. A las ocho y media de la tarde, localizan el automóvil en Roquetas de Mar. A las nueve, la Guardia Civil arresta a los tres jóvenes en la puerta de la tienda de souvenirs Renate. No se vuelve a saber nada de ellos hasta la madrugada siguiente, cuando aparecen muertos dentro del Ford Fiesta calcinado en una cuneta a la altura del kilómetro ocho de la carretera C-326 de Gérgal. De lo que ocurre entre la detención y la aparición de los cadáveres no tenemos más que algunas certezas y demasiadas especulaciones.

El 14 de junio de 1982, trece meses después de los hechos, la Audiencia Provincial de Almería abre el juicio contra tres de los once guardias civiles que participaron en la operación. El proceso se prolonga hasta el 27 de julio. Todos los implicados han pactado hace tiempo una versión única, inconsistente y fantasiosa, que el Ministerio de Interior defiende sin embarazo. Que los tres jóvenes asesinados eran miembros de ETA. Que iban armados (y para demostrar la inculpación, deslizan entre las pruebas dos viejas pistolas Astra de 9 mm cubiertas de óxido). Que los once guardias civiles organizaron un convoy de cuatro vehículos, entre ellos el Ford Fiesta, con el propósito de transportar a Madrid a los detenidos y entregarlos a la Dirección General. Que si se desviaron por aquella carretera fue para recoger las pertenencias de uno de los detenidos. Que los jóvenes esposados aprovecharon un descuido para atacar a los guardias civiles y escapar en el Ford Fiesta. Que fue necesario disparar a las ruedas para evitar la fuga. Que el coche se salió de la carretera y ardió al explotar el depósito.

Pero aparecen algunos testimonios que desbaratan el relato policial. A las seis de la madrugada, seis pescadores del club El Palmeral avistan las llamas del Ford Fiesta y se aproximan con un extintor para ayudar a reducir el fuego. No obstante, el guardia civil Fernández Llamas rehúsa su colaboración y les conmina a abandonar el lugar porque, según les asegura, los heridos ya han sido evacuados a hospitales. Más tarde los trabajadores de la funeraria acudirán al levantamiento de los cadáveres y hallarán dentro del coche los cuerpos abrasados y mutilados. La versión acordada por los implicados termina de resquebrajarse cuando uno de ellos revela por error que los detenidos han sido conducidos a Casas Fuertes, un viejo cuartel abandonado junto a la costa. El abogado de la familia, Darío Fernández, nunca llega a creer el relato de los guardias civiles y mantiene la teoría de que los han asesinado. No en vano, apenas tres meses antes del Caso Almería, la Policía Nacional ha torturado hasta la muerte al miembro de ETA militar Joseba Arregui durante nueve días de interrogatorio incomunicado. De modo que el abogado Fernández, convertido ahora en detective privado, visita de noche el antiguo edificio de la benemérita y descubre salpicaduras de sangre. De inmediato, comunica su hallazgo a la justicia, pero el juez se demora dos semanas en ordenar una investigación. Las paredes del viejo cuartel aparecen entonces encaladas y ha desaparecido de un plumazo toda evidencia.

A falta de pruebas para imputar un delito de asesinato, el juicio concluye con tres condenas por homicidio. El Tribunal Supremo ratifica en 1983 la sentencia. En primer lugar, el teniente coronel Castillo Quero, responsable de la Comandancia de Almería, recibe una condena de veinticuatro años. El teniente Gómez Torres obtiene quince años. Al guardia civil Manuel Fernández Llamas le corresponden doce. Al primero se le aplica atenuante de «cumplimiento del deber»; a los dos últimos, atenuante de «obediencia debida». Todos ellos son apartados de la Guardia Civil y, sin embargo, mucho más tarde se sabe que han recibido varios millones de pesetas a cargo de los fondos reservados del Estado como ayuda del Gobierno para afrontar su condena.

En un último giro de guión, y con el caso ya cerrado, la familia del joven Juan Mañas recibe una misiva con la confesión anónima de un guardia civil. La carta confirma que torturaron a los jóvenes en el cuartel de Casas Fuertes. Los mataron. Les sustrajeron dinero y compraron cinco litros de gasolina en San Silvestre. En la carretera de Gérgal, introdujeron los cadáveres en el Ford Fiesta y vaciaron sobre ellos dos cargadores de treinta cartuchos para simular un tiroteo. Arrojaron el coche a la cuneta y lo hicieron arder. Así es como se avala la hipótesis del abogado Darío Fernández, que ha tropezado siempre contra un hermético pacto de silencio y un proceso colmado de irregularidades, destrucción de pruebas y encubrimientos. Durante la instrucción del caso, Fernández pone todo su empeño en esclarecer los hechos y castigar a todos los culpables. Incluso llega a reclamar un proceso contra el director general de la Guardia Civil, José Luis Aramburu Topete. Su pertinacia le sale cara. Tanto él como la familia de los jóvenes como otros allegados padecen toda clase de intimidaciones y amenazas. Un día, Fernández descubre un explosivo debajo de su vehículo. Decide apartarse de la investigación.

En 1983, el director Pedro Costa reconstruyó los hechos a partir de la sentencia y rodó El caso Almería. Antonio Banderas, Juan Echanove e Iñaki Miramón interpretaban a los tres jóvenes. Tanto Costa como las salas que anunciaron el filme fueron recibiendo advertencias de la extrema derecha hasta que por fin, en la misma semana de su estreno, el Cine Teatro Regio de Granada fue engullido por las llamas. Fue en febrero de 1984. El incendio adquirió tal dimensión que los bomberos tuvieron que desalojar a los vecinos de las inmediaciones. Un simpatizante de Antonio Tejero conocido como Al Capone telefoneó a una emisora de radio en nombre de un supuesto grupo patriótico llamado Hombres de España y reivindicó el ataque, pero la policía quiso restar importancia a la llamada. Al día siguiente, dos jóvenes atacaron un cine de Vigo y días más tarde, en el mismo lugar, un individuo sufrió heridas mientras manipulaba un artefacto explosivo. En Valladolid, los exhibidores retiraron la película después de haber sufrido amenazas de atentado.

El teniente Gómez Torres cumplió siete de los quince años de condena. Fernández Llamas cumplió apenas cinco de los doce que le impusieron. El teniente coronel Castillo Quero, jefe del operativo, pasó once años en prisión. Murió en Córdoba en 1994, cuando llevaba dos años de libertad condicional. Tal vez Castillo Quero intuyó en la operación una oportunidad para arrogarse méritos y cubrirse de medallas. Sea como sea, sobre él recayeron la mayor parte de las responsabilidades de un crimen institucional que ningún alto mando se atrevió a asumir. Habían transcurrido poco más de dos meses desde el golpe de Tejero y el atentado contra una autoridad de las fuerzas armadas tan próximo al rey Juan Carlos exigía una respuesta implacable que apaciguara las aguas revueltas del entorno castrense. Se les fue de las manos.

Dice la madre de Juan Mañas, María Morales, que a su hijo lo mataron tres veces: «a palos, a tiros y quemado». En la cuneta de la carretera de Gérgal donde encontraron los cuerpos hay un monolito. A veces tiene flores. Son casi cuarenta años de amnesia oficial, pero las familias siguen reclamando verdad, justicia y memoria para las tres víctimas del Caso Almería. Porque recordarlos es un imperativo democrático. Y porque olvidarlos es una forma de matarlos cuatro veces.

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